Alejandra Dianelly Valdez Arceo
Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandra Dianelly Valdez Arceo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 313/2023. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas a los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa ********************, contra la sentencia firmada el dos de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno:********************1. El expediente físico del juicio de amparo 355/2023.********************2. Los escritos originales de revisión y de expresión de agravios interpuestos por la parte quejosa ********************.********************3. El escrito de desistimiento de fecha veintidós de mayo de dos mil veintitrés.********************3. Las copias de estos que corresponden al Agente del Ministerio Público de la Federación. ********************4. Tres legajos (dos legajos de copias certificadas y uno relativo a un disco compacto en formato DVD). ********************Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente.********************Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.********************Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo.********************Finalmente, agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en atención a lo solicitado por este juzgado en proveído de veintidós de mayo cursante, informa que se otorgó acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 170/2022 de su índice. ********************Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar la vinculación pertinente al expediente electrónico en comento. ********************CÚMPLASE. (....)
- Principal
V. Mérida, Yucatán; dos de mayo de dos mil veintitrés. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 355/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos de la Jueza Quinta de Oralidad Familiar del Primer Departamento del Estado y de la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veinte de enero de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Jueza Quinta de Oralidad Familiar del Primer Departamento del Estado y de la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad. En la indicada demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, por providencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social del juzgado remitente y al de la adscripción, quienes no presentaron sus alegatos. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de treinta de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional dictado en juicio que incide en la esfera jurídica una persona que se ostenta como tercera extraña al juicio; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a la Jueza Quinta de Oralidad Familiar del Primer Departamento del Estado (foja 28) y a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado (foja 24), ambos con sede en esta ciudad, pues el primero así lo señaló al rendir su informe justificado y el segundo se adhirió a dichas manifestaciones. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la jueza responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Así, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse el acto reclamado en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el particular, como se aprecia de las constancias que integran este juicio de amparo, mediante diligencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en autos del juicio testamentario 232/2020, entre otras cosas, se dio lectura a testamento de Manuel de Atocha Valdez Yam y se tuvo a Alejandra Dianelly Valdez Arceo aceptando el cargo de albacea de esa sucesión (fojas 1151 y 1152 del legajo 2). Así, si bien la promovente de este juicio de amparo presentó su demanda desde el veinte de enero de dos mi veintidós, esto es, con anterioridad a la fecha en la que se le tuvo discernido el cargo que le fue conferido, lo cierto es que es hasta esta última fecha cuando se debe realizar el computo de quince días para promover su demanda de amparo, aunque con anterioridad haya tenido conocimiento de los actos reclamados en lo personal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.1o.201 C del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, visible a página 1397, del rubro y texto siguientes: "SUCESIONES. CUANDO EL PROMOVENTE DEL AMPARO SEA EL ALBACEA EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA HAYA TENIDO CONOCIMIENTO EN LO PERSONAL DEL ACTO QUE RECLAMA. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece, como regla general, que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, cuando el quejoso demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, en su carácter de albacea de una sucesión, el término a que se refiere el invocado precepto debe computarse a partir del momento en que dicho promovente acepte y proteste el aludido cargo, independientemente de que con anterioridad a esa fecha haya tenido conocimiento en lo personal del acto que reclama; lo anterior es así, toda vez que no es jurídicamente posible estimar que a partir de entonces haya conocido el acto con el carácter de representante de la sucesión, por ende, no debe tomarse en consideración la fecha en que el promovente haya tenido conocimiento de la existencia del acto, sino aquella en la cual se le haya discernido el cargo de albacea." En ese sentido, no obstante que haya interpuesto la demanda con anterioridad, se concluye que la acción constitucional se ejerció oportunamente. QUINTO. Procedencia La demanda de amparo es procedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ordinal 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, virtud a que la parte quejosa reclamó actos de un juicio que causan agravio a la sucesión que representa por ostentarse como tercera extraña al procedimiento. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al margen de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado Con el fin de tener mejor entendimiento del asunto que nos ocupa, es necesario precisar que de los anexos 1 y 2 remitidos por la Sala responsable, se aprecia lo siguiente: I. Juicio testamentario 232/2020 y sus acumulados 269/2020 y 288/2020. a) Que el diez de julio de dos mil veinte, Rosa Amelia Arceo Borges y Alejandra Dianelly Valdez Arceo, denunciaron la sucesión testamentaria de Manuel de Atocha Valdez Yam, correspondiendo conocer de ese procedimiento al Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, bajo el número 232/2020 (fojas 2 a 51 del legajo 2). b) Procedimiento del cual se advirtieron diversos juicios intestamentarios de la sucesión de Manuel de Atocha Valdez Yam y, mediante resolución de dos de diciembre de dos mil veinte se ordenó la acumulación de los juicios intestamentarios 269/2020 del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, promovido por Diana Estefanía y Ana Paula, ambas de apellidos Valdez Holguín, así como el diverso 288/2020 del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, promovido por Alma Delia Obando Garay (fojas 225 a 232 del legajo 2). c) Seguida que fue la secuela procesal en el juicio testamentario antes indicado y sus acumulados, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós se dio inicio a la audiencia preliminar y, en primer término, se dio lectura al testamento de Manuel de Atocha Valdez Yam y, atendiendo a la voluntad de éste, se designó como albacea de la sucesión a Alejandra Dianelly Valdez Arceo, quien en esa misma fecha aceptó el cargo (fojas 1151 y 1152 del legajo 2). II. Juicio ordinario familiar para acreditar el concubinato 376/2020 (acto reclamado). a) Que mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, Alma Delia Obando Garay promovió juicio ordinario familiar para acreditar el concubinato de ésta con Manuel de Atocha Valdez Yam, procedimiento del cual correspondió conocer al Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, bajo el número 376/2020 y quien admitió a trámite la demanda el nueve de febrero de dos mil veintiuno, previo desahogo de las prevenciones formuladas (fojas 2 a 57 del legajo 1). b) En dicha providencia, se reconoció como interventor a José Rosendo Sierra Martel, en atención a la designación que realizó el Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 366/2020. c) Mediante diligencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se emplazó al juicio de origen al indicado interventor, compareciendo por escrito el veintiséis de febrero siguiente (fojas 58 a 61 del legajo 1). d) El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el procedimiento natural y, al efecto, se reconoció la existencia de concubinato entre Alma Delia Obando Garay y Manuel de Atocha Valdez Yam (fojas 128 a 146 del legajo 1), la cual causó ejecutoria el once de octubre siguiente (foja 1044 del legajo 2). OCTAVO. Estudio y resolución del incidente de objeción de documentos La parte quejosa, en su escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, promovió el incidente de objeción de documentos, con relación a la alegada falsedad de la firma del informe de la jueza responsable (fojas 64 y 65). En audiencia constitucional de veintidós de junio de dos mil veintidós se dio cuenta con dicho escrito y, conforme lo dispone el artículo 122 de la Ley de Amparo, se suspendió dicha actuación (fojas 92 a 94). Una vez desahogado el trámite correspondiente y las pruebas ofrecidas en el incidente relativo, el trece de enero de este año tuvo continuación la audiencia constitucional, en la que se dio cuenta con los medios probatorios correspondientes a la indicada objeción (agregada en el expediente electrónico). Ahora bien, de la única prueba que sustenta el incidente en comento, esto es, el dictamen pericial grafoscópico de José María Palacio Morales, perito oficial, se aprecia que en su única conclusión dispuso lo siguiente: "Sí corresponden a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado la elaboración de las firmas que obran en el informe previo e informe justificado dirigidos al Ciudadano Juez Primero de Distrito los cuales obran en el Juicio de Amparo 170/2022 descritos en el apartado correspondiente, respecto de las firmas aportadas como elementos base del cotejo." En ese sentido, de conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, con la facultad que otorga dicha legislación a este juzgador para valorar el dictamen pericial con la más amplia libertad de la que goza este juzgado, se otorga valor probatorio pleno a dicha documental. Esto, pues además no existe prueba que desvirtúe las manifestaciones, aunque sea de forma indiciaria, del perito oficial y, por ende, debe otorgársele el valor probatorio más amplio. De esa forma, atendiendo a lo dispuesto por el perito oficial, se declara infundado el incidente de objeción de documento planteado por la parte quejosa. NOVENO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En la presente instancia, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que Alejandra Dianelly Valdez Arceo, albacea de la sucesión testamentaria de Manuel de Atocha Valdez Yam, comparece como tercera extraña al procedimiento de origen, y refiere como causa de pedir, en su único concepto de violación: - Que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio el principio de audiencia previa, pues debió haber sido llamada al juicio de origen para defender la sucesión que representa, por lo cual no se debió tener por aceptado el nombramiento de un interventor, ya que en el testamento del de cujus se le otorgó el cargo de albacea. El indicado principio de audiencia previa se encuentra establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es infundado el motivo de disenso esgrimido por la parte quejosa, pues no le asiste la razón. Para evidenciar lo anterior, es necesario precisar que cierto es que el emplazamiento es el acto procesal de trascendental importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." En el caso concreto, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado, el juicio ordinario familiar para acreditar concubinato 376/2020 se admitió a trámite el nueve de febrero de dos mil veintiuno, una vez que se tuvo por acreditado que, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 366/2020 del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se nombró como interventor de la sucesión de Manuel de Atocha Valdez Yam a José Rosendo Sierra Martel. Esa circunstancia es la que, aduce la parte quejosa, deviene inconstitucional, porque ella fue designada como albacea en el testamento del de cujus Manuel de Atocha Valdez Yam, desde el quince de octubre de dos mil catorce. Al respecto, en tratándose del tema que nos ocupa, de la intelección de los artículos 570, 595, 604, 840, 850 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, se aprecia que la sucesión testamentaria puede verificarse mediante tres vías, a saber: a) testamentaria, b) intestamentaria y c) mixta. La primera, es decir, la testamentaria, correlativa a la litis que nos ocupa, es la determinada por la última voluntad del de cujus mediante el instrumento jurídico llamado testamento; éste, es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona con capacidad de goce y ejercicio dispone de sus bienes y derechos, o reconoce y delega deberes para después de su muerte y que no se extinguen por virtud del fallecimiento, por lo que sus cláusulas se deben cumplir en el sentido literal en que lo dispuso el testador. Por su parte, entre muchas de las situaciones que el interesado puede hacer valer en el testamento, se encuentra una de suma importancia, la del albacea, que es el ejecutor de la última voluntad del testador y es designado libremente por éste, es decir, se trata de un cargo voluntario. En los casos en que, habiendo una acción en contra de la sucesión, no se hubiera designado albacea, es la autoridad judicial la que se encarga de nombrar a una persona, llamada interventor, que represente la sucesión hasta en tanto se designa tal figura. De lo que se aprecia que el derecho a designar albacea corresponde, en principio, al testador, pero en caso de que éste no lo haya hecho o el nombrado -por la causa que sea- no desempeñe el cargo que le fue conferido, el derecho a designarlo corresponderá al Juez, quien tendrá las facultades de nombrar a alguno de los propuestos. En ese sentido, los albaceas testamentarios son aquellos que, como su nombre lo indica, son designados por el testador, y por ese motivo, esa figura jurídica tiene su fuente en la autonomía de la voluntad privada del testador, a ello se refiere la legislación civil del estado al precisar que éste es un cargo voluntario, esto es, que puede aceptarse o no y que nadie está obligado a desempeñarlo, pero una vez aceptado, el albacea asume diversos deberes y responsabilidades propios del cargo, y sólo podrá renunciar sujetándose a los términos establecidos en la ley, y con las sanciones que ella misma establece. Por ello, el albaceazgo debe analizarse tomando en cuenta dos momentos claves para su constitución, la designación y la aceptación. Si bien para la designación del albacea no se necesita su consentimiento por tratarse de un acto jurídico unilateral efectuado por el testador, lo cierto es que el asumir obligaciones siempre precisa de la voluntad de quien las asume, y que no se puede obligar a una persona a que realice una función en contra de su voluntad. Entonces, de suyo, la aceptación del cargo de albacea constituye un acto jurídico unilateral de suma importancia para la constitución del cargo conferido, que tiene como consecuencias jurídicas, el nacimiento de deberes y derechos en su favor. Así, la persona que haya sido designada como albacea tendrá la libertad de decisión de aceptar el cargo o de no hacerlo, pero si decide hacerlo, quedará obligada a dar cumplimiento a las obligaciones que son inherentes al cargo. Es a partir de que acepta el cargo que le fue conferido cuando tiene legitimación para ejercer los deberes y las responsabilidades propios del cargo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 74/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, visible a página 670, del rubro y texto siguientes: "ALBACEA. LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LOS DEBERES Y LAS RESPONSABILIDADES PROPIOS DEL CARGO, ASÍ COMO LA FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, ESTÁN CONDICIONADAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN EXPRESA DE QUIEN FUE DESIGNADO COMO TAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, MORELOS Y JALISCO). La designación del albacea tiene su fuente en la autonomía de la voluntad del testador, en la de los herederos o en una decisión judicial; sin embargo, de conformidad con los artículos 1592 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, 3037 del Código Civil del Estado de Jalisco y 786 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el albaceazgo constituye un cargo voluntario, es decir, que puede aceptarse o no, en tanto que nadie puede ser obligado a asumir y cumplir con los deberes y las responsabilidades que implica, simplemente por haber sido designado como tal, por causas ajenas a su voluntad. En ese tenor, la aceptación del cargo de albacea constituye un acto jurídico unilateral que da origen a deberes y derechos a cargo y en favor de quien se hace; de ahí que es a partir de la aceptación expresa en el cargo de quien ha sido designado como tal que queda obligado a cumplir con los deberes propios del cargo, y sólo entonces está facultado para conferir poderes, para que otras personas actúen bajo sus órdenes en lo que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el albaceazgo; sin que se establezcan fórmulas sacramentales para el discernimiento, ni se precise de una declaración judicial formal en ese sentido." Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad en el juicio testamentario 232/2020, se advierte que fue hasta el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, cuando se dio lectura al testamento de Manuel de Atocha Valdez Yam y, por consiguiente, que Alejandra Dianelly Valdez Arceo aceptó el cargo de albacea de la indicada sucesión. En ese sentido, contrario a lo que refiere la parte aquí quejosa, el hecho de que en el juicio ordinario familiar para acreditar concubinato 376/2020 se haya llamado como representante de la sucesión de Manuel de Atocha Valdez Yam al interventor José Rosendo Sierra Martel, no transgrede el orden constitucional, pues la aceptación del cargo de albacea que le fue conferido, se realizó con posterioridad, incluso, del dictado de la sentencia en dicho procedimiento, lo que aconteció el veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que se advierte que con lo anterior se dejó en estado de indefensión a la sucesión que representa, pues como se precisó en líneas precedentes, en dicho procedimiento natural fue *** quien se ocupó de la defensa de los intereses de la sucesión. En mérito de lo anterior, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal, por las consideraciones antes apuntadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de documentos intentado por la parte quejosa, por la razón señalada en el considerando octavo de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, albacea de la sucesión testamentaria de ***, contra el acto de la sala responsable, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.[...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional en el presente juicio fue celebrada el veintiséis de junio de dos mil veintidós y su continuación de trece de enero de dos mil veintitrés, y la promoción de cuenta fue recibida, el once de abril del año en curso; en consecuencia, fórmese cuadernillo y agréguese para que obre como legalmente corresponda el citado escrito, y provéase lo conducente. En atención, a lo anterior se agréguese el escrito signado por la quejosa********************, mediante el cual señala como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta, y como sus autorizados con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así solicitarlo. Por otra parte, téngase a la aludida parte quejosa solicitando se expida a su costa copia certificada de diversas constancias que integran el presente asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, y entréguense al solicitante por el conducto que indica, cuando las labores del juzgado lo permitan, previo acuse de recibo que al efecto se otorgue en autos. NOTIFÍQUESE. [...]
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