Viridiana Sanchez Bautista

Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
954/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Viridiana Sanchez Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en adelante sólo Acuerdo General), el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, quedó firme. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que el sumario constitucional es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Sin cuaderno incidental. No ha lugar a emitir pronunciamiento sobre el cuaderno incidental, porque la demanda de amparo se desechó y por tal motivo no se abrió el incidente.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada físicamente por la quejosa xxxx, por derecho propio, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla y otra autoridad responsable. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De lo anterior, puede apreciarse que la quejosa pretende reclamar como primeros actos, el traslado de su persona, del centro penitenciario de la ciudad de Puebla, donde se encuentra recluida, al diverso que se ubica en Ciudad Serdán, ambos del Estado de Puebla. Ese traslado sería realizado en forma exclusiva por la autoridad penitenciaria, es decir, sin la intervención de un juez, motivo por el cual se trata de un traslado involuntario. Sin embargo, el traslado involuntario tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que la quejosa no agotó en forma previa, motivo por el cual su reclamo encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la cual estableció que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula la controversia judicial, la cual constituye un recurso que debe interponerse ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el propósito de controvertir los traslados de las personas privadas de la libertad. Pese a lo anterior, la quejosa desatendió la ruta ordinaria de impugnación, porque los antecedentes de su demanda revelan que no ha interpuesto la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En otras palabras, decidió ejercer la acción de tutela contra el traslado involuntario del cual afirma será objeto, en lugar de agotar primero la controversia judicial mencionada, lo cual implica una desatención al principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Así, debe imponerse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra la improcedencia de la acción de tutela contra actos reclamados a autoridades administrativas -distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, con el cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Máxime que la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, también esclareció que la controversia judicial contra el traslado involuntario, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Dicho de otro modo, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la prevista en la Ley de Amparo, porque no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco contempla un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el recurso ordinario que se denomina controversia judicial, previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que se impugne el traslado involuntario de una persona privada de su libertad. Entonces, la quejosa como persona privada de su libertad en un centro penitenciario, debe agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra el traslado del cual aduce será objeto, del centro penitenciario donde se encuentra recluida, al diverso que se ubica en Ciudad Serdán, ambos del Estado de Puebla. Por consiguiente, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de tutela, la quejosa debió agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de generar un acto definitivo y susceptible de ser reclamado mediante la acción de tutela constitucional. Además, esta juzgadora de tutela advierte que la resolución atribuida a la otra autoridad responsable, el juez de ejecución de sentencias, constituye un acto futuro e incierto. Ello conduce a visualizar una diversa causal de improcedencia manifiesta e indudable, en específico la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. De los numerales transcritos se obtiene que la procedencia del juicio de amparo, está circunscrita a los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por aquellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. A pesar de lo anterior, se detectó que la quejosa pretende combatir la resolución que llegue a dictar al Juez de Ejecución de Sentencias, después de que la autoridad penitenciaria exhiba los documentos relativos al traslado involuntario. Sólo que esa resolución todavía no ha sido emitida porque el citado juez responsable ni siquiera ha recibido los documentos de la autoridad penitenciaria, sobre el traslado involuntario, como se desprende de los antecedentes relatados en la demanda, bajo protesta de decir verdad. Bajo esa óptica, resulta claro que no existe certeza de que el citado juez responsable vaya a dictar la resolución que califique el traslado involuntario como legal. Luego, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio de la quejosa. Dicho de otro modo, el acto reclamado al Juez de Ejecución de Sentencias tiene las características de futuro e incierto. Por ello, es válido considerar que no encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que condiciona la procedencia de la vía constitucional a una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, lo cual como se explicó previamente, en la especie, no acontece. Entonces, si de la lectura de la demanda no se obtiene la inminencia de la resolución que califique el traslado involuntario de la quejosa como legal, es evidente que no existe el agravio que esta refiere y, por ende, resulta improcedente la acción de tutela constitucional respecto del acto reclamado al Juez de Ejecución de Sentencias. Al margen de lo anterior, conviene indicar que la acción de tutela sería improcedente, aun cuando el Juez de Ejecución de Sentencias ya hubiera emitido la resolución que calificara el traslado de la quejosa. Sobre todo porque esa resolución tiene prevista una vía ordinaria de impugnación, que también debería agotar la quejosa conforme al principio de definitividad, en particular, el recurso de apelación que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero de momento, basta imponer al acto del Juez de Ejecución de Sentencias, la causal de improcedencia que descansa en la hipótesis jurídica de actos futuros e inciertos, porque determina la improcedencia de la acción de tutela constitucional. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que presentó la quejosa, porque los actos reclamados a las autoridades responsables, encontraron sendas causales de improcedencia manifiestas e indudables, conforme a lo expuesto con antelación.

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA EL JUICIO DE AMPARO: Acuerdo: Puebla, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada físicamente por la quejosa xxxx, por derecho propio, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla y otra autoridad responsable. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De lo anterior, puede apreciarse que la quejosa pretende reclamar como primeros actos, el traslado de su persona, del centro penitenciario de la ciudad de Puebla, donde se encuentra recluida, al diverso que se ubica en Ciudad Serdán, ambos del Estado de Puebla. Ese traslado sería realizado en forma exclusiva por la autoridad penitenciaria, es decir, sin la intervención de un juez, motivo por el cual se trata de un traslado involuntario. Sin embargo, el traslado involuntario tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que la quejosa no agotó en forma previa, motivo por el cual su reclamo encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la cual estableció que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula la controversia judicial, la cual constituye un recurso que debe interponerse ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el propósito de controvertir los traslados de las personas privadas de la libertad. Pese a lo anterior, la quejosa desatendió la ruta ordinaria de impugnación, porque los antecedentes de su demanda revelan que no ha interpuesto la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En otras palabras, decidió ejercer la acción de tutela contra el traslado involuntario del cual afirma será objeto, en lugar de agotar primero la controversia judicial mencionada, lo cual implica una desatención al principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Así, debe imponerse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra la improcedencia de la acción de tutela contra actos reclamados a autoridades administrativas -distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, con el cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Máxime que la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, también esclareció que la controversia judicial contra el traslado involuntario, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Dicho de otro modo, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la prevista en la Ley de Amparo, porque no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco contempla un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el recurso ordinario que se denomina controversia judicial, previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que se impugne el traslado involuntario de una persona privada de su libertad. Entonces, la quejosa como persona privada de su libertad en un centro penitenciario, debe agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra el traslado del cual aduce será objeto, del centro penitenciario donde se encuentra recluida, al diverso que se ubica en Ciudad Serdán, ambos del Estado de Puebla. Por consiguiente, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de tutela, la quejosa debió agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de generar un acto definitivo y susceptible de ser reclamado mediante la acción de tutela constitucional. Además, esta juzgadora de tutela advierte que la resolución atribuida a la otra autoridad responsable, el juez de ejecución de sentencias, constituye un acto futuro e incierto. Ello conduce a visualizar una diversa causal de improcedencia manifiesta e indudable, en específico la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. De los numerales transcritos se obtiene que la procedencia del juicio de amparo, está circunscrita a los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por aquellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. A pesar de lo anterior, se detectó que la quejosa pretende combatir la resolución que llegue a dictar al Juez de Ejecución de Sentencias, después de que la autoridad penitenciaria exhiba los documentos relativos al traslado involuntario. Sólo que esa resolución todavía no ha sido emitida porque el citado juez responsable ni siquiera ha recibido los documentos de la autoridad penitenciaria, sobre el traslado involuntario, como se desprende de los antecedentes relatados en la demanda, bajo protesta de decir verdad. Bajo esa óptica, resulta claro que no existe certeza de que el citado juez responsable vaya a dictar la resolución que califique el traslado involuntario como legal. Luego, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio de la quejosa. Dicho de otro modo, el acto reclamado al Juez de Ejecución de Sentencias tiene las características de futuro e incierto. Por ello, es válido considerar que no encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que condiciona la procedencia de la vía constitucional a una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, lo cual como se explicó previamente, en la especie, no acontece. Entonces, si de la lectura de la demanda no se obtiene la inminencia de la resolución que califique el traslado involuntario de la quejosa como legal, es evidente que no existe el agravio que esta refiere y, por ende, resulta improcedente la acción de tutela constitucional respecto del acto reclamado al Juez de Ejecución de Sentencias. Al margen de lo anterior, conviene indicar que la acción de tutela sería improcedente, aun cuando el Juez de Ejecución de Sentencias ya hubiera emitido la resolución que calificara el traslado de la quejosa. Sobre todo porque esa resolución tiene prevista una vía ordinaria de impugnación, que también debería agotar la quejosa conforme al principio de definitividad, en particular, el recurso de apelación que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero de momento, basta imponer al acto del Juez de Ejecución de Sentencias, la causal de improcedencia que descansa en la hipótesis jurídica de actos futuros e inciertos, porque determina la improcedencia de la acción de tutela constitucional. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que presentó la quejosa, porque los actos reclamados a las autoridades responsables, encontraron sendas causales de improcedencia manifiestas e indudables, conforme a lo expuesto con antelación.

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