Víctor Manuel Sánchez García

Expediente 734/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Sánchez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído el juicio de amparo por todos los actos, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión, es clasificado como conservable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, inciso b), del artículo 17, del mismo acuerdo; por lo tanto, se debe de conservar únicamente las resoluciones en que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Glósese copia del presente acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 734/2023-B, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables: Fiscal Regional de Tijuana, Baja California. Procurador de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali (omisa). Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, Zona Tijuana. Comandancia de la Policía Ministerial del Estado de Tijuana, con residencia en esta ciudad (autoridad inexistente). Actos reclamados: "I.- Se reclama de la autoridad señalada como responsable ordenadora C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO de la ciudad de Tijuana, Baja California II.- La ilegal orden de aprensión o presentación girada en contra del suscrito y temor fundado de sufrir tal detención." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. En proveído treinta de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete. Luego, por acuerdo de catorce de julio del año en curso, se tuvo al quejoso aclarando que la denominación correcta de las autoridades que inicialmente señaló como "Agente del Ministerio Público del Fuero Común", "Comandante de la Policía Ministerial Zona Costa", y " Jefe de Aprehensiones de la Policía Ministerial y agentes a su mando", son Fiscal Regional de Tijuana, Baja California, Fiscalía Especializada en Narcomenudeo y Comandancia de la Policía Ministerial del Estado de Tijuana, todas con residencia en esta ciudad. No obstante, en proveído de treinta y uno de julio siguiente, se tuvo por inexistente la autoridad responsable que el quejoso denominó como "Comandancia de la Policía Ministerial del Estado de Tijuana", por lo que en la resolución que se dicta no se ocupará del análisis de los actos a ella reclamados. Por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos que tienen ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados que se desprende del análisis integral de la demanda, consisten en la orden privativa de la libertad dictada en contra del directo quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal Regional de Tijuana, Baja California y Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, Zona Tijuana, ya que así lo manifestaron de manera categórica al momento de rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hiciera manifestación al respecto o aportara prueba idónea para desvirtuar dichas negativas, no obstante que en su momento se impuso de su contenido. Por su parte, no es el caso tener por presuntivamente ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Baja California (anteriormente Procurador de Justicia del Estado de Baja California) con residencia en Mexicali, no obstante que fue omisa en rendir su informe justificado. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, los diversos 6, 21, párrafos segundo y tercero, 22 y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, y 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha autoridad no está facultada para emitir una orden privativa de la libertad en contra del directo quejoso, sino en todo caso, únicamente para solicitar a la autoridad judicial para que emita aquélla, para así proceder a su cumplimentación a través de los agentes policiales a su mando; mandamiento de captura que, como se vio, no se tuvo por demostrado en el presente juicio constitucional. De ahí que, deben tenerse por no ciertos los actos reclamados a la citada responsable Fiscal General del Estado de Baja California (anteriormente Procurador de Justicia del Estado de Baja California) con residencia en Mexicali. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 49/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 196941, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 107, Novena Época, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA. El procurador general de la República tiene la calidad de autoridad ejecutora de las órdenes de aprehensión dictadas por los Jueces de Distrito, por ser el titular de la institución del Ministerio Público de la Federación y en virtud de que, de conformidad con los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha institución, presidida por el procurador, es la encargada de la persecución de los delitos, para lo cual tiene bajo su mando a la Policía Judicial Federal, de donde se sigue que dicho procurador está facultado para cumplimentar la ejecución de las órdenes de aprehensión solicitadas por la autoridad judicial, siendo dicha ejecución realizada a través de la Policía Judicial Federal; lo que se traduce en una ejecución material del cuerpo policiaco y jurídica del titular del Ministerio Público de la Federación, máxime que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República encomienda a la mencionada policía la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero actuando siempre bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación." (Lo destacado es propio). Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual manera, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables, sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea ni suficiente para desvirtuar dichas negativas, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto a los aludidos actos, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 734/2023-B, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero, y por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles otorgado a la parte quejosa, en resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintitrés, para que exhibiera la garantía que se le fijó, con el objeto de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, sin que a la fecha lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, gírese oficio a la autoridad responsable haciéndole saber que dado lo anterior, quedan expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados dentro del juicio de garantías del que emana este incidente de suspensión. Notifíquese.

  4. Incidental

    R E S O L U C I Ó N********************Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 734/2023-B, promovido por********************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; y,********************R E S U L T A N D O********************Primero. Presentación de demanda. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad,********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan:********************Autoridades responsables:********************1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en esta ciudad (autoridad inexistente).********************2. Procurador de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali (omisa). ********************3. Comandante de la Policía Ministerial Zona Costa, con residencia en esta ciudad (autoridad inexistente).********************4. Jefe de Aprehensiones de la Policía Ministerial y agentes a su mando, con residencia en esta ciudad (autoridad inexistente).********************Actos reclamados:********************"I.- Se reclama de la autoridad señalada como responsable ordenadora C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO de la ciudad de Tijuana, Baja California ********************II.- La ilegal orden de aprensión o presentación girada en contra del suscrito y temor fundado de sufrir tal detención."********************Por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Segundo. Trámite. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitaron los informes previos y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental; luego se declaró la inexistencia de las autoridades responsables que el quejoso señaló como "Comandante de la Policía Ministerial Zona Costa", "Jefe de Aprehensiones de la Policía Ministerial y agentes a su mando", "Agente del Ministerio Público del Fuero Común", todas con sede en esta ciudad, por lo que en la resolución que se dicta no se ocupará del análisis de los actos a ellas reclamados; y, por último, tuvo verificativo la audiencia incidental al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión o presentación girada en contra del quejoso, y su ejecución********************TERCERO. Son presuntivamente ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Procurador de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en términos del primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, pues dicha autoridad fue omisa en rendir su informe previo, a pesar de estar debidamente notificada para ello.********************CUARTO. Se concede la suspensión definitiva. Ahora, de conformidad con los artículos 136, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Amparo, se tiene que de la lectura integral de la demanda de amparo, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión o presentación dictada en contra del quejoso, y su ejecución; además, que el impetrante de amparo solicitó la suspensión definitiva de tales actos; por tanto, en atención a que con la concesión de dicha medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contraviene disposiciones del orden público, y a fin de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, se concede la suspensión definitiva solicitada. ********************En ese tenor de ideas, en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el artículo 128, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. ********************Si la orden de privación de libertad reclamada fue emitida por una autoridad ministerial, tendrá el efecto de que no sea privado de su libertad personal, siempre que la orden no provenga de autoridades judiciales, ni sea sorprendido en flagrante delito o en el momento de cometer alguna infracción a reglamentos administrativos o disposiciones de policía y buen gobierno; además, en el supuesto de que el quejoso ya se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, tendrá el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. ********************Si la orden privativa de la libertad reclamada fue emitida por una autoridad administrativa señalada como responsable distinta a la autoridad ministerial, tendrá el efecto de que ésta proceda sin dilación a ponerla a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente y éste a su vez, dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho horas, o de noventa y seis horas, según corresponda, sea puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente o en libertad si procediera. ********************Ahora, respecto a la orden de presentación que el quejoso atribuye a las autoridades responsables, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se les prive de la libertad hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias en investigación de delitos, lo que es de orden público y por tanto insuspendible.********************No obstante, para el caso de que alguna de las partes, estime que de no suspenderse el procedimiento pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio al directamente agraviado, por existir diligencias pendientes de desahogar por el indiciado, deberá hacerlo del conocimiento con la finalidad de que esta juzgadora realice un examen previo y temporal y, de colmarse los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, determine respecto la paralización o inmovilización del acto. ********************En el caso la medida suspensiva que se concede, no surtirá efectos en los supuestos de que a la parte quejosa se le sorprenda en flagrante delito, o se trate de un mandamiento de captura diferente al reclamado en particular, y se otorga sin perjuicio de que con mayores elementos que se aporten pueda modificarse en todo o en parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166, último párrafo, de la ley de la materia.********************Asimismo, sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para que se presente ante las autoridades que emitieron la orden privativa de libertad que reclama, toda vez que a la fecha en que se provee la suspensión de mérito, este órgano jurisdiccional no cuenta con los medios probatorios que pongan de manifiesto su existencia.********************Sirve de apoyo, por analogía, lo establecido en la jurisprudencia 149/2********************7, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 371, del tomo XXVII, de enero de 2********************8, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que bajo rubro y texto: ********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." ********************Garantía. Con fundamento en el artículo 162, en relación con el numeral 168, ambos de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso no exhibe, dentro de los cinco días siguientes la cantidad de $******************** pesos (******************** pesos ********************/1******************** moneda nacional), garantía que este órgano jurisdiccional de forma discrecional fija en cualquiera de las formas permitidas por la ley. ********************En el entendido de que si el solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción II, del Acuerdo General 17/2********************7 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en el deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, eso es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 734/2023-B, promovido por********************". ********************Además, con fundamento en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Actividad Administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, el cual regula el procedimiento para la constitución y manejo de depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los órganos jurisdiccionales, en caso de presentar billete de depósito, deberá procurarse que incluya la siguiente razón, "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante; y que se autoriza al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para solicitar y recibir la información de la institución financiera que permita el control del depósito." ********************Ahora bien, si la garantía se exhibe en póliza de fianza, ésta tendrá que ser expedida bajo el sometimiento expreso de la compañía respectiva a la jurisdicción de este Juzgado Federal, para el caso de que la garantía que ahí se establezca se hiciera efectiva, y además, por tiempo indeterminado, para los efectos a que se refiere el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables y podrán ejecutar el acto reclamado.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E:********************Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso********************, respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el diverso considerando cuarto de esta interlocutoria.********************Notifíquese.

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