Alberto Villalobos Jimenez

Expediente 749/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
749/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Alberto Villalobos Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Se acepta competencia planteada. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio del secretario del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que en el juicio de amparo directo +++++++++++++, relativo al toca de apelación ++++++ y el proceso +++++++, promovido por +++++++, aceptó la competencia planteada por esta autoridad. Vinculación de expediente electrónico. Toda vez que la superioridad asumió la competencia para continuar con la sustanciación del presente asunto, se instruye a la oficial judicial "A" adscrita a este órgano, para que haga disponible el expediente electrónico relativo a este juicio, a fin de que pueda ser vinculado al colegiado oficiante (con el juicio de amparo +++++++++++ de su índice) y de esta manera consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General- ; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución de incompetencia. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de seis meses. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque en el proveído inicial esta autoridad se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de incompetencia, aceptación de competencia y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Colegiado informa vinculación a expediente. Por último, se agrega el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y vinculado a su expediente de origen, la ejecutoria dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, en el amparo directo +++++++++++++++, de su índice, promovido por +++++++++++++++++++. De lo que se toma conocimiento; y, como lo solicita la superioridad, acúsese de recibo del oficio recibido, a través de interconexión. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, donde informa que la Magistrada presidente del citado tribunal, realizó requerimientos a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla a fin de resolver si aceptaba o no la competencia declinada a su favor. De igual forma, comunica que el amparo directo quedó radicado bajo el número de registro 65/2022, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. Pronunciamiento sobre escrito aclaratorio. En acuerdo de veintiocho de julio del actual se recibió el escrito del quejoso, en el cual pretende aclarar su escrito inicial de demanda, en ese sentido, respecto del contenido del mismo se provee: Incompetencia. De la lectura integral1 de la demanda de amparo se advirtió una particularidad del asunto que conduce a esta operadora jurídica a concluir que carece de competencia para actuar. Lo anterior, pues el quejoso señaló como acto reclamado: ". Que al resolver el toca penal 1457/1998, no omitió tomar en cuenta que mi grado de peligrosidad es el mínimo que provengo de familia pobre del grupo étnico de la sierra de Guerrero. Por tal motivo no realizó la individualización de la pena ni el, ni el descuento de la prisión preventiva. Hecho que se ve reflejado en el pronunciamiento de una sentencia excesiva. Cabe mencionar que por vicios propios la autoridad responsable dejó de observar que no se llevaron a cabo los careos constitucionales que marca la ley, ejerciendo con ello violación al debido proceso de fondo, lo que produjo que se pronunciara una sentencia excesiva sin tomar en cuenta los factores que me venefician (sic) o me perjudica. Por lo tanto reclamo la sentencia pronunciada." Actos que reclama a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien de acuerdo a lo señalado por el quejoso confirmo la sentencia de primer grado al resolver el toca penal 1457/1998. La concatenación de lo anterior, actos reclamados y autoridad responsable, permite advertir que la intención de * es combatir por la vía del amparo, la sentencia dictada en el toca penal 1457/1998 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por la que se conforme una diversa sentencia condenatoria. Precisado lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo en sus artículos 1072 y 1703, dispone de modo expreso los casos en los que el juicio de amparo debe pedirse ante los Jueces de Distrito y cuándo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, dicho en otras palabras, precisa la procedencia del juicio de garantías ya sea en la vía directa o en la indirecta. En torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 51/2004, señaló que de conformidad con los indicados artículos, así como de lo dispuesto en el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede establecer que por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen sean ajenos a los previstos en el artículo 158 de la Ley de Amparo anterior a la vigente (hoy artículo 170 de la Ley de Amparo), que enumera a las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que, contrario sensu, hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo. Bajo tales argumentos la sala en comento definió los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera: ".1) Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, [es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías] y, 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral.". Al cobijo de los anteriores razonamientos, en opinión de esta operadora jurídica, el acto que por esta vía reclama el quejoso y que ha quedado precisado en líneas anteriores, es de aquéllos contra los cuales procede el amparo directo, pues se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un juicio de naturaleza penal. De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, existen criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) procedencia de la vía, b) competencia, y c) agotamiento de los recursos ordinarios. Presupuestos procesales que permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. *De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor."4 Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del amparo directo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver asunto, por lo que se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal Sexto Circuito, en turno, por considerarse que es a un tribunal de dicha materia a quien corresponde resolver este asunto, salvo que el tribunal colegiado en turno determine lo contrario. Por tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias; y solicítese de manera atenta al tribunal de mérito, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto a la competencia que se le declina. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Cuaderno de antecedentes. Se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias, dado que el original del presente juicio habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal. Notifíquese;

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente el escrito de cuenta, presentado por el quejoso, por el cual pretende desahogar la prevención que le fue efectuada. Sin embargo, de momento, se reserva hacer manifestación alguna, en virtud de que aún le surte el plazo a su defensor público, para desahogar la citada prevención, dado lo reciente del acuerdo donde se ordenó su notificación personal. Notifíquese.

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