Aldo Ivan Barrales Rodriguez

Expediente 574/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
574/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Aldo Ivan Barrales Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, observo que el quejoso omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (fojas 96 a 99). En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, DECLARO QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Además, descarto emitir oficio para notificar este acuerdo a una autoridad responsable, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado, aunado a que si esa responsable, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, estimo que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, dejo establecido que si el fiscal responsable pidiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo solicite; lo mismo habrá de suceder con cualquier otra parte que presente escrito para conocer el estado procesal. En otro punto, debo indicar que a la demanda fue adjuntada una copia certificada de una factura (fojas 12 y 13). Por consiguiente, requiero al quejoso para que acuda a este juzgado, ya sea en forma personal o alguna de las personas autorizadas en la demanda, para recoger la citada impresión (de lunes a viernes, entre las nueve y quince horas). Otorgo al quejoso y a sus autorizados un plazo de noventa días para recoger el citado documento; pero apercibo al primero en los términos siguientes: si omite comparecer dentro del referido plazo, y tampoco lo hacen sus autorizados, será destruida la referida impresión con el resto de este juicio, sin necesidad de acuerdo posterior, debido a la calificación otorgada en líneas anteriores: expediente susceptible de destrucción por la resolución de egreso. Por otro lado, instruyo la devolución de las copias relativas a la carpeta de investigación **, las cuales recibí en acuerdo de trece de agosto del año en curso (foja 95). Esas copias deberán remitirse por oficio, a la agente del Ministerio Público encargada de la referida carpeta; y descarto requerirle acuse por la naturaleza de esos documentos (copias) que habrá de entregar uno de los actuarios del juzgado a mi cargo. Por último, dejo establecido que el presente asunto carece de incidente de suspensión, porque nunca fue formado.

  2. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, observo que el quejoso omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (fojas 96 a 99). En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, DECLARO QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Además, descarto emitir oficio para notificar este acuerdo a una autoridad responsable, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado, aunado a que si esa responsable, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, estimo que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, dejo establecido que si el fiscal responsable pidiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo solicite; lo mismo habrá de suceder con cualquier otra parte que presente escrito para conocer el estado procesal. En otro punto, debo indicar que a la demanda fue adjuntada una copia certificada de una factura (fojas 12 y 13). Por consiguiente, requiero al quejoso para que acuda a este juzgado, ya sea en forma personal o alguna de las personas autorizadas en la demanda, para recoger la citada impresión (de lunes a viernes, entre las nueve y quince horas). Otorgo al quejoso y a sus autorizados un plazo de noventa días para recoger el citado documento; pero apercibo al primero en los términos siguientes: si omite comparecer dentro del referido plazo, y tampoco lo hacen sus autorizados, será destruida la referida impresión con el resto de este juicio, sin necesidad de acuerdo posterior, debido a la calificación otorgada en líneas anteriores: expediente susceptible de destrucción por la resolución de egreso. Por otro lado, instruyo la devolución de las copias relativas a la carpeta de investigación **, las cuales recibí en acuerdo de trece de agosto del año en curso (foja 95). Esas copias deberán remitirse por oficio, a la agente del Ministerio Público encargada de la referida carpeta; y descarto requerirle acuse por la naturaleza de esos documentos (copias) que habrá de entregar uno de los actuarios del juzgado a mi cargo. Por último, dejo establecido que el presente asunto carece de incidente de suspensión, porque nunca fue formado.

  3. Principal

    En las actuaciones del presente juicio, resalta el informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I (foja 54) porque tiene una manifestación de improcedencia sustentada en el conocimiento previo del quejoso (foja 55) a los actos reclamados: detención, retención y aseguramiento del vehículo marca *** -por los cuales admití el juicio-. Lo anterior me obliga a analizar en este momento, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, pues representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De entrada, considero necesario indicar que formulé una prevención al quejoso para la delimitación correcta de los actos combatidos y autoridades responsables (fojas 17 a 20). Presentó un escrito aclaratorio el quejoso donde limitó los actos a la detención, retención y aseguramiento del vehículo marca *** (foja 25). Admití el juicio de tutela constitucional por esos actos, como lo dejé establecido en el acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve, en el cual también puntualicé que una autoridad responsable sería la agente del Ministerio Público encargada de la referida carpeta (foja 32 vuelta). La admisión del juicio obedeció a las manifestaciones expresadas por el quejoso en la demanda de amparo, respecto del desconocimiento sobre el agente del Ministerio Público que hubiera decretado el aseguramiento en la referida carpeta (fojas 5 a 10). Sin embargo, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I, afirmó en su informe justificado haber informado al quejoso desde el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, respecto de los actos combatidos (foja 55) lo cual apoyó en una entrevista de la citada fecha que obra en la referida carpeta (foja 57). Ello me orienta a visualizar que los actos combatidos por el quejoso, encuentran la causal de improcedencia por extemporaneidad, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo hago notar que la primera parte del numeral 17 de la Ley de Amparo, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual debe computarse bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior obtengo la improcedencia del juicio de protección, conforme al parámetro de extemporaneidad, el cual opera cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la Ley de Amparo, salvo que converja una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En el presente caso, afirmó el quejoso nunca haber sido informado sobre el agente del Ministerio Público que tramitara la carpeta de investigación *** (fojas 5 a 10). De ahí que hubiera admitido a trámite el juicio de tutela constitucional. Pero al revisar las copias ofrecidas por la agente del Ministerio Público responsable, detecté la entrevista que le realizó al quejoso el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, en la cual éste quedó informado del aseguramiento decretado sobre su automóvil (el descrito líneas arriba) por los hechos materia de la carpeta de investigación ** (foja 57). Ello implica una presentación extemporánea de la demanda, pues conforme a la mencionada entrevista desprendo que la acción de tutela constitucional fue ejercida después de haber terminado el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Justifico la presentación extemporánea. El quejoso tuvo conocimiento el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, de la detención, retención y aseguramiento del vehículo marca ***, en la carpeta de investigación ** (foja 57). Por lo que el plazo de quince días que tenía para ejercer la acción de tutela constitucional, inició al día siguiente hábil de la fecha cuando tuvo conocimiento de los actos reclamados. El día siguiente hábil fue el veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, comenzó el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, y terminó el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, sin contar los días dos, tres, cuatro, cinco, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de febrero del año en curso, porque fueron inhábiles. De modo que el último día para ejercer la acción de tutela constitucional, fue el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Pese a lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el catorce de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, como lo observo en la boleta expedida por dicha oficina que obra a foja uno del expediente. Bajo este contexto, afirmo que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, pues el quejoso ejerció la acción de tutela constitucional después de haber terminado el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Luego, considero que los actos reclamados encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual debo estimar consentidos en forma tácita la detención, retención y aseguramiento del vehículo marca ***. Determinación que comulga con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, declaro en este momento la actualización de la causal de improcedencia que descansa en la figura de extemporaneidad, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia invocada (extemporaneidad) de forma manifiesta e indudable, decreto el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, dejo sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las diez horas con treinta y cuatro minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve. Al margen de lo anterior, dejo establecido que si bien falta emplazar en este juicio a los posibles terceros interesados, también es verdad que la causal de improcedencia continuaría intacta aun cuando fueran llamados, motivo por el cual estimé viable decretar el sobreseimiento en este acuerdo, por el escenario relativo a la extemporaneidad de la demanda. Por último, dispongo informar a las partes emplazadas el contenido de este proveído; anótese lo procedente tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.

  4. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. En las actuaciones del presente juicio, resalta el informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I (foja 54) porque tiene una manifestación de improcedencia sustentada en el conocimiento previo del quejoso (foja 55) a los actos reclamados: detención, retención y aseguramiento del vehículo marca *** -por los cuales admití el juicio-. Lo anterior me obliga a analizar en este momento, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, pues representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De entrada, considero necesario indicar que formulé una prevención al quejoso para la delimitación correcta de los actos combatidos y autoridades responsables (fojas 17 a 20). Presentó un escrito aclaratorio el quejoso donde limitó los actos a la detención, retención y aseguramiento del vehículo marca *** (foja 25). Admití el juicio de tutela constitucional por esos actos, como lo dejé establecido en el acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve, en el cual también puntualicé que una autoridad responsable sería la agente del Ministerio Público encargada de la referida carpeta (foja 32 vuelta). La admisión del juicio obedeció a las manifestaciones expresadas por el quejoso en la demanda de amparo, respecto del desconocimiento sobre el agente del Ministerio Público que hubiera decretado el aseguramiento en la referida carpeta (fojas 5 a 10). Sin embargo, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central I, afirmó en su informe justificado haber informado al quejoso desde el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, respecto de los actos combatidos (foja 55) lo cual apoyó en una entrevista de la citada fecha que obra en la referida carpeta (foja 57). Ello me orienta a visualizar que los actos combatidos por el quejoso, encuentran la causal de improcedencia por extemporaneidad, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo hago notar que la primera parte del numeral 17 de la Ley de Amparo, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual debe computarse bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior obtengo la improcedencia del juicio de protección, conforme al parámetro de extemporaneidad, el cual opera cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la Ley de Amparo, salvo que converja una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En el presente caso, afirmó el quejoso nunca haber sido informado sobre el agente del Ministerio Público que tramitara la carpeta de investigación *** (fojas 5 a 10). De ahí que hubiera admitido a trámite el juicio de tutela constitucional. Pero al revisar las copias ofrecidas por la agente del Ministerio Público responsable, detecté la entrevista que le realizó al quejoso el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, en la cual éste quedó informado del aseguramiento decretado sobre su automóvil (el descrito líneas arriba) por los hechos materia de la carpeta de investigación ** (foja 57). Ello implica una presentación extemporánea de la demanda, pues conforme a la mencionada entrevista desprendo que la acción de tutela constitucional fue ejercida después de haber terminado el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Justifico la presentación extemporánea. El quejoso tuvo conocimiento el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, de la detención, retención y aseguramiento del vehículo marca ***, en la carpeta de investigación ** (foja 57). Por lo que el plazo de quince días que tenía para ejercer la acción de tutela constitucional, inició al día siguiente hábil de la fecha cuando tuvo conocimiento de los actos reclamados. El día siguiente hábil fue el veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, comenzó el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, y terminó el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, sin contar los días dos, tres, cuatro, cinco, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de febrero del año en curso, porque fueron inhábiles. De modo que el último día para ejercer la acción de tutela constitucional, fue el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Pese a lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el catorce de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, como lo observo en la boleta expedida por dicha oficina que obra a foja uno del expediente. Bajo este contexto, afirmo que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, pues el quejoso ejerció la acción de tutela constitucional después de haber terminado el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Luego, considero que los actos reclamados encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual debo estimar consentidos en forma tácita la detención, retención y aseguramiento del vehículo marca ***. Determinación que comulga con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, declaro en este momento la actualización de la causal de improcedencia que descansa en la figura de extemporaneidad, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia invocada (extemporaneidad) de forma manifiesta e indudable, decreto el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, dejo sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las diez horas con treinta y cuatro minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve. Al margen de lo anterior, dejo establecido que si bien falta emplazar en este juicio a los posibles terceros interesados, también es verdad que la causal de improcedencia continuaría intacta aun cuando fueran llamados, motivo por el cual estimé viable decretar el sobreseimiento en este acuerdo, por el escenario relativo a la extemporaneidad de la demanda. Por último, dispongo informar a las partes emplazadas el contenido de este proveído; anótese lo procedente tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.

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