Angelina Obregón Flores
Expediente 1091/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Angelina Obregón Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de octubre del año en curso, en la que se SOBRESEE el presente juicio de amparo. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación secretarial, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al cuaderno incidental, toda vez que no se formó mismo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Finalmente, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra en autos un documento original, glosado en la foja número 33 consistente en el recibo de pago con número de folio ******************** que la parte quejosa anexó junto con el escrito de cinco de octubre del año en curso; en tal virtud, requiérase a la parte quejosa********************a través de su autorizado, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO VIII-1091/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo VIII- 1091/2023 promovido por Angelina Obregón Flores contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la autoridad responsable; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 807/2023 recibido por este juzgado el diecinueve de septiembre del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 1091/2023-VIII, promovido por Angelina Obregón Flores, por propio derecho, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, Angelina Obregón Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, al que le reclamó el siguiente acto: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo la negativa del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, para expedirme certificado que refiero en los antecedentes de esta demanda. (.)." En ese escrito, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 8° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que, previas prevenciones y sus respectivos cumplimientos, por acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, la admitió a trámite; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia administrativa con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, de los cumplimientos de prevención, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, de los cumplimientos de prevención, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, en la presente instancia constitucional consiste en: La negativa verbal de expedir el certificado "negativo" que afirma solicitó, en el sentido de que la responsable hiciera constar que no existe inscripción del proyecto de lotificación y vialidad, ni la autorización respectiva, del fraccionamiento Popular de Urbanización Progresiva denominado "Eréndira", de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, propiedad de la asociación civil del mismo nombre. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Conforme lo precisa la agente del Ministerio Público de la Federación, al rendir su pedimento, no es cierto el acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó su existencia, al indicar: ".NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO DE ESTA AUTORIDAD, consistente en la negativa del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, para expedir el certificado que refiere la quejosa en su demanda. Toda vez que de los anexos que presenta la quejosa en su demanda, no se advierte solicitud alguna presentada por escrito y dirigida a su servidor, tal como lo establece el artículo 8° Constitucional, para estar en condiciones de dar una respuesta a la misma, ya que únicamente adjunta un recibo fiscal del cual no se advierte el acto reclamado que describe la ahora quejosa.", por lo que así deberá tenérsele. Habida cuenta que la parte quejosa no cumplió con la carga de aportar prueba idónea para desvirtuar dicha negativa, aun y cuando el acto reclamado es de naturaleza positiva y no es inconstitucional por sí mismo. Ello porque si bien en el escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, señaló que a efecto de justificar la existencia e inconstitucionalidad del acto reclamado, ofreció la prueba documental consistente en el recibo de pago que realizó para que la responsable expidiera el certificado que al final le negó, así como el escrito a través del cual, afirma, solicitó dicho certificado. Sin embargo, con tales documentos no acredita la existencia de la negativa verbal en cuanto a la expedición de un certificado "negativo" a cargo de la autoridad responsable, precisado en el numeral anterior, en virtud de que el primero se trata únicamente de un recibo oficial de pago expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, y en su apartado de concepto refiere: "DIVERSOS CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN 020501 CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES (REG. PUB. PROP.) (ENTRADA: 20230630ZL173701 SERV. 13 CERTIFICADO NEGATIVO DE PROP. CIVIL ERÉNDIRA ASOCIACIÓN CAL.: ZL ORDINARIO RECOJA EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS)". Así, con tal documento, la parte quejosa únicamente acredita que realizó un pago por el concepto ahí referido, relacionado con la expedición de un certificado negativo, ante la Secretaría de Finanzas citada, la cual es diversa a la señalada en la demanda de amparo como autoridad responsable, por ende, es insuficiente para acreditar la emisión de una resolución verbal en sentido negativo emitida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán. Incluso, tampoco tiene el alcance de probar que hubiera realizado la solicitud precisada en su demanda de amparo ante la referida Dirección, sobre la que afirma recayó la respuesta negativa señalada como acto reclamado, pues no se trata de algún documento o formato dirigido a tal autoridad señalada como responsable, para estimar, aunque sea de manera indiciaria, que dicho ente público tuvo conocimiento de alguna petición formulada por la amparista. Por lo que ve al segundo documento, si bien se observa que se trata de una solicitud signada por la aquí quejosa, dirigida al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, en la cual pide lo siguiente: ".solicito se me expida CERTIFICADO NEGATIVO en el que se haga constar que NO EXISTE INSCRIPCIÓN del proyecto de lotificación y vialidad, ni de la autorización respectiva del Fraccionamiento Popular de Urbanización Progresiva denominado "Eréndira", que fue autorizado por la otrora Secretaría de Urbanismo del Estado, mediante oficio número SU-DDU-1458/86 (del que adjunto copia simple). La información sobre la inscripción señalada, la obtuve de la consulta que realicé en los libros respectivos, así como de la información que recibió del personal del propio Registro Público. (.)." No obstante, tal documento es insuficiente para acreditar la negativa verbal atribuida a dicha autoridad, puesto que no se trata de alguna determinación, incluso, tampoco lo es para probar que realizó alguna solicitud en ese sentido, pues en éste no obra algún sello de recepción de la dependencia a la cual se encuentra dirigida. Para ello, no debe perderse de vista que el acto que nos referimos en esta parte, es de naturaleza negativa y, por tanto, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva, entendiendo por lo primero, los que implican un hacer (como en el caso) y a los segundos, los que reflejan una omisión o abstención, diferencia importante para las cargas de la prueba, ya que su existencia varía según la naturaleza de dichos actos. Lo cierto es que la esencia del acto negativo versa exclusivamente sobre una manifestación expresa en el sentido de negar la expedición de un certificado, previamente solicitado, por lo que si la autoridad responsable niega su existencia, necesariamente la carga de la prueba de acreditar su certeza recae en la parte quejosa, ello porque la negativa simple de tal actuación libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado. De ahí que la aquí quejosa no logró acreditar la existencia de la negativa verbal atribuida a la autoridad responsable, es más, tampoco probó que realizó alguna solicitud de manera directa a dicha dependencia y, con ello, que naciera la obligación de dar contestación a lo solicitado. En ese sentido, se reitera, la parte quejosa no acreditó la existencia del acto reclamado, pues de las documentales allegadas no demostró que la responsable hubiera emitido algún pronunciamiento sobre la solicitud de expedir el certificado precisado en su demanda de amparo. Lo anterior a pesar de lo narrado bajo protesta de decir verdad, sin embargo, la sola manifestación en ese sentido, es insuficiente para acreditar su existencia. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto ve a la actuación impugnada atribuida a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de la presente ejecutoria, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "SOBRESEIMIENTO, ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, recae en la quejosa la carga de demostrar lo contrario; de tal manera que si no desvirtúa los informes justificados, procede el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." Consecuentemente, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en atención a la actualización de la causal de sobreseimiento analizada y al efecto, se invoca el siguiente criterio: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que sea necesario dar vista al quejoso para ampliar su demanda, ante la inexistencia de los actos reclamados. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2009271 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: VII.1o.T.1 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III , página 2358 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PARA DECRETARLO ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.", estableció que en términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, debe darse vista al quejoso cuando se actualice una causa de improcedencia advertida de oficio, no alegada por alguna de las partes y, además, que no se hubiera analizado por un órgano jurisdiccional de primera instancia, lo cual debe realizarse tanto en amparo directo, como en indirecto. Sin embargo, esta obligación no opera cuando el sobreseimiento se decreta por inexistencia de los actos reclamados, pues esa hipótesis actualiza el motivo directo de sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Esta apreciación obedece a que el diverso numeral 64 prevé dos hipótesis; en el primer párrafo, la derivada de un motivo directo de sobreseimiento; y, en el segundo, la relativa a la actualización de una causal de improcedencia. En este sentido, si el artículo 63 establece en la fracción IV el motivo de sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados; y, en su fracción V, se alude a la existencia de alguna causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, se concluye que cuando el sobreseimiento deriva de la inexistencia de los actos reclamados, es innecesario dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, porque en este supuesto no se trastoca derecho humano alguno." Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó el agente del Ministerio Público adscrito, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: "Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia. ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Angelina Obregón Flores, por propio derecho, en cuanto al acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.gabk
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del diecisiete de octubre del presente año, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, la que tendrá verificativo a las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. PARTE QUEJOSA OFRECE PRUEBA DOCUMENTAL. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta, que suscribe el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza la documental que anexa al presente ocurso; sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de dos de octubre del año en curso. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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