Victoria Yadira Mota Gutiérrez

Expediente 742/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
742/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Victoria Yadira Mota Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del año en curso, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 86 a 102), se determinó conceder a la parte quejosa Victoria Yadira Mota Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $9,324.64 (nueve mil trecientos veinticuatro pesos 64/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis, que pagó el cuatro de abril de dos mil dieciocho. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $9,324.64 (nueve mil trescientos veinticuatro pesos 64/100), con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el once de julio del año en curso, el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque de dos de julio de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Victoria Yadira Mota Gutiérrez y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,044.64 (nueve mil cuarenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,324.64 (nueve mil trescientos veinticuatro pesos 64/100), menos el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $9,044.64 (nueve mil cuarenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de abril de dos mil dieciocho y el dos de julio de la presente anualidad, se generó el cheque a efecto de realizar la devolución a la parte quejosa del pago de lo indebido. Por lo que el factor de actualización comprende del mes de marzo al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de la citada anualidad entre el índice para el mes de mayo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de este año fue de 132.436; y para el mes de mayo de la misma anualidad de 131.773. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99499; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta inconcuso que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,044.64 (nueve mil cuarenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un lado, se sobreseyó y por el otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del año en curso, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 86 a 102), se determinó conceder a la parte quejosa Victoria Yadira Mota Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $9,324.64 (nueve mil trecientos veinticuatro pesos 64/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis, que pagó el cuatro de abril de dos mil dieciocho. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $9,324.64 (nueve mil trescientos veinticuatro pesos 64/100), con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el once de julio del año en curso, el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque de dos de julio de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Victoria Yadira Mota Gutiérrez y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,044.64 (nueve mil cuarenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,324.64 (nueve mil trescientos veinticuatro pesos 64/100), menos el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $9,044.64 (nueve mil cuarenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de abril de dos mil dieciocho y el dos de julio de la presente anualidad, se generó el cheque a efecto de realizar la devolución a la parte quejosa del pago de lo indebido. Por lo que el factor de actualización comprende del mes de marzo al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de la citada anualidad entre el índice para el mes de mayo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de este año fue de 132.436; y para el mes de mayo de la misma anualidad de 131.773. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99499; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta inconcuso que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,044.64 (nueve mil cuarenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un lado, se sobreseyó y por el otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por **delegado de las autoridades responsables Tesorero, Jefatura de Ingresos y Jefatura de Catastro, todos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, en atención a los oficios 27553/2018, 27554/2018 y 274555/2018, informa que no es posible dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, en el ocurso de cuenta presentado por la autoridad responsable, se advierte que manifiesta: ".Por igual, se señaló en los mismos efectos que ello no implica que la contribuyente deje de pagar el impuesto predial, por los ejercicios fiscales de dos mil catorce." Sin embargo, hágase del conocimiento a dicha jefatura que la concesión del amparo otorgada a la parte quejosa (foja 179), fue para el efecto de que: ".vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de amparo. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; en consecuencia, la protección constitucional que se otorga lo es para que la Tesorería municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, NO EXIJA EL PAGO CON MOTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL RECLAMADO, por tratarse de una ley autoaplicativa tildad de inconstitucional." Por lo cual este juzgado de distrito no requiere el cumplimiento respecto del adeudo correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil catorce, sino que únicamente respecto del adeudo correspondiente al año dos mil diecisiete. Además, en los efectos de concesión otorgada en el presente juicio de amparo tampoco se indicó que la parte quejosa pagara el impuesto predial determinada en función del monto de menor cuantía señalado en las Tablas de Valores Unitarios, ni tampoco se ordenó tramitar incidente innominado para cuantificar dicho monto. Se reitera la metería de la concesión del amparo se limita únicamente a que no se hagan efectivos los cobros del impuesto predial en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables y a la jefatura de ingresos en comento a fin de que NO EXIJAN el pago derivado del impuesto predial reclamado y remitan a este juzgado de distrito un CERTIFICADO DE CUENTA DE NO ADEUDO FISCAL DE IMPUESTO PREDIAL ÚNICAMENTE POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 (DOS MIL DIECISIETE) A FAVOR DEL QUEJOSO, a efecto de dar cumplimiento total al fallo protector concedido dentro del presente sumario constitucional. Apercibidos que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se le hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informa haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

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