Alejandra de los Angeles Escamilla Puc

Expediente 1204/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1204/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandra de los Angeles Escamilla Puc

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. SE AGREGA TESTIMONIO. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el trece de septiembre del año en curso, en el toca 172/2023, de la estadística de ese cuerpo colegiado, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra el auto de dos de mayo del año en curso dictado en este juicio. Ejecutoria en cuyo único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja; en consecuencia, acúsese recibo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la demanda de amparo; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa*****, mediante el cual interpone el recurso de queja en contra del acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, al cual adjunta su diverso escrito de expresión de agravios. Tomando en consideración que el recurso de queja se interpuso contra el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo, se estima legalmente innecesario dar vista a las partes, como lo dispone el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado sólo afecta a la parte quejosa, aunado a que no se ha dado intervención a las autoridades señaladas como responsables, ni al Ministerio Público adscrito. En consecuencia, téngase por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 101, de la Ley de Amparo, 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO POR LA RECURRENTE, toda vez que el dos de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado dictó un acuerdo en el que se desechó de plano la demanda promovida por A*******, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales, y mediante oficio que al efecto se gire remítase al citado Tribunal de Alzada, el escrito de interposición del recurso de mérito y en el que expresa sus agravios, al que deberá adjuntarse una copia más para correr traslado al Ministerio Público. Notifíquese.

  3. Principal

    V. Mérida, Yucatán, siendo diez horas con veinticinco minutos del dos de mayo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, se declara abierta la audiencia pública. Acto seguido, el secretario hace contar que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado; asimismo, se realiza la relación de las constancias que lo conforman, consistentes en la demanda de amparo; el auto de admisión, los informes con justificación, y el resto de proveídos dictados durante el trámite. Además, se da cuenta con la promoción con número de registro ********************229. El Juez provee: téngase por hecha la relación de constancias antes descritas, las que serán tomadas en consideración al resolver la cuestión planteada. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por la quejosa a través de la cual ofrece la prueba testimonial a cargo de ********************, en atención a su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretando en sentido contrario, se desecha la prueba testimonial anunciada, ya que su ofrecimiento es extemporáneo. Ciertamente, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios. Además, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 7/9********************, de rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.", sostuvo que conforme al principio de expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, si las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no se anuncian con la anticipación exigida, no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal, y al diverso principio basado en el respeto a la garantía de defensa del oferente, que implica que éste, para gozar de la oportunidad de ofrecer dichas probanzas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles previos al señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, sino que además ese lapso debe iniciar a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar, a fin de que no quede indefenso en la materia probatoria referida, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Así, en el caso, la quejosa anunció la prueba testimonial fuera del plazo legal, porque su ofrecimiento se realizó después del primer diferimiento de la fecha señalada para la primera audiencia constitucional que se difirió y tampoco se exhibió oportunamente para está fecha, ya que el escrito se presentó el veintiocho de abril pasado, es decir, únicamente con dos días de anticipación a la data indicada para la celebración de la audiencia constitucional, contrario a los cinco que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, su ofrecimiento es deficiente toda vez que no se anexó el interrogatorio original sobre el cual versará la prueba, inobservando otro de los requisitos de admisibilidad; de ahí que no sea procedente su admisión. Por su contenido, son aplicables las jurisprudencias P./J. 17/2018 (10a.) y : P./J. 7/9******************** de rubro siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). y "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA". Enseguida, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las pruebas siguientes: La Secretaría de Acuerdos en Funciones de Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, ofreció fotocopia certificada de las constancias del juicio natural, las cuales se encuentran glosadas al expediente de amparo. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas que por su naturaleza se tienen por desahogadas. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon y el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: En atención a la relación secretarial se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 430/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Secretaría de Acuerdos en Funciones de Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El treinta de enero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Secretaría de Acuerdos en Funciones de Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, y otras autoridades, a quienes reclamó la orden de desocupación de un inmueble y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, conoció de la demanda. En auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 430/2023-V, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se dio intervención a la representación social federal de la adscripción quien no formuló pedimento; se emplazó a ********************, tercera interesada en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Secretaría de Acuerdos en Funciones de Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, y Actuario de su adscripción, con residencia en Tizimín; Consejero Jurídico del Ejecutivo, en representación del Gobernados Constitucional del Estado de Yucatán, aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad0, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, esa negativa se desvirtúa, ya que tiene el carácter de autoridad ejecutora sin que se reclame su participación por vicios propios, aunado a que la ordenadora reconoció la existencia del acto, por lo que su intervención se constriñe a cumplir con el mandato de ésta. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción de amparo La demanda de amparo se presentó oportunamente, se explica: A. El acto reclamado es la orden de desalojo de un inmueble dictada dentro de un procedimiento judicial, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. B. La quejosa se ostentó sabedor del acto reclamado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, por lo que en términos de la tercera hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo comenzó a transcurrir al día hábil siguiente, es decir, el veinte de enero y feneció el diez de febrero de dos mil veintitrés. C. Luego, si la demanda se presentó el diez de febrero de dos mil veintitrés, se concluye que se hizo oportunamente. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Es necesario conocer el origen del acto reclamado, para lo cual enseguida se destacan las actuaciones más relevantes en el juicio natural: Juicio ordinario civil. En el expediente ********************, del índice del Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, se tramitó el juicio ordinario civil promovido por ********************, en contra de ********************y********************, en contra de quienes ejerció la acción plenaria de posesión del predio número ********************, calle ********************, de Tizimín, identificado como ********************, como lote ********************, manzana ******************** y Cuatro, zona ********************. En sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza declaró procedente la acción, y condenó a los demandados, a desocupar y entregar la posesión del predio materia de la controversia. Apelación. Inconformes, ********************y******************** interpusieron recurso de apelación, el cual fue declaró desierto por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dictado en el toca 13********************/2022. Ejecución. En auto de catorce de junio de dos mil veintidós, la Secretaria en Funciones de Jueza solicitó a los demandados el cumplimiento a la sentencia, pero en su lugar, ********************y******************** interpusieron recurso de revocación en contra de ese proveído, el cual desechó de plano la Secretaria en Funciones de Jueza, en auto de doce de julio de dos mil veintidós. Acto reclamado. A petición de la parte actora, nuevamente, el doce de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria en Funciones de Jueza requirió a los demandaos la entrega predio número ********************, calle ********************, de Tizimín, identificado como ********************, como lote ********************, manzana ******************** y Cuatro, zona ********************. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo ********************2 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este Órgano de Control Constitucional, en el caso se actualiza la causa de improcedencia surge de la interpretación del artículo ********************1 fracción XXIII, e relación al artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo ********************1, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, de la interpretación del segundo de los preceptos citados, se advierte que el sistema de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad jurisdiccional después de concluido el juicio respectivo, establece una distinción entre los actos que no se pronuncian dentro del procedimiento de ejecución, y los que desde luego se emiten en ejecución de la sentencia relativa. En relación con los actos de ejecución de sentencia, importa acotar que la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, en la cual se pueden controvertir las violaciones cometidas en el procedimiento relativo. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad. En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de fallos definitivos, la acción constitucional sólo procede contra la última resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución relativo, ya sea que se apruebe o reconozca, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total del fallo, o bien, que se declare la imposibilidad, material o jurídica, para darle cumplimiento, incluso en los casos en que se impugne una disposición legal de carácter general, salvo que se trate de actos que no tienen como fin tal ejecución, sino que tienden a prepararla; actos con autonomía propia, como se ha dicho. Al respecto, se cita la jurisprudencia sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sin embargo, debe decirse que esta regla no es absoluta o irrestricta, ya que admite una excepción que se actualiza cuando el acto dictado en ejecución de un fallo definitivo afecta de forma directa derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado, siempre y cuando no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar, desde luego, con la condición lógica de que no se pueda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto definitivamente en la sentencia respectiva. Sobre el particular, importa invocar la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1002********************74, visible en la página ********************74, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Por tanto, dentro de la etapa de ejecución de sentencia sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución de la propia fase, cabe excepcionalmente la procedencia de la vía constitucional en los casos en que esos actos afecten de forma directa los derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado, siempre y cuando no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar, desde luego, con la condición lógica de que no se pueda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto definitivamente en la sentencia correspondiente. En el caso que se resuelve, el auto de doce de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario plenario de posesión ********************, en el que ordenó el desalojo con auxilio de la fuerza pública de un predio; de modo que, aunque fue pronunciada en la fase de ejecución de esa contienda civil, no se trata de una resolución definitiva dentro de esa fase ejecutiva, precisamente, porque no reconoció o aprobó el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declaró la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento u ordenó el archivo definitivo del expediente. Se considera lo anterior, ya que el derecho definido en la sentencia del juicio natural fue la posesión del predio número ********************, calle ********************, de Tizimín, identificado como ********************, como lote ********************, manzana ******************** y Cuatro, zona ********************; determinándose que corresponde a la parte actora, aquí tercera interesada detentarla, por ende, se condenó a ******************** y a su codemandado, para que lo entregasen. Así, el acto reclamado por esta vía constitucional no contraviene en forma directa algún derecho sustantivo del quejoso ajeno a la cosa juzgada en el procedimiento de origen, por lo que tampoco se está en el caso de excepción de procedencia del juicio de amparo, pues la posesión y entrega del inmueble es la materia del procedimiento judicial de origen que adquirió el carácter de cosa juzgada. Además, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, ya que compareció al procedimiento, e incluso, como se destacó en los antecedentes, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. En ese panorama, de conformidad con la regla contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo indirecto es improcedente; en consecuencia, con fundamento en el artículo ********************3, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos de reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, toda vez que no se atribuyen vicios propios, sino que son reclamados como resultado del emplazamiento al juicio natural, y la participación de las ejecutoras se hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos ********************1,, ********************3, fracción V, 7********************, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de la Secretaría de Acuerdos en Funciones de Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, y otras autoridades, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE [...]

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