Alberto Rivera Fernández
Expediente 1181/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1181/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alberto Rivera Fernández
- Mariana Méndez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
---Juicio de amparo 1181/2023-I. Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se apersona tercera interesada. Al expediente el escrito de la tercera interesada ++++++++++++++++, atento a su contenido se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que señaló en el escrito de cuenta, porque se ubica en la ciudad de Puebla; y como medio de contacto extra procesal, la cuenta de correo electrónico que menciona, la que sólo podrá ser utilizada en circunstancias extraordinarias. Asimismo, se le tiene como autorizados en términos de lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su escrito, quienes sólo podrán consultar el expediente y recibir notificaciones en su nombre. Finalmente, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene como alegatos los argumentos que al efecto expone, sin perjuicio de ser considerados al emitirse la sentencia que dirima este juicio. Informe justificado Por otro parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Violencia de Genero contra las Mujeres, por el cual remite el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Personas e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, Mesa de Trámite Dos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de los cuales rinden su respectivo informe justificado; en tanto que la segunda de ellos, adjunta copia certificada de la carpeta judicial administrativa ++++++++++++++++ atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, se deja establecido que las constancias recibidas han sido digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Se requiere representante especial para la menor quejosa. Vistas las constancias de la carpeta judicial administrativa de origen, se advierte que la denuncia que dio origen a la misma, fue presentada por la tercera interesada Mariana Méndez Pérez, en contra del aquí quejoso Alberto Rivera Fernández, por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de iniciales V.R.M.; circunstancia que evidencia un posible conflicto de intereses entre promovente de este juicio de amparo con la menor en cita; por ende, resulta necesario nombrarle un representante especial que, de forma objetiva e imparcial proteja el interés superior de la menor de iniciales V.R.M., en el presente juicio de amparo. Tal perspectiva obedece a los razonamientos que sustentan la tesis de rubro: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS". Por tanto, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se requiere al Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, para que designe representante especial conforme a la normativa de dicho instituto, que en este juicio de amparo se ++++++++++++++ncargue de salvaguardar los intereses y derechos de la menor de iniciales ++++++++++++++++ Lo anterior, porque constituye un hecho notorio que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en los juicios de amparo 1193/2022 y 1285/2022 de este juzgado de Distrito, ordenó la reposición del procedimiento bajo la consideración de que ante un conflicto de intereses entre los progenitores de niño, niña o adolescente, se debe solicitar un representante especial a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel local, no al Instituto Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, se ordena remitir al procurador en cita, una impresión de la demanda de amparo, a fin de que tenga elementos suficientes para realizar la designación. Se solicita al referido procurador, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la notificación del mismo. Además, preparar la diligencia relativa a la aceptación y protesta del cargo de representante especial, deberá proporcionar en el mismo plazo los datos generales del profesionista designado (nombre completo, edad, lugar de nacimiento, teléfono o número de celular, correo electrónico y domicilio para recibir notificaciones), especificar el número de cédula profesional de ese profesionista y enviar copia certificada de la mencionada cédula. Se apercibe al procurador requerido que para el caso de omisión, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización diarias, con apoyo en los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por último, se hace saber al referido procurador que el oficio mediante el cual atienda este requerimiento deberá enviarlo, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción del oficio a través de medios tecnológicos o soluciones digitales; sin el uso de la firma electrónica; tales como el correo electrónico institucional del este órgano jurisdiccional, a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx En el entendido que por el mismo medio se le acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridadNotifíquese y cúmplase.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1181/2023 -I. En Puebla, Puebla, a las nueve horas con un minuto del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés hora y día señalados para celebrar la audiencia incidental, ---- --- CONSIDERANDO: ----- ----SEGUNDO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Personas e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, Mesa de Trámite Dos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos reclamados. TERCERO. Concesión de la suspensión Previo a realizar el pronunciamiento respectivo, es necesario puntualizar que no pasa por alto para esta juzgadora, que en el presente asunto están involucrados los derechos de una menor de edad. Ahora bien, el acto reclamado por el quejoso implica la orden ministerial de presentación de la menor de iniciales V. R. M. "con la finalidad de que sea valorada por médico forense y se realice examen en psicología, la anterior por ser necesario para la debida integración de la carpeta de investigación que nos ocupa", así señalado por la fiscal responsable. Al respecto, conviene destacar que el interés superior del niño, niña o adolescente, previsto en los artículos 1o. y 4o., noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, es un principio "rector-guía" con base en el cual deben entenderse el resto de los derechos reconocidos para la infancia. Es decir, se trata de un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente, en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de dieciocho años, y obliga a las autoridades a actuar más allá de la demanda puntual que se les presenta, en protección de los derechos de ese grupo vulnerable. Entonces, cuando en el amparo indirecto el acto reclamado proviene de una investigación penal, el Juez constitucional, al resolver sobre la suspensión, con sustento en dichas disposiciones constitucionales, convencionales y legales, así como en el último párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe ordenar a la autoridad investigadora responsable que emita las medidas cautelares necesarias y eficaces para la protección del niño, sin dejar de ponderar y cerciorarse que este derecho de estar en familia no cause daño en su integridad física y emocional. De ahí que, de llevarse a cabo el examen en psicología y valoración médica de la menor, se le podrían causar daños de difícil reparación, porque se vulneraría el derecho de la menor a la protección de su entorno y sus emociones, los cuales no sería posible restituir en caso de que llegaren a efectuarse los estudios psicológicos, pues la obtención de esa información mediante la instauración de una evaluación en su psique representa una afectación de imposible reparación aun en caso de obtener sentencia favorable. Por tanto, a efecto de preservar el derecho superior de la menor y con ello, preservar la materia del juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 147, 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, y no se lleven a cabo el examen en psicología y la valoración médica ordenada por la fiscal responsable, hasta que se determine su pertinencia, esto es, en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológicos de la menor en el fondo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Lo anterior, en función del grado de afectación que pudiera sufrir el menor al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarse a la menor. Tal suspensión no implica la paralización de la carpeta de investigación de origen, ya que puede continuar, en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológico y médico. Tampoco significa darle efectos restitutorios a la suspensión definitiva concedida porque en esta no se ha analizado el fondo del asunto, sino únicamente el preservar los derechos de la menor y conservar la materia del amparo en aras de proteger el interés superior de la menor. Se descarta fijar medidas de aseguramiento para mantener la suspensión definitiva, ya que los efectos dados son a efecto de salvaguardar el interés superior de la menor involucrada en el presente asunto. Cabe agregar que la decisión de conceder la suspensión respecto del citado acto, se orienta en la tesis I.15o.C.71 C (10a.), emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo VI, Agosto de 2020, página 6031, de rubro siguiente: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN, NO ASÍ A LOS PADRES. El derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación. Bajo tales premisas, por regla general, contra la resolución que pretenda resolver sobre la guarda y custodia de un menor, procede conceder la suspensión, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, entre tanto se falle el fondo del amparo y su concesión, de ser procedente según las condiciones particulares del caso, procede sin fianza. Lo expuesto revela que en los casos donde se discute sobre la guarda y custodia de menores es posible ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se falle el fondo del asunto. En la especie, aunque los actos reclamados no resuelven en definitiva sobre la guarda y custodia, tienden a definir esa situación con la práctica de estudios psicológicos que pudieran ser dañinos para el desarrollo de la menor por los argumentos que se alegan en el escrito de demanda, respecto de la violencia intrafamiliar que dice la peticionaria de garantías el padre de la menor ejerce respecto de la niña; de ahí que el énfasis debe centrarse en preservar su integridad emocional más que en los beneficios que pudieran resultar posteriormente de esos estudios. Ello en aras de proteger el interés superior de la menor cuando las condiciones bajo las cuales se discuta sobre su guarda y custodia puedan sufrir alguna afectación, al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarle. Así, resulta que con la ejecución del acto reclamado sí se estarían causando daños de difícil reparación porque con ello se estaría vulnerando el derecho de la menor a la protección de su entorno y sus emociones, los cuales no sería posible restituir en caso de que llegaren a efectuarse los estudios psicológicos, pues la obtención de esa información mediante la instauración de una evaluación en su psique representa una afectación de imposible reparación aun en caso de obtener sentencia favorable. Sin embargo, debe negarse la suspensión provisional, respecto de la evaluación psicológica de su progenitora, pues de suspenderse la medida cautelar respecto de este punto se afectaría la posibilidad de mejorar el estado físico y emocional de los padres, así como la calidad de la convivencia con su menor hija.". También se considera aplicable la tesis I.7o.C.57 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1920, cuyo rubro es: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN SI CON SU PRÁCTICA PUDIERA AFECTARSE SU INTERÉS SUPERIOR. Tratándose de menores, la ley impone atender en todo caso a su interés superior; por ello, la Ley de Amparo y la jurisprudencia conceden la suplencia de queja en toda su amplitud sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados o el carácter del promovente; por lo tanto, dicho beneficio se extiende al incidente de suspensión. Por su parte, una de las finalidades de la suspensión es preservar los derechos del quejoso y con ello, de ser procedente, preservar la materia del juicio de garantías. De ahí que, si el acto reclamado consiste en practicar estudios psicológicos a menores de edad sobre actos pasados de violencia intrafamiliar o de abuso sexual cometidos en su contra, debe concederse la suspensión definitiva incluso en suplencia de queja para mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo dichos estudios hasta en tanto se resuelva en definitiva su pertinencia. Lo anterior, en función del grado de afectación que pudiera sufrir el menor al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarse al menor. Tal suspensión no implica la paralización del procedimiento, pues éste puede continuar hasta antes de que se resuelva el fondo del asunto en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológicos. Tampoco significa darle efectos restitutorios a la resolución incidental porque en ella no se ha analizado el fondo del asunto, sino únicamente el preservar los derechos de los menores y conservar la materia del amparo en aras de proteger el interés superior del menor." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se concede al quejoso la suspensión definitiva solicitada contra el acto que reclama a la autoridad responsable señalada, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo 1181/2023-I. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito aclaratorio (desahogo de prevención). Se agrega al expediente el escrito presentado por el quejoso Alberto Rivera Fernández por derecho propio y como legítimo representante de su menor hija identificada con las iniciales V.R.M., personería que acredita con el acta de nacimiento que se adjuntó a su demanda de amparo, por el que precisa bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".1.- Que respecto a que señale el nombre y domicilio del tercero interesado, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, desconozco quien sea la persona agraviada y también desconozco su domicilio, ya que como se desprende del citatorio, en él no se señala quien o quienes son los agraviados. 2.- Se me requiere para que señale el domicilio de la señora ++++++++++, con domicilio el mencionado en su contestación de demanda dentro del expediente: 1820/2019 de los del Juzgado Sexto de lo Familiar de este distrito Judicial, el ubicado en Calle Ayuntamiento número Doscientos Dos, Junta Auxiliar de la Libertad de esta ciudad de Puebla, Puebla. " Por tanto, se declara cumplida la prevención formulada en el proveído inicial. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desahogo de la prevención. Desechamiento parcial El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular, para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual uno de los actos reclamados es el siguiente: a).- EL CITATORIO GIRADO AL QUEJOSO PARA QUE ME PRESENTE EN LAS OFICINAS ubicadas en CALLE DIEZ ORIENTE, NÚMERO CUATROCIENTOS CATORCE (414), DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SIGANDO POR LA LICENCIADA JANET CASTRO MENDOZA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA MESA DE TRÁMITE DOS (2) DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, DENTRO DE LA ++++++.". Aunado a ello, en el quinto párrafo del punto dos del capítulo de hechos de la demanda de amparo, refirió lo siguiente: ".A TRAVÉS DE LA CUAL SE ME CITA PARA QUE COMPAREZCA A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN LA CALLE 10 ORIENTE, NÚMERO 414 DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA MINISTERIAL CONSISTENTE EN MI INDIVIDUALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS HECHOS CON LA APARIENCIA DE DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR." Lo que se corrobora con la impresión del citatorio que adjuntó a su demanda de amparo, del que se desprende que la fiscal responsable lo citó, entre otras cuestiones, para que acompañado acudiera en compañía de un abogado particular para ser individualizado con relación a hechos señalados por la ley como delito de violencia familiar en la carpeta ++++++. Entonces, se advierte una causa de improcedencia, que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta interpretada en sentido contrario, ya que no existen circunstancias para visualizar que consista en un acto de imposible reparación. Esto es así, ya que al analizar el citatorio de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, emitido por la agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Dos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Personas e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, se observa que el quejoso fue citado con el objeto de que presente a efecto de llevar acabo su individualización, debiendo comparecer con su original de identificación oficial, comprobante de domicilio, y acompañado de un abogado que cuente con cédula profesional y de no contar con alguno se le designara un defensor público. Aunado a ello, de su contenido no se desprende un apercibimiento que comprometa su libertad, pues sólo se menciona que en caso de incomparecencia, se podrán hacer valer las medidas de apremio que establece el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es evidente la actualización de la causa de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta última interpretada en sentido contrario. Es así, pues en términos del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3 , el referido acto, se trata únicamente de una citación, con las formalidades legales establecidas, para presentarse ante la autoridad emisora, con la única finalidad de que se le individualice en relación con los hechos que se investigan en la referida carpeta de investigación; lo que lejos de perjudicarle, le beneficiaría, ya que tendrá la posibilidad de conocer los actos de investigación registrados en ella, así como realizar sus propios actos de investigación para que también se incorporen a la carpeta de investigación y, con ello, esté en aptitud de desplegar su defensa. Además, su sola emisión no implica se le atribuya un acto delictivo, máxime que en el caso, es claro el motivo por el cual es citado el quejoso, al indicarle es para que se presente "para la práctica de una diligencia de carácter ministerial consistente en su INDIVIDUALIZACIÓN en relación con los hechos con apariencia de delito de VIOLENCIA FAMILIAR", lo cual de ninguna forma implica que esté en peligro la libertad del quejoso o se haya coaccionado al mismo para que comparezca. Sobre todo, porque el artículo 21 de la Constitución General Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de la etapa de investigación y del ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, interesada en el esclarecimiento de hechos delictivos. Asimismo, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta de investigación es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público. De ahí que, la sola emisión de un citatorio no genera una afectación real a la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, debe concluirse que el presente caso, no se trata de un acto de imposible reparación, pues como se mencionó, únicamente consiste en una citación al quejoso, con objeto de que se presente a efecto de que se lleve a cabo su individualización respecto de los hechos con apariencia de delitos que se investigan en la carpeta de investigación de mérito, más no de un acto que afecte derechos sustantivos. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar que dicha resolución vulnere de forma irreparable algún derecho sustantivo del quejoso. En consecuencia, debe concluirse que el referido acto reclamado, encuentra a la presente fecha, una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta última interpretada en sentido contrario. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha parcialmente la demanda planteada, respecto del acto reclamado consistente la parte conducente del citatorio reclamado "para la práctica de una diligencia de carácter ministerial consistente en su INDIVIDUALIZACIÓN en relación con los hechos con apariencia de delito de VIOLENCIA FAMILIAR", pues se actualizó la referida causa de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento parcial previo. Admisión parcial del juicio. Por lo que respecta al restante acto reclamado consistente en la obligación de presentar a su mejor hija identificada con las , la demanda de amparo ha cumplido los requisitos legales, a partir del escrito aclaratorio, motivo por el cual se admite parcialmente a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Materia del juicio. El acto combatido, en términos de su demanda de amparo y el escrito aclaratorio, queda circunscrito al siguiente: El desahogo del examen en psicología y valoración médica de la menor de iniciales ++++++++++., ordenada en la carpeta de investigación +++++++3. Atribuido a la autoridad responsable: Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Personas e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, Mesa de Trámite Dos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta formar duplicado físico del incidente de suspensión. Emplazamiento de la fiscal adscrita. Emplácese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberá remitir a este juzgado copia certificada o auténtica, completa, legible y ordenada de las constancias o actuaciones con las que justifique los actos reclamados. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se le hace saber que su informe justificado deberá presentarlo, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General supra citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una prueba o diligencia, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a la autoridad responsable que informe si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección contra el mismo acto reclamado, y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo, apercibida que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá una multa que oscilará entre las de cincuenta a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable que en el plazo de cinco días4 , contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal), para ello deberá remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, le se apercibe que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre las cien a las mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Emplazamiento de tercero interesado. En términos del artículo 5, fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria que se constituya en el domicilio a efecto de lograr el emplazamiento de Mariana Méndez Pérez con domicilio ubicado Calle Ayuntamiento número Doscientos Dos, Junta Auxiliar de la Libertad, de esta ciudad de Puebla, Puebla. Por tanto, se instruye a la actuaria encargada del presente expediente, que se constituya en el domicilio indicado, localice a la referida tercera interesada y la emplace al presente juicio con ese carácter, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, escrito aclaratorio y del presente proveído de admisión y le hará saber que se fijaron las diez horas con un minuto del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace notar a la tercera interesada que el emplazamiento al presente juicio, le otorga el derecho a comparecer por escrito con el carácter de parte, a aportar pruebas y alegatos para la solución de la controversia. Asimismo, se le requiere para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en el que surta efectos el emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Al respecto, se les apercibe que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado; ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, si no hubiese señalado por escrito un domicilio procesal. Asimismo, desde el acto de emplazamiento, queda sujeta a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se faculta al funcionario correspondiente, a fin de que pueda practicar la diligencia de emplazamiento ordenada en el presente proveído, aun en días y horas inhábiles, para evitar dilaciones innecesarias. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Pruebas Finalmente, se le tiene por ofrecidas las pruebas documentales que indica el quejoso en el escrito de demanda; las cuales serán relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase
- Incidental
----Incidente de suspensión 1181/2023-I. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Formación del incidente. Visto el escrito de demanda, el escrito aclaratorio y el acuerdo dictado en esta fecha en el cuaderno principal del expediente electrónico, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1181/2023-I, promovido por el quejoso Alberto Rivera Fernández, por derecho propio y en representación de su menor hija identificada para efectos del presente juicio con las iniciales ++, contra actos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Personas e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, Mesa de Trámite Dos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Acto reclamado. El acto combatido, en términos de su demanda de amparo, escrito aclaratorio y auto de admisión, queda circunscrito al siguiente: El desahogo del examen en psicología y valoración médica de la menor de iniciales V.R.M., ordenada en la carpeta de investigación ++. Atribuido a la autoridad responsable: Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Personas e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, Mesa de Trámite Dos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Requerimiento del informe previo. En términos de los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable presente su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo; por lo tanto, envíesele copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta una multa que oscilará entre las cien a mil Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), comuniquen si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso; de ser así, deberán remitir copia certificada de la resolución correspondiente. Se le apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente entre las cincuenta a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Concesión de la suspensión provisional Previo a realizar el pronunciamiento respectivo, es necesario puntualizar que no pasa por alto para esta juzgadora, que en el presente asunto están involucrados los derechos de una menor de edad. Ahora bien, el acto reclamado por el quejoso implica la orden ministerial de presentación de la menor de inicial. "con la finalidad de que sea valorada por médico forense y se realice examen en psicología, la anterior por ser necesario para la debida integración de la carpeta de investigación que nos ocupa", así señalado por el la fiscal responsable. Al respecto, conviene destacar que el interés superior del niño, niña o adolescente, previsto en los artículos 1o. y 4o., noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, es un principio "rector-guía" con base en el cual deben entenderse el resto de los derechos reconocidos para la infancia. Es decir, se trata de un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente, en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de dieciocho años, y obliga a las autoridades a actuar más allá de la demanda puntual que se les presenta, en protección de los derechos de ese grupo vulnerable. Entonces, cuando en el amparo indirecto el acto reclamado proviene de una investigación penal, el Juez constitucional, al resolver sobre la suspensión, con sustento en dichas disposiciones constitucionales, convencionales y legales, así como en el último párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe ordenar a la autoridad investigadora responsable que emita las medidas cautelares necesarias y eficaces para la protección del niño, sin dejar de ponderar y cerciorarse que este derecho de estar en familia no cause daño en su integridad física y emocional. De ahí que, de llevarse a cabo el examen en psicología y valoración médica de la menor, se le podrían causar daños de difícil reparación, porque se vulneraría el derecho de la menor a la protección de su entorno y sus emociones, los cuales no sería posible restituir en caso de que llegaren a efectuarse los estudios psicológicos, pues la obtención de esa información mediante la instauración de una evaluación en su psique representa una afectación de imposible reparación aun en caso de obtener sentencia favorable. Por tanto, a efecto de preservar el derecho superior de la menor y con ello, preservar la materia del juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 147, 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, y no se lleven a cabo el examen en psicología y la valoración médica ordenada por la fiscal responsable, hasta que se determine su pertinencia, esto es, en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológicos de la menor. Lo anterior, en función del grado de afectación que pudiera sufrir el menor al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarse a la menor. Tal suspensión no implica la paralización de la carpeta de investigación de origen, ya que puede continuar, en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológico y médico. Tampoco significa darle efectos restitutorios a la suspensión provisional concedida porque en esta no se ha analizado el fondo del asunto, sino únicamente el preservar los derechos de la menor y conservar la materia del amparo en aras de proteger el interés superior de la menor. Se descarta fijar medidas de aseguramiento para mantener la suspensión provisional, ya que los efectos dados son a efecto de salvaguardar el interés superior de la menor involucrada en el presente asunto. Cabe agregar que la decisión de conceder la suspensión respecto del citado acto, se orienta en la tesis I.15o.C.71 C (10a.), emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo VI, Agosto de 2020, página 6031, de rubro siguiente: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN, NO ASÍ A LOS PADRES. El derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación. Bajo tales premisas, por regla general, contra la resolución que pretenda resolver sobre la guarda y custodia de un menor, procede conceder la suspensión, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, entre tanto se falle el fondo del amparo y su concesión, de ser procedente según las condiciones particulares del caso, procede sin fianza. Lo expuesto revela que en los casos donde se discute sobre la guarda y custodia de menores es posible ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se falle el fondo del asunto. En la especie, aunque los actos reclamados no resuelven en definitiva sobre la guarda y custodia, tienden a definir esa situación con la práctica de estudios psicológicos que pudieran ser dañinos para el desarrollo de la menor por los argumentos que se alegan en el escrito de demanda, respecto de la violencia intrafamiliar que dice la peticionaria de garantías el padre de la menor ejerce respecto de la niña; de ahí que el énfasis debe centrarse en preservar su integridad emocional más que en los beneficios que pudieran resultar posteriormente de esos estudios. Ello en aras de proteger el interés superior de la menor cuando las condiciones bajo las cuales se discuta sobre su guarda y custodia puedan sufrir alguna afectación, al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarle. Así, resulta que con la ejecución del acto reclamado sí se estarían causando daños de difícil reparación porque con ello se estaría vulnerando el derecho de la menor a la protección de su entorno y sus emociones, los cuales no sería posible restituir en caso de que llegaren a efectuarse los estudios psicológicos, pues la obtención de esa información mediante la instauración de una evaluación en su psique representa una afectación de imposible reparación aun en caso de obtener sentencia favorable. Sin embargo, debe negarse la suspensión provisional, respecto de la evaluación psicológica de su progenitora, pues de suspenderse la medida cautelar respecto de este punto se afectaría la posibilidad de mejorar el estado físico y emocional de los padres, así como la calidad de la convivencia con su menor hija.". También se considera aplicable la tesis I.7o.C.57 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1920, cuyo rubro es: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN SI CON SU PRÁCTICA PUDIERA AFECTARSE SU INTERÉS SUPERIOR. Tratándose de menores, la ley impone atender en todo caso a su interés superior; por ello, la Ley de Amparo y la jurisprudencia conceden la suplencia de queja en toda su amplitud sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados o el carácter del promovente; por lo tanto, dicho beneficio se extiende al incidente de suspensión. Por su parte, una de las finalidades de la suspensión es preservar los derechos del quejoso y con ello, de ser procedente, preservar la materia del juicio de garantías. De ahí que, si el acto reclamado consiste en practicar estudios psicológicos a menores de edad sobre actos pasados de violencia intrafamiliar o de abuso sexual cometidos en su contra, debe concederse la suspensión definitiva incluso en suplencia de queja para mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo dichos estudios hasta en tanto se resuelva en definitiva su pertinencia. Lo anterior, en función del grado de afectación que pudiera sufrir el menor al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarse al menor. Tal suspensión no implica la paralización del procedimiento, pues éste puede continuar hasta antes de que se resuelva el fondo del asunto en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológicos. Tampoco significa darle efectos restitutorios a la resolución incidental porque en ella no se ha analizado el fondo del asunto, sino únicamente el preservar los derechos de los menores y conservar la materia del amparo en aras de proteger el interés superior del menor." Notifíquese y cúmplase
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