Antonio Muñoz Aranda
Expediente 95/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Muñoz Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a las actuaciones el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 18524/2019 de siete de mayo de dos mil diecinueve, por el que se hizo de su conocimiento el auto emitido en esa data y se le remitió un tomo de pruebas. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial con que se da cuenta, mediante la cual la fedataria judicial adscrita a este órgano de control constitucional, hace constar que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones expuestas en la misma. En tales condiciones, se ordena notificarle el referido proveído, y el presente auto, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones....
- Principal
Córdoba, Veracruz, a siete de mayo de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 52 a 62), este juzgado de Distrito concedió la protección Constitucional a **********, en los siguientes términos: "[.] En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario civil *******; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que prescinda de la consideración que aquí se estimó ilegal, relativa a que con los medios de pruebas destacados en este considerando, se acredita que por el simple hecho de que el demandado posea dos fracciones de terreno obtiene ingresos de ellas; y hecho lo anterior, analice la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, en el entendido de que ésta debe ser fijada en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización, tomando en cuenta además, la necesidad del acreedor alimentario, en función de las posibilidades económicas del deudor, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz [.]". Por tanto, el Juez responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: 1) Dejar insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario civil ********; y, 2) Emitir una nueva resolución en la que prescindiera de la consideración relativa a que con los medios de pruebas destacados en el fallo protector, se acredita que por el simple hecho de que el demandado posea dos fracciones de terreno obtiene ingresos de ellas; y posteriormente, analizara la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, en el entendido de que ésta debía ser fijada en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización, tomando en cuenta además, la necesidad del acreedor alimentario, en función de las posibilidades económicas del deudor. El uno de abril de dos mil diecinueve (fojas 74 y 75), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, mediante oficio 14927 de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 92 a 101), el citado Juzgador remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en proveído de veintiséis del referido mes y año (foja 102), se dio vista a las partes, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que lo hayan hecho. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (foja 102), en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte, en lo que al caso interesa, que mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 93 a 101), dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil ********, de su índice. Por otra parte, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, acató los lineamientos trazados en el fallo que se analiza. En efecto, de la lectura de la nueva determinación, que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita, se advierte que el Juez responsable, al momento de resolver la reclamación interpuesta por el demandado, aquí quejoso, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio, en principio, prescindió de la consideración relativa a que con las copias simples de la constancia de posesión, expedidas por el comisariado ejidal a favor del impetrante, se acreditaba que las parcelas ejidales que posee están produciendo frutos naturales o civiles, es decir, que éstos están produciendo ingresos para el demandado; y posteriormente, analizó la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, con base en los elementos de pruebas aportados por las partes y sus manifestaciones, lo que hizo tomando en cuenta las necesidades de la parte acreedora y las posibilidades del deudor. Sobre esa base, declaró procedente el recurso de reclamación planteado y, en consecuencia, redujo el monto de la pensión alimenticia provisional de una Unidad de Medida y Actualización diaria a nueve onceavos de Salario Mínimo General Diario, en favor de **********. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez transcurridos tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en razón de que SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar en autos alguno. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, como justificación a su informe, consistente en copia certificada del expediente 1882/2018, de su índice, las cuales constan en un tomo de prueba; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE 13 DE MAYO DE 2019, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 07 DE MAYO DE 2019, QUE DICE: Córdoba, Veracruz, a siete de mayo de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 52 a 62), este juzgado de Distrito concedió la protección Constitucional a **********, en los siguientes términos: "[.] En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario civil *******; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que prescinda de la consideración que aquí se estimó ilegal, relativa a que con los medios de pruebas destacados en este considerando, se acredita que por el simple hecho de que el demandado posea dos fracciones de terreno obtiene ingresos de ellas; y hecho lo anterior, analice la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, en el entendido de que ésta debe ser fijada en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización, tomando en cuenta además, la necesidad del acreedor alimentario, en función de las posibilidades económicas del deudor, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz [.]". Por tanto, el Juez responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: 1) Dejar insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario civil ********; y, 2) Emitir una nueva resolución en la que prescindiera de la consideración relativa a que con los medios de pruebas destacados en el fallo protector, se acredita que por el simple hecho de que el demandado posea dos fracciones de terreno obtiene ingresos de ellas; y posteriormente, analizara la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, en el entendido de que ésta debía ser fijada en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización, tomando en cuenta además, la necesidad del acreedor alimentario, en función de las posibilidades económicas del deudor. El uno de abril de dos mil diecinueve (fojas 74 y 75), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, mediante oficio 14927 de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 92 a 101), el citado Juzgador remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en proveído de veintiséis del referido mes y año (foja 102), se dio vista a las partes, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que lo hayan hecho. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (foja 102), en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte, en lo que al caso interesa, que mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 93 a 101), dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil ********, de su índice. Por otra parte, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, acató los lineamientos trazados en el fallo que se analiza. En efecto, de la lectura de la nueva determinación, que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita, se advierte que el Juez responsable, al momento de resolver la reclamación interpuesta por el demandado, aquí quejoso, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio, en principio, prescindió de la consideración relativa a que con las copias simples de la constancia de posesión, expedidas por el comisariado ejidal a favor del impetrante, se acreditaba que las parcelas ejidales que posee están produciendo frutos naturales o civiles, es decir, que éstos están produciendo ingresos para el demandado; y posteriormente, analizó la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, con base en los elementos de pruebas aportados por las partes y sus manifestaciones, lo que hizo tomando en cuenta las necesidades de la parte acreedora y las posibilidades del deudor. Sobre esa base, declaró procedente el recurso de reclamación planteado y, en consecuencia, redujo el monto de la pensión alimenticia provisional de una Unidad de Medida y Actualización diaria a nueve onceavos de Salario Mínimo General Diario, en favor de **********. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez transcurridos tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en razón de que SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar en autos alguno. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, como justificación a su informe, consistente en copia certificada del expediente 1882/2018, de su índice, las cuales constan en un tomo de prueba; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
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