Zeferina López Contreras y Otros.
Expediente 604/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Zeferina López Contreras y Otros.
- Zeferina López Contreras
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en los incisos b) y d), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.MGCJ/Yjv/maa
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada la demanda Vista la certificación de cuenta, se advierte que dentro del plazo de cinco días concedido la quejosa ******* no dio cumplimiento al proveído de vente de agosto de dos mil veintiuno, en el que se le requirió lo siguiente: Manifieste si la demanda de amparo la promueve: Por propio derecho; En representación de ******* o; Por propio derecho y en representación de *******. En el entendido de que de ser cualquiera de los supuestos establecidos en los puntos 2 y 3, deberá exhibir el documento idóneo, debidamente certificado, con el que acredite ser la apoderada legal de ******* Por propio derecho y en representas. Aclare cuál es el acto que reclama a las responsables, esto es, si sólo reclama la orden de desalojo que indica o la orden de aprehensión o, en su caso, ambas, en el supuesto de que sea su deseo señalar como acto reclamado la orden de aprehensión, deberá señalar a la autoridad jurisdiccional competente para su emisión. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, por lo que, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por *******, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada la demanda Vista la certificación de cuenta, se advierte que dentro del plazo de cinco días concedido la quejosa ******* no dio cumplimiento al proveído de vente de agosto de dos mil veintiuno, en el que se le requirió lo siguiente: Manifieste si la demanda de amparo la promueve: Por propio derecho; En representación de ******* o; Por propio derecho y en representación de *******. En el entendido de que de ser cualquiera de los supuestos establecidos en los puntos 2 y 3, deberá exhibir el documento idóneo, debidamente certificado, con el que acredite ser la apoderada legal de ******* Por propio derecho y en representas. Aclare cuál es el acto que reclama a las responsables, esto es, si sólo reclama la orden de desalojo que indica o la orden de aprehensión o, en su caso, ambas, en el supuesto de que sea su deseo señalar como acto reclamado la orden de aprehensión, deberá señalar a la autoridad jurisdiccional competente para su emisión. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, por lo que, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por *******, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL POVEIDO DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de agosto de dos mil veintiuno.Registro de la demanda de amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Director General de Asentamientos Humanos y del Director de Seguridad Pública Municipal. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 604/2021-I-1. Análisis de la demanda Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, es importante precisar, que de conformidad con el artículo 112, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, se debe realizar un análisis del escrito constitucional, a fin de advertir irregularidades, deficiencias u omisiones. En efecto, el numeral 114 de la Ley de Amparo, textualmente dispone lo siguiente: 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. La finalidad de la disposición anterior consiste en esclarecer o aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal. Por medio de ella, el legislador busca que el Juez pueda conocer con certeza la pretensión de la parte quejosa y, así, que esté en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma. En esa tesitura, debe considerarse que dicha disposición resulta aplicable cuando la demanda presentada satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada como una demanda básicamente viable, de manera que sólo requiera la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria o relativa a omisiones que en alguna forma resulten excusables. Así, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: a) Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; b) Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, o, c) Imprecisión del acto reclamado, así como la omisión de exhibir las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. Del análisis conjunto de los aludidos imperativos 1°, fracción I, 5°, fracción I, 6º y 108, fracción I y 14, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho, el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y en caso contrario prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que obedece al artículo 17 Constitucional, así como a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis número 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 48, tomo IV, Julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200084, que es del tenor siguiente: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo que se atiende, se colige que en el proemio se infiere que la misma es promovida por *******, mismo nombre que se encuentra en la última hoja de dicho ocurso; sin embargo, en el apartado denominado nombre y domicilio de la quejosa, se señala a *******. En el mismo sentido en el apartado de hechos o abstenciones que constituyen el acto reclamado, la promovente de amparo señaló lo siguiente: [.] 4.- Es el caso que el día de hoy 18 de agosto de 2021 fue citado *******, con quien tengo una relación de unión libre desde hace más de 10 años y manifiesto que establecimos vuestros domicilio conyugal en *******, inmueble que también se identifica como ******* a comparecer para el día 19 de agosto de 2021 a las 10:00 horas ante el el director general de asentamientos humanos bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría uso de la fuerza pública. Aclaro que dicho director general de asentamientos humanos pretende que ******* firme una orden donde acepte se desalojado en 30 días [.] Lo anterior me causa perjuicio por que no he sido citada a comparecer ante ninguna autoridad competente donde yo pueda hacer uso de mis derechos de defensa y excepciones y donde yo pueda ser oída y escuchada conforme al debido proceso. [.] Atento a lo anterior, se advierte que la demanda no es clara en establecer si es promovida por *******, por propio derecho o, si es promovida en representación de ******* o, en su caso, si es promovida por *******, por propio derecho y, además, en representación de *******, en cuyo caso la peticionaria de amparo fue omisa en exhibir la documental con que acredite ser la representante legal de este último. Por otro lado, de la propia demanda, específicamente, de sus apartados denominados acto o actos reclamados y capitulo de suspensión, se advierte que la promovente manifestó lo siguiente: A). - De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo la ilegal orden de desalojo dictada en mi contra, y la cumplimentación que pretende darle la autoridad responsable ejecutora y la consiguiente privación de mis derechos en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. [.] Es procedente y así lo solicito se le conceda a la SUSCRITO la SUSPENSION PROVISIONAL y luego la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO en los términos de los artículos 125, 126, 127, 128 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo y por lo tanto no surta efectos la ORDEN DE APREHENSIÓN en mi contra como acto reclamado y que es de imposible reparación, por tanto, debe suspenderse la ejecución del mismo, solicitando que no se ejecute dicho acto de autoridad. [.] Lo resaltado es propio. Atento a lo anterior y, toda vez que, la demanda de amparo debe interpretarse en su integridad, se tiene que en primer lugar la peticionaria de amparo reclama a las responsables, entre otras cosas, la orden de desalojo y su ejecución; asimismo, del apartado de suspensión se desprende que solicita la medida cautelar a efecto de que no sea ejecutada una orden de aprehensión librada en su contra; por lo que no es claro si reclama ambos actos o sólo alguno de ellos, así como que, en caso de reclamar la orden de captura de referencia, las responsables que señala no están facultadas para emitir ordenes de aprehensión, como en el caso de una autoridad jurisdiccional. Prevención de la demanda Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, III y IV, de la ley de la materia, se requiere a la promovente de amparo, para que, dentro del término de cinco días, computado legalmente realice lo siguiente: Manifieste si la demanda de amparo la promueve: Por propio derecho; En representación de ******* o; Por propio derecho y en representación de *******. En el entendido de que de ser cualquiera de los supuestos establecidos en los puntos 2 y 3, deberá exhibir el documento idóneo, debidamente certificado, con el que acredite ser la apoderada legal de ******* Por propio derecho y en representas. Aclare cuál es el acto que reclama a las responsables, esto es, si sólo reclama la orden de desalojo que indica o la orden de aprehensión o, en su caso, ambas, en el supuesto de que sea su deseo señalar como acto reclamado la orden de aprehensión, deberá señalar a la autoridad jurisdiccional competente para su emisión. Lo previo, bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las prevenciones que en este acuerdo se formulan, o hacerlo de forma incompleta, se tendrá por no presentada la demanda, ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que deberá exhibir copias del escrito aclaratorio suficientes para correr traslado a las partes y tramitar el amparo, tomando en consideración que se requieren tantas como autoridades responsables que señale, dos para formar el incidente de suspensión y una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ilustra a lo anterior, el criterio P./J. 36/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Materia Común, visible en la página 79, con registro 189977, de texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y sustancia jurídica, el criterio que ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis visible en la página doscientos veintidós, tomo XI, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: AMPARO DEMANDA DE, REQUERIMIENTO PARA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE LA. El requerimiento de que el Juez de Distrito hace a quien promueve una demanda de garantías para que exhiba copias de ella no puede ser arbitraria, sino que debe señirse a lo estatuido al artículo 120 de la Ley de Amparo que indica que tales copias deberán ser para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión si se pidiere éste y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley, por lo tanto, si el Juez de Distrito, sólo requiere que se exhiba una número determinado de copias de la demanda de garantías pero no indica el porqué de esa cantidad, debe señalarse que tal determinación carece de fundamento y motivación por no señirse al fundamento contemplado en el artículo 120 de la Ley de Amparo. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplio al licenciado *******, toda vez que se encontró inscrito en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, en esta ciudad. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará hasta que se levante la contingencia de salud actual, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que se reanuden las labores normales del juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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