Antonia Cruz Herrera

Expediente 633/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Antonia Cruz Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Se remite información. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el proveído de doce de los actuales, se obtiene que se vinculó y acordó en el presente asunto la promoción registrada con el folio 16400, relativa al oficio 7102 signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, mediante el cual solicitó información respecto al juicio de amparo indirecto formado con motivo de la incompetencia legal declarada por dicho tribunal, en el amparo directo 384/2020 promovido por Antonia Cruz Herrera Aguilar. Sin embargo, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta, tras una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se constató que en la estadística de este órgano jurisdiccional obra el juicio de amparo 718/2020 promovido por la citada quejosa, el cual deriva del amparo directo de referencia; en tal virtud, a fin de evitar mayor dilación, se acuerda lo siguiente. Infórmese a la superioridad que en auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se recibieron los autos del amparo directo en cuestión, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, se registró con el número 718/2020 y se previno a la parte promovente; posteriormente, en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte se tuvo no presentado el aludido amparo; finalmente, tal determinación causó firmeza en diverso de diez de febrero de dos mil veintiuno y se ordenó el archivo definitivo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintidós. SE ACUSA RECIBO DE DEMANDA A TRIBUNAL DE ALZADA Agréguese a los autos el oficio de cuenta 7102 que suscribe el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, mediante el cual solicita se acuse recibo del oficio por el que se recibió la demanda de amparo promovida por Antonia Cruz Herrera Aguilar. En atención a lo solicitado, se acusa recibo de la demanda de amparo promovida por Antonia Cruz Herrera Aguilar y se le informa que previa aclaración por parte de la quejosa, por auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, fue desechada, y mediante acuerdo de cuatro de julio de esa anualidad, se declaró firme el desechamiento y se ordenó el archivo del asunto. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto estado de autos; causa estado. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de tres de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo general conjunto 1/2009. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.Dva

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Escrito aclaratorio de demanda. Visto el estado que guardan los autos, específicamente el acta de ratificación de escrito levantada el diecinueve de los corrientes, de la que se obtiene que la quejosa Antonia Cruz Herrera Aguilar, ratificó el contenido del escrito presentado el catorce del mes y año en curso, y reconoció como suya la firma que lo calza, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en el presente asunto. Atento a lo anterior, por lo que ve al primer punto, bajo protesta de decir verdad, precisa la edad de cada uno de sus hijos; en relación al segundo punto, indica que promueve la demanda de amparo únicamente por su propio derecho; respecto a la tercera prevención, exhibe copia de la sentencia emitida en el juicio oral familiar 293/2014, así como del acuerdo recurrido de veintidós de mayo pasado; y, exhibe las copias de traslado que le fueron solicitadas; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado; en consecuencia, se provee lo siguiente. Análisis de procedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos transcritos, se desprende que la demanda inicial del juicio de amparo debe examinarse a efecto de establecer si al respecto se actualiza alguna causa de improcedencia; también, que éstas se deben analizar de manera oficiosa. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis P./J. 32/2001 (9a.), de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 190035 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Página 31 Jurisprudencia (Común) AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert". De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que por regla general, un acto dictado o verificado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; o bien, cuando se vulneren derechos sustantivos de los intervinientes. Así, también, se estableció que el contenido de la fracción IV, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla, como por ejemplo, un incidente de falta de personalidad o personería, que no obstante ser una violación procesal de carácter relevante, su resolución no sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto desde luego, sino hasta que se dicte la resolución final que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Luego, del análisis de la demanda que dio origen al presente expediente, se obtiene que la quejosa reclama actos verificados en el juicio oral familiar 293/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en específico, el auto de veintidós de mayo de la presente anualidad. En ese sentido, tanto de los antecedentes del acto reclamado narrados por la promovente bajo protesta de decir verdad, como de las constancias que acompañó a su escrito aclaratorio, se desprende que en el referido controvertido se dictó sentencia definitiva el ocho de junio de dos mil dieciocho, a través de la cual, entre otro aspectos, se determinó lo siguiente: "[.] QUINTO. De oficio se decreta que ambos padres ejercerán la patria potestad de sus menores hijos Edgar Daniel, Abraham y Fátima Astrid, de apellidos Rojas Herrera, quienes quedarán bajo la guardia y custodia de su padre, se reserva la fijación de régimen de convivencia entre la señora Antonia Cruz Herrera Aguilar y sus menores descendientes en cita, hasta en tanto se lleve a cabo terapia psicológica, acorde a los términos establecidos en el considerando séptimo de este fallo". Además, que posterior a la situación fáctica que narra en el libelo inicial, el veintidós de mayo de la presente anualidad, se dictó el acto aquí combatido, en el cual, en la parte que se duele la promovente, se refirió lo subsecuente: "[.] Por tanto, atendiendo a sus manifestaciones y como de autos se advierte que mediante sentencia definitiva dictada con data 8 ocho de junio de 2018 dos mil dieciocho, por esta juzgadora, la que fue confirmada en segunda instancia por el magistrado de la octava sala civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de la que se advierte que en dicha sentencia se determinó que en ese momento no era conveniente decretar un régimen de convivencia entre la accionante Antonia Cruz Herrera Aguilar y sus menores hijos Edgar Daniel, Abraham y Fátima Astrid de apellidos Rojas Herrera, por las circunstancias ahí establecidas, hasta en tanto se cumpliera con los requisitos ahí anotados; así como que la guarda y custodia de aquellos quedó a cargo del accionado Efrén Rojas Medina; como lo pide y en interés superior de la menor Fátima Astrid Rojas Herrera, se ordena girar el oficio que solicita a la directora del centro educativo "José Vasconcelos", a efecto de reiterarle que la custodia de la citada menor la tiene su progenitor Efrén Rojas Medina e informándole que de momento su progenitora no cuenta con un régimen de convivencias con la citada infante, a fin de que tome las medidas que sean necesarias con el objeto de respetar las medidas decretadas y que no permita que aquella acuda en horas escolares de la menor a interrumpir sus actividades escolares, ello en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en autos. Finalmente, se requiere a la parte actora mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, para que acate la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, en la cual como ha quedado anotado en supralíneas, es decir que no se ha decretado un régimen de convivencia entre ella y sus menores hijos Edgar Daniel, Abraham y Fátima Astrid de apellidos Rojas Herrera. [.]". De lo anterior se concluye que el acto reclamado por la quejosa fue dictado en cumplimiento a la sentencia en el juicio oral familiar de origen, lo cual implica que se trata de actos que guardan relación directa con el procedimiento que se sigue para lograr el cumplimiento de lo sentenciado, pues el proveído reclamado, necesariamente tiene como consecuencia el que se acate con lo resuelto en el controvertido. Ahora, por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características; afectar directamente algún derecho sustantivo, estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. También, es importante destacar que, en el presente caso, no se trata de un acto que constituya una resolución que guarde autonomía respecto de la ejecución de sentencia, por el contrario, tiende a su cumplimiento; tampoco vulnera derechos sustantivos de la promovente, o bien, que afecte su patrimonio; en el entendido de que en el juicio de origen existe sentencia definitiva y los actos reclamados no son ajenos a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia de la aquí promovente de acatar lo resuelto. Lo anterior conforme la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos". En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. Se invocan por identidad jurídica, por las razones que contienen, los siguientes criterios: "Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 218/91. Adolfo Esteban Leyva Bathory. 5 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 155/93. Mercedes Martínez Rivera. 27 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 23/95. Bernardo Téllez Meneses y otro. 25 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 227/95. Bernardo Castillo Aguayo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 382/95. Carmen Cahuantzi Vázquez y otro. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca". También, por las razones que contiene, se invoca en sentido contrario, el siguiente criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. "Época: Décima Época Registro: 2007139 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.51 K (10a.) Página: 1588 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: ´EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.´. Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. Queja 26/2014. José Alberto de Pavia Lopeztrani. 20 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Valery Palma Campos". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Antonia Cruz Herrera Aguilar, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2830/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

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