Zulema Ivette Tavares Acosta
Expediente 627/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Zulema Ivette Tavares Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 627/2021-V, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el treinta y uno siguiente, *******, promovió demanda de amparo en contra de, Presidente y la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, lo constituye la resolución interlocutoria de fecha 09 de agosto del 2021. Del Presidente de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje, lo constituye el auto de fecha 21 de mayo del 2021 así como las violaciones a las Leyes del procedimiento que se desprenden de los conceptos de violación, resolución. Ambos actos reclamados emanan de los autos del juicio laboral que fuera formado con la reclamación de la ahora quejosa, en contra las ahora terceras interesadas, con el número de expediente *******, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la tercero interesada y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: De la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje: La interlocutoria pronunciada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió el recurso de revisión interpuesto por la aquí quejosa, en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente *******. Del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje: El acuerdo dictado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente en cita, mediante el cual revocó su determinación de diez del citado mes y año, regularizando el procedimiento. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la quejosa, pues así lo manifestó el Presidente por sí y en representación de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado, anexando para ello las constancias conducentes relativas al expediente de origen. Las constancias remitidas por la Junta responsable, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Conforme a dicha causal la acción de amparo se torna improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de junio de 1999, página 38, registro digital 193758, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para arribar a dicha conclusión basta destacar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. El veintiuno de julio de dos mil veinte, los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje dictaron laudo en el expediente *******, formado con motivo de la reclamado de *******, en contra de ******* y otros; así, entre otros, se condenó a la moral demandada al pago de las prestaciones señaladas en el considerando quinto de dicha resolución. 2. En contra de dicha determinación, la moral demandada promovió demanda de amparo directo, la cual se admitió a trámite el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, bajo el número de expediente *******, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad; y el dieciocho siguiente, la Junta responsable se pronunció respecto de la suspensión de los actos de ejecución en el juicio de origen, concediendo la suspensión solicitada a la demandada, fijando la cantidad líquida a cubrir con motivo de los daños y perjuicios que pudieran resultar a la parte actora. 3. El diez de mayo de dos mil veintiuno, atento a que la demandada no exhibió la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado, el Presidente de la Junta responsable dictó acuerdo de ejecución del laudo, requiriendo a la demandada el pago de la suma de *******. 4. Mediante escritos presentados el dieciocho y veintiuno de mayo del presente año; con el primero, la demandada presentó recurso de revisión en contra del proveído de diez del citado mes y año; y con el segundo, exhibió un cheque valioso por la suma de *******; pues a su decir, existía un error en el cálculo en las cantidades determinadas en el proveído de ejecución. 5. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta determinó no dar entrada al recurso de revisión; asimismo, regularizó el procedimiento, considerando que la cantidad exhibida por la demanda era la correcta, ya que por un error se cuantificaron los salarios caídos desde la fecha de despido hasta la data en que se llevó a cabo el requerimiento, siendo lo correcto al día de la reinstalación de la parte trabajadora, esto es, el *******. 6. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la parte actora promovió recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno del citado mes y año; el cual se resolvió el nueve de agosto del presente año, declarando improcedente el citado recurso y declarando la subsistencia del acuerdo de veintiuno de mayo pasado. 7. En audiencia constitucional de esta fecha, la Secretaria certificó que una vez que se realizó una revisión en la página electrónica del sistema integral de seguimiento de expedientes, se pudo apreciar que en sesión ordinaria virtual de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, resolvió el amparo directo laboral *******, derivado del expediente laboral *******, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la cual, en su punto resolutivo dice: ÚNICO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a las morales quejosas ******* y *******, en contra del acto que reclamaron de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en el laudo de *******, dictado en el juicio laboral *******, de su índice. Siendo los efectos del amparo, los siguientes: III. EFECTOS DEL AMPARO. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo se impone conceder la tutela constitucional a la parte quejosa a efecto de que la Junta responsable: 1. Deje insubsistente el laudo de *******. 2. Ordene la reposición del procedimiento hasta la audiencia de *******, y sin trastocar actuaciones procesales inconexas realice lo que sigue: 2.1. Asuma la responsabilidad que le imponen los artículos 813, fracción II, y 814 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, ordene citar a los testigos *******, ******* y *******, en los domicilios que le fueron proporcionados, agotando los medios legales necesarios para el desahogo de la testimonial ofrecida por la parte demandada; sin que ello impida que de resultar incorrectos los domicilios proporcionados, determine, de manera justificada, si es procedente que quede a cargo de la oferente su presentación, acorde a lo establecido en el primero de los preceptos citados. La información precisada en el punto siete, constituye un hecho notorio para este órgano, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, registro digital 2017123, del rubro y texto: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Luego, dicha resolución uniinstancial constituye cosa juzgada, y sus efectos trascienden ineludiblemente a los actos reclamados en este juicio, que fueron emitidos en la fase de ejecución de la sentencia que ahora se ha ordenado dejar insubsistente, lo que de suyo necesariamente implica que los actos que le prosiguieron deban también ser nulificados. Por ello, este órgano encuentra una barrera jurídica para analizar los autos reclamados, en virtud de que, si bien siguen existiendo dentro del expediente que se ha mencionado, lo cierto es que ningún efecto podrán surtir, merced a la resolución dictada en el juicio de amparo *******, que alteró la situación jurídica que entonces regía el juicio laboral y que, como se ha dicho, extiende sus efectos a los actos procesales posteriores a la emisión de la sentencia definitiva; de guisa que los autos impugnados inicialmente ya no tendrán las consecuencias jurídicas que impulsaron a la parte quejosa a promover este juicio constitucional. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, del contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones vertidas en el último de ellos. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario para que surta los efectos legales conducentes el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formula los alegatos que deja vertidos en el mismo y hágase relación de éstos al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia. Por otro lado, respecto a las copias que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO POR LO QUE SE EMPLAZA A JUICIO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LOS ACUERDOS DE FECHAS TREINTA Y UNO DE AGOSTO Y VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO, LOS CUALES RESPECTIVAMENTE DICEN: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Registro y admisión Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo ***/2021-V. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión No se apertura incidente de suspensión. Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, es innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez de distrito y la secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten en línea, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o esta juzgadora lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el diverso ordinal 19 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido que, este órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias tendentes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de la videoconferencia, lo que será posible únicamente si todos los intervinientes se encuentran en igualdad de condiciones, para lograr su participación en la audiencia, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo en cita. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Información reservada o confidencial Cuando las partes exhiban físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando se remita documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Información sobre causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional). Pruebas Se tiene a la parte quejosa ofreciendo los documentos consistentes en: a) Copia del auto de diez de mayo del año en curso, dictado por la junta responsable en el expediente laboral 1/17/0735. b) copia del acuerdo de veintiuno de mayo de la presente anualidad, emitido en el expediente laboral que se indica en el inciso anterior. c) copia de la resolución interlocutoria dictada el nueve de agosto en curso, en autos del referido expediente laboral. Documentales que se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto del cotejo y compulsa que solicita la quejosa, indíquesele que se proveerá lo conducente una vez que la autoridad responsable rinda su informe con justificación. Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Emplazamiento de terceros Con relación a los terceros interesados, resérvese proveer lo conducente hasta que se reciba el informe justificado de la responsable. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio Por así haberlo solicitado el quejoso y toda vez que los licenciados *** y ***, se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; mientras que únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***, por no hallarse registrado en el sistema de referencia y no proporcionar su número de cédula. Lo anterior, atendiendo la tesis VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021840, del tenor siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, en términos del artículos 24 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la peticionaria de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15 del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A las autoridades responsables: Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en sus instalaciones. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J.176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Para tal efecto, las partes o sus autorizados deberán agendar una cita en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, a fin de contar con autorización para ingresar a las instalaciones de este Juzgado Federal, en el entendido que el servicio de fotocopiado no lo proporciona este Juzgado y está supeditado a que, en el día correspondiente, exista habilitado ese servicio en las instalaciones del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad. Modalidad de acceso para la consulta del expediente. Por otra parte, infórmese a las partes que el numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, indica que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese electrónicamente y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de dicha junta; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. En consecuencia, resulta evidente que no ha transcurrido el término de ocho días que debe mediar entre la notificación al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que con el presente se tiene por recibido el informe que se indica en el primer párrafo. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional pactada para esta fecha y para su desahogo se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Ahora, de las constancias que acompañan el informe que se provee, se advierte que el juicio laboral 1/17/0735 fue promovido por ***, contra ***, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y/o ***, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se reconoce a la parte demandada en el juicio de origen el carácter de tercero interesado, debiendo ser emplazado a juicio en el domicilio ubicado en calle ***, número *** (***), Unidad Habitacional Benito Juárez, en esta ciudad, corriéndole traslado con la demanda de amparo y acuerdo admisorio dictado el treinta y uno de agosto del presente año, haciéndole saber la fecha y hora señaladas a fin de que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.kod*
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