Victor Manuel Guerra Chacón

Expediente 1363/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1363/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Victor Manuel Guerra Chacón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto se obtiene que mediante oficio registrado con el folio 16396, la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, rindió su informe justificado que habilitó el expediente electrónico de la causa penal 1130/2023 de su índice; luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares dictada el siete de noviembre de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 1130/2023 a nombre de Víctor Manuel Guerra Chacón, prescindió de la prisión preventiva oficiosa, y una vez expuestos los motivos y fundamentos de las partes, se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contenida en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales al advertir una necesidad de cautela alta. En tal virtud, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Del dispositivo antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, la resolución de diez de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa penal 1130/2023 en la que el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, rechazó la solicitud de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al referir que no habían variado de manera objetiva las condiciones que sirvieron de base para la imposición de la indicada medida cautelar. No obstante, como se anticipó de las que se advierte que en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el siete de noviembre de dos mil veintitrés, prescindió la prisión preventiva oficiosa impuesta a Víctor Manuel Guerra Chacón y una vez expuestos los motivos y fundamentos de las partes se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contenida en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales al advertir una necesidad de cautela alta. Por tanto, si con posterioridad a fecha de presentación de demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la autoridad responsable prescindió la prisión preventiva oficiosa impuesta al aquí quejoso y en su lugar impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contenida en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales al advertir una necesidad de cautela alta en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados en el escrito de demanda, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha el quejoso cuenta con diversas medidas cautelares, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia aludida. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA." Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO." En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Robustece lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngase a la autoridad responsable informando que ********************, es defensora pública federal de ********************; en tal virtud, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a ******************** el carácter con el que se ostenta. Por otra parte, tomando en consideración que dicha autoridad refiere autorizar a este juzgado federal el acceso al expediente electrónico de la causa penal ********************, pero previa revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte vinculado, en consecuencia, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, a fin de que de no tener inconveniente legal realice la gestión conducente a fin de que se haga disponible la visualización del expediente o bien informe el impedimento legal que tenga para ello. Notifíquese.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Víctor Manuel Guerra Chacón, respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero y por los motivos expuestos en esta interlocutoria. Notifíquese

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encontraba señalada para el día diecinueve de octubre del año en curso, la audiencia constitucional; sin embargo, con motivo del paro nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación a fin de ejercer el derecho a la protesta que les asiste a los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, se suspendieron labores, términos y plazos procesales en la precitada fecha. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otra parte, visto el estado actual de autos, se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa, así como a la autoridad responsable Director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, para que exhibieran ante este órgano jurisdiccional, las constancias relativas al estudio de impacto ambiental y programa interno de protección civil, requeridos por el experto oficial Efraín Félix Carrillo, a fin de elaborar el dictamen encomendado en el presente juicio; sin que se advierta de las constancias que integran el expediente en que se actúa, que las mencionadas partes hayan sido debidamente notificadas del referido proveído. En ese sentido, requiérase a la parte quejosa, así como a la autoridad responsable Director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, exhiban ante este órgano jurisdiccional, las constancias relativas al estudio de impacto ambiental y programa interno de protección civil, requeridos por el experto oficial a fin de elaborar el dictamen encomendado. En el entendido de que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informar la imposibilidad jurídica que tengan para ello, se impondrá a la omisa, una multa por la cantidad de cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

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