Aldegunda Perez Gonzalez

Expediente 59/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
59/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Aldegunda Perez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal del juicio, advierto que la quejosa omitió recurrir el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 17 a la 22) en el cual deseché la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2 DECLARO QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO (quedó firme) Por tanto, ordeno hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En último lugar, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Recibo la demanda de protección de derechos fundamentales , signada por la quejosa ** por derecho propio, contra un acto de la Jueza de la Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Estado de Puebla. En consecuencia, ordeno formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo me impone la obligación de revisar la demanda de protección, ya que de existir una causa manifiesta de improcedencia debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscribe la quejosa ** Para demostrarlo, considero necesario indicar que el reclamo planteado en la demanda, comprende una interlocutoria de diez de enero de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal ** Esa interlocutoria decidió un recurso de revocación interpuesto por la quejosa, en su condición de procesada, contra un acuerdo que le negó la admisión de una prueba testimonial, debido a que ya se había cerrado la instrucción. De hecho, la citada interlocutoria declaró procedente el recurso de revocación, pero en el fondo mantuvo el acuerdo que negó la admisión de la prueba testimonial ofrecida por aquella. Sin embargo, la interlocutoria reclamada por la quejosa resulta incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo explico el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia por el derecho fundamental de justicia pronta se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 377/2013 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Pero además, hago notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, obtengo que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva por el nuevo parámetro de imposible reparación está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior dejo explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como lo anuncié al principio de este acuerdo, la quejosa solicita el control de legalidad extraordinario a través de su demanda de juicio de amparo indirecto contra la interlocutoria de diez de enero de dos mil diecinueve, que confirmó el acuerdo donde se le negó la admisión de una prueba testimonial, que ofreció en la causa ** donde aquella tiene el carácter de procesada por el delito de despojo. Decisión que obedeció a que ya se había cerrado la instrucción en la referida causa. Entonces, considero que la decisión de confirmar el acuerdo donde se negó la admisión de una prueba testimonial, sólo puede generar a la quejosa violaciones procesales o adjetivas, porque la decisión contenida en la referida interlocutoria, nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal de la quejosa. Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma benéfica a los intereses de la quejosa. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una interlocutoria donde sólo se confirmó la negativa a la admisión de una prueba testimonial, y estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, se carece de elementos en este momento para visualizar un impacto contra la quejosa a sus derechos sustantivos. Bajo este contexto afirmo que la interlocutoria reclamada, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también visualizo la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia. Por consiguiente, la quejosa debe esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si la decisión de confirmar la negativa a la admisión de la prueba testimonial, llega a determinar el análisis de las pruebas existentes de manera contraria a los intereses de aquélla; y si así fuera podrá alegarlo en el recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Sólo me resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la interlocutoria reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, declaro que la interlocutoria de diez de enero de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal ** encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, desecho de plano la demanda de protección constitucional presentada por la quejosa, porque el acto que delimitó como reclamado, encuentra en forma manifiesta e indudable la causal antes indicada. Por otro lado, tengo como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, quedan autorizadas con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas de nombre Federico Ruiz García y Carlos Reyes Morales, pues les confirió esas facultades y encontré el registro único de cédula profesional de esos designados, en el registro de profesionales del derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto los demás profesionistas designados por la quejosa, tendrán una autorización restringida en este juicio, porque carecen de registro de cédula profesional en el referido sistema. Por otro lado, hago saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de estas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, dejo establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA . Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, informo al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  3. Principal

    Al expediente, el oficio de cuenta del Agente del Ministerio Público en representación del Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde informa (en alcance) un recordatorio realizado al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Ello del estado procesal que guarda la orden de aprehensión dictada al quejoso en el proceso penal ** al haber causado ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes.

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