Aldo Gómez Torres
Expediente 1101/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1101/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Aldo Gómez Torres
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1101/2021. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este operador jurídico, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se desechó la demanda -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído que tuvo desechada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se desechó en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1101/2021. Puebla, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve , por derecho propio, contra actos del Fiscal General Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso, señala como acto reclamado lo siguiente: ". a. De las autoridades ordenadoras marcadas con el número 1, 2, 3, 4 y 5, reclamo la inconstitucional ORDEN DE CITACION, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN emitida en mi contra. b. De las autoridades ejecutoras marcadas con el número 1 y 2 señalo la ejecución que se pretenda dar a la ilegal ORDEN DE APREHENSIÓN, CITACIÓN O COMPARECENCIA, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN emitida en mi contra..". Tales actos, se los atribuye a las autoridades siguientes: 1. Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla. 2. Casa de Justicia de Atlixco, Puebla. 3. Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla. 4. Fiscalía de Investigación Metropolitana. 5. Fiscalía de Investigación Regional. Entonces, de la transcripción anterior se advierten como actos reclamados: el libramiento, mandato o dictado de una orden de aprehensión, citación o comparecencia. De ellos, respecto del libramiento de mandato u orden de aprehensión, presentación (a través del uso de la fuerza pública) o cualquier otra determinación similar reclamadas a las fiscalías señaladas como responsables, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 21 constitucional.3 En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos; y ese proceso de investigación se endereza a conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Sin pasar por alto que, durante la investigación inicial, de forma excepcional, la representación social puede ejecutar actos de investigación que pudieran quebrantar los derechos fundamentales, como la extracción de fluidos, la intervención de comunicaciones, las órdenes de cateos, entre otras. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si el quejoso reclama como actos las órdenes que las fiscalías señaladas como responsables han dado para realizar algún acto de investigación para recabarle su entrevista, con independencia de la calidad que tenga en la investigación (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Aunado a ello, es de precisar que en el sistema de justicia penal adversarial, el representante social carece de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos narrados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se presentaron en su domicilio, y le mencionaron que traían una orden, sin mencionar de qué. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, como lo supone el quejoso, se desarrolla una investigación en su contra, pero no que el representante social ordenara detenerlo; ya que una orden de detención o aprehensión sólo puede ser emitida por una autoridad jurisdiccional. Debe destacarse que, respecto de la citación reclamada también se actualiza la causa de improcedencia en cita, pues aun si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción, lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Incluso, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface las exigencias constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, se encontrará en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra el libramiento, mandato o dictado de una orden de citación, aprehensión o comparecencia, o cualquier otra determinación similar, reclamadas a las autoridades ministeriales. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. Lo anterior, sin pasar desapercibido el hecho de que el quejoso al parecer intentó involucrar a una autoridad jurisdiccional que denominó como: "casa de justicia Atlixco"; sin embargo, tal denominación resulta inexistente en el organigrama del Poder Judicial del Estado de Puebla, por lo que no se puede tener como autoridad responsable. Máxime que esta autoridad, no tiene facultar para inferir que el quejoso trata de señalar como autoridad responsable a alguna jurisdiccional con sede en Atlixco, Puebla, ya que la suplencia de la queja, no llega al grado de establecer, motu proprio, la denominación de las autoridades responsables, pues esa es una carga procesal que corresponde al quejoso, tal como lo prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el entendido de que con esta determinación no se incumple la línea jurisprudencial en la que se establece que ante la inexistencia de alguna autoridad responsable debe darse la oportunidad al quejoso para que subsane esa irregularidad, ya que eso ocurre una vez admitida la demanda y se intenta llamar a juicio a la persona o titular de la dependencia señalado como autoridad responsable. De ahí que al no poderse tener como responsable a dicha autoridad, subsista el desechamiento pronunciado. Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, las listas de este juzgado. Sin que se pueda tener como tal, el correo electrónico mencionado, pues dicho medio de comunicación, no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, para tal efecto. Además, queda autorizada la persona nombrada por aquél únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, pues no le confirió en forma expresa, las facultades amplias que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo. Usuario para acceso electrónico y notificación por ese medio. Luego, como lo solicita el quejoso, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario " * " lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). En relación a la solicitud para poder acceder y ser notificado por medio del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 355 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se insiste, en que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", ..., se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados para su contacto. Notifíquese en forma electrónica al quejoso, a través del usuario proporcionado.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Alberto Vega Bello1028/2020
- Alberto Villalobos Jimenez749/2022
- Albina Coatl Pérez54/2022
- Albino Guzman Lopez774/2023
- Aldahi Arriaga Rojas1105/2023
- Aldegunda Perez Gonzalez59/2019
- Aldo Ivan Barrales Rodriguez574/2019
- Aleida Beatriz Lopez Cruz1057/2020
- ALEJANDO MANUEL CORTES GUERRERO y Otros.340/2023
- Alejandra Aduna Leon1329/2022
- Alejandra Aduna Leon42/2023
- Alejandra Aguilar Martinez485/2023