Zeferina López Contreras
Expediente 605/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Zeferina López Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, a través de la cual se sobreseyó este asunto, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 605/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* promovió demanda de amparo en contra de la Directora General de Asentamientos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez, de quien reclamó: a) la omisión de responder a la petición que dijo haberle formulado, b) la omisión de darle intervención en el procedimiento-denuncio seguido respecto del bien inmueble del que dice ser poseedora, c) la orden de desalojo dictada respecto del bien inmueble del que dice ser poseedora; mientras que del Secretario de Seguridad Púbica Municipal de Ciudad Juárez, la ejecución de la orden de desalojo. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno (foja 7), se admitió a trámite la demanda; asimismo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: De la Directora General de Asentamientos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez: La omisión de responder a la petición que dijo haberle formulado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. La orden de desalojo dictada respecto del bien inmueble del que dice ser poseedora, ubicado en *******, en esta ciudad. La omisión de darle intervención en el procedimiento-denuncio, sin número de expediente, seguido por ******* (aquí tercero interesada), respecto del bien inmueble del que dice ser poseedora. Del Secretario de Seguridad Púbica Municipal de Ciudad Juárez: La ejecución de la orden de desalojo dictada por la diversa autoridad responsable. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado atribuido al Secretario de Seguridad Púbica Municipal, pues así lo señaló al rendir su informe con justificación. Por su parte, la Directora General de Asentamientos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez, negó la existencia de los actos que le fueron reclamados. Al respecto, se desvirtúa la negativa vertida por lo que hace a la omisión de dar a la quejosa intervención en el procedimiento-denuncio, sin número de expediente, seguido por ******* (aquí tercero interesada), respecto del bien inmueble del que dice ser poseedora, al advertirse de las constancias remitidas por dicha autoridad, su certeza; esto es, que efectivamente, no se le ha dado intervención alguna en tal asunto. Enseguida, como se desprende de la copia certificada del expediente sin número relativo al procedimiento-denuncio, seguido por ******* (aquí tercero interesada), no se ha emitido orden de desalojo alguna en contra de la aquí quejosa, por lo que dicho acto, como lo acotó al rendir su informe con justificación, es inexistente. Luego, respecto a la omisión de responder a la petición que la quejosa dijo haberle formulado mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, es pertinente destacar que la accionante del amparo no acreditó de forma alguna, haber formulado dicha solicitud a la autoridad en comento, de modo que, también dicho acto es inexistente. Sobre el punto, es oportuno considerar que cuando el acto reclamado sea la omisión de atender a una petición, debe entenderse que la carga de la prueba relativa, la tienen las autoridades, quienes se encuentran obligadas a demostrar que no incurrieron en las conductas reprochadas, siempre y cuando la parte quejosa hubiere demostrado haber formulado la solicitud respectiva; lo cual, como se acotó previamente, la quejosa no efectuó. En esa medida, al no obrar constancia de que la quejosa haya presentado petición alguna ante la referida autoridad responsable, es inconcuso que el acto negativo en comento, que le fue atribuido a la autoridad en cita -tal como ésta lo acotó en su informe justificado- resulta inexistente. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados arriba señalados, a las autoridades en comento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de acto reclamado. Luego, respecto al diverso acto reclamado a la Directora General de Asentamientos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez, consistente en la omisión de dar intervención a la aquí quejosa, en el procedimiento-denuncio, sin número de expediente, seguido por ******* (aquí tercero interesada), respecto del bien inmueble del que dice ser poseedora aquélla, como se dijo en el considerando previo, se tiene como cierto. Lo anterior, pues de las constancias que integran el procedimiento-denuncio, sin número de expediente, seguido por *******, respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, no se desprende que en momento alguno, se le haya dado a ésta intervención, a pesar de que, aparentemente, se encuentra en posesión de dicho inmueble. Las constancias remitidas por tal responsable gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un funcionario en uso de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es la propia autoridad en comento. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que no posee legitimación para acudir al juicio de amparo, quien no acredite resentir algún perjuicio por cierto acto u omisión de la autoridad, en su derecho subjetivo o en su interés legítimo. La noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a defender sus derechos humanos. Afectación que concierne demostrar la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones, lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. Bajo el anterior orden de ideas, se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos a) la existencia y titularidad de un derecho legítimamente tutelado, y el segundo b) el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa, personal o directo en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad; lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la comprobación del interés jurídico, mismo que no puede tenerse por acreditado por el sólo hecho de haber promovido el juicio constitucional, sino que debe demostrarse que el acto reclamado lesiona a la parte quejosa en los derechos que legítimamente le sean tutelados por la ley. Así las cosas, como se precisó, la quejosa se duele de que la Directora General de Asentamientos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez omitió darle intervención en el procedimiento-denuncio, sin número de expediente, seguido por ******* (aquí tercero interesada), respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad del que dice ser poseedora aquélla. Es así, ******* aquí quejosa, aduce contar con el derecho de posesión del bien inmueble en cuestión, por lo que, pretende que se le dé intervención en el referido expediente. Empero, la accionante del amparo, en este juicio constitucional no acreditó con medio de convicción eficaz alguno, la posesión que adujo tener respecto del bien inmueble multicitado. En efecto, únicamente aportó una prueba: la documental, consistente en copia simple de la cédula profesional de su autorizado en amplios términos, licenciado *******. Con ello, obvio es, no se demuestra de forma alguna, la posesión que ******* aquí quejosa, adujo ostentar respecto del bien inmueble en cuestión, ni mucho menos de dónde derivó la misma, es decir, en qué título se basa la posesión (que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer); pues la accionante del amparo se limitó a afirmar que gozaba de la posesión del inmueble en cuestión, pero en ningún momento adujo de dónde dimanó ésta, circunstancia que, tampoco acreditó con medio de prueba alguno. De ahí que no se produce afectación directa y personal en su esfera jurídica. Lo anterior, pues como fue explicado previamente, sólo en la parte accionante del amparo, recae el deber de acreditar fehacientemente el interés jurídico con que comparece al juicio constitucional; mismo que, se reitera, debe probarse fehacientemente, no con base en presunciones. De modo que, al omitir la aquí quejosa, ofertar medio de prueba eficaz alguno, tendiente a demostrar el interés jurídico que adujo tener respecto al acto reclamado en comento, con relación al bien inmueble del que adujo ser poseedora, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada y procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo en términos de los numerales 61, fracción XII, 5º, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en la presente fecha se encuentra programada la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Sin embargo, de la certificación que antecede, se desprende que existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que, entre la fecha de emplazamiento de la tercera interesada, ********** (siete de octubre de dos mil veintiuno), y el día de hoy, no media los ochos días de ley, necesarios para que ésta se imponga de los autos. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, de conformidad con el artículo 115, de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. GNMA
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Súmense a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que consten como legalmente corresponda, con lo cual el Director de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez, Chihuahua, remite a este juzgado copia certificada del expediente sin número de folio registrado a nombre de **********. Dado que dichas constancias atañen al informe justificado que la referida autoridad responsable rindió con anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido se ordena dar vista a las partes a fin de que realicen las manifestaciones que estimen pertinentes. Lo anterior, tómense en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, de conformidad con el artículo 124, de la ley de la materia. Se tiene a la oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio, en términos del artículo 28, de la ley en comento. Ahora, de las constancias recibidas se advierte que le asiste el carácter de tercera interesada a Elvira Cecilia García Bustamante, por lo que, se le reconoce tal carácter, de acuerdo al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita para que se constituya en el domicilio ubicado en **********, de esta ciudad, y en apego a lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la mencionada ley, emplacen a juicio a la tercera interesada en comento, debiéndole entregar copia simple de la demanda de ampro, auto de admisión y del de esta fecha, en el que se asienta la hora y data de programación para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que en la presente fecha se encuentra programada la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Sin embargo, se desprende que existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que con esta fecha se ha reconocido el carácter de tercera interesada a **********e, cuyo emplazamiento está pendiente de verificarse. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115, de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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