Alejandra Aduna Leon
Expediente 42/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandra Aduna Leon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Puebla, Puebla, diez de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia emitida en audiencia constitucional de veinte de febrero de dos mil veintitrés, donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio -por inexistencia de actos-. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de amparo, se declara que la referida sentencia alcanzó el rango de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En virtud de lo anterior, glósese las constancias relativas del cuaderno original a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al depurar el expediente principal. Como en este proveído se acordó lo relativo al destino del cuaderno incidental, se ordena agregar una impresión de éste en dicho cuaderno, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés se tuvo como medio para recibir notificaciones por parte de la quejosa, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario *. Sin embargo, dicho proveído fue notificado por lista a la parte quejosa. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el presente procedimiento y, por tanto, se provee: Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa el referido acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés. Al margen de lo anterior, se precisa a las partes que en el presente asunto ya se decretó el sobreseimiento del juicio por la inexistencia de los actos reclamados (aquéllos por los cuales fue admitida la demanda). Notifíquese; EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE MÉRITO, POR ESTE MEDIO NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIRÉS, PRONUNCIADO EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA, EL QUE DICE DE MANERA SUSTANCIAL; Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera electrónica por *, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis * La lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa a las autoridades judiciales, comprende, entre otros, la orden de citación y/o presentación emitida en su contra; mientras que a las autoridades administrativas les reprocha, entre otros, la solicitud de una orden de aprehensión o detención o comparecencia o citación o presentación o persecución con fines de localización o cualquier acto privativo de la libertad, así como el inicio de cualquier carpeta de investigación. A) RESPECTO DE LA ORDEN DE CITACIÓN Y/O PRESENTACIÓN, RECLAMADA A LAS AUTORIDADES JUDICIALES. Ahora, como primer punto se advierte que los actos que se pretende reclamar en esta instancia, son tramitados con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. Respecto a la orden de citación y/o presentación, resulta evidente la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107 aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Luego, de la lectura de la fracción I del precepto legal antes citado es posible establecer que la citación o presentación de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá ser o no vinculada a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De ahí que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de la citada quejosa, pues ello solo ocurre con la comparecencia y aprehensión previstas en las fracciones II y III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la tesis jurisprudencial * Por consiguiente, el acto consistente en la orden de citación y/o presentación, atribuido a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro y Centro Poniente, con sede en Puebla, Cholula y Atlixco, todos del Estado de Puebla; constituye un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, fracción II; ambos de la Ley de Amparo en relación con el artículo 21 constitucional, así como en términos del artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la ley de la materia, lo procedente es desechar de manera parcial la demanda de amparo respecto a la orden de citación y/o presentación atribuida a Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro y Centro Poniente, con sede en Puebla, Cholula y Atlixco, todos del Estado de Puebla; por los argumentos ya expuestos. B) POR CUANTO HACE A LA SOLICITUD DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O DETENCIÓN O COMPARECENCIA O CITACIÓN O PRESENTACIÓN O PERSECUCIÓN CON FINES DE LOCALIZACIÓN O CUALQUIER ACTO PRIVATIVO DE LA LIBERTAD. Como se adelantó, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de las autoridades administrativas señaladas como responsables, la solicitud de emitir órdenes de aprehensión o detención o comparecencia o citación o presentación o persecución con fines de localización o cualquier acto privativo de la libertad. Respecto de dicha solicitud se actualiza una causa de improcedencia, a saber, la prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el ordinal 61, fracción XII, de la ley de la materia prevé: * Al respecto, a criterio de este órgano judicial, la solicitud reclamada no genera en la quejosa una afectación en sus derechos fundamentales, porque, en su caso, esto ocurrirá hasta que el juez de control responsable emita una orden de aprehensión en su perjuicio. Así es, pues en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera la solicitud de una orden de aprehensión o cualquier otro privativa de la libertad, en perjuicio de la quejosa; ello no le irroga perjuicio alguno, puesto que dicha petición aún debe ser obsequiada por el juez de control, y solo hasta ese momento, le causaría afectación. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, por propio derecho, contra: la solicitud de una orden de aprehensión o detención o comparecencia o citación o presentación o persecución con fines de localización o cualquier acto privativo de la libertad, atribuida a las autoridades administrativas señaladas como responsables. C) EN LO TOCANTE AL INICIO DE CUALQUIER CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Por otra parte, respecto del acto referido que se pretende reclamar, se advierte la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar las fracciones XII y XXIII, del numeral 61, con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, pues respecto al reclamo del inicio o la integración de una carpeta de investigación instaurada contra la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la sola integración de la carpeta de investigación que trascienda a órdenes de investigación, obedecen al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Sirven de sustento a lo anterior las tesis de rubros: *. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Inclusive, los hechos por los que se le investiga puede desvirtuarlos la quejosa o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes, lo que abona a un estado de certidumbre jurídica; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. En consecuencia de todo lo anterior, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento parcial previo. Admisión parcial. Como la demanda cumple los requisitos legales establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite de manera parcial. Actos reclamados. Los actos reclamados por la quejosa, en términos de la demanda y lo precisado en los apartados precedentes, comprenden: a) Las órdenes de aprehensión, detención, comparecencia, persecución con fines de localización o cualquier acto privativo de libertad, atribuidas a las autoridades judiciales señaladas como responsables. b) La ejecución de las referidas ordenes imputadas a las autoridades administrativas señaladas como responsables. Empero, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio para este órgano judicial que, la aquí quejosa promovió diverso juicio de amparo contra las mismas autoridades e idénticos actos reclamados, a saber, el *de la estadística de este juzgado. Por tanto, se precisa que los actos reclamados por los cuales se admite esta demanda, temporalmente quedan delimitados a aquellos que se hayan emitido del día siguiente a la presentación del libelo origen del sumario constitucional *a la data en la que fue presentada la de este juicio de amparo. Precisión de las autoridades ejecutoras. Constituye un hecho notorio3 para esta autoridad que la evolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a la actual Fiscalía General del Estado de Puebla4, originó modificaciones a su estructura orgánica para adecuarse al entorno de aplicación del Sistema Penal Acusatorio. Así, por acuerdo A/002/2016, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Fiscal General del Estado, cambió la denominación de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, a la actual Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. En ese orden de ideas, de conformidad con los artículos 25, fracción XII, y 46, fracción III, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, sólo se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Aunado a lo anterior, existen dudas sobre la denominación correcta y actual de diversas autoridades ejecutoras señaladas con anterioridad, máxime porque en otros asuntos tramitados en este mismo órgano, como el * los oficios remitidos a autoridades señaladas como "Comandantes" fueron rechazados argumentando su inexistencia, lo que repercutió en el retardo de su integración. Autoridades responsables. En mérito de lo anterior, a fin de maximizar el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución, y en atención a la naturaleza de los actos reclamados (por los cuales fue admitida la demanda), se determina que en el presente juicio sólo se tendrá como autoridad ejecutora responsable a la siguiente: ? Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, con copia simple de la demanda y copia autorizada del presente acuerdo, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación6. En éste, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberán remitir copia certificada, completa, legible y ordenada de las constancias o actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Además, los jueces de control señalados como autoridades responsables deberán remitir los registros digitales (videograbaciones) relativos a la audiencia donde se haya dictado el acto reclamado (de ser el caso), en el entendido de que deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez, así como deberán contar con la certificación correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo, deberán acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia. Cabe hacer la aclaración que el índice cronológico no es un simple listado de las intervenciones de las partes, sino que deberán detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada una. En caso de que la orden reclamada no haya sido solicitada y librada en audiencia, deberán remitir copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la causa penal de la cual deriva (carpeta judicial administrativa). Se prescinde de remitir copia de la demanda, dado que está se adjuntará al oficio por el cual se requiera su informe previo. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá presentarse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables para que, al rendir su informe justificado, informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección contra el mismo acto reclamado, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, les será impuesta una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables que en el plazo de cinco días7, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. De manera adicional, los jueces de control responsables deberán proporcionar el nombre y domicilio oficial para recibir notificaciones del agente del Ministerio Público que esté asignado para intervenir en la causa penal o haya solicitado el mandamiento de captura. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado, -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General supra citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio procesal y autorizados. Ahora, la quejosa en su escrito de demanda de amparo solicita que las notificaciones personales le sean notificadas de manera electrónica a través de los usuarios "*y *", sin embargo, se le hace saber que resulta improcedente su petición pues no pueden tenerse diversos medios para oír y recibir notificaciones, pues existiría falta de seguridad jurídica para saber el usuario que recibirá las notificaciones. En consecuencia de lo anterior y porque así fue solicitado de manera expresa por la quejosa en su demanda, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal les sean realizadas a través del mecanismo de notificación electrónica respecto del primer usuario mencionado; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instrúyase a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al usuario "*". Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y como medio de notificación por no estar previsto como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota del mismo para establecer contacto en caso de ser necesario. Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo *, porque así lo solicitó la quejosa y sus respectivas cédulas profesionales se encuentran dadas de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Además, se tiene sólo para oír y recibir notificaciones a *, por así solicitarlo de manera expresa. Consulta del expediente electrónico El quejoso que solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "*", "*" y "*". Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal8, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaci
- Principal
PUNTOS RESOLUTIVOS: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *, por derecho propio, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en los puntos considerativos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de enero del año en curso se dio a conocer a las partes el informe justificado rendido por el Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (por sí y en representación de los jueces de control adscritos a las regiones judiciales Centro, sedes Puebla y Tepeaca; Centro-Poniente, sedes Cholula, Atlixco y San Martín; Sur, sedes Matamoros, Chiautla y Acatlán; Oriente, sedes Teziutlán, Ciudad Serdán y Libres; Sur-Oriente, sedes Tehuacán y Tecamachalco; y Norte, sedes Huauchinango y Zacatlán). Dicho acuerdo fue notificado (por lista) a las partes el veinticinco de enero siguiente, por lo que aún transcurre el plazo de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra el referido plazo, la audiencia constitucional señalada para esta data se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo
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