ALBA ABIGAIL AGUIRRE MANCIO y Otros.

Expediente 523/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
523/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Alba Abigail Aguirre Mancio
  • ALBA ABIGAIL AGUIRRE MANCIO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca ********************, de la estadística de ese cuerpo colegiado, que se formó con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés dictado en este juicio de amparo. Ejecutoria de la cual se desprende que, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja contra el auto recurrido de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, acúsese recibo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la demanda de amparo; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 2963/2023 remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por ******************************************, contra el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, formándose el toca ******************/2023. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por los quejosos ********************, por medio del cual interponen recurso de queja en contra del auto de tres de febrero del año en curso, y expresa sus agravios. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando que es cierto el acto impugnado por el recurrente, toda vez que el tres de febrero de dos mil veintitrés, se emitió un acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo en autos del presente juicio, por las razones ahí señaladas. Lo anterior, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado sólo afecta a la parte quejosa, aunado a que no se ha dado intervención a las autoridades señaladas como responsables, ni al Agente del Ministerio Público adscrito. En tal virtud, gírese atento oficio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno con residencia en esta ciudad, con el original del escrito de interposición del recurso de mérito y en el que expresan sus agravios, al que deberá adjuntarse una copia más para correr traslado al Ministerio Público. Asimismo, se informa que se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales que estime pertinentes. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ****, el acuerdo de 3 de febrero de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Radicación. Con la demanda de amparo promovida promovida físicamente por ***********************************, contra actos del Director de la U.M.A.E., Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número *****************/2023-III. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Director de da U.M.A.E., Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente de Responsabilidad Patrimonial del Estado ******************/2022, en la que se desecha la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial, planteada por el aquí quejoso, al considerarse que los actos que hacen valer los reclamantes se colocan en el ámbito laboral al ser trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no pueden estimarse constitutivos de una actividad administrativa irregular al derivarse de actividades emanadas de una relación laboral con dicho Instituto. Desechamiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XX, de esta propia ley, SE DESECHA de plano la demanda de amparo por existir motivos indudables y manifiestos de improcedencia, por lo que resulta pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este juzgador, advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que se debió haber observado el principio de definitividad que rige en la materia, el citado precepto textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". Dicho precepto, consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del asunto de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Del numeral transcrito, en relación con el acto aquí reclamado se infiere que, únicamente cuando el justiciable agote en su totalidad todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que rija la materia y, la autoridad del conocimiento, haga uso de todas las medidas de apremio con las que le dota la ley, e inclusive, determine en uso de sus facultades, que le es física y jurídicamente imposible obtener de las autoridades demandadas en el juicio de origen el cumplimiento total de su sentencia, es que debe acudirse al amparo. Dicha fracción establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que este se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. La citada casual establece además, como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, se impone señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, y en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Ahora, en el caso, la aquí parte quejosa debió promover contra la resolución de siete de diciembre pasado, dictada en el expediente de responsabilidad patrimonial del estado 001/2022, en la que se desecha la reclamación por responsabilidad patrimonial, pues procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción IX, de la Ley Orgánica del citado Tribunal, que establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ( . ) IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia;.". Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), visible en el libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, página 1470; que señala: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 17, abril de 2015, tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 783; que dispone: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." De igual modo, no resulta inadvertido para el suscrito la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha excepción, dado que de la narrativa realizada por los quejosos bajo formal protesta de decir verdad, hacen referencia a las diversas consideraciones o motivos y cita de los diversos preceptos legales en los que se apoyó la responsable, lo cual, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este juzgador concluya que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. Además, es preciso destacar que la parte quejosa tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso no se aducen sólo violaciones a preceptos constitucionales, porque en sus conceptos de violación se advierte que alega, entre otros, la indebida fundamentación y motivación; es decir, la parte promovente también controvierte la legalidad de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. n principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Aunado a lo anterior, se advierte que la parte impetrante no es tercera extraña en el procedimiento de origen, ya que figuró como promovente de la reclamación de responsabilidad patrimonial, tampoco se impugna la inconstitucionalidad de alguna ley, no se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. En esas condiciones, se concluye que el acto que se reclama debe ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal; y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado; motivo por el cual, la parte aquí quejosa, previamente a promover la presente instancia constitucional, debe agotar el juicio de nulidad para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Es aplicable, la tesis 2a. CLVIII/2017 (10a.), visible en el libro 47, octubre de 2017, tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 1229 y registro 2015389; que señala: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL PRONUNCIAMIENTO ES O NO DE FONDO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 163/2015 (10a.) Y 2a./J. 104/2012 (10a.)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las jurisprudencias citadas, al estimar que acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en conjunción con los principios de interpretación más favorable a la persona y en caso de duda, a favor de la acción, contenidos en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los operadores jurídicos, en especial los órganos jurisdiccionales, al interpretar las normas procesales respectivas, deben evitar formalismos o entendimientos no razonables que vulneren el derecho del justiciable a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada, lo que supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos existentes para que pueda disfrutar del derecho referido, lo que implica que el Estado no puede ni debe tolerar las circunstancias o condiciones que impidan acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, como acontece con el derecho fundamental a obtener una indemnización por los daños causados por la actividad administrativa irregular, a que se refiere el precepto 109 de la Constitución Federal. A partir de lo anterior, la Segunda Sala considera pertinente sostener que los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 14, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (abrogada), deben entenderse en el sentido de que el juicio contencioso administrativo procede contra las determinaciones que resuelvan, en sede administrativa, las reclamaciones promovidas por responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de que la autoridad emita o no un pronunciamiento sobre "el fondo del asunto", pues de otro modo se afecta el grado de racionalidad, accesibilidad y sencillez con el que deben contar las normas adjetivas referentes a la procedencia de ese medio de control del acto administrativo, ya que cuando los entes administrativos declaran improcedentes o desechan de plano tales reclamaciones, es inconcuso que están negando implícitamente la indemnización solicitada por los gobernados; de ahí que ambos supuestos -es decir, tanto las resoluciones de fondo, como las de forma- encuadran en las referidas hipótesis jurídicas de procedibilidad del juicio contencioso administrativo". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." (.) Notifíquese personalmente.

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