Williams Carpio Loaiza
Expediente 1380/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Williams Carpio Loaiza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el seis de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Por oficio presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Así, en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por parte de la responsable. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha emitido el auto de radicación respectivo, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea lo relativo al auto de radicación de la demanda identificada con el número ********************." - La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fecha once de enero de dos mil veintitrés, emitió un acuerdo en donde se proveyó sobre la radicación de la demanda en la cual se señaló día y hora para la celebración de la audiencia inicial dentro del juicio laboral número ********************. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de seis de enero de dos VISTA CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de seis de enero de dos mil veintitrés, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. CUENTA CON AUTOS. Sin que sea necesario requerir a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, virtud a que mediante oficio número J3-42/2023-PRESIDENCIA de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del auto de once de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 3-B/2010/2022, en el que radicó la demanda promovida por el aquí quejoso, señalando las diez horas de dos de febrero del año en curso para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con lo cual pretende acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. VISTA CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE IV-1380/2022, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNA, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo IV-1380/2022, promovido por Williams Carpio Loaiza, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 179, para su acuerdo Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. asimismo agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la presente audiencia constitucional. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad1 . EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable exhibió, documentales relativas al juicio ordinario laboral 3B-2010/2022 de su índice, pruebas que en la presente audiencia se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-1380/2022, promovido por Williams Carpio Loaiza contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, ****************************************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este juzgado federal, ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que señaló en su escrito de demanda y los actos que precisó de la siguiente manera:****************************************"A) La omisión de admitir la demanda, señalamiento de fecha de audiencia dentro del término de 15 como refiere la ley de la materia.****************************************B) El emplazamiento a juicio ya que se teme no se realice, acto derivado del expediente ordinario número ********************, dado que ya pasaron con demasía los días que estipula el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y como consecuencia la paralización total del procedimiento.(.)".****************************************Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1°, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************SEGUNDO. En proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el expediente IV-1380/2022, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos del acta que antecede, misma que fue presidida por Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como Encargado del Despacho, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022; y,********************C O N S I D E R A N D O: ********************PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor.********************No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece.********************SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación.********************TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia.********************Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."********************En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en:********************La omisión para radicar la demanda laboral identificada con el número de expediente laboral ********************.********************La omisión de emplazar a juicio dentro del juicio ordinario laboral ********************.****************************************CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral identificada con el número de expediente laboral ********************.********************Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." ****************************************Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario laboral ********************, obrando únicamente la demanda inicial del juicio natural.********************Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: ********************Época: Quinta Época ********************Registro: 394182 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN ********************Materia(s): Común ********************Tesis: 226 ********************Página: 153 ********************"DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´".********************QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público.********************El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación:********************Época: Octava Época ********************Registro: 206296 ********************Instancia: Primera Sala ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988********************Materia(s): Común ********************Tesis: Página: 191****************************************"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin".****************************************De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************Época: Séptima Época ********************Registro: 394239 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN ********************Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190****************************************"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales".****************************************Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto.****************************************SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El único concepto de violación hecho valer es esencialmente fundado, por lo que ve al acto identificado con el inciso a) consistente en la omisión para radicar la demanda laboral identificada con el número de expediente laboral ********************.********************Lo antes dicho con sustento en lo señalado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración, de rubro y contenido siguiente:****************************************Tesis: 2a./J. 192/2007 ********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************Número de identificación 171257 ********************Segunda Sala********************Tomo XXVI, Octubre de 2007********************Página 209********************Jurisprudencia (Constitucional)****************************************"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.".****************************************Ahora, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio de los actos reclamados en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos, realizar el pronunciamiento respectivo. ****************************************Lo antes dicho atendiendo a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración, cuyo texto es el siguiente:********************Tesis: 2a./J. 55/98 ********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************Número de identificación 195745 ********************Segunda Sala********************Tomo VIII, Agosto de 1998********************Página 227********************Jurisprudencia (Común)****************************************"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.".******************** ********************Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido.********************Se dice lo anterior, pues efectivamente, quien esto resuelve estima que la autoridad señalada como responsable en su actuar se ha apartado, en perjuicio de la parte quejosa, de la garantía tutelada por el artículo 17 Constitucional, ante la existencia de una omisión en la impartición de justicia prevista en dicho precepto.********************El artículo constitucional en comento, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial.********************Ahora, una de las característica esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo, lo que aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitación y resolución de los juicios laborales.********************En conclusión, hay trasgresión a las garantías constitucionales cuando existe omisión o dilación en la radicación o en el trámite de un juicio laboral, así como cuando, durante la sustanciación de dicho juicio, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento en los tiempos fijados por la ley.********************En efecto, nuestro Máximo Tribunal de Amparo sostuvo que el juicio laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada para obtener el dictado de un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que la omisión o el retraso de actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, lo que trae como consecuencia la vulneración a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, debido a que la administración de justicia por la junta laboral no se realizara en los plazos y términos que fija la ley.********************Los puntos antes reseñados descansan en la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia por contradicción de tesis 219/2006-SS, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:****************************************Tesis: 2a./J. 44/2007********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************Número de identificación 172833 ********************Segunda Sala********************Tomo XXV, Abril de 2007********************Página 373********************Jurisprudencia (Laboral)****************************************"AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones.". ********************En el caso, la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló que efectivamente no se ha emitido el acuerdo de radicación correspondiente, en relación al escrito de demanda presentado por el aquí quejoso el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral identificado con el número ********************, en atención a que en el propio informe se asentó dicho número de expediente.********************Luego, a propósito del proceso contencioso laboral, conviene señalar el contenido del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, que establece:****************************************"Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley.****************************************Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor".****************************************Como se observa, en el precepto transcrito se establece que una vez recibida la demanda por parte de la Junta, esta deberá dictar acuerdo de radicación dentro de las veinticuatro horas siguientes. ****************************************En ese sentido, si la demanda laboral se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós y hasta la fecha no se ha emitido el auto de radicación de la demanda, es inconcuso que han transcurrido un término que excede en demasía al que alude el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita.********************Consecuentemente, lo procedente es otorgar al quejoso, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que:****************************************Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha emitido el auto de radicación respectivo, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea lo relativo al auto de radicación de la demanda identificada con el número ********************.****************************************Por último, respecto del acto reclamado identificado con el inciso b) consistente en la omisión de emplazar a juicio dentro del juicio ordinario laboral ********************, omisión que se atribuye a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no procede en la especie realizar pronunciamiento alguno, pues en tratándose de actos dilatorios debe limitarse a la etapa procesal específica donde ocurrió la violación, pues así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis:********************"Registro digital: 2005150********************Instancia: Segunda Sala********************Décima Época********************Materias(s): Común********************Tesis: 2a. CV/2013 (10a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732********************Tipo: Aislada****************************************CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013".****************************************Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ********************ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. ********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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