Zoila Alexandra Suconata Malla y Otros.
Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Zoila Alexandra Suconata Malla
- Zoila Alexandra Suconata Malla y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se tiene que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, pues se concedió la suspensión de plano. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III, del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por otra parte, toda vez que el original del incidente derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese por lista a las partes y por oficio las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obren únicamente como correspondan el oficio enviado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el que, remite constancias del juicio de amparo ****** de su índice, en razón de que el nueve de los actuales se sobreseyó fuere de audiencia el presente asunto. Acúsese el recibo de estilo. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 682/2022-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el tres de agosto del año en curso, ******* en representación de las directamente agraviadas *******, ******* y *******, solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración En Ciudad Juárez, y otras autoridades, y otras autoridades, a quienes les reclamó la privación ilegal de la libertad, la negativa de petición de visa humanitaria, la negativa a tramitar el reconocimiento de calidad de refugiadas así como la orden de deportación emitida en su contra, solicitando la suspensión provisional y definitiva de dichos actos. SEGUNDO. Tramitación del incidente. En auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, posterior a la aceptación de la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, y la ratificación de la demanda de la directamente agraviada, se ordenó la tramitación de este incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual, se celebró de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración Adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, negó la existencia de los actos; sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión. Tercero. Concede suspensión definitiva. Por otra parte, se advierte que no obran en autos los informes previos de las autoridades responsables Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, ambos en esta ciudad, no obstante que fueron oportunamente requeridos para tal efecto según se advierte de la constancia de notificación que ampara la entrega de los oficios por los cuales se les solicitó, el cinco de agosto del año en curso, por lo que, se tienen por ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Respecto a la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, esta Juzgadora Federal estima necesario, señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. En relación con lo dispuesto por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la negativa de petición de visa humanitaria y la negativa a tramitar el reconocimiento de calidad de refugiadas. Ante ello, esta juzgadora federal considera necesario desarrollar un análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, la no contravención al orden público y al interés social. El principio de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora El principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a alcanzar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede resolverse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En ese sentido, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues se establece que para el otorgamiento de la suspensión es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que dejen de observarse los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es decir, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador sólo para el otorgamiento de la suspensión, sin soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, la verosimilitud del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo cual se justifica, en razón de que las medidas cautelares, más que destinarse a hacer justicia, se dirigen a dar tiempo a ésta para cumplir eficazmente su objetivo. En relación al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que únicamente para el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse de manera simultánea el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público. Lo anterior, se justifica con el propio contenido del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige como requisito analizar la naturaleza de la violación alegada ?con la reforma del seis de junio de dos mil se exige analizar la apariencia del buen derecho y el interés social?. Lo cual significa que el juzgador debe sopesar la naturaleza de la violación con el perjuicio al agraviado y a los terceros, si los hay, y con el interés social; por ello, las decisiones que se tomen dependerán del examen comparativo de dichos elementos, pues el análisis de la naturaleza de la violación alegada implica el de sus características, su importancia, su gravedad y, sobre todo, su trascendencia social. En consecuencia, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador al momento de otorgar la suspensión, sin que deje de observar los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que debe ponderar simultáneamente el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social u orden público para determinar su procedencia. Además, es de destacar que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto controvertido sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto que constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del quejoso, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último o, más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a la parte quejosa. Ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esta medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Dicho en otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, implica ?inclusive? verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso. Otro requisito específico de la medida cautelar es el peligro en la demora, esto es, que en razón del transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resultan prácticamente inoperantes. El requisito de mérito se basa en el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que, en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida. Además, para su estudio sigue la misma suerte que el de apariencia del buen derecho. El orden público y el interés social Ahora, respecto a la determinación de las acepciones de "orden público" e "interés social", cabe mencionar que éstos se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición unívoca, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En efecto, al delimitar tales conceptos se deben observar las circunstancias especiales del caso, para así explicar ?de manera fundada y motivada? si el orden público o el interés social pueden verse afectados por la concesión de la medida cautelar. Esto es, los conceptos de orden público e interés social, son indeterminados jurídicamente. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con dicha institución. Pues bien, en el particular esta juzgadora considera que no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la suspensión ya que, como fue dicho en el apartado anterior, organismos nacionales e internacionales han emitido diversos pronunciamientos que señalan la responsabilidad del Estado de garantizar en la mayor medida posible el acceso a los derechos fundamentales correspondientes a todo individuo. Por otra parte, en el caso particular la concesión de la suspensión definitiva a la aquí quejosa no trasciende más allá de su esfera jurídica y no existen mayores repercusiones que puedan considerarse gravosas a derechos subjetivos de terceros, existiendo a su vez el interés de la sociedad y la comunidad internacional de que los principios mínimos de protección convencional sean respetados y garantizados por el Estado. Dado el análisis sobre la procedencia de la medida cautelar recién efectuado, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Efectos de la suspensión En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión deben fijarse, lo cual implica requerir a las autoridades responsables a efecto de que den acceso a las quejosas para el inicio de los trámites migratorios para el reconocimiento de condición de refugiados o de algún otro que proceda y para que en el caso de que el quejoso hayan realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberá resolverse sobre dicha solicitud dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto; lo anterior a virtud que la quejosa refiere haberlo solicitado y que no se le ha permitido el acceso a ese derecho. Para efectos de lo anterior, se requiere a las autoridades pertenecientes al Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, para que un término de setenta y dos horas contado a partir de que quede notificado de esta determinación, deberá expedir a la quejoso la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada y remitir dicha solicitud a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva y en virtud de las características especiales del quejoso sobre la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiadas de *******, ******* y *******, velando porque se cumplan en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1. Que sean notificadas de la existencia de un procedimiento y la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2. El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3. En caso de ser necesario se les proporcione un traductor y/o intérprete. 4. Se garantice el acceso efectivo de las quejosas a la comunicación y asistencia consular. 5. Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6. Se informe a las quejosas la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7. El proceso migratorio se efectúe plazo razonable de duración del proceso. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, dictada dentro de la queja administrativa 20/2020 de diez de enero del año próximo anterior; lo cual constituye un hecho notorio para quien resuelve. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: Primero. Se niega a *******, ******* y *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Se concede a *******, ******* y *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obre únicamente como antecedente el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en razón de que el nueve de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio por desistimiento de la parte quejosa. Asimismo, como lo solicita la promovente, expídasele copia certificada de lo que solicita, conforme a lo que establece el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la propia ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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