Zulema Bolívar García

Expediente 187/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
187/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Zulema Bolívar García
  • Zulema Bolívar García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por la quejosa Zulema Bolívar García; y en atención a su contenido, indíquesele que una vez que transcurra el plazo de tres días otorgado a las partes mediante auto de diecinueve de julio del año en curso, se acordará lo conducente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, una vez que transcurra el plazo referido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, acuérdese lo que en derecho corresponda en relación al destino final del billete de depósito ********, exhibido dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 187/2018-VI, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El quince de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda signada por *******, misma que fue turnada a este juzgado ese mismo día, por medio de la cual, la directa agraviada demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró bajo el juicio 187/2018-VI y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El diez de abril de dos mil dieciocho, fuera de audiencia se sobreseyó este asunto, y el veinticuatro siguiente se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de dicha determinación; por lo que el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, dentro del toca en revisión penal *******, dejó sin efectos el auto de diez de abril del año en curso, ordenando la reposición del procedimiento. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, atendiendo a las directrices del Tribunal de Alzada, se dio oportunidad de que transcurriera la vista decretada en el acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, respecto de los informes justificados rendidos por el Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y el Juez Interino del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al tener ejecución el acto reclamado dentro del territorio donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama la orden de detención, presentación o aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y el Juez Interino del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos que les atribuyó la accionante del amparo, sin que ésta haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, aceptó la existencia de una orden de aprehensión vigente en contra de la quejosa por el delito de abuso de autoridad. Asimismo, de la certificación levantada dentro de la audiencia constitucional que antecede, se advierte que se tuvo por omisa a la responsable, Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, y por ende, se tiene por cierto el acto que se le endilga, a saber, la orden de aprehensión reclamada; lo que se corrobora a través de la documental que anexó a su oficio 225/18 de seis de abril del año que transcurre, consistente en copia certificada de la resolución de cinco del mismo mes y año, en la que resolvió la situación jurídica de la quejosa dentro del proceso penal *******, y en la que se asentó que el veintinueve de enero de dos mil quince, libró orden de aprehensión en contra de la justiciable por el injusto penal de abuso de autoridad, así como que el dos de abril de la presente anualidad, la aquí peticionaria de amparo, en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, compareció ante dicho juzgado a fin de ser escuchada en declaración preparatoria, diligencia que se celebró en esa misma data (fojas 31). De este modo, se tienen por ciertos los actos que de cada una de las responsables, se reclaman. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917812, de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. QUINTO. Improcedencia del Juicio. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estudian en primer término las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en este asunto. Para lo anterior, es oportuno precisar que del estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el quince de marzo del año en curso, ******* demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, así como en contra del Coordinador de Agentes Ministeriales de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, adscrito a la Unidad en Mandamientos Judiciales, a quienes reclamó las órdenes de detención, presentación y aprehensión libradas en su contra, así como su ejecución. Asimismo, mediante oficio 225/18, se tuvo al Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, remitiendo copia certificada de la resolución de término constitucional dictada el cinco de abril de dos mil dieciocho, en la causa penal *******, mediante la cual se decretó auto de formal procesamiento en contra de *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la función pública, previsto en el artículo 134, fracciones III y IV, del Código Penal vigente en la fecha de los hechos. Del mismo modo, de la resolución en comento, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil quince, el Juzgador de origen emitió orden de aprehensión en contra de la quejosa de marras, por el delito precisado con antelación, y el dos de abril de dos mil dieciocho, ésta compareció ante ese órgano jurisdiccional a fin de ser escuchada en declaración preparatoria, ello en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado en el incidente de suspensión que deriva del presente asunto; de lo que se tiene que el acto privativo de libertad dictado en contra de la parte agraviada fue una orden de aprehensión emitida en la causa penal *******. Documento el anterior, al que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Bajo este contexto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita estima actualizada la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] De la lectura de la porción normativa transcrita, se tiene que el amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; y que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Al respecto, cabe señalar que en el sistema tradicional la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: La aprehensión ordenada por autoridad jurisdiccional; La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; La sentencia de primera instancia; y en su caso, La sentencia de segunda instancia. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente. Luego, como el cinco de abril de dos mil dieciocho se resolvió la situación jurídica de *******, decretando en su contra auto de formal procesamiento, la reclamada orden de aprehensión dictada el veintinueve de enero de dos mil quince, en la causa penal *******, por el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, se considera consumada irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, lo que determina la improcedencia del presente juicio por cambio de situación jurídica. Lo que se pone de manifiesto tomando en cuenta que en el juicio de amparo *******, del índice de este juzgado, se combatió precisamente ese auto de formal prisión y a la quejosa se le otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, esencialmente, para que el Juez responsable resolviera, en principio, sobre la prescripción de la acción penal, y de ser el caso, sobre su situación jurídica, juicio de amparo que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior, además de constituir un hecho notorio para esta resolutora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, está fehacientemente probado con las copias certificadas de dichas constancias, que la Secretaria adscrita agregó en la audiencia constitucional, las cuales, de conformidad con los artículo 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, cuentan con valor probatorio pleno. Esto es, resulta evidente que la situación jurídica de la quejosa, ya no se regula por la orden de aprehensión que aquí reclamó, sino que ocurrió un cambio de situación jurídica cuando la aquí peticionaria de amparo compareció ante el Juez responsable a efecto de ser escuchada en declaración preparatoria y en su contra se dictó el auto de formal prisión de cinco de abril de dos mil dieciocho, el cual también fue dejado sin efectos con motivo de la ejecutoria de amparo mencionada, de manera que, la situación jurídica de la aquí quejosa se regula ahora en función a dicha ejecutoria de amparo. Sin que quepa duda alguna de que, del momento en que se promovió este asunto, a la fecha en que se dicta esta sentencia, ocurrió un cambio en la situación jurídica de la quejosa que no permite analizar las posibles violaciones cometidas al momento de dictar la orden de aprehensión aquí reclamada, pues de hacerlo se afectarían los actos posteriores que se dictaron a fin de regular ese aspecto. En consecuencia, como se precisó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo que establece el artículo 63, fracción IV del ordenamiento legal invocado. Por las razones que informa se cita la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Común, página 2482, de la Décima Época, registro 2017544, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 187/2018-VI, promovido por *******, por las razones expuesta en los considerandos tercero y quinto, de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que conste como corresponda el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió el diverso con el que se remitió el original y copia del oficio de expresión de agravios, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictada en este asunto, así como el expediente principal e informa que se admitió dicho medio de impugnación, el cual, se registró bajo el amparo en revisión 160/2018. Lo anterior de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *****. Doy Fe.****

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano