Alejandra Narvaez Campos
Expediente 1928/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1928/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandra Narvaez Campos
- IRMA ARACELLY DEL CARMEN CAMPOS CEH y Otros.
- Irma Aracelly del Carmen Campos Ceh
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Delegada del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, con el que da cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, (...) dese vista a las partes con la documentación de cuenta por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Finalmente agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual informa que al momento de suscribir el mencionado oficio (veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés), no tenía para cumplimiento el auxilio de la fuerza pública solicitado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, derivado del expediente ******************** de su índice. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, dado que del diverso oficio suscrito por la referida Delegada, se advierte que fue hasta el veintisiete de noviembre último, que se entregó en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la autorización del auxilio solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: (.) En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1928/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************y ********************, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y otra autoridad, ambos con residencia en esta ciudad, y; (...) TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto de su Director Jurídico, manifestó que no es cierto el acto reclamado, pues no tiene la orden de cumplimiento de ejecución del auxilio de la fuerza pública, cuya ejecución se reclama. Lo cual se corrobora con el informe de quien suscribió en representación del Gobernador del Estado señalado como responsable, en el cual manifestó que la solicitud de auxilio de la fuerza pública, aún se encuentra en trámite para su autorización. Por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto del acto que se le atribuye a dicha autoridad. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Sin embargo, procede desvirtuar dicha negativa, toda vez que manifiesta que se encuentra para trámite la solicitud de auxilio de la fuerza pública, de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, solicitada mediante oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** relativo al procedimiento de ejecución de convenio transaccional promovido por ********************y ******************** (aquí quejosas), en contra de ******************** (aquí tercero interesado), para la desocupación y entrega del predio marcado con el número ********************de la calle********************. De ahí que deba tenerse por cierto el acto de omisión que se reclama a dicha autoridad. Lo que se corrobora con la copia certificada del citado oficio ********************, de once de mayo de dos mil veintitrés, que adjuntó a su informe el referido Consejero, a la cual se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2o. de este último ordenamiento. (...) SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es fundado lo que la parte quejosa aduce respecto a que la abstención u omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, para llevar a cabo la orden de desalojo ordenada por ésta, dentro del procedimiento de ejecución de convenio transaccional ******************** del índice de la citada autoridad judicial, violenta su derecho humano plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, ya que, efectivamente, este órgano jurisdiccional advierte que se transgrede en su contra, el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, en lo conducente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)". Del precepto constitucional transcrito, se advierte que garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Esto es así, porque la garantía constitucional establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de derecho fundamental es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª.LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 177921, de rubro y texto siguientes: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. (...)." Ahora, como se estableció anteriormente, del informe rendido por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, se advierte que por oficio ********************, de once de mayo de dos mil veintitrés, presentado ante dicha autoridad el veintitrés del mismo mes y año, girado en autos del procedimiento de ejecución de convenio transaccional ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, se le solicitó el auxilio de la fuerza pública para el desalojo del aquí tercero interesado ******************** del predio marcado con el número ********************de la calle********************, sin que hasta la fecha se haya otorgado dicho auxilio. Por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que el citado oficio fue presentado ante la responsable (veintitrés de mayo de dos mil veintitrés) hasta la emisión de la presente resolución, es evidente que el proceder de la responsable se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, ya que la omisión del Gobernador del Estado de tomar las medidas necesarias, así como proporcionar la fuerza pública, no está sustentada en algún precepto legal que lo faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial. Todo lo cual implica la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa y, por ende, violatoria del citado precepto constitucional que prevé como garantía de todo individuo, el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 193318, con rubro y texto siguientes: "FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policiacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. OCTAVO. Sentido del fallo y efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto siguiente: Que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, de inmediato autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintitrés, deducido del procedimiento de ejecución de convenio transaccional ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de llevar a cabo el desalojo ahí ordenado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************, contra el acto que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por los motivos precisados en el considerando tercer de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y ********************, contra el acto que reclamó al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, por los motivos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos señalados en el último siguiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por A******, en su carácter de representante común de la parte quejosa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos que formula en su escrito de mérito, para ser tomadas en consideración como legalmente corresponda, al momento de dictar la sentencia en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
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