Alberto José Molina Muñoz

Expediente 1854/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1854/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Alberto José Molina Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. (...) TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Al rendir su informe con justificación, el Secretario de Salud, por conducto del Jefe de Departamento, adscrito a la Oficina del Abogado General de dicha secretaría, negó la existencia de los actos reclamados, en razón de que no ha emitido actuaciones, órdenes e instrucciones giradas de cualquier índole tendientes a negar el uso lúdico de la marihuana, así como su cumplimiento. En consecuencia, al no existir los actos reclamados a la aludida responsable, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados Al rendir su informe con justificación, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, Jefe de Departamento, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaria de Salud y por conducto de este en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México reconocieron la existencia de los actos que se les atribuye. Además, la existencia de las normas generales se corrobora con el propio ordenamiento legal, ya que una norma jurídica no es objeto de prueba, lo que se acredita plenamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apoyan lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." y "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por su parte, la certeza del oficio ******************** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, que contiene la negativa sanitaria para el consumo personal de cannabis sativa, por señalarse imposibilidad para poder emitirla; documental que fue aportada por la parte quejosa y que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno. (...) Causas de improcedencia de oficio (.) En efecto, artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo VI del título cuarto de la Ley de amparo, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para constatar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se necesita conocer el contenido el artículo 210 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el Juez de Distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El Juez de Distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el capítulo II del título tercero de esta ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De lo anterior, se observa que para que se tenga por actualizada la causal de improcedencia descrita, se requieren los siguientes elementos: A. Que en una etapa previa, se reclamen normas generales, las cuales resulten inconstitucionales. B. Que en una etapa subsiguiente, en relación con esas normas generales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una declaratoria general de inconstitucionalidad. C. Que con posterioridad a la entrada en vigor de dicha declaratoria general de inconstitucionalidad, se dicte un acto en el que se apliquen los preceptos materia de esa declaratoria general de inconstitucionalidad. D. Que el gobernado promueva una diversa demanda de amparo contra normas declaradas inconstitucionales por virtud de la referida declaratoria general, en lugar de promover el procedimiento regulado en el artículo 210 de la Ley de Amparo, que es el expresamente previsto al efecto. Elementos que se colman en el juicio de amparo que se analiza. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. La resolución fue notificada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fecha en que surtió plenamente sus efectos en términos del punto resolutivo segundo), a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a través de los oficios ******************** y ******************** Así, en la declaratoria general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos" y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", ambos de la Ley General de Salud; es decir, declaró la inconstitucionalidad del sistema normativo que establece la prohibición absoluta de emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Luego, la aplicación de las normas generales reclamadas en el juicio de amparo que se resuelve tuvo lugar el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la entada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Es por ello, que el juicio de amparo es improcedente respecto de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por lo tanto, debe sobreseerse en términos del artículo 62, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento debe hacerse extensivo respecto los artículos 234, 237, 245, 248 y 250 de la Ley General de Salud, al reclamarse como parte del sistema normativo que prohíbe en forma absoluta el autoconsumo con fines recreativos el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC). Por las razones que la integran, es aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2023 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2027481, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUNDADOS EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL CON EFECTOS GENERALES POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUEDEN IMPUGNARSE, A ELECCIÓN DEL AFECTADO, MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. (...) Causas de improcedencia invocadas por las responsables Al rendir su informe con justificación, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación Jurídica y consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en suplencia por ausencia del Coordinador General Jurídico y Consultivo, alegó la actualización de diversas causas de improcedencia respecto del oficio ******************** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, cuyo análisis se realizará en apartados distintos para mejor claridad. Falta de interés jurídico Con relación a esta causa de improcedencia, la responsable argumenta que el quejoso carece de interés jurídico, ya que en el marco legal de autorizaciones sanitarias no existe disposición legal que le permita reclamar de esa autoridad sanitaria la emisión de un acto de autoridad como el que requiere. Además, refiere la responsable que no existe norma alguna que permita la emisión de una autorización sanitaria para los fines solicitados y, por ende, realizar dicha actividad se encuentra fuera del marco legal. Es infundada la causa de improcedencia. En efecto, de conformidad con los artículos 107 de la Constitución y 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo la parte quejosa debe ser titular de un interés jurídico o legítimo, es decir, debe resentir una afectación a un derecho subjetivo o a su esfera jurídica en virtud de su situación particular en el ordenamiento jurídico. Así, existen dos reglas para acudir al juicio de amparo, una que establece que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico) y otra que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo. Los elementos que constituyen el interés jurídico son: a) la existencia de un derecho subjetivo que otorgue esa potestad de exigir determinada conducta; y, b) la existencia de una disposición normativa de derecho objetivo que reconozca esa prerrogativa. Por su parte, los elementos que constituyen el interés legítimo son: a) un interés garantizado en una disposición normativa que resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo; b) una afectación (directa o indirecta) en la esfera jurídica de la parte quejosa derivada de su situación especial frente al ordenamiento; y, c) un vínculo entre dicha parte y su pretensión, de forma que la anulación del acto reclamado le produzca un beneficio actual o futuro, pero cierto. Ahora, en el presente asunto, contrario a lo argüido por la responsable, la parte quejosa acredita su interés jurídico. En primer término, porque solicitó a la autoridad responsable el permiso para el consumo lúdico de cannabis sativa, el cual le fue negado en el oficio que constituye el acto reclamado, bajo el argumento de que se encuentra imposibilitada para evaluar la petición del quejoso ya que la Ley General de Salud no establece facultad alguna para que la autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización para el consumo individual y personal del estupefaciente cannabis sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y uso de semilla, así como el psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas) que conjuntamente se conocen como "CANNABIS" o "MARIHUANA", así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo, toda vez que dicha autoridad solo se encuentra investida de una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitario. Por tanto, si la parte quejosa acreditó haber solicitado una autorización, cuenta con interés jurídico para promover el presente juicio de amparo en contra de la respuesta emitida por la responsable, por tanto, resulta infundada la causa de improcedencia en relación con dichos artículos. En segundo lugar, porque aun cuando no existe una norma jurídica que la obligue a actuar en los términos solicitados, en la actualidad existen criterios del Alto Tribunal del País que consideran inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana y reconocen que, bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el quejoso puede acceder consumir cannabis sativa; de ahí lo infundado de las causas de improcedencia. Expuesto lo anterior, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Es innecesaria la transcripción de los argumentos contenidos en la demanda, ya que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue al juzgador a transcribirlos para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias; éstos se satisfacen cuando se estudian y da respuesta a los argumentos expresados en la demanda de amparo. Además, el estudio se realizará bajo la óptica de la suplencia de la queja, en virtud de que existe jurisprudencia temática y declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara la inconstitucionalidad de las normas bajo las cuales la autoridad responsable negó la autorización a la parte quejosa, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo, la parte quejosa argumenta que la negativa de expedirle la autorización para el consumo personal y recreativo de cannabis sativa vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, de que es contraria a los precedentes que ha emitido el Alto Tribunal sobre el auto consumo de cannabis sativa. Es fundado el concepto de violación, ya que sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha edificado doctrina jurisprudencial sobre la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoció de los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018, consideró, en síntesis, que el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, es inconstitucional. Lo anterior, porque provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1º constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. En consecuencia, la Primera Sala concedió el amparo para el efecto de vincular a la autoridad responsable de la COFEPRIS a otorgar a los quejosos la autorización a que se refieren los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud (entonces vigentes), para realizar las actividades necesarias para el autoconsumo lúdico de marihuana y THC, como son la adquisición (sólo en los amparos en revisión 623/2017, 547/2018 y 548/2018), siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, sin aplicar las porciones normativas de las disposiciones reclamadas declaradas inconstitucionales, y vinculó a la COFEPRIS (en los amparos en revisión precisados) a establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado. La Primera Sala aclaró que esa autorización no incluía en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Asimismo, la Primera Sala fue enfática en precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdico-recreativos en ningún caso podía hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no debía ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encontraran terceros que no hubieran brindado su autorización, ni estaba permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, por ejemplo. Finalmente, la Primera Sala aclaró que las personas que ejercieran el derecho de autoconsumo de cannabis y THC, al amparo de la autorización que la COFEPRIS estaba obligada a expedir con las limitaciones y modulaciones precisadas, con motivo de esos amparos, no incurrirían en las conductas delictivas contra la salud previstas en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. pues todas ellas exigían la concurrencia de un elemento típico de carácter normativo, consistente en que se realicen "sin la autorización correspondiente". (.) Posteriormente, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. Los precedentes citados son vinculantes y de observancia obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y resultan aplicables para resolver sobre la constitucionalidad del oficio reclamado. En efecto, la parte quejosa solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, autorización para el consumo personal de cannabis sativa. Mediante oficio ******************** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, negó la autorización sanitaria para el consumo personal de cannabis sativa. Lo anterior, es contrario a la jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de las normas bajo las cuales la autoridad responsable negó la autorización a la parte quejosa, mediante oficio ******************** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en virtud de que la ley en la que se basó la autoridad responsable para tal negativa fue tildada de transgredir el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Por lo que toda persona que ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, acuda con el fin de obtener el permiso sanitario para el uso lúdico personal de Marihuana y sus derivados, así como las acciones correlativas que derivan y que el mismo sea negado, dicho actuar por determinación del pleno resulta inconstitucional, pues el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección, haciéndose énfasis en que la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana, no constituye una medida necesaria para proteger los fines de protección del derecho a la salud al de los consumidores de drogas y el orden público al proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas de su consumo, en virtud de que existen medidas alternativas que son igualmente idóneas para alcanzar dichos fines, pero que afectan en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior, ya que existen medidas alternativas que son igualmente idóneas para alcanzar dichos fines y con las que se permitiría el pleno goce al libre desarrollo de la personalidad, que en el caso pudiesen ser, limitaciones a los lugares de consumo, prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia, prohibiciones a la publicitación del producto, restricciones a la edad de quienes la pueden consumir, entre otras. Por tanto, como la resolución emitida en el oficio ******************** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se negó la autorización para el consumo personal de cannabis sativa, se apoya en normas declaradas inconstitucionales, debe concederse la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. NOVENO. Efectos de la concesión de amparo En virtud de los razonamientos jurídicos expuestos, y conforme lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo, para los efectos siguientes: A. Se deje sin efectos el oficio ******************** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, que contiene la negativa sanitaria para el para el consumo personal de cannabis sativa. B. En su lugar, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de la parte quejosa, deberá emitir una nueva determinación en el que se otorgue la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir y/o importar la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, del citado estupefaciente. En el entendido que ello no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas; que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros; y, que corresponderá a la autoridad mencionada establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución Debe precisarse que la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, y 62, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Secretario de Salud, por conducto del Jefe de Departamento, adscrito a la Oficina del Abogado General de dicha secretaría por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, consistentes en el sistema normativo descrito en la Ley General de Salud, que prevé el esquema de prohibición para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" y sus variantes estereoquímicas, por las razones expuestas en considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, por las razones expuestas en considerando octavo y para los efectos indicados en el considerando noveno de la sentencia. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Jefe de Departamento, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaria de Salud y por conducto de este en representación del Presidente de la República, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que hasta la presente fecha no obra el informe justificado requerido a la autoridad responsable Secretaría de Salud en Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con residencia en la Ciudad de México, ni tampoco no obra en autos la piezas postal relativa al acuse de recibo correspondientes al oficio 30083/2023 de fecha once de octubre de dos mil veintitrés, en el que se le solicitó lo rindiera. Asimismo, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, en virtud de que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental en este asunto. Finalmente, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (en lo sucesivo la Cofepris), en representación del Comisionado de Autorización Sanitaria y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. PROMOCION. Agréguense a los autos el oficio remitido por el Consultora Jurídica General de la Consejería Adjunta de Control Constitucional de lo Contencioso, con sede en la Ciudad de México, por el cual devuelve el oficio 26865/2023 e informa que quien cuenta con la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es la Secretaría de Salud, en virtud de lo anterior, junto con copia de la demanda de amparo, gírese atento oficio a la Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que rinda su informe con justificación, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Asimismo, se le hace saber que se señalaron las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; para llevar a cabo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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