William Eduardo Hernández Herrera (José Trinidad Hernández Sierra)

Expediente 1156/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1156/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • William Eduardo Hernández Herrera (José Trinidad Hernández Sierra)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico, la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante resolución dictada por este Juzgado se haya SOBRESEÍDO en el juicio en que se actúa; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-1156/2022 promovido por William Eduardo Hernández Herrera, en favor de ******************** contra actos de los Jueces de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Jueces de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esta ciudad, por conducto de ******************** en cuanto Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Titular de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado. Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado. Director de Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Sin soslayar, que mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente y se ordenó suspender toda comunicación con la autoridad señalada por la parte quejosa como Dirección de Mandamientos Judiciales como persona encargada de aprehensiones de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que las autoridades señaladas como responsables Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, adjuntó como sustento de su informe diversas documentales, así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló los que a su parte corresponde mediante alegatos constitucional 542/2022 presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-1156/2022, promovido por William Eduardo Hernández Herrera, en favor de ******************** contra actos de los Jueces de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Secretaria de Guardia de este juzgado el veinte de octubre de dos mil veintidós, correspondió conocer a este juzgado federal, la demanda de amparo promovida por William Eduardo Hernández Herrera, en favor de ********************, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señaló en su escrito de demanda y el acto que precisó de la siguiente manera: "(.) ATAQUE A LA LIBERTAD DE MI PADRE JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ SIERRA, HECHO QUE ACREDITO CON LA COPIA SIMPLE DE MI ACTA DE NACIMIENTO, DETENCIÓN QUE SE REALIZÓ FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO DEL ORDEN PENAL, INCOMUNICACIÓN Y PELIGRO DE LA VIDA, APARENTEMENTE POR ELEMENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, YA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL DÍA DE HOY FUE DETENIDO DE MANERA ABRUPTA Y COMPLETAMENTE ARBITRARIA (.)". Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda como el expediente X-1156/2022. Posteriormente, previa ratificación en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción el que formuló pedimento; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada previos diferimientos en términos del acta que antecede, misma que fue presidida por Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como Encargado del Despacho, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: "(.) ATAQUE A LA LIBERTAD DE MI PADRE JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ SIERRA, HECHO QUE ACREDITO CON LA COPIA SIMPLE DE MI ACTA DE NACIMIENTO, DETENCIÓN QUE SE REALIZÓ FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO DEL ORDEN PENAL, INCOMUNICACIÓN Y PELIGRO DE LA VIDA, APARENTEMENTE POR ELEMENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, YA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL DÍA DE HOY FUE DETENIDO DE MANERA ABRUPTA Y COMPLETAMENTE ARBITRARIA (.)". CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables siguientes: - Jueces de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esta ciudad, por conducto de ******************** en cuanto Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. - Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. - Titular de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado. - Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado. - Director de Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, negó los actos reclamados, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sin embargo, no obstante a lo anterior, se desvirtúa dicha negativa en virtud a lo manifestado en su informe de ley, toda vez que negó los actos reclamados por la parte quejosa, ya que dicha autoridad en ningún momento intervino en su detención y tampoco existió privación ilegal de la libertad, así como tampoco ejecutó actos de incomunicación, porque durante la estancia de ******************** en ese centro mantuvo comunicación vía telefónica con Leonardo (hermano del aquí quejoso directo) y visita de Alejandra Ayde (quien no manifestó parentesco). Ingresado el quejoso directo a las veintidós horas con cuatro minutos el diecinueve de octubre de año en curso, por la comisión de la falta administrativa consistente en afectación a la seguridad ciudadana (incitar a participar en una riña o pela), lo que acredita con las constancias que adjuntó a su informe de mérito. Derivado de lo anterior, se evidencia que existió la detención del quejoso directo ********************, pues así se advierte de las documentales remitidas por Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, consistentes en las copias certificadas del informe policial homologado, constancia de lectura de derechos al probable infractor, certificado médico de integridad corporal de ingreso y egreso, resguardo y devolución de pertenencias, constancia de llamada telefónica, suministro de alimentos y visita y el acta de libertad de data veinte de octubre de do mil veintidós. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones expedidas por autoridades facultadas para ello. Cobra aplicación el siguiente criterio: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". SEXTO. IMPROCEDENCIA EL JUICIO DE AMPARO. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados atribuidos al Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, la parte quejosa en su libelo constitucional fue preciso en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en: "(.) ATAQUE A LA LIBERTAD DE MI PADRE JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ SIERRA, HECHO QUE ACREDITO CON LA COPIA SIMPLE DE MI ACTA DE NACIMIENTO, DETENCIÓN QUE SE REALIZÓ FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO DEL ORDEN PENAL, INCOMUNICACIÓN Y PELIGRO DE LA VIDA, APARENTEMENTE POR ELEMENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, YA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL DÍA DE HOY FUE DETENIDO DE MANERA ABRUPTA Y COMPLETAMENTE ARBITRARIA (.)". Ahora bien, la parte quejosa en el libelo constitucional realizó las siguientes manifestaciones: De manera esencial, adujo que ******************** fue detenido el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos, cuya detención fue calle ocho sexta cerrada, número 77 setenta y siete de Villas del Pedregal de esta ciudad. Por otra parte, del contenido del informe justificado de la autoridad responsable Centro Estatal de Retención Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, negó los actos reclamados, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sin embargo, no obstante a lo anterior, se desvirtúa dicha negativa en virtud a lo manifestado en su informe de ley, toda vez que negó los actos reclamados por la parte quejosa, ya que dicha autoridad en ningún momento intervino en su detención y tampoco existió privación ilegal de la libertad, así como tampoco ejecutó actos de incomunicación, porque durante la estancia de ******************** en ese centro mantuvo comunicación vía telefónica con Leonardo (hermano del aquí quejoso directo) y visita de Alejandra Ayde (quien no manifestó parentesco). Ingresado el quejoso directo a las veintidós horas con cuatro minutos el diecinueve de octubre de año en curso, por la comisión de la falta administrativa consistente en afectación a la seguridad ciudadana (incitar a participar en una riña o pela), lo que acredita con las constancias que adjuntó a su informe de mérito. Asimismo, adujo que el quejoso directo fue liberado a las seis horas con dieciséis minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, en atención a la suspensión de plano decretada por este juzgado, lo que se evidencia con el acta de libertad. Derivado de lo anterior, se evidencia que existió la detención del quejoso directo ********************, pues así se advierte de las copias certificas relativas al informe policial homologado, constancia de lectura de derechos al probable infractor, certificado médico de integridad corporal de ingreso y egreso, resguardo y devolución de pertenencias, constancia de llamada telefónica, suministro de alimentos y visita y el acta de libertad de data veinte de octubre de do mil veintidós. De manera que los efectos de los actos reclamados, específicamente el de detención que se realizó fuera de todo procedimiento, han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la parte final de su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que en éste precisa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción formulando alegatos; asimismo, como lo solicita, una vez que se emita sentencia en el presente asunto, expídasele copia de tal resolución. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados acordados en proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las once horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Feoms

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