Victoria Parra González
Expediente 2610/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2610/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/01/2019
Partes del expediente
- Victoria Parra González
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías, como lo prevén los artículos 110 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo Vigente, tramítese por separado y en duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 352/2018, promovido por Pedro Acosta Madera, contra actos del Juez Mixto de Primera instancia del Partido Judicial de Acaponeta, Nayarit y otra autoridad. Con apoyo en los ordinales 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de la Materia en Vigor, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciban el oficio respectivo, en el cual, deben concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuye, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto remítaseles copia simple de la demanda. Apercibidas que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo Vigente. Ahora bien, por lo que respecta a las consecuencias del acto reclamado consistente en la admisión de la demanda interpuesta por los terceros interesados Félix Betancourt García y Gustavo Damián Montoya Escobar, en la vía Ejecutiva Mercantil, en contra del aquí quejoso Pedro Acosta Madera, ante el Juzgado Mixto de Primera instancia del Partido Judicial de Acaponeta, Nayarit, a la que le correspondió el número de expediente 407/2017, en el que se ordenó la práctica de la diligencia de exequendum; con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128, fracciones I y II y 147 del ordenamiento legal en cita SE CONCEDE la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y en el caso de haberse embargado bienes, no se les desposea ni se haga la aplicación de los mismos; lo anterior, hasta en tanto reciban notificación sobre lo que se resuelva en forma definitiva en el presente incidente de suspensión. Al respecto, es preciso indicar que la legislación de amparo vigente, establece en su numeral 138, que debe efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, en la especie este Juzgado Federal considera que es posible anticipar que en la sentencia de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, toda vez que éste se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio. En este orden de ideas, se atiende a las características y naturaleza del caso concreto, tomando en cuenta los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, ponderando el interés social, constitucionalmente tutelado, se aprecia que en la especie no se encuentra sobre el del particular. Ello pues, conforme a la teoría de la ponderación de principios, este Órgano de Amparo tiene una facultad discrecional para sopesar o ponderar la procedencia de la suspensión con base en el equilibrio de intereses, que, implícitamente a la vez, posibilita o impide, según las circunstancias del caso su operancia, por surtirse o no, las condiciones o requerimientos que se piden. En efecto, por interés social se entiende aquél que debe ser protegido legalmente, por ser de orden público, y que es necesario prevalezca o subsista, aun cuando se afecte un interés particular, no obstante, existen casos como el presente en que el interés del particular no afecta o menoscaba el interés social y el orden público, sino que por el contrario, la sociedad se encuentra interesada en que se respete la garantía de audiencia a los gobernados, a fin de que pueda privárseles a éstos de sus propiedades o derechos, máxime que ello constituye un derecho humano salvaguardado por el artículo 14 Constitucional. Esto es, la sociedad está interesada en que se cumplan eficazmente las disposiciones de orden público, para poder sostener el bienestar de la comunidad. Los anteriores razonamientos, se contienen dentro del texto de la Jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. ...". De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", ...". En ese contexto, al efectuar el análisis del acto reclamado, en correlación con la naturaleza de la violación que se alega, es dable conceder la suspensión del acto reclamado, pues en el caso concreto se satisfizo la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, máxime que, con la concesión de la suspensión no se lesionan el interés social y el orden público. En esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132 y 136 de la nueva Ley de Amparo, la suspensión concedida surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el quejoso no otorga dentro del término de cinco días, siguientes al en que sea notificada del presente proveído, una garantía por la suma de cinco mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionen a la parte tercera interesada, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal de donde emana este incidente, cantidad que se fija en forma discrecional al no existir hasta este momento, mayores elementos para fijar cantidad diversa. En la inteligencia de que si la garantía se exhibe mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por el 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener la siguiente leyenda: "Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito". En cuanto a que la suspensión provisional surte efectos de inmediato, obedece a que de no ser así, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que las autoridades responsables estarían en posibilidades de ejecutar el acto reclamado con los consiguientes perjuicios para el agraviado. La anterior determinación hágase del conocimiento de los terceros interesados, por lo que con apoyo en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, relacionado con el ordinal 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit, a efecto de que en auxilio de este Juzgado Federal, se sirva comisionar a quien corresponda notifique el presente acuerdo a los terceros interesados Félix Betancourt García y Gustavo Damián Montoya Escobar, ambos con domicilio en calle Hidalgo, número Veinte Oriente, de la Zona Centro, de dicha municipalidad. Asimismo, los requiera para que en las respectivas diligencias, o bien por escrito dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos dicha notificación, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se publicará en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el arábigo 27, fracción II, de la Ley de la materia actual; de igual manera, se le requiere para que a la brevedad posible remita las constancias de notificación correspondientes. Se faculta a los Jueces, para que en caso de que se enteren de un diverso domicilio donde puedan ser respectivamente notificados los citados terceros interesados a que se ha hecho referencia, se constituya en éste y lleve a cabo la diligencia sin necesidad de ulterior acuerdo, o bien, remita el indicado despacho a la autoridad competente. Con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este Juzgado. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, se autoriza la expedición de copia certificada de esta determinación, previa toma de razón y recibo que de su entrega deje en autos la promovente o cualquiera de sus autorizados. NOTIFÍQUESE Y POR DESPACHO A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso del recurso de queja 445/2018 de su estadística, relativo al presente juicio de amparo 1747/2018 del índice de este juzgado federal. Háganse las respectivas anotaciones en el libro relativo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que revocó el auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho (fojas 29 a 34), a través del cual este órgano jurisdiccional desechó por improcedente la demanda de amparo promovida por ********************. En ese sentido, atento a lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, con apoyo a lo dispuesto por los ordinales 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 115 y demás aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE en sus términos la demanda de amparo promovida contra actos reclamados al Congreso del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente electrónico respectivo, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 87, 88, 89, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión por así haberse solicitado. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les requiere, ello de conformidad a lo previsto en el arábigo 117 de la ley de la materia, en la inteligencia de que no se les remite copia de la demanda de amparo, porque la misma les será remitida al solicitarles el informe previo; apercibidas que en caso contrario, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo, del referido dispositivo, se presumirá la certeza de los actos que se les reclama. Asimismo, con fundamento en los numerales 75 y 117, párrafo quinto, de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables para que juntamente con su respectivo informe remitan copia certificada, completa y legible de las constancias en que apoyen el acto que se les reclama, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de notificación de mérito, apercibidas que en caso de ser omisas; esto es, de no rendir el informe aludido o no remitir las constancias indicadas en líneas precedentes, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, acorde con el precepto 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con base en los ordinales 64 y 251 de la ley en cita, se requiere a las partes para que tan pronto como tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a esta autoridad, se les impondrá una multa equivalente a treinta valores diarios de la unidad de medida y actualización. Conforme al dispositivo 119 de la ley en comento, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al verificarse la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, con base en el ordinal 5, fracción IV, de la ley en comento, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde mediante oficio que al efecto se gire, de conformidad con el precepto 26, fracción II, inciso c, del citado ordenamiento legal. Cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO
- Principal
Así, por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se CONCEDE a *****, la suspensión definitiva de los actos reclamados, atribuidos a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, para los efectos señalados en el considerando único de la presente interlocutoria.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto lo de cuenta, se advierte que la resolución de siete de noviembre del año en curso, que sobreseyó en el juicio en que se actúa, fue notificada a la parte quejosa el veintiséis de noviembre siguiente, sin que haya interpuesto recurso alguno contra la misma, dentro del término previsto por el arábigo 86 del citado ordenamiento legal, como se aprecia de la certificación que antecede; entonces, con fundamento en los ordinales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su numeral 2, se declara que ha causado ejecutoria, para todos los efectos a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo en Vigor, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, debido a que, en lo que al caso interesa, se concedió la suspensión de los actos reclamados, a excepción de la resolución relativa a su otorgamiento, la cual deberá conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
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