ALEJANDO MANUEL CORTES GUERRERO y Otros.
Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALEJANDO MANUEL CORTES GUERRERO y Otros.
- YASHAEL ALEXANDER CERRILLOS ACUÑA y Otros.
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 340/2023-VIII. Puebla, Puebla, dieciocho de abril de dos mi veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional Entonces, con fundamento en los artículos 356fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2de la Ley de Amparo, SE declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión Por último, se deja establecido que en el presente asunto no se formó incidente de suspensión, porque se desechó la demanda de amparo, de ahí que resulte innecesario realizar algún pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada electrónicamente por XXXXXXXX, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos XXXXXXXXX, contra una omisión de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla en la Ciudad de Puebla (sic), y otra autoridad como ejecutora responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al defensor y a los quejosos que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al defensor y a los quejosos a que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Demanda digitalizada. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el 1 La lectura integral encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el defensor de los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el promovente reclama en la demanda, lo siguiente: ".LA OMISIÓN DE ACORDAR MI ESCRITO DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS dentro de los autos que integran la CARPETA JUDICIAL ADMINISTRATIVA NÚMERO 1889/2022.". De lo anterior se deduce la improcedencia del juicio de protección, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello, porque el defensor de los quejosos desatendió el contenido de los diversos 134, fracciones I y IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a los 2 13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta. cuales se genera el principio de definitividad para la demanda recibida. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [.] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". A la luz de los preceptos transcritos, se hace notar que el acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado por el defensor particular, conduce al numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Sin embargo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el órgano jurisdiccional omiso, cuando alguna de las partes considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, motivo por el cual se otorga a cualquiera de las partes el derecho para interponer el citado recurso. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de inconformarse, ante el mismo órgano jurisdiccional, contra de las posturas omisivas o negligentes, como es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, pues una vez interpuesto el recurso de queja, se impone un plazo de veinticuatro horas al juzgador para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida, y de ahí remitir el recurso con su informe al órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente -que sería de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el tribunal de alzada- en un plazo no mayor a tres días, y será el órgano competente el que podrá ordenar la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso, interponer queja contra omisiones o negligencias en que incurra el juzgador de primera instancia; dentro de ellas, está precisamente la omisión de dar respuesta a las solicitudes escritas presentadas por las partes (como la reclamada por el promovente). Además, la prerrogativa de recurrir que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, porque se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideren violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. Lo anterior robustece el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Entonces, de pronunciarse esta juzgadora de tutela sobre la materia de la demanda que propone el defensor, se sustituiría procesalmente a las autoridades a las que el Código Nacional de Procedimientos Penales, encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que sea improcedente el juicio de amparo contra la omisión que pretende reclamar el defensor de los quejosos, respecto de la carpeta judicial 1889/2022, a cargo de la jueza de control señalada como responsable, pues aquél debe agotar el recurso de queja establecido por el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que la postura adoptada por esta juzgadora se encuentra respaldada por las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de los recursos de queja Q-49/2020 y Q-110/2021, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el diverso Q-36/2022. El primero de dichos órganos colegiados, en la parte conducente de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja Q 110/2021 consideró, en lo medular, que el quejoso debe agotar el principio de definitividad cuando se reclaman omisiones, porque la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa, el cual es necesario agotar previo a acudir al juicio constitucional, consistente en la queja, prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, en la diversa ejecutoria relativa a la queja Q 49/2020, consideró que el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, opera solamente cuando se impugnan simples omisiones, es decir, la no realización de un acto procesal dentro del plazo señalado por esa misma legislación. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria pronunciada en la queja Q-36/2022, sostuvo que la omisión reclamada debía ser impugnada a través del recurso de queja, definido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra el juzgado de primera instancia (por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código). No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede transgredir en perjuicio de los quejosos, los derechos que a su favor establece la constitución federal, porque la inactividad de la autoridad responsable determina que el gobernado quede en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. Pero la existencia formal y material de un procedimiento de defensa, que resulta idóneo para impugnar dicha omisión y ofrece la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Esas consideraciones se apoyan en la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos presentada por José Gorgonio Raúl Tentle Casados, quien se ostentó como defensor particular de los quejosos Yashael Alexander Cerrillos Acuña y Alejandro Manuel Cortés Guerrero, pues la omisión combatida por aquél encontró la causal de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, conforme a las razones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio del defensor de los quejosos para recibir notificaciones personales, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque aquél solicitó de manera expresa ser notificado por la vía electrónica, y comunicó su deseo de acceder a la consulta del expediente electrónico. Por tanto, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite a los quejosos el mecanismo de notificación electrónica y acceso al expediente electrónico, con el usuario "XXXXXXXXXX". No se hace pronunciamiento de autorizados, porque el defensor no señaló a personas con ese carácter en la demanda de amparo. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber al defensor y a los quejosos que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al defensor y a los quejosos el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al defensor de los quejosos (vía electrónica, a través del usuario señalado para tal efecto) y cúmplase.
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