Wendy Esperanza Macias Parra

Expediente 251/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
251/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Wendy Esperanza Macias Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el diecinueve de julio de este año, este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo 252/2018 (acumulado al 251/2018), se negó el amparo a los quejosos ARTEMIO CORIA CASTRO, JUAN CHÁVEZ TÉLLEZ o JUAN CARLOS CHÁVEZ SANABRIA. EFRAÍN RUEDA GARCÍA, JOAQUÍN CORIA ROMERO y GUILLERMO HERNÁNDEZ SANABRIA; mientras que, en el juicio de amparo 251/2018, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa WENDY ESPERANZA MACÍAS PARRA, para que el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera congruente y exhaustiva, los agravios planteado por la quejosa y su defensa, los cuales han quedado identificados en párrafos que anteceden.". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, mediante proveído de veintiuno de agosto de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio presentado el veintiséis de agosto de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acompaño inserto el auto de veintitrés de ese mismo mes y año, a través del cual, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación número I-109/2017. Posteriormente, por oficio presentado el veintisiete de agosto de este año, el magistrado responsable, allegó copias certificadas de la resolución dictada en esa propia fecha, dentro del toca número I-109/2017, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1) Nuevamente, procedió a deja insubsistente la resolución dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del toca penal número I-109/2017. 2) Señaló que las directrices del amparo determinan su cumplimiento únicamente en lo que concierne a la contestación de los agravios a cargo de la defensa, puntualizados en la sentencia biinstancial y que al no comprender la resolución federal los demás aspectos de la determinación constituida como acto reclamado, quedaron intocados. 3) En relación a la omisión advertida en torno a la contestación de específicos agravios expresados por la defensa de la inculpada, con la plenitud jurisdicción que le fue reservada, determinó: I. Inherente a que no se señalaron las circunstancias que acorde a lo establecido en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debían tomarse en cuenta para fijar la medida cautelar consistente en garantía económica, siendo omiso en precisar si para resolver sobre el monto de la garantía económica el juez de control deberá tomar en consideración el peligro de sustracción el imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad, que tampoco se anotó si con ese proceder efectivamente se daba a la medida cautelar el carácter de pena anticipada, si era correcto o no que se tomara en consideración el monto de la reparación del daño para fijar la garantía económica. Determinó que fundado el agravio formulado al respecto, puntualizándose que se quantum no debe tener como antecedente la percepción de constituir un estereotipo equivalente a sanción alguna, cual es el contexto de reparación del daño, y, por ello, modificó el quantum para ser situado en la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos. II. Relativo a la omisión de apreciar si acorde a lo preceptuado por el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez estaba obligado o no a tomar en consideración la idoneidad de la medida solicitada, y si la determinación combatida cumplía con ese requisito; como en lo inherente a pronunciarse sobre si el juez cumplió o no con la obligación de tomar en consideración las características de la imputada, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; puntualizó que el juez si debía atender los puntos destacados. III. Inherente a que en torno a la valoración el dictamen emitido por la evaluadora de riesgos procesales de la Dirección de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, en la parte que expresó agravio la apelante y aquí quejosa, señaló que ese medio de prueba no rompía con el equilibrio procesal, por el hecho de que no fue ofertado como medio de prueba por la fiscalía en la audiencia respectiva, ya que ello no le resta valor, ni es causa para desecharla, y, por lo tanto, respecto al procedimiento, no influyen las reglas del sistema acusatorio en el proceso penal inquisitivo o tradicional o mixto, tocante a que, en efecto, para los fines de la revisión de medidas cautelares se podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba, para que se imponga, conforme, modifique o revoque, y con base en lo generado en audiencia deberá resolver, a partir de la información inmediada por el juez. Señalando además que ese dictamen constituya un rompimiento del equilibrio procesal, pues es un elemento que la ley adjetiva penal exige; tampoco violación a las formalidades esenciales del procedimiento, por ello, no quebranta el principio de control horizontal de la prueba, debido a que la génesis de dicha opinión reside en el indicado antecedente del que debe disponer el juez como imperativo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4) Hecho lo anterior, resolvió modificar la resolución emitida en la audiencia intitulada incidente de cambio y sustitución de medida cautelar de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal número 58/2016-III, instruido a la aquí quejosa, dejando subsistente el establecimiento de las medidas cautelares previstas por el artículo 155, fracciones II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en garantía económica y prohibición de salir sin autorización judicial del país, determinar las consecuencias de dicho establecimiento, la no acumulación de la prisión preventiva, con aquellas, sino su sustitución por las mismas, en los términos que puntualizó; por lo que, al haber sustituido la prisión preventiva como medida cautelar por las diversas señaladas y que éstas no comprometían la libertad personal de la procesada, ordenó girar la comunicación de libertad respectiva al Director del Centro de reclusión donde se encontraba la aquí quejosa. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del toca de penal número I-109/2018; para en su lugar, emitir con fecha veintisiete de agosto de este año, una nueva resolución en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y, analizó de manera congruente y exhaustiva, los agravios planteado por la quejosa y su defensa, y, hecho que fue, resolvió modificar la resolución emitida en la audiencia intitulada incidente de cambio y sustitución de medida cautelar de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal número 58/2016-III, instruido a la aquí quejosa, dejando subsistente el establecimiento de las medidas cautelares consistentes en garantía económica y prohibición de salir sin autorización judicial del país, sustituyendo la prisión preventiva que le había sido impuesta a la quejosa y ordenando su libertad; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que dentro del juicio de amparo número 251/2018, se concedió la medida cautelar solicitada en su etapa provisional y definitiva, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de dichos cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. En cambio, como de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo número 252/2018 (acumulado al juicio de amparo número 251/2018), se desprende que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el original es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicados de los incidentes de suspensión En tanto que los duplicados de los incidentes de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA Y QUEJOSA MIRIAM RAMIREZ RODRIGUEZ Y JOAQUÍN MENDOZA MORENO, ASESORES JURÍDICOS ADSCRITOS A LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON ESE CARÁCTER DE LAS VÍCTIMAS ARTEMIO CORIA CASTRO, JUAN CHÁVEZ SANABRIA, EFRAÍN RUEDA GARCÍA, JOAQUÍN CORÍA ROMERO Y GUILLERMO HERNÁNDEZ SANABRIA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el diecinueve de julio de este año, este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo 252/2018 (acumulado al 251/2018), se negó el amparo a los quejosos ARTEMIO CORIA CASTRO, JUAN CHÁVEZ TÉLLEZ o JUAN CARLOS CHÁVEZ SANABRIA. EFRAÍN RUEDA GARCÍA, JOAQUÍN CORIA ROMERO y GUILLERMO HERNÁNDEZ SANABRIA; mientras que, en el juicio de amparo 251/2018, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa WENDY ESPERANZA MACÍAS PARRA, para que el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera congruente y exhaustiva, los agravios planteado por la quejosa y su defensa, los cuales han quedado identificados en párrafos que anteceden.". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, mediante proveído de veintiuno de agosto de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio presentado el veintiséis de agosto de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acompaño inserto el auto de veintitrés de ese mismo mes y año, a través del cual, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación número I-109/2017. Posteriormente, por oficio presentado el veintisiete de agosto de este año, el magistrado responsable, allegó copias certificadas de la resolución dictada en esa propia fecha, dentro del toca número I-109/2017, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1) Nuevamente, procedió a deja insubsistente la resolución dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del toca penal número I-109/2017. 2) Señaló que las directrices del amparo determinan su cumplimiento únicamente en lo que concierne a la contestación de los agravios a cargo de la defensa, puntualizados en la sentencia biinstancial y que al no comprender la resolución federal los demás aspectos de la determinación constituida como acto reclamado, quedaron intocados. 3) En relación a la omisión advertida en torno a la contestación de específicos agravios expresados por la defensa de la inculpada, con la plenitud jurisdicción que le fue reservada, determinó: I. Inherente a que no se señalaron las circunstancias que acorde a lo establecido en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debían tomarse en cuenta para fijar la medida cautelar consistente en garantía económica, siendo omiso en precisar si para resolver sobre el monto de la garantía económica el juez de control deberá tomar en consideración el peligro de sustracción el imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad, que tampoco se anotó si con ese proceder efectivamente se daba a la medida cautelar el carácter de pena anticipada, si era correcto o no que se tomara en consideración el monto de la reparación del daño para fijar la garantía económica. Determinó que fundado el agravio formulado al respecto, puntualizándose que se quantum no debe tener como antecedente la percepción de constituir un estereotipo equivalente a sanción alguna, cual es el contexto de reparación del daño, y, por ello, modificó el quantum para ser situado en la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos. II. Relativo a la omisión de apreciar si acorde a lo preceptuado por el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez estaba obligado o no a tomar en consideración la idoneidad de la medida solicitada, y si la determinación combatida cumplía con ese requisito; como en lo inherente a pronunciarse sobre si el juez cumplió o no con la obligación de tomar en consideración las características de la imputada, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; puntualizó que el juez si debía atender los puntos destacados. III. Inherente a que en torno a la valoración el dictamen emitido por la evaluadora de riesgos procesales de la Dirección de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, en la parte que expresó agravio la apelante y aquí quejosa, señaló que ese medio de prueba no rompía con el equilibrio procesal, por el hecho de que no fue ofertado como medio de prueba por la fiscalía en la audiencia respectiva, ya que ello no le resta valor, ni es causa para desecharla, y, por lo tanto, respecto al procedimiento, no influyen las reglas del sistema acusatorio en el proceso penal inquisitivo o tradicional o mixto, tocante a que, en efecto, para los fines de la revisión de medidas cautelares se podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba, para que se imponga, conforme, modifique o revoque, y con base en lo generado en audiencia deberá resolver, a partir de la información inmediada por el juez. Señalando además que ese dictamen constituya un rompimiento del equilibrio procesal, pues es un elemento que la ley adjetiva penal exige; tampoco violación a las formalidades esenciales del procedimiento, por ello, no quebranta el principio de control horizontal de la prueba, debido a que la génesis de dicha opinión reside en el indicado antecedente del que debe disponer el juez como imperativo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4) Hecho lo anterior, resolvió modificar la resolución emitida en la audiencia intitulada incidente de cambio y sustitución de medida cautelar de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal número 58/2016-III, instruido a la aquí quejosa, dejando subsistente el establecimiento de las medidas cautelares previstas por el artículo 155, fracciones II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en garantía económica y prohibición de salir sin autorización judicial del país, determinar las consecuencias de dicho establecimiento, la no acumulación de la prisión preventiva, con aquellas, sino su sustitución por las mismas, en los términos que puntualizó; por lo que, al haber sustituido la prisión preventiva como medida cautelar por las diversas señaladas y que éstas no comprometían la libertad personal de la procesada, ordenó girar la comunicación de libertad respectiva al Director del Centro de reclusión donde se encontraba la aquí quejosa. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del toca de penal número I-109/2018; para en su lugar, emitir con fecha veintisiete de agosto de este año, una nueva resolución en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y, analizó de manera congruente y exhaustiva, los agravios planteado por la quejosa y su defensa, y, hecho que fue, resolvió modificar la resolución emitida en la audiencia intitulada incidente de cambio y sustitución de medida cautelar de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal número 58/2016-III, instruido a la aquí quejosa, dejando subsistente el establecimiento de las medidas cautelares consistentes en garantía económica y prohibición de salir sin autorización judicial del país, sustituyendo la prisión preventiva que le había sido impuesta a la quejosa y ordenando su libertad; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que dentro del juicio de amparo número 251/2018, se concedió la medida cautelar solicitada en su etapa provisional y definitiva, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de dichos cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. En cambio, como de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo número 252/2018 (acumulado al juicio de amparo número 251/2018), se desprende que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el original es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicados de los incidentes de suspensión En tanto que los duplicados de los incidentes de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA Y QUEJOSA WENDY ESPERANZA MACIAS PARRA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el diecinueve de julio de este año, este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo 252/2018 (acumulado al 251/2018), se negó el amparo a los quejosos ARTEMIO CORIA CASTRO, JUAN CHÁVEZ TÉLLEZ o JUAN CARLOS CHÁVEZ SANABRIA. EFRAÍN RUEDA GARCÍA, JOAQUÍN CORIA ROMERO y GUILLERMO HERNÁNDEZ SANABRIA; mientras que, en el juicio de amparo 251/2018, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa WENDY ESPERANZA MACÍAS PARRA, para que el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera congruente y exhaustiva, los agravios planteado por la quejosa y su defensa, los cuales han quedado identificados en párrafos que anteceden.". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, mediante proveído de veintiuno de agosto de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio presentado el veintiséis de agosto de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acompaño inserto el auto de veintitrés de ese mismo mes y año, a través del cual, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación número I-109/2017. Posteriormente, por oficio presentado el veintisiete de agosto de este año, el magistrado responsable, allegó copias certificadas de la resolución dictada en esa propia fecha, dentro del toca número I-109/2017, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1) Nuevamente, procedió a deja insubsistente la resolución dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del toca penal número I-109/2017. 2) Señaló que las directrices del amparo determinan su cumplimiento únicamente en lo que concierne a la contestación de los agravios a cargo de la defensa, puntualizados en la sentencia biinstancial y que al no comprender la resolución federal los demás aspectos de la determinación constituida como acto reclamado, quedaron intocados. 3) En relación a la omisión advertida en torno a la contestación de específicos agravios expresados por la defensa de la inculpada, con la plenitud jurisdicción que le fue reservada, determinó: I. Inherente a que no se señalaron las circunstancias que acorde a lo establecido en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debían tomarse en cuenta para fijar la medida cautelar consistente en garantía económica, siendo omiso en precisar si para resolver sobre el monto de la garantía económica el juez de control deberá tomar en consideración el peligro de sustracción el imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad, que tampoco se anotó si con ese proceder efectivamente se daba a la medida cautelar el carácter de pena anticipada, si era correcto o no que se tomara en consideración el monto de la reparación del daño para fijar la garantía económica. Determinó que fundado el agravio formulado al respecto, puntualizándose que se quantum no debe tener como antecedente la percepción de constituir un estereotipo equivalente a sanción alguna, cual es el contexto de reparación del daño, y, por ello, modificó el quantum para ser situado en la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos. II. Relativo a la omisión de apreciar si acorde a lo preceptuado por el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez estaba obligado o no a tomar en consideración la idoneidad de la medida solicitada, y si la determinación combatida cumplía con ese requisito; como en lo inherente a pronunciarse sobre si el juez cumplió o no con la obligación de tomar en consideración las características de la imputada, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; puntualizó que el juez si debía atender los puntos destacados. III. Inherente a que en torno a la valoración el dictamen emitido por la evaluadora de riesgos procesales de la Dirección de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, en la parte que expresó agravio la apelante y aquí quejosa, señaló que ese medio de prueba no rompía con el equilibrio procesal, por el hecho de que no fue ofertado como medio de prueba por la fiscalía en la audiencia respectiva, ya que ello no le resta valor, ni es causa para desecharla, y, por lo tanto, respecto al procedimiento, no influyen las reglas del sistema acusatorio en el proceso penal inquisitivo o tradicional o mixto, tocante a que, en efecto, para los fines de la revisión de medidas cautelares se podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba, para que se imponga, conforme, modifique o revoque, y con base en lo generado en audiencia deberá resolver, a partir de la información inmediada por el juez. Señalando además que ese dictamen constituya un rompimiento del equilibrio procesal, pues es un elemento que la ley adjetiva penal exige; tampoco violación a las formalidades esenciales del procedimiento, por ello, no quebranta el principio de control horizontal de la prueba, debido a que la génesis de dicha opinión reside en el indicado antecedente del que debe disponer el juez como imperativo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4) Hecho lo anterior, resolvió modificar la resolución emitida en la audiencia intitulada incidente de cambio y sustitución de medida cautelar de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal número 58/2016-III, instruido a la aquí quejosa, dejando subsistente el establecimiento de las medidas cautelares previstas por el artículo 155, fracciones II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en garantía económica y prohibición de salir sin autorización judicial del país, determinar las consecuencias de dicho establecimiento, la no acumulación de la prisión preventiva, con aquellas, sino su sustitución por las mismas, en los términos que puntualizó; por lo que, al haber sustituido la prisión preventiva como medida cautelar por las diversas señaladas y que éstas no comprometían la libertad personal de la procesada, ordenó girar la comunicación de libertad respectiva al Director del Centro de reclusión donde se encontraba la aquí quejosa. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del toca de penal número I-109/2018; para en su lugar, emitir con fecha veintisiete de agosto de este año, una nueva resolución en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y, analizó de manera congruente y exhaustiva, los agravios planteado por la quejosa y su defensa, y, hecho que fue, resolvió modificar la resolución emitida en la audiencia intitulada incidente de cambio y sustitución de medida cautelar de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal número 58/2016-III, instruido a la aquí quejosa, dejando subsistente el establecimiento de las medidas cautelares consistentes en garantía económica y prohibición de salir sin autorización judicial del país, sustituyendo la prisión preventiva que le había sido impuesta a la quejosa y ordenando su libertad; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que dentro del juicio de amparo número 251/2018, se concedió la medida cautelar solicitada en su etapa provisional y definitiva, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de dichos cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. En cambio, como de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo número 252/2018 (acumulado al juicio de amparo número 251/2018), se desprende que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el original es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicados de los incidentes de suspensión En tanto que los duplicados de los incidentes de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente.

  4. Principal

    por medio de lista notifico al quejos y/o tercero interesado Wendy Esperanza Macías Parra, el siguiente proveido. Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del de la resolución de veintisiete de agosto de este año, dictadas en el toca penal número I-109/2017, con la que pretende haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista a las partes. En consecuencia, con el oficio remitido por la autoridad responsable el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y el oficio de cuenta, así como su anexos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3826/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano