Victoriano Becerra Orozco

Expediente 548/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
548/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Victoriano Becerra Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el once de julio del año que transcurre (fojas 89 a 91), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 92), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 48 a 67), se determinó conceder a********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ". En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia *, realizado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Sentencia que causó ejecutoria el diecinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 82 y 83), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del presente año (fojas 89 a 91), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 90), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de ********************, que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en ocho de marzo de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el veintidós de junio dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 90), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99821; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ********************, se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal de las autoridades señaladas como responsables dependientes de esa secretaría, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con las documentales que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución de uno del mes y año en curso, dictada dentro del amparo en revisión 515/2017 de su índice, relativo al juicio de amparo 1435/2016, así como los autos originales del sumario constitucional en un tomo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que en la materia de la revisión confirmó la sentencia pronunciada en el presente sumario constitucional, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Manuel Medina Gutiérrez, en contra de los actos del Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Luego, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete (foja 164), se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, exhibiendo copia simple del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio expedido a favor del agraviado; empero, este Órgano Federal se reservó proveer lo conducente, hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación antes aludido, lo que en la especie aconteció. En ese sentido, se tiene a la referida autoridad responsable informando las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, como lo pretende acreditar con el anexo que acompañó. Sin embargo, toda vez que la autoridad responsable remitió copia simple del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio a favor del promovente del amparo y su notificación, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con el 192 de la Legislación de la materia, requiérase al ente responsable de previa cita, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación respectivo, remita las constancias con las que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debidamente certificadas o con firma original. Apercibido que de no hacerlo con causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 193 de la Ley citada. Finalmente, agréguese a este juicio de amparo el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la interposición del citado recurso de revisión.

  4. Principal

    En diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta a la Juez, con el estado de los autos y la Secretaria Alva Miranda Ramírez certifica: Que la notificación de la resolución dictada en autos el treinta y uno de mayo (fojas 48 a 67), se efectuó a la parte quejosa el uno de junio (foja 79) siguiente, a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y el cuatro de junio del año en curso (foja 80 y 81 respectivamente), surtiendo sus efectos en relación al quejoso al siguiente día hábil y en lo que respecta al Agente del Ministerio Público de la Federación y a las autoridades responsables el mismo día; por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, transcurrió para la totalidad de las partes del cinco al dieciocho de junio del presente año; sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas por corresponder a sábados y domingos, por disposición expresa del precepto 19 de la ley de la materia; sin que en el citado lapso se hubiere interpuesto recurso alguno contra la referida sentencia. Conste.- TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución emitida el treinta y uno de mayo del presente año (fojas 48 a 67); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada.

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