Wilibaldo Bucio Mendoza

Expediente 772/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
772/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Wilibaldo Bucio Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja 16/2021 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión pública ordinaria virtual de once de febrero de dos mil veintiuno, resolvió: ".ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 667/2021, al que se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria de mérito; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintiuno. SE ADMITE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito y remitido vía electrónica por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja, hecho valer por la parte promovente, quedando registrado con el número 16/2020. De lo anterior este tribunal toma conocimiento, en espera de la resolución que se dicte en torno al recurso de que se trata; asimismo, como lo solicita el Tribunal de Alzada, hágase disponible el presente asunto a fin de que pueda ser vinculado a su sistema, por lo que se instruye al Analista Jurídico adscrito a este juzgado para que realice lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. CUMLE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta suscrito por quien se ostenta como defensor del quejoso Wilibaldo Bucio Mendoza, mediante el cual cumple con prevención que le fue formulada mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. ANÁLISIS El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda se desprende que Wilibaldo Bucio Mendoza, reclama de las autoridades señaladas como responsables, el auto de formal prisión dictado el siete de febrero de dos mil veinte dentro del proceso penal 112/2011; acto del cual según se desprende de la lectura del escrito aclaratorio tuvo conocimiento el siete de febrero de dos mil veinte, pues en el mismo refiere bajo protesta de decir verdad: ".me permito señalar que la fecha de notificación del acto que señalo como reclamado consiste en el auto de formal prisión de 07 siete de febrero de 2020 dos mil veinte, dictado en contra de mi defendido Wilibaldo Bucio Mendoza, dentro del proceso penal 112/201, éste fue notificado a la defensa del referido quejoso, por conducto del suscrito mediante una cédula de notificación el día 07 siete de febrero de 2020 dos mil veinte.". Lo anterior evidencia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Carta Magna, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha normatividad, pues de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, mismo que en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el primero de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos, toda vez conforme a lo manifestado por la propia quejosa, desde el siete de febrero de dos mil veinte, tuvo conocimiento de la existencia del acto que comparece a reclamar en la presente instancia constitucional y sus consecuencias, por lo que resulta claro que en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cómputo para la presentación de la presente demanda inició el día once de febrero de dos mil veinte, concluyendo el día dos de marzo del mismo año, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes (incluyendo los días suspendidos por la pandemia de la enfermedad Covid-19), sin que haya comparecido a solicitar la apertura de esta instancia, hasta el dieciocho de noviembre del presente año, fecha en que presentó el libelo que se analiza ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y para la cual el término de quince días de que disponía para impugnar el acto que ahora reclama, al tenor del artículo 17 de la ley de la materia, ya había fenecido. En consecuencia, resulta claro e indudable que la presentación del escrito de demanda se promovió de manera extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desecharla. Aunado a ello, existen las manifestaciones vertidas por el propio quejoso, mismas que deben ser consideradas como una confesión que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que si bien el acto reclamado constituye un ataque a la libertad personal de la aquí quejosa, lo cierto es que de su escrito aclaratorio se obtiene que el auto de formal prisión dictado en su contra fue dictada dentro del proceso penal 112/2011; lo cual, conduce a estimar, que no se encuentra actualizado el supuesto a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier momento cuando se impliquen actos relativos a la libertad personal fuera de procedimiento. Al respecto resulta aplicable la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 30/94. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de junio en curso, aprobó, con el número 27/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de junio de mil novecientos noventa y seis". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Wilibaldo Bucio Mendoza, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.-

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. CUMLE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta suscrito por quien se ostenta como defensor del quejoso Wilibaldo Bucio Mendoza, mediante el cual cumple con prevención que le fue formulada mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. ANÁLISIS El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda se desprende que Wilibaldo Bucio Mendoza, reclama de las autoridades señaladas como responsables, el auto de formal prisión dictado el siete de febrero de dos mil veinte dentro del proceso penal 112/2011; acto del cual según se desprende de la lectura del escrito aclaratorio tuvo conocimiento el siete de febrero de dos mil veinte, pues en el mismo refiere bajo protesta de decir verdad: ".me permito señalar que la fecha de notificación del acto que señalo como reclamado consiste en el auto de formal prisión de 07 siete de febrero de 2020 dos mil veinte, dictado en contra de mi defendido Wilibaldo Bucio Mendoza, dentro del proceso penal 112/201, éste fue notificado a la defensa del referido quejoso, por conducto del suscrito mediante una cédula de notificación el día 07 siete de febrero de 2020 dos mil veinte.". Lo anterior evidencia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Carta Magna, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha normatividad, pues de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, mismo que en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el primero de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos, toda vez conforme a lo manifestado por la propia quejosa, desde el siete de febrero de dos mil veinte, tuvo conocimiento de la existencia del acto que comparece a reclamar en la presente instancia constitucional y sus consecuencias, por lo que resulta claro que en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cómputo para la presentación de la presente demanda inició el día once de febrero de dos mil veinte, concluyendo el día dos de marzo del mismo año, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes (incluyendo los días suspendidos por la pandemia de la enfermedad Covid-19), sin que haya comparecido a solicitar la apertura de esta instancia, hasta el dieciocho de noviembre del presente año, fecha en que presentó el libelo que se analiza ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y para la cual el término de quince días de que disponía para impugnar el acto que ahora reclama, al tenor del artículo 17 de la ley de la materia, ya había fenecido. En consecuencia, resulta claro e indudable que la presentación del escrito de demanda se promovió de manera extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desecharla. Aunado a ello, existen las manifestaciones vertidas por el propio quejoso, mismas que deben ser consideradas como una confesión que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que si bien el acto reclamado constituye un ataque a la libertad personal de la aquí quejosa, lo cierto es que de su escrito aclaratorio se obtiene que el auto de formal prisión dictado en su contra fue dictada dentro del proceso penal 112/2011; lo cual, conduce a estimar, que no se encuentra actualizado el supuesto a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier momento cuando se impliquen actos relativos a la libertad personal fuera de procedimiento. Al respecto resulta aplicable la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 30/94. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de junio en curso, aprobó, con el número 27/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de junio de mil novecientos noventa y seis". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Wilibaldo Bucio Mendoza, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.-

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