Alberto Uriel Zenteno Poblano
Expediente 870/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alberto Uriel Zenteno Poblano
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 870/2023-VII. Puebla, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo.. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
--JUICIO DE AMPARO 870/2023-VII.. Puebla, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera física por Alberto Uriel Zenteno Poblano, por propio derecho, contra un acto del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DEL SISTEMA TRADICIONAL, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Materia del juicio. En la demanda de amparo se señaló como acto reclamado: el no ejercicio de la acción penal de dos de mayo de dos mil dieciséis que se emitió en la averiguación A+++++++Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO2 Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción III, inciso b) en contrario sensu de la referida legislación que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte "[.]". De los enunciados normativos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando un acto no sea de imposible reparación, implicando ello, aquellos derechos sustantivos plasmados por la constitución federal o en los tratados internacionales, como lo es en el presente caso. Sobre todo porque la fracción III, inciso b) invocada, constituye el sustento de la definición actual del concepto de irreparabilidad cuando de traten de actos que provienen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 7/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA". Lo anterior, se permite visualizar del contenido de la demanda de amparo, porque de entrada se advierte que reclama una determinación del no ejercicio de la acción penal de dos de mayo de dos mil dieciséis, que se emitió en la averiguación AP-1405/2015/7 A PUE, atribuida a un agente del Ministerio Público. De igual manera en sus antecedentes del acto reclamado refirió que esa determinación fue remitida al Director de Agentes del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte para autorizar el no ejercicio de la acción penal de esa averiguación previa, como se advierte de sus siguientes manifestaciones: "De lo anterior se observa que la propia agente del Ministerio Público ordenó remitir la averiguación previa 1405/2015 7 A PUE, al Director de Agentes del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte, para el efecto de que autorizara el archivo de la señalada averiguación previa 1405/2015 7 A PUE, sin que se haya recabado la autorización del aludido Director de Agentes del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte, ni tampoco se haya notificado al suscrito" Es más, incluso realizó la transcripción de los puntos resolutivos de la referida indagatoria, donde se logra desprender que en su resolutivo tercero se indicó que, una vez autorizado el archivo, se notificaría esa resolución -del no ejercicio de la acción penal- al querellante, y le informaría el plazo para la interposición para el recurso de inconformidad. Ello permite reforzar que el acto que aquí pretende reclamar todavía no le afecta sus derechos sustantivos, porque a la presente fecha no se ha autorizado la determinación aquí reclamada -o al menos no le ha sido notificada al quejoso-, pues es hasta ese momento que se actualiza la hipótesis prevista de imposible reparación, que da la apertura a la procedencia del amparo indirecto al ser la determinación con carácter definitivo para ello. Así, la parte quejosa estará en aptitud de agotar el recurso ordinario previsto por el artículo 30 ter3 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, de ser el caso de que ese recurso no sea favorable a sus intereses, el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en este momento procesal, la determinación que se pretende reclamar no le genera un perjuicio porque no tiene el carácter de definitivo, es decir, está condicionado a que el superior jerárquico de la autoridad responsable lo autorice. De igual forma, no sería procedente la acción intentada respecto de la falta de notificación de esa determinación; pues, como se aprecia de la propia demanda de amparo, la representación social precisó que esa notificación se realizaría hasta que se autorizara la determinación de no ejercicio de la acción penal y, así, respetar su derecho para impugnar esa decisión. Por lo tanto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción III, inciso b) en contrario sensu de la referida legislación. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Autorizada, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, acceso al expediente electrónico y medio de contacto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo - con residencia en la ciudad de Puebla-. De igual manera se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, a José Mario Rodríguez Flores, porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización para toma de fotografías Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal al quejoso, y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL NO PRESENTARSE A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL JUICIO DE AMPARO 870/2023-VII.. Puebla, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera física por Alberto Uriel Zenteno Poblano, por propio derecho, contra un acto del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DEL SISTEMA TRADICIONAL, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Materia del juicio. En la demanda de amparo se señaló como acto reclamado: el no ejercicio de la acción penal de dos de mayo de dos mil dieciséis que se emitió en la averiguación A+++++++Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO2 Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción III, inciso b) en contrario sensu de la referida legislación que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte "[.]". De los enunciados normativos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando un acto no sea de imposible reparación, implicando ello, aquellos derechos sustantivos plasmados por la constitución federal o en los tratados internacionales, como lo es en el presente caso. Sobre todo porque la fracción III, inciso b) invocada, constituye el sustento de la definición actual del concepto de irreparabilidad cuando de traten de actos que provienen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 7/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA". Lo anterior, se permite visualizar del contenido de la demanda de amparo, porque de entrada se advierte que reclama una determinación del no ejercicio de la acción penal de dos de mayo de dos mil dieciséis, que se emitió en la averiguación AP-1405/2015/7 A PUE, atribuida a un agente del Ministerio Público. De igual manera en sus antecedentes del acto reclamado refirió que esa determinación fue remitida al Director de Agentes del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte para autorizar el no ejercicio de la acción penal de esa averiguación previa, como se advierte de sus siguientes manifestaciones: "De lo anterior se observa que la propia agente del Ministerio Público ordenó remitir la averiguación previa 1405/2015 7 A PUE, al Director de Agentes del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte, para el efecto de que autorizara el archivo de la señalada averiguación previa 1405/2015 7 A PUE, sin que se haya recabado la autorización del aludido Director de Agentes del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte, ni tampoco se haya notificado al suscrito" Es más, incluso realizó la transcripción de los puntos resolutivos de la referida indagatoria, donde se logra desprender que en su resolutivo tercero se indicó que, una vez autorizado el archivo, se notificaría esa resolución -del no ejercicio de la acción penal- al querellante, y le informaría el plazo para la interposición para el recurso de inconformidad. Ello permite reforzar que el acto que aquí pretende reclamar todavía no le afecta sus derechos sustantivos, porque a la presente fecha no se ha autorizado la determinación aquí reclamada -o al menos no le ha sido notificada al quejoso-, pues es hasta ese momento que se actualiza la hipótesis prevista de imposible reparación, que da la apertura a la procedencia del amparo indirecto al ser la determinación con carácter definitivo para ello. Así, la parte quejosa estará en aptitud de agotar el recurso ordinario previsto por el artículo 30 ter3 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, de ser el caso de que ese recurso no sea favorable a sus intereses, el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en este momento procesal, la determinación que se pretende reclamar no le genera un perjuicio porque no tiene el carácter de definitivo, es decir, está condicionado a que el superior jerárquico de la autoridad responsable lo autorice. De igual forma, no sería procedente la acción intentada respecto de la falta de notificación de esa determinación; pues, como se aprecia de la propia demanda de amparo, la representación social precisó que esa notificación se realizaría hasta que se autorizara la determinación de no ejercicio de la acción penal y, así, respetar su derecho para impugnar esa decisión. Por lo tanto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción III, inciso b) en contrario sensu de la referida legislación. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Autorizada, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, acceso al expediente electrónico y medio de contacto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo - con residencia en la ciudad de Puebla-. De igual manera se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, a José Mario Rodríguez Flores, porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización para toma de fotografías Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal al quejoso, y cúmplase.
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