Antonia Color Acosta
Expediente 851/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonia Color Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 851/2018-VII, promovido por Antonia Color Acosta, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Tercero Menor en materia civil de esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Antonia Color Acosta, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó de la autoridad que designó como Juez Tercero Menor en materia civil de esta ciudad y otra autoridad, en los términos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: El acto reclamado lo constituyen el auto de fecha 6 de agosto de dos mil dieciocho, así como la sentencia interlocutoria de fecha 6 de agosto del año en curso, realizada en el expediente número 1679/2015, correspondiente al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos promueve la caja popular Lagunillas S.C.deA.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración, en el Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 691/2018; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se inició incidente de separación de juicios y el ocho de octubre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia en la que se declaró procedente la separación de juicios, determinándose que dentro del juicio 691/2018, se resolvería lo procedente al acto reclamado consistente en el auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, que ordena girar oficio a la notaría pública a efecto de realizar la protocolización del inmueble embargado, a favor de la adjudicataria, mientras que en el diverso juicio que se formara se resolvería lo relativo al incidente de liquidación de sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho,. Así, se giró oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para que se realizara el turno correspondiente, por lo que el nueve de octubre de dos mil dieciocho, se remitieron los autos a este juzgado, y en auto de diez de octubre del año en curso se formó el juicio de amparo 851/2018, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La sentencia interlocutoria dictada el seis de agosto de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero Menor en Materia Civil en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015, sobre pago de pesos, que resolvió liquidación complementaria de sentencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero Menor en Materia Civil y Actuario adscrito a ese juzgado, de este Distrito Judicial, al rendir su informe con justificación, aceptaron el acto reclamado; toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad ordenadora exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, puesto que la quejosa fue notificada de esa resolución el ocho de agosto de dos mil dieciocho, por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el nueve del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el diez de ese mes y año y concluyó el treinta del mes y año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes a sábado y domingo. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince, Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus apoderados, demandaron en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos, a Antonia Color Acosta y otra, de quienes reclamó el pago de la suma de $19,150,00 (diecinueve mil ciento cincuenta pesos, moneda nacional). 2. De la anterior demanda conoció el Juez Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, quien el dieciséis de octubre de dos mil quince, admitió a trámite la demanda, procedió a su emplazamiento y la demandada dio contestación a la misma. El doce de abril del año dos mil dieciséis, se dictó sentencia, en la que se condenó a la demandada a pagar a la parte actora la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios. 3. El veinte de octubre de dos mil dieciséis, se declaró procedente el incidente de liquidación de sentencia, decretando la planilla de liquidación por el monto de $48,047.45 (cuarenta y ocho mil cuarenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios y moratorios generados del veinte de junio al veintiuno de julio de dos mil doce, al veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, así como honorarios profesionales. 4. Seguido el juicio en ejecución de sentencia, en audiencia de remate de tercera almoneda celebrada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se adjudicó el inmueble en favor de Yesenia Arreola, por lo que el seis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó girar oficio a la notaría pública a efecto de realizar la protocolización del inmueble embargado, a favor de la adjudicataria. 5. En resolución interlocutoria de seis de agosto de dos mil dieciocho, se declaró parcialmente procedente la planilla de liquidación complementaria de intereses normales y ordinarios, por la suma de $22,242,66 (veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 66/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios y moratorios, generados del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis al cuatro de junio de dos mil dieciocho. Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, expuso que en el caso concreto se surte una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al carecer el quejoso de interés jurídico. En ese aspecto cabe acotar que el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en vía de amparo, algún acto que considere violatorio de derechos humanos en su perjuicio. Así, el interés jurídico se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal para quien se ve afectado por el acto de autoridad, que le ocasiona un perjuicio, ofensa o daño en sus derechos o intereses, que lo legitima para acudir a la instancia constitucional y reclamar el respeto a sus derechos. El interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. El concepto entraña uno de los principios rectores del juicio de amparo, que implica que éste no procede oficiosamente, de ahí que sea indispensable que alguien lo promueva, ya sea por sí o por interpósita persona. Lo anterior se obtiene del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo cuando indica que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudica la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame; tal principio no tiene excepciones y rige en todo caso. Al principio de instancia de parte agraviada se vincula el concepto de interés jurídico, pues al suponer que el juicio se siga por conducto del quejoso, se revela la necesaria presencia de un sujeto perjudicado en sus derechos, un ofendido que es aquella persona física o moral que resiente un menoscabo que bien puede ser patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En esos términos, el juicio de amparo procederá siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona o bien una ofensa, daño o afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. Bajo esa tesitura, si la quejosa ostenta el carácter de parte demandada dentro del juicio de origen, del cual deriva el acto reclamado y éste está dirigido en su contra, ello le otorga el interés jurídico para acudir a esta instancia, pues a lo actuado dentro del expediente mencionado se le atribuye la afectación sufrida en su esfera jurídica. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que acude a esta instancia, en la calidad de parte codemandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1679/2015, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. La quejosa en su primer y segundo, concepto de violación expone que las responsables violan en su perjuicio las garantías de legalidad y derechos jurídicos que establece la Constitución, porque al constituirse al domicilio de la codemandada a practicar el emplazamiento, el actuario en ningún momento preguntó si la deudora principal vivía en el domicilio ubicado en la calle Hermenegildo Galeana número 71-A centro de Acutizio del Canje, Michoacán. Asimismo, del contenido de la demanda se advierte que la quejosa invoca diversos preceptos relativos a las reglas que estima debieron observarse para practicar la diligencia de emplazamiento. Sin embargo, dichos conceptos de violación resultan inoperantes, porque lo cierto es que el ilegal emplazamiento no fue señalado como acto reclamado en este juicio, esto es así, porque si bien en la demanda de amparo, así como en escrito aclaratorio presentado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho se refirió como acto reclamado al ilegal emplazamiento, lo cierto es que se previno a la quejosa para que aclarara si deseaba introducir dicho acto como reclamado y en escrito presentado el diecisiete de ese mes y año, expuso que al actuario responsable sólo le reclamaba la ejecución de la sentencia interlocutoria. Ahora, en sus conceptos de violación marcados como cuarto y quinto realiza argumentos que tienden a combatir la ejecución de la sentencia, tales como el requerimiento de pago de lo condenado y procedimiento de remate, como violaciones al procedimiento, puesto que refiere que el juez de origen en ningún momento requirió a la deudora principal, para que en todo caso se requiriera a la codemandada, y que no obstante que solicitó se designara un perito de su parte, esa petición le fue negada dejándola en estado de indefensión, porque sólo se emitió un dictamen al base al único avaluó que obra en autos. Los anteriores conceptos de violación resultan inoperantes, y esto es así, porque no obstante que la quejosa destaca dichos conceptos de violación como violaciones al procedimiento, lo que resulta comprensible si se toma en consideración que acorde a lo preceptuado por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en tratándose del procedimiento de remate, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada durante esa fase, entendida como aquélla que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo en ese momento hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido a la resolución; es el caso que el propio legislador estableció que al combatir la última resolución, pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante esa etapa del procedimiento de remate, no como actos reclamados, sino como violaciones al procedimiento de remate. Ahora, si bien podría establecerse que el auto que ordena la protocolización de la escritura, es el último acto en procedimiento de remate, es el caso que no se está en aptitud de analizar esos conceptos de violación en esta sentencia, porque como se estableció en audiencia de separación de autos, en el diverso juicio de amparo 691/2018, correspondió lo relativo al acto reclamado consistente en el proveído que ordenó la protocolización de la escritura respectiva y en este otro juicio sólo corresponde lo relativo a la resolución interlocutoria de liquidación de sentencia. Por lo tanto, el hecho que la quejosa haya reclamado dos autos en su demanda de amparo de manera destacada, no implica que este órgano de control constitucional quede constreñido a estudiar de fondo las violaciones al procedimiento de remate que hace valer; máxime que como se dijo, esos conceptos de violación en todo caso corresponderían al juicio de amparo 691/2018. En esos términos, los conceptos de violación que endereza la quejosa en contra del referido auto que ordena la protocolización de la escrituración de inmueble, deben declararse inoperantes. Por otra parte, cabe destacar que contra la sentencia interlocutoria de seis de agosto de dos mil dieciocho, la quejosa no realizó conceptos de violación; lo anterior aunado a que dada la naturaleza del juicio de origen y la calidad de las partes, no se advierte que se ubiquen en algún supuesto de la ley para aplicar la suplencia de la queja; por lo tanto, este órgano de control constitucional no se encuentra en aptitud de analizar dicho acto de forma oficiosa. Precisado lo anterior, debe decirse que si bien en el sexto concepto de violación, la quejosa en relación al incidente de liquidación de sentencia que ahora combate, después de trascribir los resolutivos de esa interlocutoria, expuso: "Lo que ante tal situación es antijurídico y violatorio de mis derechos, ya que si bien es cierto que el juicio se encuentra concluido, rematado y adjudicado ya que no es procedente que se esté cobrando más intereses, por lo que la actora en ningún momento se ha dado por pagada de dicha deuda, por lo que no es procedente que lleve a cabo la escrituración de un juicio que ha un (sic) no ha concluido como consta en el juicio correspondiente". Es el caso que con las anteriores alegaciones no ataca las consideraciones que condujeron a la responsable para declarar parcialmente procedente el incidente de liquidación de sentencia en resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho dentro del juicio ejecutivo mercantil 1679/2015. En efecto, el juez responsable en la interlocutoria combatida partió de la sentencia de condena emitida en autos, tomó en consideración la existencia previa de un incidente de liquidación de sentencia y después de realizar operaciones aritméticas, determinó que procedía aprobar parcialmente los intereses ordinarios generados por la suma de $6,769.48 (seis mil setecientos sesenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional); así como a la suma de $ 15,473.18 (quince mil cuatrocientos setenta y tres pesos 18/100 moneda nacional). Sin embargo, la quejosa no ataca las anteriores consideraciones que condujeron al juez responsable para estimar procedente el incidente de liquidación de sentencia recurrido. Ello, dado que en dichos conceptos de violación, no se realiza razonamiento alguno con el cual se demuestre la contravención entre el acto reclamado y los derechos humanos violados, ni se expresan consideraciones jurídicas concretas tendentes a controvertir los fundamentos de la resolución reclamada. Es decir, no se vierte en ellos ninguna expresión jurídica y contundente para poner de manifiesto que el fallo combatido es contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley, pues se insiste dichos conceptos de violación no atacan los razonamientos torales en los que se fundó la responsable para emitir la interlocutoria de seis de agosto de dos mil dieciocho, pues nada dijo al respecto; de ahí lo inoperantes de sus conceptos de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Antonia Color Acosta. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonia Color Acosta, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy quince de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte tercero interesada TERESA GARCIA COLOR, la siguiente resolución: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 851/2018-VII, promovido por Antonia Color Acosta, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Tercero Menor en materia civil de esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Antonia Color Acosta, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó de la autoridad que designó como Juez Tercero Menor en materia civil de esta ciudad y otra autoridad, en los términos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: El acto reclamado lo constituyen el auto de fecha 6 de agosto de dos mil dieciocho, así como la sentencia interlocutoria de fecha 6 de agosto del año en curso, realizada en el expediente número 1679/2015, correspondiente al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos promueve la caja popular Lagunillas S.C.deA.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración, en el Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 691/2018; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se inició incidente de separación de juicios y el ocho de octubre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia en la que se declaró procedente la separación de juicios, determinándose que dentro del juicio 691/2018, se resolvería lo procedente al acto reclamado consistente en el auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, que ordena girar oficio a la notaría pública a efecto de realizar la protocolización del inmueble embargado, a favor de la adjudicataria, mientras que en el diverso juicio que se formara se resolvería lo relativo al incidente de liquidación de sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho,. Así, se giró oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para que se realizara el turno correspondiente, por lo que el nueve de octubre de dos mil dieciocho, se remitieron los autos a este juzgado, y en auto de diez de octubre del año en curso se formó el juicio de amparo 851/2018, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La sentencia interlocutoria dictada el seis de agosto de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero Menor en Materia Civil en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015, sobre pago de pesos, que resolvió liquidación complementaria de sentencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero Menor en Materia Civil y Actuario adscrito a ese juzgado, de este Distrito Judicial, al rendir su informe con justificación, aceptaron el acto reclamado; toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad ordenadora exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, puesto que la quejosa fue notificada de esa resolución el ocho de agosto de dos mil dieciocho, por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el nueve del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el diez de ese mes y año y concluyó el treinta del mes y año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes a sábado y domingo. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince, Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus apoderados, demandaron en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos, a Antonia Color Acosta y otra, de quienes reclamó el pago de la suma de $19,150,00 (diecinueve mil ciento cincuenta pesos, moneda nacional). 2. De la anterior demanda conoció el Juez Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, quien el dieciséis de octubre de dos mil quince, admitió a trámite la demanda, procedió a su emplazamiento y la demandada dio contestación a la misma. El doce de abril del año dos mil dieciséis, se dictó sentencia, en la que se condenó a la demandada a pagar a la parte actora la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios. 3. El veinte de octubre de dos mil dieciséis, se declaró procedente el incidente de liquidación de sentencia, decretando la planilla de liquidación por el monto de $48,047.45 (cuarenta y ocho mil cuarenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios y moratorios generados del veinte de junio al veintiuno de julio de dos mil doce, al veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, así como honorarios profesionales. 4. Seguido el juicio en ejecución de sentencia, en audiencia de remate de tercera almoneda celebrada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se adjudicó el inmueble en favor de Yesenia Arreola, por lo que el seis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó girar oficio a la notaría pública a efecto de realizar la protocolización del inmueble embargado, a favor de la adjudicataria. 5. En resolución interlocutoria de seis de agosto de dos mil dieciocho, se declaró parcialmente procedente la planilla de liquidación complementaria de intereses normales y ordinarios, por la suma de $22,242,66 (veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 66/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios y moratorios, generados del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis al cuatro de junio de dos mil dieciocho. Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, expuso que en el caso concreto se surte una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al carecer el quejoso de interés jurídico. En ese aspecto cabe acotar que el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en vía de amparo, algún acto que considere violatorio de derechos humanos en su perjuicio. Así, el interés jurídico se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal para quien se ve afectado por el acto de autoridad, que le ocasiona un perjuicio, ofensa o daño en sus derechos o intereses, que lo legitima para acudir a la instancia constitucional y reclamar el respeto a sus derechos. El interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. El concepto entraña uno de los principios rectores del juicio de amparo, que implica que éste no procede oficiosamente, de ahí que sea indispensable que alguien lo promueva, ya sea por sí o por interpósita persona. Lo anterior se obtiene del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo cuando indica que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudica la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame; tal principio no tiene excepciones y rige en todo caso. Al principio de instancia de parte agraviada se vincula el concepto de interés jurídico, pues al suponer que el juicio se siga por conducto del quejoso, se revela la necesaria presencia de un sujeto perjudicado en sus derechos, un ofendido que es aquella persona física o moral que resiente un menoscabo que bien puede ser patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En esos términos, el juicio de amparo procederá siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona o bien una ofensa, daño o afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. Bajo esa tesitura, si la quejosa ostenta el carácter de parte demandada dentro del juicio de origen, del cual deriva el acto reclamado y éste está dirigido en su contra, ello le otorga el interés jurídico para acudir a esta instancia, pues a lo actuado dentro del expediente mencionado se le atribuye la afectación sufrida en su esfera jurídica. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que acude a esta instancia, en la calidad de parte codemandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1679/2015, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. La quejosa en su primer y segundo, concepto de violación expone que las responsables violan en su perjuicio las garantías de legalidad y derechos jurídicos que establece la Constitución, porque al constituirse al domicilio de la codemandada a practicar el emplazamiento, el actuario en ningún momento preguntó si la deudora principal vivía en el domicilio ubicado en la calle Hermenegildo Galeana número 71-A centro de Acutizio del Canje, Michoacán. Asimismo, del contenido de la demanda se advierte que la quejosa invoca diversos preceptos relativos a las reglas que estima debieron observarse para practicar la diligencia de emplazamiento. Sin embargo, dichos conceptos de violación resultan inoperantes, porque lo cierto es que el ilegal emplazamiento no fue señalado como acto reclamado en este juicio, esto es así, porque si bien en la demanda de amparo, así como en escrito aclaratorio presentado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho se refirió como acto reclamado al ilegal emplazamiento, lo cierto es que se previno a la quejosa para que aclarara si deseaba introducir dicho acto como reclamado y en escrito presentado el diecisiete de ese mes y año, expuso que al actuario responsable sólo le reclamaba la ejecución de la sentencia interlocutoria. Ahora, en sus conceptos de violación marcados como cuarto y quinto realiza argumentos que tienden a combatir la ejecución de la sentencia, tales como el requerimiento de pago de lo condenado y procedimiento de remate, como violaciones al procedimiento, puesto que refiere que el juez de origen en ningún momento requirió a la deudora principal, para que en todo caso se requiriera a la codemandada, y que no obstante que solicitó se designara un perito de su parte, esa petición le fue negada dejándola en estado de indefensión, porque sólo se emitió un dictamen al base al único avaluó que obra en autos. Los anteriores conceptos de violación resultan inoperantes, y esto es así, porque no obstante que la quejosa destaca dichos conceptos de violación como violaciones al procedimiento, lo que resulta comprensible si se toma en consideración que acorde a lo preceptuado por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en tratándose del procedimiento de remate, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada durante esa fase, entendida como aquélla que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo en ese momento hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido a la resolución; es el caso que el propio legislador estableció que al combatir la última resolución, pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante esa etapa del procedimiento de remate, no como actos reclamados, sino como violaciones al procedimiento de remate. Ahora, si bien podría establecerse que el auto que ordena la protocolización de la escritura, es el último acto en procedimiento de remate, es el caso que no se está en aptitud de analizar esos conceptos de violación en esta sentencia, porque como se estableció en audiencia de separación de autos, en el diverso juicio de amparo 691/2018, correspondió lo relativo al acto reclamado consistente en el proveído que ordenó la protocolización de la escritura respectiva y en este otro juicio sólo corresponde lo relativo a la resolución interlocutoria de liquidación de sentencia. Por lo tanto, el hecho que la quejosa haya reclamado dos autos en su demanda de amparo de manera destacada, no implica que este órgano de control constitucional quede constreñido a estudiar de fondo las violaciones al procedimiento de remate que hace valer; máxime que como se dijo, esos conceptos de violación en todo caso corresponderían al juicio de amparo 691/2018. En esos términos, los conceptos de violación que endereza la quejosa en contra del referido auto que ordena la protocolización de la escrituración de inmueble, deben declararse inoperantes. Por otra parte, cabe destacar que contra la sentencia interlocutoria de seis de agosto de dos mil dieciocho, la quejosa no realizó conceptos de violación; lo anterior aunado a que dada la naturaleza del juicio de origen y la calidad de las partes, no se advierte que se ubiquen en algún supuesto de la ley para aplicar la suplencia de la queja; por lo tanto, este órgano de control constitucional no se encuentra en aptitud de analizar dicho acto de forma oficiosa. Precisado lo anterior, debe decirse que si bien en el sexto concepto de violación, la quejosa en relación al incidente de liquidación de sentencia que ahora combate, después de trascribir los resolutivos de esa interlocutoria, expuso: "Lo que ante tal situación es antijurídico y violatorio de mis derechos, ya que si bien es cierto que el juicio se encuentra concluido, rematado y adjudicado ya que no es procedente que se esté cobrando más intereses, por lo que la actora en ningún momento se ha dado por pagada de dicha deuda, por lo que no es procedente que lleve a cabo la escrituración de un juicio que ha un (sic) no ha concluido como consta en el juicio correspondiente". Es el caso que con las anteriores alegaciones no ataca las consideraciones que condujeron a la responsable para declarar parcialmente procedente el incidente de liquidación de sentencia en resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho dentro del juicio ejecutivo mercantil 1679/2015. En efecto, el juez responsable en la interlocutoria combatida partió de la sentencia de condena emitida en autos, tomó en consideración la existencia previa de un incidente de liquidación de sentencia y después de realizar operaciones aritméticas, determinó que procedía aprobar parcialmente los intereses ordinarios generados por la suma de $6,769.48 (seis mil setecientos sesenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional); así como a la suma de $ 15,473.18 (quince mil cuatrocientos setenta y tres pesos 18/100 moneda nacional). Sin embargo, la quejosa no ataca las anteriores consideraciones que condujeron al juez responsable para estimar procedente el incidente de liquidación de sentencia recurrido. Ello, dado que en dichos conceptos de violación, no se realiza razonamiento alguno con el cual se demuestre la contravención entre el acto reclamado y los derechos humanos violados, ni se expresan consideraciones jurídicas concretas tendentes a controvertir los fundamentos de la resolución reclamada. Es decir, no se vierte en ellos ninguna expresión jurídica y contundente para poner de manifiesto que el fallo combatido es contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley, pues se insiste dichos conceptos de violación no atacan los razonamientos torales en los que se fundó la responsable para emitir la interlocutoria de seis de agosto de dos mil dieciocho, pues nada dijo al respecto; de ahí lo inoperantes de sus conceptos de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Antonia Color Acosta. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonia Color Acosta, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy quince de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Ténganse por recibidas las copias certificadas de los autos del juicio de amparo número VII-691/2018, promovido por Antonia Color Acosta, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, que mediante oficio 14083 de ocho de los corrientes, la secretaria adscrita a este mismo órgano jurisdiccional, remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien a su vez, mediante su oficio de cuenta OCC/C11/JDM/0449/2018, los turna a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a la separación de juicios decretada mediante resolución interlocutoria dictada en esa misma fecha. Fórmese expediente con el número progresivo que le corresponda. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, SE AVOCA al conocimiento del juicio de amparo a estudio, única y exclusivamente por lo que respecta al acto reclamado al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, consistente en la resolución interlocutoria de la misma fecha, respecto del incidente parcial de regulación complementaria de intereses normales y ordinarios, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015; y, en atención a que este órgano jurisdiccional fue quien inicialmente conoció del asunto, sólo continúese con el trámite conforme a derecho proceda; en el concepto de que se reiteran las determinaciones tomadas por este Juzgado de Distrito, en cuanto a la admisión y trámite del juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación; asimismo, gírese el oficio correspondiente a efecto de que la presente determinación obre dentro del diverso juicio VII-691/2018, de la estadística de este juzgado. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. NO HA LUGAR A PEDIR INFORME JUSTIFICADO. Sin que haya lugar a solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que los mismos ya obran en autos, como se verá posteriormente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que se tienen por recibidas copias certificadas de los cuadernos incidentales relativos, mismos que se encuentran resueltos, procédase a colocarles la carátula con los datos de identificación correspondiente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. SE DA VISTA CON AUTOS Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de donde deriva el que se actúa, específicamente los proveídos de veintiséis de septiembre y tres de octubre, ambos del año en curso, se ordenó reservar para acordar en cuanto al fondo la razón actuarial levantada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, hasta en tanto se levantara la suspensión del procedimiento decretada en esa misma data, con motivo del incidente de separación de juicios, lo que en especie ya aconteció, virtud a que en resolución interlocutoria de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se declaró procedente la separación de juicios; determinándose que en el presente juicio de amparo se resolverá respecto de los actos reclamados al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, por la quejosa Antonia Color Acosta, consistente en en la resolución interlocutoria de la misma fecha, respecto del incidente parcial de regulación complementaria de intereses normales y ordinarios, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015; en tal virtud se provee lo siguiente. SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Vista la razón actuaria levantada por el Actuario adscrito de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento de la tercero interesada Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por los diversos motivos que en la misma se exponen. No obstante, de autos se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, se reconoció únicamente el carácter de tercero interesada a la persona moral Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V.; sin embargo, de autos se advierte que también le resulta el carácter de tercero interesada a Teresa García Color, codemandada en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocido el carácter de tercero interesada para los efectos legales a que haya . Ahora como de la demanda y las constancias que obran en autos se desprende que las tercero interesadas tienen como domicilio procesal los siguientes: respecto de la persona moral Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V., el ubicado en la calle Acatita de Bajan número 170 Servilomas Local 126, colonia Lomas de Hidalgo; por lo que ve a Teresa García Color el que se ubica en la calle José Mariano Sánchez número 18 colonia Wenceslao Victoria Soto, antes Tierra y Libertad, ambos con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso a), y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a alguno de los actuarios judiciales para que se constituya debidamente en los domicilios antes precisados y proceda a emplazar a juicio a las citadas terceros interesadas Caja Popular Lagunillas, S.C. de A.P. de R.L de C.V. y Teresa García Color; diligencia en la que se les deberá correr traslado con copia de la demanda, a fin de que si lo estiman conveniente, comparezcan a deducir los derechos que les correspondan; asimismo, le haga de su conocimiento que se encuentran señaladas las diez horas del nueve de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; además, deberá requerirles para que en el acto de la misma, o bien, dentro del término de tres días siguientes a dicha notificación o en el primer escrito que presente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, señale domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. SE DA VISTA A LAS PARTES CON LOS INFORMES. Finalmente, con vista a las partes agréguese a los presentes autos los oficios recibidos el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, signados por el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través de los cuales rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envió como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1679/2015, con el que se ordena formar cuaderno de prueba por separado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.-
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Por medio de lista notifico al tercero interesado CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. de A.P. de R.L. de C.V. POR CONDUCTO DE QUIEN ACREDITE SER SU REPRESENTANTE LEGAL, lo siguiente: Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Ténganse por recibidas las copias certificadas de los autos del juicio de amparo número VII-691/2018, promovido por Antonia Color Acosta, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, que mediante oficio 14083 de ocho de los corrientes, la secretaria adscrita a este mismo órgano jurisdiccional, remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien a su vez, mediante su oficio de cuenta OCC/C11/JDM/0449/2018, los turna a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a la separación de juicios decretada mediante resolución interlocutoria dictada en esa misma fecha. Fórmese expediente con el número progresivo que le corresponda. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, SE AVOCA al conocimiento del juicio de amparo a estudio, única y exclusivamente por lo que respecta al acto reclamado al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, consistente en la resolución interlocutoria de la misma fecha, respecto del incidente parcial de regulación complementaria de intereses normales y ordinarios, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015; y, en atención a que este órgano jurisdiccional fue quien inicialmente conoció del asunto, sólo continúese con el trámite conforme a derecho proceda; en el concepto de que se reiteran las determinaciones tomadas por este Juzgado de Distrito, en cuanto a la admisión y trámite del juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación; asimismo, gírese el oficio correspondiente a efecto de que la presente determinación obre dentro del diverso juicio VII-691/2018, de la estadística de este juzgado. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. NO HA LUGAR A PEDIR INFORME JUSTIFICADO. Sin que haya lugar a solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que los mismos ya obran en autos, como se verá posteriormente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que se tienen por recibidas copias certificadas de los cuadernos incidentales relativos, mismos que se encuentran resueltos, procédase a colocarles la carátula con los datos de identificación correspondiente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. SE DA VISTA CON AUTOS Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de donde deriva el que se actúa, específicamente los proveídos de veintiséis de septiembre y tres de octubre, ambos del año en curso, se ordenó reservar para acordar en cuanto al fondo la razón actuarial levantada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, hasta en tanto se levantara la suspensión del procedimiento decretada en esa misma data, con motivo del incidente de separación de juicios, lo que en especie ya aconteció, virtud a que en resolución interlocutoria de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se declaró procedente la separación de juicios; determinándose que en el presente juicio de amparo se resolverá respecto de los actos reclamados al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, por la quejosa Antonia Color Acosta, consistente en en la resolución interlocutoria de la misma fecha, respecto del incidente parcial de regulación complementaria de intereses normales y ordinarios, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1679/2015; en tal virtud se provee lo siguiente. SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Vista la razón actuaria levantada por el Actuario adscrito de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento de la tercero interesada Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por los diversos motivos que en la misma se exponen. No obstante, de autos se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, se reconoció únicamente el carácter de tercero interesada a la persona moral Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V.; sin embargo, de autos se advierte que también le resulta el carácter de tercero interesada a Teresa García Color, codemandada en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocido el carácter de tercero interesada para los efectos legales a que haya . Ahora como de la demanda y las constancias que obran en autos se desprende que las tercero interesadas tienen como domicilio procesal los siguientes: respecto de la persona moral Caja Popular Lagunillas S.C. de A.P. de R.L. de C.V., el ubicado en la calle Acatita de Bajan número 170 Servilomas Local 126, colonia Lomas de Hidalgo; por lo que ve a Teresa García Color el que se ubica en la calle José Mariano Sánchez número 18 colonia Wenceslao Victoria Soto, antes Tierra y Libertad, ambos con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso a), y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a alguno de los actuarios judiciales para que se constituya debidamente en los domicilios antes precisados y proceda a emplazar a juicio a las citadas terceros interesadas Caja Popular Lagunillas, S.C. de A.P. de R.L de C.V. y Teresa García Color; diligencia en la que se les deberá correr traslado con copia de la demanda, a fin de que si lo estiman conveniente, comparezcan a deducir los derechos que les correspondan; asimismo, le haga de su conocimiento que se encuentran señaladas las diez horas del nueve de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; además, deberá requerirles para que en el acto de la misma, o bien, dentro del término de tres días siguientes a dicha notificación o en el primer escrito que presente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, señale domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. SE DA VISTA A LAS PARTES CON LOS INFORMES. Finalmente, con vista a las partes agréguese a los presentes autos los oficios recibidos el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, signados por el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través de los cuales rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envió como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1679/2015, con el que se ordena formar cuaderno de prueba por separado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.-
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