Antonia Cruz Cruz

Expediente 1561/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1561/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Antonia Cruz Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta, signado por la peticionaria de derechos fundamentales Antonia Cruz Cruz; regístrese bajo el número VIIII-1561/2023. NO SE LLAMA A AUTORIDAD A JUICIO En atención a la urgencia de atención médica que reclama y a la narrativa de los hechos, quien esto juzga estima innecesario llamar al Gobernador del Estado de Michoacán, de quien refiere reclamar sustancialmente la atribución y vinculación por ser superior jerárquico de las autoridad señalada como responsables, con la falta de atención médica y suministro de medicamentos que requiere la amparista para su padecimiento. Además, cabe decir que el llamamiento de dicha autoridad a este juicio, únicamente abonaría al retraso de la tramitación de este juicio y se postergaría la emisión de un fallo que, de ser benéfico para la hoy amparista, impediría exigir a las autoridades realmente competentes el cumplimiento con sus obligaciones y proporcionarle la atención médica y suministro de medicamentos a que tendría derecho. Aunado a ello, de las constancias allegadas con la demanda, se desprende que es en el Hospital General de Maravatío, Michoacán, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, en donde se le ha dado seguimiento a su padecimiento y, por personal médico adscrito a dicho nosocomio, se le han prescrito diversos medicamentos, lo que implica que en dado caso, serían las autoridades de esta ciudad capital pertenecientes al mencionado hospital, a quien se le estaría exigiendo la reclamada atención médica. Lo anterior, sin perjuicio que, de ser necesario para la resolución de este juicio, se le pueda llamar vincular al cumplimiento del fallo en el caso de que se conceda la protección constitucional. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Admítase la demanda de amparo promovida por Antonia Cruz Cruz, contra actos del Director del "Hospital General de Maravatío, Michoacán" con residencia en Maravatío, Michoacán y otra autoridad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 de la Ley de Amparo; sin que haya lugar a formar por duplicado y en cuerda separada incidente de suspensión, pues dada la naturaleza de los actos reclamados se proveerá lo relativo a la medida suspensiva en este propio auto. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, las que deberán: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberán hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquel, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá, en lo individual, una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables para que informen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario "JulioCMO"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NO HA LUGAR A EMPLAZAR A TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no pudiera actualizarse alguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la Ley de la Materia, en virtud de que al tratarse de la falta de tratamiento de hemodiálisis, atención médica y medicamentos a la parte quejosa, no existe persona alguna que pudiera tener un interés contrario; aunado a que su llamamiento a juicio solo retardaría la debida integración de este expediente. SE DECRETA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, del libelo constitucional se desprende que los actos que reclama la promovente Antonia Cruz Cruz, consisten en la omisión de proporcionarle la atención médica y el tratamiento adecuado para las enfermedades de insuficiencia renal crónica e hiopertensión que padece. Teniendo en consideración que en la especie se reclama la falta de tratamiento, medicamento y atención médica por parte de las autoridades responsables, así como canalizarlo o remitirlo a alguna institución de salud oficial o particular, a fin de que se le dé el medicamento y tratamiento que requiere para su padecimiento. De la cual, en su narrativa de hechos, manifiesta que las responsables le han negado el tratamiento de hemodiálisis que requiere, bajo el argumento de que no cuentan con las máquinas necesarias para realizarle el tratamiento, ni con médico nefrólogo para atenderla. Por tal motivo y a efecto de preservar su salud - señala-, se ha visto en la necesidad de acudir a una clínica privada para el tratamiento de hemodiálisis que requiere para vivir; sin embargo, le es imposible seguir realizando los pagos por dicho servicio privado, dado que no cuenta con recursos económicos para cubrir el procedimiento. En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO los actos omisivos que impliquen la falta de atención médica necesaria y el derecho a la protección de su salud, para lograr, dentro de lo posible, un nivel adecuado de salud al agraviado y que puedan poner en riesgo su vida, por lo que las autoridades responsables conforme a su ámbito de competencia y posibilidades materiales, deberán: a) Proporcionar la atención médica que estimen necesaria para atender correctamente los padecimientos o cuadros clínicos que presenta la quejosa; advirtiéndose de la documental que adjuntó a su libelo constitucional, que acude a realizarse hemodiálisis dos veces por semana en la unidad médica "HOSPITAL SAN ANGEL"; en Maravatío, Michoacán; y, b) Suministrarle el o los medicamentos que le hayan sido recetados por los médicos o especialistas que valoran al aquí quejoso; De existir imposibilidad física o material a lo anterior, debidamente acreditada y justificada, deberá considerar proporcionar apoyo para los gastos de traslado para acudir a su tratamiento de hemodiálisis o que se le subrogue en el lugar más cercano a su domicilio (Zinapécuaro, Michoacán), pues aduce que no cuenta con los recursos económicos para obtener los tratamientos que requiere para sus padecimientos; se instruye a las autoridades responsables, para que al momento de fijar el o los tratamientos a la quejosa, consideren el lugar que le sea más benéfico en relación a su domicilio, por lo que, de ser posible médica y materialmente se le señale la clínica o institución de salud más cercana a su domicilio, o bien, valoren la posibilidad de cubrir los gastos o de facilitarle el traslado por cualquier medio que este a su alcance. En el entendido de que con esta determinación no se está constriñendo a las autoridades responsables a realizar las gestiones que la parte quejosa precisa en su ocurso, sino que debe de analizar la posibilidad que se expone y sólo en caso de se pueda realizarlo, lo haga del conocimiento de este juzgado. c) Informar de manera inmediata el tratamiento dado a la medida cautelar que ahora se emite a favor de la quejosa Antonia Cruz Cruz, así como proporcionar el reporte médico, el expediente clínico y la situación física en que se encuentre la aquí amparista. Por otro lado, se requiere a las citadas autoridades para que dentro del plazo de veinticuatro horas, a través de oficio, informen acerca de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada y legible de las constancias correspondientes, y hágaseles de su conocimiento que, la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. SALVEDADES DE LA MEDIDA SUSPENSIVA En la inteligencia de que, si bien la medida suspensiva tiende a tutelar un derecho humano de un particular, no puede estar por encima de derechos humanos de una colectividad -ya que las responsables son instituciones de salud públicas-, y por tanto, se estima necesario precisar que la medida no tiene por objeto alterar la agenda médica hospitalaria ni privilegiar la atención, revisión o tratamiento en favor de la quejosa; a menos que sea considerada como caso urgente, esto es, la atención médica se deberá recibir en los horarios y turnos que le correspondan a la promovente en relación a otros pacientes y a la gravedad, y una vez que le corresponda su revisión médica y respetando el orden que las autoridades tengan establecido para las consultas con médicos generales, especialistas o de suministros de medicamentos y procedimientos quirúrgicos acorde a su urgencia y prioridad. Lo anterior es así, ya que la medida decretada tiende a restituir la falta de atención médica de que se duele la quejosa, y con ello salvaguardar su derecho a la salud, mas no generarle un privilegio en el entorno fáctico; pues con los elementos que aporta y en el momento en que se dicta la misma, no se está en aptitud de conocer la situación médica que guarda la aquí amparista, para determinar que se trata de un paciente que requiere atención médica de especialista o de otro nivel como lo señala, así como proporcionar los medicamentos; aunado a que, esas cuestiones, en su caso, podrán ser analizadas como materia del fondo del asunto y no susceptibles de ser valoradas a través de una medida suspensiva. Tiene aplicación al respecto, la tesis número 1a XXIII/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Época: Décima Época Registro: 2002501 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XXIII/2013 (10a.) Página: 626 DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos depensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano. Amparo en revisión 117/2012. Agustín Pérez García y otros. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: 1 parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene autorizando a los licenciados Enrique Villanueva Arreola y Wendy Yadira Huitron con la plenitud de facultades contenidas en el numeral 12 de la Ley de Amparo, pues como se advierte de la certificación secretarial que encabeza este auto, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que las cédulas profesionales que los acredita como licenciados en Derecho, se encuentran debidamente registradas, y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que indica en su ocurso de amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación "JulioCMO". En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA Asimismo, se le tiene solicitando como medios para oír y recibir notificaciones de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "JulioCMO", de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; también se le tiene señalando domicilio procesal el que refiere. Por otra parte, este órgano jurisdiccional toma nota de la dirección del correo electrónico proporcionado, a fin de que de ser necesario, el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con el promovente a fin de que se le notifiquen aquellas determinaciones que lo ameriten. SE ADMITEN PRUEBAS DOCUMENTALES. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, desde ahora se tiene por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que se acompañaron al escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el acto de la audiencia constitucional. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFONICO. Este órgano jurisdiccional toma nota de la dirección del correo electrónico juliocesarmaganaorozco89@gmail.com, y número telefónico 452 188 00 67, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con el promovente a efecto de que se le notifique aquellas determinaciones que lo ameriten. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano