Antonio Huerta Marín

Expediente 485/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
485/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Antonio Huerta Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la promoción presentada con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en el presente asunto ya se dictó la sentencia correspondiente. Cúmplase

  4. Principal

    QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano de control constitucional advierte -de oficio-, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la ley en cita, disponen (...) De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, el acto que se combate tiene su origen en un expediente civil, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar la parte quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. Ahora, como se ve, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. A ese respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos. a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala (...) En el asunto que nos ocupa, basta imponerse de la relación de antecedentes del acto reclamado expuesta en el considerando anterior, para concluir que el inconforme, Antonio Huerta Marín, es persona extraña típica al procedimiento del que aquél emana, ya que no es parte material en el mismo. Por otro lado, de la lectura integral de la demanda de amparo es posible advertir que el impetrante acude a esta vía constitucional alegando la transgresión del derecho de propiedad que, dice, tiene respecto de la cuenta bancaria número "11955913929" de BBVA México, Sociedad Anónima de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México. En ese entendido, para acreditar su interés jurídico debía demostrar que efectivamente es titular de la cuenta bancaria que es objeto de afectación por virtud del acto reclamado. De lo contrario, no demostraría que su derecho subjetivo público ha sido transgredido. En ese entendido, el peticionario de amparo, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, debió justificar dos extremos: a) Que es titular de la cuenta bancaria referida en la demanda de amparo; y, b) Que el acto que reclama afecta el derecho que defiende. Sin embargo, del análisis del sumario se concluye que el inconforme no logró demostrar el primero de dichos extremos y, en consecuencia, el segundo, pues el único medio de prueba que ofreció es la impresión de una hoja que contiene las imágenes de 1) Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de *************. 2) Captura de pantalla de la aplicación móvil relativa a la consulta del "detalle de cuenta" de la cuenta bancaria 1195591392, aperturada en el banco BBVA México, Sociedad Anónima de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México. 3) Tarjeta de débito de la referida institución bancaria con número 4152 3131 9707 9937. Empero, como se anticipó, dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, por lo siguiente: En principio, la indicada en el inciso 1), consistente en la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de **************, es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, porque lo único que se demuestra con dicho documento es que el impetrante de amparo manifestó ante el Instituto Nacional Electoral que tiene su domicilio en la ciudad de Córdoba, Veracruz; empero, no la titularidad de la cuenta bancaria que defiende. Por otro lado, las restantes documentales consistentes en: la 2) captura de pantalla de la consulta del "detalle de cuenta" de la cuenta bancaria número 1195591392, aperturada en el banco BBVA México, Sociedad Anónima de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, y la 3) tarjeta de débito de la referida institución bancaria con número 4152 3131 9707 993, también resultan insuficientes para acreditar -plena y fehacientemente- la titularidad de la cuenta bancaria de que se trata y, por ende, el interés jurídico del impetrante, pues si bien de ellas se desprende un número de cuenta y tarjeta proporcionados por la referida institución bancaria, no se advierte que aquellas se encuentren a nombre del peticionario de amparo. Máxime si se toma en cuenta que el documento idóneo para acreditar la referida titularidad -en el juicio de amparo- lo constituye el contrato de cuenta firmado entre el quejoso y la institución de crédito correspondiente. En lo conducente, resulta aplicable la tesis (...) Corolario de lo anterior, el quejoso no acreditó su interés jurídico para controvertir el acto reclamado, porque no exhibió prueba alguna eficaz para acreditar el derecho que manifiesta le asiste, esto es, no aportó alguna prueba de la que pueda desprenderse fehacientemente la titularidad de la cuenta bancaria que defiende en el presente controvertido constitucional; y el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Resulta aplicable la jurisprudencia (...) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia (...) SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra el acto reclamado del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al tercero interesado.

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