Wendy Jade Towne

Expediente 832/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
832/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Wendy Jade Towne

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe Claudia Patricia Rodríguez Millán, a través del cual cumple con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno. SE RECONOCE PERSONALIDAD Con base en la copia certificada del expediente de origen que exhibe la promovente, se reconoce a Wendy Towne ó Wendy Jane Towne, el carácter de albacea de la sucesión a bienes de David Lance Archer Stahly, con el que comparece en esta instancia constitucional, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso particular, la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: a) C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN. Con domicilio en Libramiento Ignacio Zaragoza esquina con calle Ciprés, Colonia Centro de Pátzcuaro, Michoacán. AUTORIDAD EJECUTORA: b) H. JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN. Con domicilio en Carretera a Ario de Rosales entronque a Paramuen, Salvador Escalante, Michoacán. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Reclamo de la autoridad responsable señalada en el inciso "a", el acuerdo de fecha de 31 de agosto de 2021, dictado en el expediente 197/2020 en el cual el Juez de primera instancia revocó sus propias determinaciones, dejando sin efectos los autos de fechas 30 de junio y 15 de julio ambos de 2021, por el cual suprimió derechos procesales adquiridos, sin que hubiese recurso alguno y que de ejecutarse en este momento ocasionarian actos de imposible reparación para la masa hereditaria de la cual mi poderdante es albacea. 2. Reclamo de la autoridad responsable señalada en el inciso "a", la desigualdad entre las partes, el desequilibrio procesal, las violaciones a derechos adquiridos y el trámite diverso a lo que corresponde en el expediente 197/2020, tal como lo prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, como consagra nuestra Constitución en el artículo 17, párrafo segundo, creando con ello un detrimento al patrimonio de la sucesión. 3. Reclamo de la autoridad responsable señalada en el inciso "a", el oficio girado a la Junta Local de Sanidad ordenado en el auto de 31 de agosto de 2021, en el cual ostenta a Marco Antonio Reyes Barriga como supuesto administrador de los bienes del de cujus, y deja sin efectos las autorizaciones concedidas en los autos de fechas 30 de junio y 15 de julio ambos de 2021. 4. Reclamo de la autoridad responsable señalada en el inciso "b", la ejecución del acuerdo de 31 de agosto de 2021, ya que a la fecha ya esta listo el trámite para el corte del aguacate y dicho acuerdo obstaculizaría el seguimiento, lo cual sería en detrimento de la masa hereditaria de la sucesión." De la transcripción anterior se obtiene como acto reclamado el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia en el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 197/2020, bienes de David Lance Archer Stahly, en el que dejó sin efectos las autorizaciones concedidas a la albacea Wendy Jane Towne, en proveídos de treinta de junio y quince de julio, ambos del año en curso, para realizar contrataciones con dos empresas en beneficio del rancho El Jabalí, propiedad del de cujus. Determinación que se tomó con base en que Marco Antonio Reyes Barriga, en cuanto administrador del de cujus exhibió poder notarial en su favor para actos de administración, vigente. Ahora, en relación con el acto reclamado el que suscribe advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de impugnación ordinario que la legislación en la materia establece, consistente en el recurso de apelación, según se verá a continuación: Los artículos 682 y 1010 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, establecen lo siguiente: "Artículo 682. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Apelación revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. No obstante lo dispuesto anteriormente, en los procedimientos relacionados con derechos de incapaces, se suplirá la deficiencia de la queja. Artículo 1010. Los autos dictados en los juicios sucesorios y la resolución declarando herederos de un intestado o que es legítimo un testamento, son apelables en el efecto devolutivo, salvo las excepciones expresas de la ley." De dichos preceptos se obtiene que en contra de los autos dictados en los juicios sucesorios procede el recurso de apelación. Por tanto, en el caso particular, la quejosa debió agotar el recurso ordinario de apelación, en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, previo a acudir a esta instancia constitucional, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que su demanda deviene improcedente; además de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción, previstos por los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.6o.C. J/37, localizable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, sustenta la determinación a que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.3o.C. J/39, página 1214, tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." También la jurisprudencia emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, contenido en la tesis VI.3º.C.J/62, página 1665, XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Los criterios de jurisprudenci que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Wendy Towne ó Wendy Jane Towne, por conducto de su apoderada Claudia Patricia Rodríguez Millan, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán. Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa en su demanda refiere que no está en posibilidad de agotar el recurso correspondiente en virtud de que el Juzgado de origen se encuentra en paro laboral y que por ello resulta aplicable la tesis del rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEJAN DE LABORAR Y ELLO IMPIDE QUE LOS RECURSOS Y MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA QUE PROCEDAN CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS SE SUSTANCIEN Y RESUELVAN CON PRONTITUD"; no obstante ello, la quejosa debió agotar el recurso de apelación que se señaló con anterioridad, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo; además, la tesis que invoca la quejosa en el sentido de que las partes no se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, si los tribunales se encuentra cerrados con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, no es vinculante para este juzgador en virtud a que fue sustentada en un circuito diverso al que este órgano jurisdiccional pertenece, por lo que no se encuentra obligado a acatarla en sus términos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-832/2021. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda que promueve Claudia Patricia Rodríguez Millán, quien se ostenta apoderada de WENDY TOWNE, también conocida como WENDY JANE TOWNE, en cuanto albacea de la sucesión a bienes de David Lance Archer Stahly, con apoyo en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. Toda vez que la promovente manifiesta que la quejosa Wendy Towne ó Wendy Jane Towne, es albacea de la sucesión a bienes de David Lance Archer Stahly, deberá acreditar fehacientemente su personalidad con copia certificada de las constancias en la cual se le haya reconocido tal carácter dentro del juicio de origen 197/2020, toda vez que las constancias que exhibe son copia certificada por Notario Público, empero dicho fedatario no tiene facultades para certificar copias de un expediente judicial, razón por la cual dichas constancias no generan convicción respecto a su autenticidad. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis "Registro digital: 175289 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C.473 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1056 Tipo: Aislada NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE FACULTADES PARA CERTIFICAR COPIAS O REPRODUCCIONES DE ACTUACIONES, DOCUMENTOS Y EN GENERAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES POR TRATARSE DE UNA FUNCIÓN EXCLUSIVA DE UN FUNCIONARIO DIVERSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Al tenor del artículo 73, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil tres, es obligación de los secretarios de Acuerdos de los órganos jurisdiccionales de esta entidad, expedir copias certificadas de los expedientes que se encuentran en el tribunal de su adscripción; en tanto que, al tenor del numeral 18, fracción II, de la Ley del Notariado para esta entidad, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dos de febrero de dos mil cuatro, los notarios públicos tienen prohibido certificar o validar actos o hechos cuya autentificación corresponde exclusivamente a otro funcionario, de lo que se concluye que a los fedatarios públicos les está vedado certificar copias o reproducciones de actuaciones, documentos y, en general, de expedientes judiciales por tratarse de una función exclusiva de un funcionario diverso. Amparo en revisión 369/2005. Josefina Cruz López. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo. Nota: Por ejecutoria del 30 de enero de 2019, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 331/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva." De igual manera, se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 200084 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 43/96 Página: 48 PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito. 10 de junio de 1996. Mayoría de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 43/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis. Nota: En esta tesis se abandona el criterio sustentado en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL." y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, (Materia Común), páginas 249 y 255. 2. Deberá exhibir copia simple de los proveídos de treinta de junio, quince de julio y treinta y uno de agosto, todos del año en curso, o bien, bajo protesta de decir verdad, reproduzca de manera íntegra su contenido: lo anterior, no obstante de que exhibió algunas constancias de dicho juicio en copia certificadas por Notario Púbico, empero dicho fedatario no tiene facultades para certificar copias de un expediente judicial. 3. Indique si los antecedentes los hace bajo protesta de decir verdad, ya que no dice nada al respecto y es un requisito formal que debe manifestarse de manera expresa en el escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia ./J. 4/2020 (10a.), publicada en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Décima Época, con registro 2022217, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar. Contradicción de tesis 192/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 30 de abril de 2020. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Tesis y/o criterios contendientes: El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 192/95, el cual dio origen a la tesis aislada VI.3o.5 K, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARACIÓN DE. CUANDO SE CONTIENE EN LA DEMANDA Y NO EN EL ESCRITO ACLARATORIO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, página 505, con número de registro digital: 205054 y El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 172/2016, la cual dio origen a la tesis aislada XXVII.3o.105 K (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SÓLO ES EXIGIBLE QUE SE CONTENGA EN EL ESCRITO ACLARATORIO LA EXPRESIÓN FORMAL 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 108, FRACCIONES II Y V, DE LA LEY DE LA MATERIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, Tomo II, diciembre de 2016, página 1730, con número de registro digital: 2013260, y El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, al resolver la queja 55/2019. El Tribunal Pleno, el veintinueve de septiembre en curso, aprobó, con el número 4/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 13 de octubre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." 4. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si sabe o tiene conocimiento que algunas de las partes en el juicio de origen 197/2020, ha promovido diverso juicio de amparo y, en caso afirmativo, precise los datos de identificación de dicho juicio, como son el órgano jurisdiccional al que correspondió conocer del asunto y número de expediente. 5. Para que, de su escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, debiendo tener en consideración, que atendiendo a la forma en que se plantea la demanda de amparo, se requiere una para cada autoridad responsable, otra para cada uno de los terceros interesados, una más para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos para formar el incidente de suspensión. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente del amparo, para el caso de no cumplir con lo requerido con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. SE AUTORIZA CONSULTA DE EXPEDIENTE Y PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES, VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con el artículo artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa, así como la práctica de notificaciones, vía electrónica, con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación "gaby.ccastilloh" Se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como al actuario de la adscripción, a fin de que realice las gestiones necesarias para tal efecto. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a Dennis John Peyton Callan y Gabriela Carolina Castillo Hernández, como autorizados de la parte quejosa, con las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la ley de la materia, en virtud que sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que Claudia Patricia Rodríguez Millan, únicamente estará autorizada para recibir notificaciones e imponerse de autos, en término de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.

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