Victoria Cervantes Partida
Expediente 2563/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2563/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/09/2021
Partes del expediente
- Victoria Cervantes Partida
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de junio del presente año, se dio vista a la parte quejosa con los oficios remitidos por la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer consideración alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con lo anterior, el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en su carácter de representante del Recaudador de Rentas de la citada dependencia, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, emitida del expediente auxiliar 471/2020, relativo al amparo en revisión 123/2020, dentro de los autos originales del juicio de amparo 2563/2019, mediante ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil veinte, determinó desechar el recurso de revisión interpuesto y, por tanto, quedó firme la sentencia de mérito concedida para los siguientes efectos: "[.]1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó Victoria Cervantes Partida, sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado y de préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establecen las fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.." Entonces, se colige que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario. Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario; cantidad que debía ser actualizada. En cumplimiento a lo anterior, a través del oficio y anexos presentados ante este juzgado el diecisiete de junio del año en curso, el ente responsable, por conducto de su representante, informó que el quince de junio de la presente anualidad, devolvió a la parte quejosa, mediante trasferencia bancaria, la cantidad de $9,568.79 (nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 79/100 moneda nacional). Ahora, se procede a corroborar si la referida cantidad resulta correcta; por tanto, si al monto de $9,435.31 (nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 31/100 moneda nacional), que pagó la quejosa con motivo de la aplicación de la porción normativa reclamada, se le resta la cuota mínima a pagar esto es $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, nos da como resultado la cantidad de $8,865.31 (ocho mil ochocientos sesenta y cinco pesos 31/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en octubre de dos mil diecinueve y el quince de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada mediante transferencia bancaria, a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende de septiembre de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veintiuno. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de mayo de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve fue 103.942; y para el mes de mayo de dos mil veintiuno de 112.419 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0815550. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,588.32 (nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $723.01 (setecientos veintitrés pesos 01/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $9,588.32 (nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la cantidad de $9, 568.79 (nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 79/100 moneda nacional) por tanto, se pone en evidencia que hay un déficit en prejuicio de la parte quejosa, equivalente a $19.53 (diecinueve pesos 53/100 moneda nacional), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtenerla, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la resolución pronunciada. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto del Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la citada Secretaría, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. °mvm
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto del Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la citada Secretaría, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. °mvm
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio remitido por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha dependencia, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese el ocurso de que se trata, en el entendido de que, con lo manifestado, únicamente se considera en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo; por lo que este juzgado estará a la espera del cumplimiento total del fallo protector.
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