Victor Manuel Ramirez Heredia
Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 19/05/2023
Partes del expediente
- Victor Manuel Ramirez Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el incidente de suspensión relativo al presente asunto, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N889781 valioso por la cantidad de $8,000.00 pesos (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional); registrado en este juzgado, bajo el número 23/2022, a fin de garantizar la suspensión que le fue concedida en resolución incidental de quince de julio de dos mil veintidós. De igual manera que, transcurrió el plazo de seis meses establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, concedido en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a fin de que los terceros interesados de identidad reservada V.M.R.D. y M.M.R.D., representados en este juicio, por Lidia Dijoza Sánchez, presentaran en su caso la reclamación de garantía; el cual les fue notificado por lista de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, sin que hubieren hecho lo propio. En consecuencia, hágase la devolución del mencionado billete, el cual deberá endosarse en favor del quejoso Víctor Manuel Ramírez Heredia. Lo anterior, previa identificación y toma de razón que por su recibo se otorgue en autos; en el entendido de que de no comparecer a recoger el billete en mención dentro del término establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá en favor del erario federal. Hágase de su conocimiento que podrá acudir para tal efecto en día y hora hábil en las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
a las nueve horas del tres de noviembre de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejoso, el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 512/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que se soslaye que, no obra constancia de notificación del tercero interesado Carlos Javier Pimentel Márquez, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación UTMC, Zona Rosarito; no obstante, dado que la determinación de referencia, no causa un perjuicio a esté, resulta innecesario ordenar la notificación de la misma a dicha parte procesal. Ahora bien de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa sí exhibió billete de depósito en el cuaderno incidental relativo al presente asunto, con número de billete de depósito N889781 valioso por la cantidad de $8,000 pesos (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional); registrado en este juzgado, bajo el número 23/2022. Por tanto, dado que en el presente asunto se reconoció a los menores de identidad reservada V.M.R.D. y M.M.R.D., representados en este juicio, por Lidia Dijoza Sánchez, el carácter de terceros interesados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1561 de la Ley de Amparo, una vez que transcurran los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación del presente proveído, de no presentarse la reclamación correspondiente y previa vista a las partes, en su caso, se acordará lo conducente en relación a la devolución del mismo. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que se soslaye que, no obra constancia de notificación del tercero interesado Carlos Javier Pimentel Márquez, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación UTMC, Zona Rosarito; no obstante, dado que la determinación de referencia, no causa un perjuicio a esté, resulta innecesario ordenar la notificación de la misma a dicha parte procesal. Ahora bien de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa sí exhibió billete de depósito en el cuaderno incidental relativo al presente asunto, con número de billete de depósito N889781 valioso por la cantidad de $8,000 pesos (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional); registrado en este juzgado, bajo el número 23/2022. Por tanto, dado que en el presente asunto se reconoció a los menores de identidad reservada V.M.R.D. y M.M.R.D., representados en este juicio, por Lidia Dijoza Sánchez, el carácter de terceros interesados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1561 de la Ley de Amparo, una vez que transcurran los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación del presente proveído, de no presentarse la reclamación correspondiente y previa vista a las partes, en su caso, se acordará lo conducente en relación a la devolución del mismo. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, para notificar a los terceros interesados de identidad reservada V.M.R.D, y M.M.R.D. por conducto de su representante Lidia Dijoza Sánchez, en auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por las razones que en ella expone. Entonces, dado que de la certificación de cuenta, se obtiene que los terceros interesados de identidad reservada V.M.R.D, y M.M.R.D., fueron emplazados a juicio por conducto de su representante Lidia Dijoza Sánchez, el quince de agosto de dos mil veintidós. 12/08/23 17:13:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY Asimismo, que el término de tres días otorgado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del diecisiete al diecinueve de agosto del año en curso, sin contar los días inhábiles correspondientes. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el nueve de agosto del año en curso, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al tercero interesado, el presente proveído, el auto de veintisiete de septiembre del año en curso y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista a los terceros interesados, por conducto de su representante. Tijuana, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia Con relación al acto reclamado, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Efectivamente, de las constancias que se tienen a la vista, enviadas por el juez responsable, se advierte que en audiencia virtual realizada en tiempo real, el veinte de septiembre del año en curso, se dejó sin efectos la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado en este amparo, al ordenar la reapertura del proceso, y que por única ocasión se autorizó una única ampliación de la suspensión condicional del proceso, hasta el diez de diciembre del presente año. Circunstancia que se corrobora con las constancias que se remitieron, consistentes en el disco versátil con copia del registro de audio y video respectivos, relacionados a la causa penal 0081/2019 con número único de caso 05-201803229, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORA1 CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -ocho de julio de dos mil veintidós-, el acto reclamado subsistía, también lo es que, con posterioridad; es decir, el vente de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 0081/2019 con número único de caso 05-201803229, se dejó sin efectos la orden de aprehensión reclamada. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDEDECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, agréguese a los autos, sin mayor proveído, el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito; en atención a que su contenido fue materia del auto de veintitrés de septiembre último. Notifíquese personalmente.
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