Alberto Damian Chan Garcia

Expediente 230/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
230/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Alberto Damian Chan Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, en contra de la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés; formándose por tal motivo el toca ********************. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V. Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada el veinte de abril de dos mil veintitrés, por la Actuaria de la adscripción, con la que informó el motivo por el que no pudo notificar al tercero interesado ********************y******************** el contenido del acuerdo de esa propia fecha. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintisiete de octubre y cinco de diciembre de dos mil veintidós, y por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a los aludidos terceros interesados, la sentencia firmada el veinte de abril de dos mil veintitrés, ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. [...] V. Mérida Yucatán; veinte de abril de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 230/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** contra el acto que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, con residencia esta ciudad, y otras autoridades, a quienes reclamó el embargo trabado sobre un predio que aduce es de su propiedad, en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Admisión. Po razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número de expediente 2541/2022-II; y se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes con justificación; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. En la secuela procesal, se emplazó tanto al Ministerio Público, como a la tercero interesada ********************, y se rindieron los informes justificados. Por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, en atención al oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, en el que se notifica el punto de acuerdo 219/2022, del día catorce de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en este estado, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Por tanto, el expediente se registró ante este Juzgado Sexto de Distrito con el número 230/2023-V. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I, inciso f), y II de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. [...] TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de su lectura integral se advierte que el quejoso, bajo formal protesta de decir verdad manifestó que el cinco de octubre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto el término para su presentación empezó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, conforme a la ley del acto, esto es, el seis del indicado mes. Atendiendo a lo anterior, el plazo señalado transcurrió del seis al veintiséis de octubre de dos mil veintidós, sin contar sábados y domingos; en consecuencia, si la demanda se presentó el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, se considera que su promoción se realizó dentro del plazo legal. QUINTO. Causas de improcedencia actualizada En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el juicio de amparo que se analiza se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atinente a la falta de interés jurídico del justiciable. Como punto de partida, debe tenerse presente que el quejoso ********************, como tercero extraño al juicio ejecutivo de origen, reclama el embargo del predio marcado con el número ********************, de esta ciudad, del cual asevera ser su propietario. Ahora, para que proceda el juicio de amparo en contra de los actos que reclama, debido a que el quejoso no figura como parte en el juicio de origen, debe comprobar que tiene un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico. El interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses, y debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Así, para acreditar el interés jurídico, el gobernado debe demostrar que le causa perjuicio el acto que reclama, ya que el perjuicio supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión; interés jurídico que además debe encontrarse fehacientemente probado con los datos de prueba que obren en el sumario, pues no puede ser acreditado con base en presunciones, tal como lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, la parte quejosa, con el propósito de demostrar la afectación que le ocasiona el embargo trabado en autos del juicio de origen, exhibió: Testimonio de acta notarial ********************, relativa al contrato de compraventa con reconocimiento de adeudo, que otorgó ********************(parte demandada en el juicio de origen), a favor del aquí quejoso ********************, respecto del predio objeto de la litis. Sin embargo, este documento no es adecuado para acreditar el interés jurídico del promovente del amparo, pues de la valoración que se efectúa, se advierte la existencia de un motivo sustancial para cuestionar la naturaleza de este documento público y, con ello, la veracidad y certeza del acto que se contiene en dicha acta. Ello es así, pues del análisis a la documental de mérito, se advierte que se trata de un acta notarial que conlleva la transmisión de dominio de un bien raíz por medio de compraventa, y que por tanto, en relación con el cumplimiento de las formalidades y requisitos inherentes a dicho acto, de acuerdo al momento en que se llevó a cabo -que aparece fue el trece de marzo de dos mil doce-, se encuentra regulado por el artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, publicada el treinta y uno de agosto de dos mil diez, y en vigor a partir del veintiocho de febrero de dos mil once. Pues bien, dicho artículo establece la forma en que deben actuar los fedatarios públicos en el ejercicio de la función notarial, es decir, en los actos y hechos jurídicos en los que intervienen. En efecto, el precepto en cuestión, establece: "Artículo 49. Los fedatarios públicos, en los actos y hechos jurídicos en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar de la siguiente manera: I. Cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes. Cuando el Fedatario Público no conozca personalmente a algún compareciente deberá asegurarse de su identidad por cualesquiera documento que, a su juicio sea fehaciente para comprobar dicha identidad, y hará constar en el acta tal circunstancia, asimismo agregará al apéndice del acta el original o copia certificada de lo exhibido por el interesado para acreditar dicha identidad. En el caso de que el Fedatario Público no conociese personalmente a alguno o algunos de los comparecientes y estos carezcan de documento alguno en términos del párrafo que antecede, podrá asegurarse de la identidad de ellos por la declaración de dos testigos que a su juicio sean dignos de crédito y deberá hacer mención de esta circunstancia en el acta respectiva; (.)" En el presente asunto, del análisis del contrato de compraventa con reconocimiento de gravamen, se advierte que, el fedatario omitió asentar los datos correspondientes a los documentos con los que se identificaron ante él los contratantes, lo anterior se corrobora con las partes relativas del citado documento, en donde el notario público, en lo relativo al cercioramiento de la identidad de los comparecientes, asentó: "Los comparecientes quienes se identificaron ambos, con sus credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral, (.)" "Yo el Notario, hago constar que me cercioré debidamente de la nacionalidad mexicana de los comparecientes; que cumplí con lo dispuesto por el artículo cuarenta y nueve de la Ley del Notariado en vigor, previa lectura que di de la presente escritura en alta voz, manifestaron su conformidad con su tenor y firma ante mí, para debida constancia. Doy fe.(.) Apéndice - Identificaciones. Constante de dos fojas útiles." Acorde con la transcripción anterior, se advierte que el fedatario público, en modo alguno cumple las exigencias previstas en la referida fracción I del artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán vigente en la época, es decir, que el fedatario público se haya cerciorado de la identidad de los contratantes. Resultando insuficiente la certificación realizada por el fedatario público respecto de los documentos del apéndice de dicha acta, en términos de los artículos 105, fracción III, y 110, fracción II, ambos de la indicada Ley del Notariado, así como lo dispuesto en el artículo 150, fracciones III y IV, de su reglamento; pues no cumple con la metodología que regulan dichos numerales, en virtud de que no indican el número de copias cotejadas de cada documento; el número de hojas de cada documento cotejado, entre otros. Al respecto, conviene destacar que el fedatario público al momento de agregar los documentos que integran el apéndice de la escritura exhibida por el quejoso, certificó la totalidad de éstos, en la última hoja de los documentos correspondientes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene transcribir la certificación realizada por el fedatario público, respecto de la totalidad de los documentos del apéndice: "CERTIFÍCO: que las copias fotostáticas que anteceden y los duplicados de constancias oficiales que se incluyen, constantes de veinticuatro fojas útiles, son iguales a los documentos originales de que proceden y que integran el apéndice de ésta escritura, dando cumplimiento al artículo ciento cinco fracción tres de la ley del notariado del estado en vigor. Tekax, Yucatán, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintidós." La transcripción recién realizada, no cumple con el principio de certeza que implica la fe pública, el cual consiste en que el documento expedido por un fedatario en ejercicio de sus funciones para dar certeza a las partes debe cumplir con ciertos parámetros. Sobre este tema es necesario traer a colación lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/2008, en la cual dicho cuerpo colegiado sostuvo, lo siguiente: a) Que de la interpretación del artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla vigente (123 de la Ley abrogada de dicho Estado) no obligan a que la ratificación se plasme en el propio papel del documento que se ratifica, esto es, que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo que contiene el acto que se ratifica. b) Esa validez, siempre y cuando se cumpla con el principio de certeza que implica la fe notarial, para lo cual deben asentarse datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado, para así evitar que pueda darse un uso diferente a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, por lo general, dicha hoja queda en manos de los interesados, sin que se pueda tener seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno. Este último análisis realizado por Nuestro Máximo Tribunal de Justicia implica que para cumplir con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en el caso en concreto, en la última hoja de la certificación correspondiente, se deben asentar los datos suficientes que hagan totalmente identificable los documentos o actos que se certifican. Lo anterior, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios tienen a su mano diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entre sello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada. Este último aspecto es el que no cumple la certificación que se advierte de los documentos al apéndice del acta exhibida por la parte quejosa, es decir, si bien, como ha dicho nuestro Máximo Tribunal de Justica, en hoja anexa se puede plasmar la certificación, al no existir disposición alguna que prohíba dicha práctica, esa circunstancia, per se, no implica que el documento adquiere certeza de fecha cierta. En efecto, lo que se evidencia es que se presentó esta última hoja ante el notario, pero para que exista certeza de que los demás fojas del documento pertenecen a la certificación hecha, es necesario que el fedatario público utilice el entre sello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, o en su caso, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, asentando en ellos los datos suficientes que permitan identificarlos. Siendo que al presentar un documento sin las indicadas características, o en su caso, sin la descripción en la certificación del documento autorizado, implica que no exista certeza de que las fojas del documento sean las anexas a la certificación de marras. Entonces, como se advierte de la certificación transcrita en el párrafo 28, no se desprende que el fedatario público haya puesto un entre sello de cada una de las fojas, así como tampoco el folio respectivo, así como tampoco se advierte que haya realizado una descripción de los actos autorizados en dicha certificación, lo que denota que el documento presentado en este medio extraordinario de defensa no contiene los requisitos necesarios para cumplir con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, y por tanto el mismo no demuestra la fecha cierta en que se realizó el documento. Así, al tenor de lo antes expuesto, es claro que el fedatario público debió, en principio, plasmar el número cronológico de las copias, asentar su sello y firma en la interacción de las fojas, a fin de darle certeza al documento, pero al no realizarlo, es indicativo de que no hay certeza de que el documento en su primera parte -específicamente lo concerniente a la identificación de los comparecientes- se trate de los documentos que cotejó el Notario, y por consecuencia, tampoco hay seguridad de que en la fecha en que aparece se realizó el acto traslativo de dominio, el Notario Público se haya cerciorado de la identidad de los comparecientes. Aunado a la circunstancia que la certificación de las identificaciones de los comparecientes se realizó más de diez años después de la fecha en que aparece se realizó el acto traslativo de dominio, toda vez que dicha certificación es de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, y la fecha en que aparece se realizó el acto traslativo de dominio lo es el tres de marzo de dos mil doce. Adicionalmente a lo expuesto, existe otro motivo para cuestionar la naturaleza de este documento público y, con ello, la veracidad y certeza del acto que se contiene en dicha acta. Del texto del documento en cuestión, en concreto la cláusula quinta de la multicitada acta, se establece que: "QUINTA. La presente compraventa con reconocimiento de adeudo no podrá rescindirse en ningún momento a pretexto de lesión, en virtud de que el predio vendido fue previamente avaluado por un corredor público designado de común acuerdo, y con cuyo dictamen dijeron estar conformes"; siendo el caso que, el avalúo agregado al apéndice de dicho instrumento notarial no fue realizado en los términos de dicha cláusula, en virtud que fue realizado en fecha posterior -dieciséis de abril de dos mil diecinueve-, por un especialista diverso al indicado en la mencionada cláusula. Por último, no está por demás precisar que la determinación de este juzgador federal no implica que se haya pronunciado sobre una posible nulidad -absoluta o relativa- del citado instrumento, es decir, esta determinación de ningún modo significa que se desconozca la celebración del acto jurídico que contiene dicho contrato, pues la falta de cercioramiento de la identidad de los comparecientes, únicamente tiene influencia, como se ha señalado, para el efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público, concretamente, la afectación al interés jurídico del quejoso, pero de ninguna manera trasciende al señalado acuerdo de voluntades, el cual sólo podría dejar de tener efecto por declaración judicial de autoridad competente que sin duda no lo es el Juez de amparo; de manera que esta determinación de modo alguno implica que este juzgador federal haya emitido una resolución prejuzgando sobre la falsedad del acta relativa. El criterio aquí sostenido es similar al expuesto por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa al resolver el amparo en revisión 202/2019, de su índice, en el que consideró que es deber del notario cerciorarse de la identidad de los interesados, esto es, dejar constancia de su identidad en la certificación En estas condiciones, al no haber demostrado ******************** en forma fehaciente, el interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia Federal, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, relacionada con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sentido que se hace extensivo respecto de los actos reclamados al Actuario de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, en virtud de que no se reclaman por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto al embargo trabado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, atribuido al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, por las razones expresadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE [...]

  3. Principal

    V. Mérida Yucatán; veinte de abril de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 230/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** contra el acto que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, con residencia esta ciudad, y otras autoridades, a quienes reclamó el embargo trabado sobre un predio que aduce es de su propiedad, en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Admisión. Po razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número de expediente 2541/2022-II; y se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes con justificación; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. En la secuela procesal, se emplazó tanto al Ministerio Público, como a la tercero interesada ********************, y se rindieron los informes justificados. Por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, en atención al oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, en el que se notifica el punto de acuerdo 219/2022, del día catorce de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en este estado, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Por tanto, el expediente se registró ante este Juzgado Sexto de Distrito con el número 230/2023-V. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I, inciso f), y II de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. [...] TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de su lectura integral se advierte que el quejoso, bajo formal protesta de decir verdad manifestó que el cinco de octubre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto el término para su presentación empezó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, conforme a la ley del acto, esto es, el seis del indicado mes. Atendiendo a lo anterior, el plazo señalado transcurrió del seis al veintiséis de octubre de dos mil veintidós, sin contar sábados y domingos; en consecuencia, si la demanda se presentó el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, se considera que su promoción se realizó dentro del plazo legal. QUINTO. Causas de improcedencia actualizada En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el juicio de amparo que se analiza se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atinente a la falta de interés jurídico del justiciable. Como punto de partida, debe tenerse presente que el quejoso ********************, como tercero extraño al juicio ejecutivo de origen, reclama el embargo del predio marcado con el número ********************, de esta ciudad, del cual asevera ser su propietario. Ahora, para que proceda el juicio de amparo en contra de los actos que reclama, debido a que el quejoso no figura como parte en el juicio de origen, debe comprobar que tiene un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico. El interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses, y debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Así, para acreditar el interés jurídico, el gobernado debe demostrar que le causa perjuicio el acto que reclama, ya que el perjuicio supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión; interés jurídico que además debe encontrarse fehacientemente probado con los datos de prueba que obren en el sumario, pues no puede ser acreditado con base en presunciones, tal como lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, la parte quejosa, con el propósito de demostrar la afectación que le ocasiona el embargo trabado en autos del juicio de origen, exhibió: Testimonio de acta notarial ********************, relativa al contrato de compraventa con reconocimiento de adeudo, que otorgó ********************(parte demandada en el juicio de origen), a favor del aquí quejoso ********************, respecto del predio objeto de la litis. Sin embargo, este documento no es adecuado para acreditar el interés jurídico del promovente del amparo, pues de la valoración que se efectúa, se advierte la existencia de un motivo sustancial para cuestionar la naturaleza de este documento público y, con ello, la veracidad y certeza del acto que se contiene en dicha acta. Ello es así, pues del análisis a la documental de mérito, se advierte que se trata de un acta notarial que conlleva la transmisión de dominio de un bien raíz por medio de compraventa, y que por tanto, en relación con el cumplimiento de las formalidades y requisitos inherentes a dicho acto, de acuerdo al momento en que se llevó a cabo -que aparece fue el trece de marzo de dos mil doce-, se encuentra regulado por el artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, publicada el treinta y uno de agosto de dos mil diez, y en vigor a partir del veintiocho de febrero de dos mil once. Pues bien, dicho artículo establece la forma en que deben actuar los fedatarios públicos en el ejercicio de la función notarial, es decir, en los actos y hechos jurídicos en los que intervienen. En efecto, el precepto en cuestión, establece: "Artículo 49. Los fedatarios públicos, en los actos y hechos jurídicos en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar de la siguiente manera: I. Cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes. Cuando el Fedatario Público no conozca personalmente a algún compareciente deberá asegurarse de su identidad por cualesquiera documento que, a su juicio sea fehaciente para comprobar dicha identidad, y hará constar en el acta tal circunstancia, asimismo agregará al apéndice del acta el original o copia certificada de lo exhibido por el interesado para acreditar dicha identidad. En el caso de que el Fedatario Público no conociese personalmente a alguno o algunos de los comparecientes y estos carezcan de documento alguno en términos del párrafo que antecede, podrá asegurarse de la identidad de ellos por la declaración de dos testigos que a su juicio sean dignos de crédito y deberá hacer mención de esta circunstancia en el acta respectiva; (.)" En el presente asunto, del análisis del contrato de compraventa con reconocimiento de gravamen, se advierte que, el fedatario omitió asentar los datos correspondientes a los documentos con los que se identificaron ante él los contratantes, lo anterior se corrobora con las partes relativas del citado documento, en donde el notario público, en lo relativo al cercioramiento de la identidad de los comparecientes, asentó: "Los comparecientes quienes se identificaron ambos, con sus credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral, (.)" "Yo el Notario, hago constar que me cercioré debidamente de la nacionalidad mexicana de los comparecientes; que cumplí con lo dispuesto por el artículo cuarenta y nueve de la Ley del Notariado en vigor, previa lectura que di de la presente escritura en alta voz, manifestaron su conformidad con su tenor y firma ante mí, para debida constancia. Doy fe.(.) Apéndice - Identificaciones. Constante de dos fojas útiles." Acorde con la transcripción anterior, se advierte que el fedatario público, en modo alguno cumple las exigencias previstas en la referida fracción I del artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán vigente en la época, es decir, que el fedatario público se haya cerciorado de la identidad de los contratantes. Resultando insuficiente la certificación realizada por el fedatario público respecto de los documentos del apéndice de dicha acta, en términos de los artículos 105, fracción III, y 110, fracción II, ambos de la indicada Ley del Notariado, así como lo dispuesto en el artículo 150, fracciones III y IV, de su reglamento; pues no cumple con la metodología que regulan dichos numerales, en virtud de que no indican el número de copias cotejadas de cada documento; el número de hojas de cada documento cotejado, entre otros. Al respecto, conviene destacar que el fedatario público al momento de agregar los documentos que integran el apéndice de la escritura exhibida por el quejoso, certificó la totalidad de éstos, en la última hoja de los documentos correspondientes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene transcribir la certificación realizada por el fedatario público, respecto de la totalidad de los documentos del apéndice: "CERTIFÍCO: que las copias fotostáticas que anteceden y los duplicados de constancias oficiales que se incluyen, constantes de veinticuatro fojas útiles, son iguales a los documentos originales de que proceden y que integran el apéndice de ésta escritura, dando cumplimiento al artículo ciento cinco fracción tres de la ley del notariado del estado en vigor. Tekax, Yucatán, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintidós." La transcripción recién realizada, no cumple con el principio de certeza que implica la fe pública, el cual consiste en que el documento expedido por un fedatario en ejercicio de sus funciones para dar certeza a las partes debe cumplir con ciertos parámetros. Sobre este tema es necesario traer a colación lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/2008, en la cual dicho cuerpo colegiado sostuvo, lo siguiente: a) Que de la interpretación del artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla vigente (123 de la Ley abrogada de dicho Estado) no obligan a que la ratificación se plasme en el propio papel del documento que se ratifica, esto es, que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo que contiene el acto que se ratifica. b) Esa validez, siempre y cuando se cumpla con el principio de certeza que implica la fe notarial, para lo cual deben asentarse datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado, para así evitar que pueda darse un uso diferente a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, por lo general, dicha hoja queda en manos de los interesados, sin que se pueda tener seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno. Este último análisis realizado por Nuestro Máximo Tribunal de Justicia implica que para cumplir con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en el caso en concreto, en la última hoja de la certificación correspondiente, se deben asentar los datos suficientes que hagan totalmente identificable los documentos o actos que se certifican. Lo anterior, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios tienen a su mano diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entre sello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada. Este último aspecto es el que no cumple la certificación que se advierte de los documentos al apéndice del acta exhibida por la parte quejosa, es decir, si bien, como ha dicho nuestro Máximo Tribunal de Justica, en hoja anexa se puede plasmar la certificación, al no existir disposición alguna que prohíba dicha práctica, esa circunstancia, per se, no implica que el documento adquiere certeza de fecha cierta. En efecto, lo que se evidencia es que se presentó esta última hoja ante el notario, pero para que exista certeza de que los demás fojas del documento pertenecen a la certificación hecha, es necesario que el fedatario público utilice el entre sello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, o en su caso, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, asentando en ellos los datos suficientes que permitan identificarlos. Siendo que al presentar un documento sin las indicadas características, o en su caso, sin la descripción en la certificación del documento autorizado, implica que no exista certeza de que las fojas del documento sean las anexas a la certificación de marras. Entonces, como se advierte de la certificación transcrita en el párrafo 28, no se desprende que el fedatario público haya puesto un entre sello de cada una de las fojas, así como tampoco el folio respectivo, así como tampoco se advierte que haya realizado una descripción de los actos autorizados en dicha certificación, lo que denota que el documento presentado en este medio extraordinario de defensa no contiene los requisitos necesarios para cumplir con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, y por tanto el mismo no demuestra la fecha cierta en que se realizó el documento. Así, al tenor de lo antes expuesto, es claro que el fedatario público debió, en principio, plasmar el número cronológico de las copias, asentar su sello y firma en la interacción de las fojas, a fin de darle certeza al documento, pero al no realizarlo, es indicativo de que no hay certeza de que el documento en su primera parte -específicamente lo concerniente a la identificación de los comparecientes- se trate de los documentos que cotejó el Notario, y por consecuencia, tampoco hay seguridad de que en la fecha en que aparece se realizó el acto traslativo de dominio, el Notario Público se haya cerciorado de la identidad de los comparecientes. Aunado a la circunstancia que la certificación de las identificaciones de los comparecientes se realizó más de diez años después de la fecha en que aparece se realizó el acto traslativo de dominio, toda vez que dicha certificación es de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, y la fecha en que aparece se realizó el acto traslativo de dominio lo es el tres de marzo de dos mil doce. Adicionalmente a lo expuesto, existe otro motivo para cuestionar la naturaleza de este documento público y, con ello, la veracidad y certeza del acto que se contiene en dicha acta. Del texto del documento en cuestión, en concreto la cláusula quinta de la multicitada acta, se establece que: "QUINTA. La presente compraventa con reconocimiento de adeudo no podrá rescindirse en ningún momento a pretexto de lesión, en virtud de que el predio vendido fue previamente avaluado por un corredor público designado de común acuerdo, y con cuyo dictamen dijeron estar conformes"; siendo el caso que, el avalúo agregado al apéndice de dicho instrumento notarial no fue realizado en los términos de dicha cláusula, en virtud que fue realizado en fecha posterior -dieciséis de abril de dos mil diecinueve-, por un especialista diverso al indicado en la mencionada cláusula. Por último, no está por demás precisar que la determinación de este juzgador federal no implica que se haya pronunciado sobre una posible nulidad -absoluta o relativa- del citado instrumento, es decir, esta determinación de ningún modo significa que se desconozca la celebración del acto jurídico que contiene dicho contrato, pues la falta de cercioramiento de la identidad de los comparecientes, únicamente tiene influencia, como se ha señalado, para el efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público, concretamente, la afectación al interés jurídico del quejoso, pero de ninguna manera trasciende al señalado acuerdo de voluntades, el cual sólo podría dejar de tener efecto por declaración judicial de autoridad competente que sin duda no lo es el Juez de amparo; de manera que esta determinación de modo alguno implica que este juzgador federal haya emitido una resolución prejuzgando sobre la falsedad del acta relativa. El criterio aquí sostenido es similar al expuesto por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa al resolver el amparo en revisión 202/2019, de su índice, en el que consideró que es deber del notario cerciorarse de la identidad de los interesados, esto es, dejar constancia de su identidad en la certificación En estas condiciones, al no haber demostrado ******************** en forma fehaciente, el interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia Federal, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, relacionada con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sentido que se hace extensivo respecto de los actos reclamados al Actuario de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, en virtud de que no se reclaman por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto al embargo trabado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, atribuido al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, por las razones expresadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE [...]

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2541/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 230/2023-V, acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el cuatro de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Se tiene por recibido un anexo consistente en copia certificada de constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 857/2014, con lo cual se ordena formar el legajo I. Igualmente, se tiene por recibido un legajo de prueba consistente en el original del primer testimonio de escritura pública acta número 478, la cual fue adjunta al escrito inicial de demanda; en consecuencia, a fin de conservar dicha documentación, manténgase la misma bajo resguardo en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso realizar certificación respecto de la documentación en comento para ser agregada al cuaderno principal, toda vez que el Juzgado remitente ya realizó lo conducente, dejando copia debidamente certificada de la misma. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. Registro de billete de depósito. En el incidente de suspensión, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió el billete de depósito, con número N *****, por la cantidad de VEINTE MIL PESOS SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como uno de los requisitos señalados para que surta efectos la suspensión definitiva. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y guárdese en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito. Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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