Alejandra Esther Briceño Sanchez
Expediente 1827/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1827/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandra Esther Briceño Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. (...) EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1827/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Director Jurídico de esa dependencia (denominación correcta), ambas con sede en esta ciudad. RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El catorce de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia esta ciudad, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Director Jurídico de esa dependencia (denominación correcta), ambas con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien presentó su alegato ministerial. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO.PRIMERO. Competencia. (.) SEGUNDO. (.) En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: (.) TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Director Jurídico de esa dependencia, con sede en esta ciudad, pues así lo señaló este último al rendir su informe justificado por sí y en representación de aquella (foja 7). Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por dicha responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. (.) QUINTO. Causas de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, en la presente instancia, la quejosa señaló que la responsable llevó a cabo la retención del vehículo marca ********************, línea ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ********************, con placas de circulación ********************del Estado de Yucatán, con motivo de una falta administrativa cometida por ********************, razón por la cual el citado automotor fue trasladado al depósito de vehículos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. Además, refiere que al constituirse, el catorce de agosto de la anualidad, en las oficinas de la responsable, le fue negada verbalmente la devolución de dicho automotor. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el veintitrés de agosto pasado, se devolvió a la aquí quejosa, ********************, el vehículo antes señalado; lo que quedó asentado en la ficha de salida del depósito vehicular con folio ***************(foja 8). En consecuencia, si el acto combatido en esta vía constitucional se hizo consistir en la negativa verbal de devolver el automóvil antes indicado y, durante la tramitación de este expediente, se devolvió la unidad a la quejosa, es evidente que se subsanó la conducta que le fue atribuida, por lo cual es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa (..)." No es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado de la responsable, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Diego Jezreel Nieto Bianchi, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se procede a celebrar la audiencia incidental, sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con la promoción presentada físicamente con número de registro 13027, correspondiente al informe previo del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por sí y en representación de esa dependencia. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por realizada la relación secretarial que antecede y por rendido en tiempo y forma el informe previo de las autoridades responsables. Abierto el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas dichas pruebas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que el Juez declara cerrado este periodo. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, el Juez declara visto el incidente y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1827/2023, promovido por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Director Jurídico de esa dependencia, ambos con residencia en esta ciudad, y, R e s u l t a n d o: PRIMERO. Demanda de amparo El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Director Jurídico de esa dependencia, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente Por auto de la misma fecha, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se pidió a las responsables su informe previo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo este día en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia Este Juzgador es legalmente competente para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención de los promoventes y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este Juzgador considera que la parte quejosa reclama: Autoridades responsables Acto reclamado a) Secretario de Seguridad Pública del Estado b) Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Mérida, Yucatán La retención del vehículo marca ********************, línea ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por sí y en representación de esa dependencia, pues así lo señaló al rendir su informe previo (foja 7); por tanto, se tiene plenamente probados los actos reclamados para el único efecto de resolver la suspensión definitiva. CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerles 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales son: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, ya que como se señaló en párrafos precedentes, las responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que se tuvieron plenamente probados éstos, para el único efecto de resolver la suspensión definitiva. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, esto, pues en el caso concreto, la devolución del vehículo que en esta vía se defiende, no causa ningún perjuicio al orden público ni a la colectividad. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente caso el suscrito considera que no se afectaría el interés social pues, por el contrario, de no concederse la suspensión se transgredirían derechos de la parte quejosa. V. POSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. En el caso concreto, la parte quejosa se ostenta propietaria del vehículo marca ********************, línea ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán. Y, para acreditar su interés suspensional exhibe: 1. Factura ******************** emitida a su nombre por ********************, que ampara el indicado automotor, 2. Credencial para votar ******************** expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y 3. Caratula de póliza de seguros a su nombre, emitida por ********************, respecto del vehículo descrito con anterioridad. De dichas documentales se aprecia la titularidad del derecho que defiende en esta vía la parte quejosa. Ahora bien, respecto al acto reclamado debe señalarse que las propias responsables señalaron que la retención del vehículo deriva de que ********************conducía éste en estado de ebriedad (foja 7). Por tanto, al realizar la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el perjuicio que, en su caso, podría causarse al interés social o la contravención de disposiciones de orden público, se concluye que no se encuentra justificada la permanencia del vehículo defendido en el depósito vehicular en el que se encuentra. En consecuencia, al reunirse los requisitos dispuestos por el artículo 128 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables realicen todos y cada uno de los trámites administrativos con el fin de que se devuelva a la quejosa ********************, el vehículo marca ********************, línea ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán. Lo anterior, siempre y cuando la parte quejosa acredite, ante las autoridades responsables, la propiedad del referido automotor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.A. J/13 A (11a.) del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, visible a página 4165, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO "SALVANDO VIDAS", AL NO SEGUIRSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones disímbolas al analizar la procedencia de la suspensión provisional en el amparo, contra la retención del vehículo que se generó con motivo de la aplicación de sanciones administrativas derivadas de la aplicación del programa "Salvando Vidas" a que se hicieron acreedores los quejosos en los procesos constitucionales de origen, por conducir el automotor bajo los influjos del alcohol. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que sí procede otorgar la suspensión provisional en contra de la retención del vehículo automotor con motivo de la aplicación del programa operativo "Salvando Vidas", para el efecto de que le sea devuelto, pues con base en el análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se obtiene que con esa medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que no se deja sin materia el juicio principal ni se constituyen derechos a favor del quejoso. Justificación: El estudio funcional de los artículos 20, 48, 72, 73 y 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y 170 a 174 de su Reglamento, que sustentan el objeto del programa denominado "Salvando Vidas", así como las medidas de seguridad que pueden implementar las autoridades a cargo de los operativos, a fin de salvaguardar distintos bienes jurídicos, permite descubrir que el "arresto administrativo" pretende salvaguardar la vida y la seguridad de los conductores en estado de ebriedad, así como de terceros, aunque sea de carácter momentáneo (durante el lapso que dura el estado de ebriedad); en cambio, la "retención del vehículo" tiende a prevenir accidentes por manejar en ese estado, riesgo que finaliza cuando el conductor recupera la sobriedad. En esa medida, aunque ambas medidas de seguridad se encuentran relacionadas, ya que esta última es consecuencia de la primera, lo cierto es que el inminente riesgo que comporta que una persona conduzca en estado de ebriedad desaparece por meras razones de temporalidad y, por tanto, la retención del vehículo ya ha dejado de cumplir con su finalidad, puesto que no existe razón material o legal que sustente que el automóvil deba mantenerse en el depósito vehicular. Consecuentemente, con base en un análisis ponderado entre la afectación al interés social, así como la contravención a disposiciones de orden público frente a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, es posible establecer con certeza que en el juicio de amparo indirecto sí procede otorgar la suspensión provisional para el efecto de que se libere el vehículo y se permita su circulación, porque con ello no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social; en cambio, con esa medida cautelar únicamente se busca paralizar momentáneamente las consecuencias jurídicas que surgen con motivo de la retención vehicular, como pudiera ser una afectación desmedida de índole económica como resultado del resguardo del bien mueble. Finalmente, es propio establecer que en ese caso, la suspensión en el amparo se encuentra condicionada a que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, únicamente en relación con las multas que se hubieren generado con motivo de la infracción cometida por el conductor, así como del pago de los servicios de arrastre y de pensión en los depósitos vehiculares." En el entendido que la presente medida no constituye autorización para que la quejosa contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes. GARANTÍA. La presente medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si, dentro del plazo de cinco días, computado a partir de su notificación, la parte quejosa no garantizar el interés fiscal ante la autoridad exactora o acreditar haberlo hecho por el monto de la multa que se hubiere generado con motivo de la infracción cometida en el vehículo que se defiende, así como del pago de los servicios de arrastre y de pensión en el depósito vehicular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 2a./J. 148/2005 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, visible a página 365, del rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y se R e s u e l v e: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ********************, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, por el motivo señalado en el último considerando de esta resolución incidental. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario Diego Jezreel Nieto Bianchi, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio rendido por el Fiscal Coordinador de la Unidad Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación Tizimín, Yucatán, de la Fiscalía General del Estado, y anexo que acompaña, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en proveído de diecinueve de julio del año en curso, remite las constancias que le fueron requeridas. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su oficio copia certificada de las constancias conducentes de la carpeta de investigación *** constante de doscientos veintiún fojas, de su índice, fórmese UN LEGAJO con dichas constancias, sin necesidad que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Ahora bien, toda vez que de las citadas constancias, se advierte que el nombre completo y correcto de la tercero interesada en el presente juicio de amparo es ***, y que la misma tiene su domicilio actual en el predio número ***, Yucatán. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales en la integración del presente asunto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, en relación con lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese despacho al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva emplazar al presente juicio a la tercera interesada ***, en el domicilio señalado con antelación, haciéndole saber el contenido de este acuerdo, el auto de admisión, así como la tramitación de la demanda de amparo, adjuntándole copia simple de ella e indicándole que puede comparecer a este juicio con tal carácter, si a sus intereses conviniere, previniéndole para que, en el término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones que deban hacérsele de manera personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal, sin necesidad de ulterior acuerdo. De igual manera, con fundamento en el artículo 117 de la referida Ley, dese vista a la parte tercera interesada, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. De igual forma, se faculta al Juez requerido para la realización de todo tipo de actuación tendente al cumplimiento de la diligencia encomendada, incluso habilitar los días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia de mérito, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Solicítese al Juez se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Finalmente, se informa que se señalaron las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE Y POR DESPACHO A LA TERCERA INTERESADA.
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