Victoria Sotelo Leal
Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/07/2019
Partes del expediente
- Victoria Sotelo Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el venticinco de junio del año en curso (fojas 119-121), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiséis de junio del año en curso (foja 122), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el veintisiete de junio del actual año (foja 123); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del uno al tres de este mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097007125A19183241, realizado el seis de febrero de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados el veinticinco de junio del año en curso (fojas 119-121) en este Juzgado de Distrito, por la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el veinticuatro de junio del presente año devolvió a la parte quejosa por medio de cheque número 1304, valioso por la cantidad de $5,595.52 (cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 52/100, moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto total de $5,591.74 (cinco mil quinientos noventa y uno 74/100 moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el seis de febrero de dos mil diecinueve y el veinticuatro de junio de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a junio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero entre el índice para el mes de mayo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue 103.108; y para el mes de mayo 103.233. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0012. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $5,598.52 (cinco mil quinientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda nacional), cantidad que resulta del pago realizado por la parte quejosa menos $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional) por comisión bancaria, se obtiene la cantidad de $5,595.52 (cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $5,595.52 (cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por último, visto el escrito de cuenta signado por Mario Rodolfo Galeana Arias, autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicitó se tuviera por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio y se ordenara el archivo definitivo del expediente en que se actúa; en consecuencia, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el venticinco de junio del año en curso (fojas 119-121), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiséis de junio del año en curso (foja 122), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el veintisiete de junio del actual año (foja 123); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del uno al tres de este mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097007125A19183241, realizado el seis de febrero de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados el veinticinco de junio del año en curso (fojas 119-121) en este Juzgado de Distrito, por la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el veinticuatro de junio del presente año devolvió a la parte quejosa por medio de cheque número 1304, valioso por la cantidad de $5,595.52 (cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 52/100, moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto total de $5,591.74 (cinco mil quinientos noventa y uno 74/100 moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el seis de febrero de dos mil diecinueve y el veinticuatro de junio de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a junio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero entre el índice para el mes de mayo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue 103.108; y para el mes de mayo 103.233. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0012. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $5,598.52 (cinco mil quinientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda nacional), cantidad que resulta del pago realizado por la parte quejosa menos $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional) por comisión bancaria, se obtiene la cantidad de $5,595.52 (cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $5,595.52 (cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por último, visto el escrito de cuenta signado por Mario Rodolfo Galeana Arias, autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicitó se tuviera por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio y se ordenara el archivo definitivo del expediente en que se actúa; en consecuencia, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio y anexos (fojas 295 a la 305), enviados por el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit, informó que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de garantías. En ese sentido, mediante proveído de veintiocho del mes anterior (foja 306), se dio vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El auto en comento se notificó a la aludida accionante de amparo el tres de junio del año actual (foja 309), notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dicha parte, para que expresara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector transcurrió como se aprecia de la certificación que antecede. Lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, por sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 249 a 264), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ma. Concepción Muñoz de la Rosa, para el efecto de que: **De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad en comento para acatar el fallo protector consistía en dejar insubsistente el nombramiento de Juez Auxiliar de la Comunidad Indígena "Wixarika" Paso de Álica, municipio de El Nayar, Nayarit, que otorgó a favor de Raúl Rentería Carrillo y se manifestara en relación con la designación de Ma. Concepción Muñoz de la Rosa, como Juez Auxiliar, quién fue elegida el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Luego, mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el veintisiete de mayo de la presente anualidad (fojas 295 a 305), el Presidente del Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit informó que se encontraba impedido para dar cumplimiento, dado que debido a una diversa convocatoria de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se eligió nuevo Juez Auxiliar, por lo que ya no se encontraba en funciones el diverso Raúl Rentería Carrillo, de ahí que ya no se puede dar cumplimiento en los términos requeridos, máxime que el oficiante pertenece a una nueva administración que desconocía la existencia del asunto que nos ocupa. No obstante lo anterior se aprecia que en proveído de tres de julio de dos mil dieciocho (foja 286), se le tuvo informando al Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit, por conducto de su Síndico Municipal, la entrega de los sellos para la comunidad indígena de Paso de Alica, municipio Del Nayar, Nayarit, a la quejosa María Concepción Muñoz de la Rosa, como se apreció de la copia certificada del acta de entrega que adjuntó, en la cual se le reconoció el carácter de Juez elegido por los ciudadanos de dicho lugar; sin embargo, se le requirió para que acreditara haber dejado insubsistente el nombramiento de Juez Auxiliar al tercero interesado Raúl Rentería Carrillo de aludida comunidad indígena, sin que a la fecha haya acreditado la autoridad responsable tal circunstancia. Por tanto, es evidente que con ello no se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, lo anterior porque no demostró haberlo hecho en su totalidad de conformidad en los puntos destacados en la sentencia concesoria y sin que sea obstáculo el cambio de administración del Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit, dado que es de un interés superior el cumplimiento a las sentencias concesorias de amparo, de ahí que no se pronuncie este Juzgado Federal en cuanto al cumplimiento total de la misma. En consecuencia, fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, de cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, esto es, acredite haber dejado insubsistente el nombramiento de Juez Auxiliar de la Comunidad Indígena "Wixarika" Paso de Álica, municipio de El Nayar, Nayarit, que otorgó a favor de Raúl Rentería Carillo, respectivamente, mediante elección celebrada el diez de febrero de dos mil diecisiete. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguense el oficio y anexo de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos.
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