Anselmo Cervantes Suazo
Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Anselmo Cervantes Suazo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de agosto de dos mil diecinueve. Autoridad informa trámites Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil diecinueve. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de junio del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Precisión de puntos a cumplir de ejecutoria. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al tribunal laboral responsable, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "1. La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de inmediato envíe la comunicación ordenada en proveídos de veintinueve de abril y diecisiete de mayo, ambas del año en curso, indistintamente, para lograr el emplazamiento de la moral demandada ********************, en el juicio laboral ********************, de su índice; o bien, en caso de que ya se hubiere remitido, deberá acreditar dicha circunstancia con copia certificada de las constancias que prueben la manera en que se envió (correo postal, mensajería privada, medios electrónicos o cualquier otro); y, En caso de que ya se hubiera enviado la mencionada comunicación y, que a la fecha en que cause ejecutoria la presente determinación, no se cuente con las constancias que acrediten la diligenciación, deberán emitir un acuerdo en el que requieran el cumplimiento de la encomienda contenida en el exhorto de mérito, para lo cual, podrán hacer uso de los medios de apremio correspondientes". Superior jerárquico. Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad laboral responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Alfredo Montoya Revilla, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-353/2019 promovido por Anselmo Cervantes Suazo, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se hace constar que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado; además, que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y al haberse rendido en tiempo y forma, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 899/2015, así como las diversas que envió en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, documental que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvo por admitida y desahogada en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos; Secretario, dé cuenta con los formulados en autos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado formuló los alegatos que a su parte corresponden, a través del pedimento 238/2019. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia; consecuentemente, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la resolución correspondiente.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto V-353/2019, promovido por Gerardo Ortiz Estrada, contra actos de los integrantes del Pleno de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, Anselmo Cervantes Suazo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Substanciación del juicio. Previa prevención formulada en autos, mediante auto de veintidós de abril de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto omisivo de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte como acto reclamado a la autoridad responsable, el siguiente: La dilación procesal en que ha incurrido la Junta responsable, en relación al juicio laboral 899/2015, en específico, la omisión de realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo el emplazamiento de la moral demandada Especialistas en Montaje y Mantenimiento Industrial, sociedad anónima de capital variable, el cual se ordenó realizar mediante exhorto girado a la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Lázaro Cárdenas. Tercero. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la junta laboral responsable, se advierte que aceptó la existencia del acto que se le atribuye; además, dicha circunstancia se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. Documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Cuarto. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores". Quinto. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama la dilación procesal en que ha incurrido el Tribunal responsable, en relación al juicio laboral 899/2015, particularmente, la omisión de realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo el emplazamiento de la moral demandada, llamado a juicio que se ordenó mediante exhorto girado a la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Lázaro Cárdenas. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Se dice lo anterior, pues quien esto resuelve estima que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su actuar se han apartado del derecho fundamental tutelado en el artículo 17 Constitucional, en perjuicio de la parte quejosa, ante la existencia de un retraso en la impartición de justicia prevista en dicho precepto. El artículo constitucional en comento, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Cobra vigencia la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación y tenor literal, son: "Época: Novena Época Registro: 171257 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Página: 209 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto García Chavarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas". A fin de corroborar lo anterior, conviene señalar que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que las Juntas laborales, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que reciban el escrito de demanda, dictarán un proveído en el que se fijará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el cual se notificará personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio. En el caso, de las constancias que integran el juicio laboral 899/2015, se aprecia que en actuaciones de veintinueve de abril y diecisiete de mayo, ambas del año en curso, la Junta responsable difirió las fechas señaladas para la celebración de la audiencia inicial prevista por el invocado artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, lo que se ordenó notificar personalmente a la parte actora y también se ordenó girar exhorto a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, a efecto de que llevara a cabo el emplazamiento de la moral demandada. Sin embargo, dichas actuaciones no se verificaron, pues no existe constancia que acredite que la Junta responsable haya remitido la comunicación con la que ordenó el emplazamiento de la parte demandada, lo que ha a todas luces constituye un retardo en la impartición de justicia en su perjuicio. No pasa desapercibido que en autos obra el oficio sin número de diecisiete de mayo pasado, el cual constituye propiamente el exhorto a través del cual la responsable solicitó a la Junta auxiliar, para que lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio natural; sin embargo, tales constancias no comprueban que dichas misivas efectivamente hayan sido enviadas, pues no se observa el acuse de recibo correspondiente. Ahora, de la referida comunicación se obtiene que la Junta refirió lo siguiente: "[.] Con fundamento en los artículos 685 y 753 de la Ley Federal del Trabajo, queda a disposición de la parte actora por el término de 3 tres días hábiles para recoger el exhorto y llevar a cabo su diligenciación, logrando los principios que rigen esta materia, celeridad y formalidad, apercibido que en caso omiso esta Junta lo remitirá de oficio", en la inteligencia de que si bien es cierto el artículo 760 de la Ley Federal del Trabajo, faculta a la autoridad laboral para que haga entrega de los exhortos que se giren en el procedimiento, no menos lo es que esa atribución únicamente se contempla en el caso de que así lo solicite la parte actora, y de las constancias que remitió la autoridad responsable no se desprende dicha situación; por tanto, era su obligación enviar y vigilar la entrega de la comunicación con la que se solicitó a su homóloga en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada. En ese contexto, resulta evidente que la autoridad responsable transgredió lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, pues -se insiste- la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no remitió el exhorto correspondiente con el que solicitó el emplazamiento de la parte demandada. Tiene sustento a lo anterior, el contenido de la tesis emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia, cuyo contenido es: "Época: Novena Época Registro: 921075 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C. Materia(s): Constitucional Tesis: 3 Página: 227 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.- La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Amparo directo en revisión 980/2001.-Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V.-1o. de marzo de 2002.-Cinco votos.-Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, Segunda Sala, tesis 2a. L/2002". En otro orden de ideas, no pasa por alto el contenido de la jurisprudencia del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS", sin embargo, se estima que en la especie no se actualiza dicha hipótesis, dado que el quejoso narró en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, que al menos desde el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, ha omitido realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva; lo cual implica que al momento de la presentación de la demanda que dio génesis al presente asunto, ya habían transcurrido más de cuarenta y cinco días, aunado al hecho de que tal omisión continúa afectando la esfera jurídica del promovente. En las relatadas consideraciones, a fin de restituir al accionante del amparo en el goce del derecho humano violado, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Anselmo Cervantes Suazo, para el efecto de que: La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de inmediato envíe la comunicación ordenada en proveídos de veintinueve de abril y diecisiete de mayo, ambas del año en curso, indistintamente, para lograr el emplazamiento de la moral demandada Especialistas en Montaje y Mantenimiento Industrial, sociedad anónima de capital variable, en el juicio laboral 899/2015, de su índice; o bien, en caso de que ya se hubiere remitido, deberá acreditar dicha circunstancia con copia certificada de las constancias que prueben la manera en que se envió (correo postal, mensajería privada, medios electrónicos o cualquier otro); y, En caso de que ya se hubiera enviado la mencionada comunicación y, que a la fecha en que cause ejecutoria la presente determinación, no se cuente con las constancias que acrediten la diligenciación, deberán emitir un acuerdo en el que requieran el cumplimiento de la encomienda contenida en el exhorto de mérito, para lo cual, podrán hacer uso de los medios de apremio correspondientes. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Anselmo Cervantes Suazo, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Prueba documental. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada del acuerdo de diecisiete de los actuales relativo al expediente 899/2015 de su índice; en tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza dicha documental; sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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