Antonia Cruz Herrera Aguilar
Expediente 718/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonia Cruz Herrera Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio número 5670, por el cual se le notificó que le presente cuaderno causó estado el auto por el cual se tuvo por no presentada la demanda y se le devolvieron los autos el toca de apelación I-180/2020. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. SOLICITA SE LE INFORME EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA EL PRESENTE JUICIO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se informe el estado procesal que guarda el presente asunto, y para el caso de estar concluido se le devuelva el toca de apelación que fuera remitido con el informe justificado. Atento a su contenido, hágase del conocimiento de la oficiante que por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda promovida por la quejosa Antonia Cruz Herrera Aguilar, y por diverso auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, causó estado el citado proveído. En consecuencia, y toda vez que obra agregado en autos el toca de apelación I-180/2020, cuya retención se considera innecesaria, se ordena su devolución mediante atento oficio que al efecto se gire, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual SE DESECHA la demanda de garantías promovida por ANTONIA CRUZ HERRERA AGUILAR; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. ACTA DE RATIFICACIÓN. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el acta de ratificación que antecede y téngase a la quejosa directa haciendo las manifestaciones que vierte en la misma en el sentido de que reconoce como suya la firma que calza el escrito aclaratorio y que desconoce la diversa que obra en la demanda de garantías; por lo que se provee en consecuencia. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Vista la demanda de amparo promovida por Antonia Cruz Herrera Aguilar, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el diverso artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En observancia a lo dispuesto por los artículos transcritos y del análisis integral de la demanda, se considera que la misma deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o. fracción I, y 6o., todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Por su parte el artículo 5o., fracción I, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En tanto que el diverso numeral 6, de la ley en cita, determina: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]". Ahora, el artículo 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, cita lo siguiente: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados." Por su parte, el numeral 5 del acuerdo en cita refiere lo siguiente: "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. [.]" De los anteriores artículos de la ley de la materia, así como del Acuerdo General en aplicación, se colige que en la demanda de amparo es quejosa la persona física o moral, a quien la norma general, acto u omisión afecta su derecho en lo individual o que aduzca tener un interés legítimo o colectivo, ya sea de manera directa o virtud a su especial situación frente al orden jurídico, por tanto, será únicamente ésta por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, en su caso, por cualquier persona conforme a la ley, quien pueda acudir al órgano de control constitucional en demanda de amparo. Ahora, la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento y por ello es indispensable que en la demanda que se formule conste en original, para darle curso, ya que solo así se acredita la voluntad de promover, por parte de quien suscribe. Establecido lo anterior, cabe destacar que en la demanda de amparo generadora del presente expediente, no obra firma autógrafa ni electrónica de la quejosa directa Antonia Cruz Herrera Aguilar ya que en la diligencia de ratificación y reconocimiento de firma que antecede la quejosa señaló, en lo que aquí interesa, ".ratifico el contenido del escrito que se pone a la vista en esta diligencia por haber sido estampada de mi puño y letra; sin embargo, indico que la diversa firma con la cual este órgano jurisdiccional refirió que difiere a simple vista, en el citado proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, no es mi firma, misma que obra en el escrito inicial de demanda, con sello de recepción de veintiséis de agosto de dos mil veinte, ante la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado" Bajo esa tesitura, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º., fracción I, y 6o., de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General de la República, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse y seguirse por la parte a quien perjudique la norma general, acto u omisión y sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante o por su defensor, tal requisito no se encuentra colmado en la especie, dado que, si en el libelo que se analiza, no contiene firma autógrafa del promovente, quien le afecta el acto reclamado, ello conduce a considerar que no se encuentra plasmada su voluntad de promover el juicio de amparo. Consecuentemente, como la firma no es un requisito de forma que origine se formule prevención o requerimiento para que se subsane, sino un requisito esencial para dar validez al documento y éste no lo reúne la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, respecto a la promovente Antonia Cruz Herrera Aguilar, lo que conduce a tener por no presentada la demanda, ya que sin la firma autógrafa de la referida promovente, no puede considerarse ejercida la acción, conforme a lo dispuesto por los artículos 5o., 6o. y 114 de la Ley de Amparo. De ahí que, si el escrito de demanda que se analiza no contiene la firma de la promovente, quien es la afectada por el acto que pretende reclamar, de conformidad con los artículos 4o. y 6o. del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, en relación con el artículo 2o., fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el mismo debe tenerse por no presentado, ya que carece de la manifestación expresa de la voluntad de la parte quejosa. Se invoca en apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: Tesis: XVII.7 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2009142 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III Página 2154 Tesis Aislada (Común) "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: ´PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.´ Queja 311/2014. Impulsora Dega, S.A. de C.V. y otros. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Maldonado Porras, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: María Elena López Morales." Asimismo, por analogía se cita en apoyo a la determinación a la que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: Tesis: P./J. 12/90 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205873 Pleno Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990 Página 87 Jurisprudencia (Común) "REVISION. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA. Si el escrito de expresión de agravios mediante el cual se hace valer el recurso de revisión no contiene firma autógrafa, debe desecharse, en virtud de que la misma constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento judicial, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. El documento en que se hace valer el recurso de revisión constituye una promoción que debe hacerse por escrito de conformidad con lo que establece el artículo 88 de la Ley de Amparo, y es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó expresión de voluntad alguna, al no reunir el requisito que establece el artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal, aplicado por analogía, porque se trata de una formalidad que debe constar por escrito. En consecuencia, si el referido escrito de expresión de agravios es calzado por una firma facsimilar, cuya naturaleza de mera reproducción de su original no es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad, el mismo debe desecharse. Tesis de jurisprudencia 12/1990, aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada, celebrada el miércoles treinta y uno de octubre próximo pasado, por unanimidad de 15 votos de los señores ministros: Presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, José Martínez Delgado, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. Ausentes: Salvador Rocha Díaz, Victoria Adato Green, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras, Santiago Rodríguez Roldán y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de mil novecientos noventa." Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5o. fracción I, y 6o., todos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Antonia Cruz Herrera Aguilar, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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