Victor Manuel Rodriguez Ballesteros
Expediente 1224/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Victor Manuel Rodriguez Ballesteros y Otros.
- Victor Manuel Rodriguez Ballesteros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Víctor Manuel Rodríguez Ballesteros y Arturo Ramos Maldonado, respecto a la autoridad y actos reclamados, por los motivos y efectos precisados en el considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, sin que la parte legitimada hubiera recurrido el auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo, respecto a ********************, ha causado estado. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que nueve del mes y año en curso, de abril del año en curso, ********************, comparecieron ante la presencia judicial a efecto de ratificar el contenido y firma del escrito, por el cual subsanaron en su totalidad la prevención realizada en proveído de tres de octubre del año en curso. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la misma en sus términos. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese expediente original y por separado el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa. Audiencia constitucional. Se fijan las trece horas del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en el acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Intervención del Agente del Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiéraseles también para que remitan copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe justificado preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Obligatoriedad de recibir oficios. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberá aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3º.17 K (10ª.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Se apercibe a dichas responsables que de negarse a recibir el mismo, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Notificación. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29, ambos de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, y en términos de la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", únicamente le serán notificadas de manera personal, es decir, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos); en tanto que, los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista que se fije en los estados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, tomando en consideración que el segundo de los numerales en consulta, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx) o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentre capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o notoria causa de improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no comunicarla, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa de treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. Sin que por el momento haya lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto se reciba el informe con justificación y este órgano jurisdiccional advierta la existencia del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que acompañó al escrito inicial, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Cotejo y compulsa para cuaderno incidental Conforme al numeral 143 de la Ley de Amparo, procédase a la compulsa y cotejo de las documentales que por su naturaleza así lo ameriten, para que sean valoradas dentro del cuaderno incidental. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo ordenado en el expediente principal, con copia del acuerdo admisorio, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, fórmese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1224/2023 promovido por********************, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y de otra autoridad. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 136, 138, 140 y 260, todos de la Ley de Amparo, aplicable en el presente asunto, pídase a las autoridades responsables el informe previo, mismo que, deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y manifestar categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados, expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional. Se apercibe a las autoridades responsables, que la falta de la rendición del informe hará presumir cierto el acto reclamado, de conformidad con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo dispuesto en el numeral 238, en relación con el precepto 260 fracción I, de la ley de la materia, se impondrá a la autoridad responsable omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirvan rendir su informe previo preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberá estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitada para firmar electrónicamente, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentra imposibilitada para firmar electrónicamente, lo que no excluye a la potestad responsable de la sanción legal correspondiente, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Obligatoriedad de recibir oficios. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberá aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se le dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3º.17 K (10ª.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Se apercibe a dichas responsables que de negarse a recibir el mismo, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Notificación de las autoridades. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29, ambos de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, y en términos de la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", únicamente les serán notificadas de manera personal, es decir, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos); en tanto que, los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista que se fije en los estados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, tomando en consideración que el segundo de los numerales en consulta, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx) o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentre capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Pruebas. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales anexó a su escrito inicial de demanda; sin perjuicio de hacer relación de dichos medios de convicción en la etapa correspondiente de la audiencia incidental y que sean tomados en consideración al momento de resolver en definitiva la presente incidencia. En cumplimiento al proveído de esta fecha emitido en el cuaderno principal de donde deriva este incidente, hágase el cotejo y compulsa de las documentales que así lo ameriten. Suspensión provisional. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente, el artículo 138 de la ley en cita, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por su parte, el artículo 147 de la ley de la materia, en su párrafo segundo dispone que en los casos en que la suspensión fuera procedente, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas de mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora bien, la apariencia del buen derecho, ha sido definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la comprobación aparente del derecho invocado por la parte quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Ahora, en el escrito aclaratorio de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado el siguiente: "La omisión de reparar las instalaciones hidráulicas públicas ubicadas en la calle ********************, de la colonia ******************** de esta ciudad de Tijuana, Baja California, debido a que han estado fallando, lo que ha provocado como consecuencia la interrupción o suspensión de proporcionar los servicios de agua potable a los quejosos. Asimismo, solicitan la medida cautelar en los siguientes términos. "En términos de lo dispuesto por el Artículo 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, solicito se conceda la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva contra la interrupción o suspensión de proporcionar los servicios de agua potable a los suscritos, como consecuencia de omisiones o abstenciones que han realizado las responsables y que fueron señaladas actos reclamados, para efecto de que se restituya en nuestro favor y de nuestras familias dicho servicio de agua potable, de los cuales somos titulares y que fuimos privados." En tal sentido, esta Juzgadora se pronunciará sobre la solicitud de la suspensión con la finalidad de conservar la materia del juicio de amparo. Con tal propósito, a efecto de verificar si resulta o no procedente la suspensión provisional solicitada, por cuestión de técnica jurídica, se debe analizar en el orden en el que se asientan los aspectos siguientes: ? Si su naturaleza permite su paralización. ? Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; y, en su caso, ? Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión porque existe un tercero interesado o se trata de contribuciones. Ahora bien, en la especie el acto reclamado dada su naturaleza, sí es susceptible de ser suspendido y, por ende, procede verificar si se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar solicitada, a saber: a) Que la haya solicitado el quejoso; y, b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Precisado lo anterior, se destaca que en el caso concreto, el primero de los requisitos previstos en el artículo 128 de la ley de la materia, consistente en que lo solicite la parte quejosa, se encuentra satisfecho, toda vez, que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, expresamente solicita la apertura del incidente de suspensión del acto reclamado. Siguiendo la metodología apuntada, se procede a verificar si se cumple con el segundo de los requisitos en comento, consistente en que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada no se contravengan disposiciones de orden público o el interés social. En tal contexto, se advierte que respecto dicho tópico, no se sigue perjuicio al interés social, ya que con la medida no se daña un interés colectivo y sí, por el contrario, existe de por medio un interés particular, pues el perjuicio que los incidentistas pueden sufrir es superior al perjuicio social que se puede ocasionar, ya que con la omisión reclamada las responsables se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a los quejosos. Máxime, si se considera que el derecho a la salud es una prerrogativa fundamental de todo ser humano, garantía que se consagra en el artículo 4, Constitucional, por lo que, no es factible restringir en forma total el uso de ese derecho, traducido en el consumo del agua, ante los graves riesgos que se pueden correr, no sólo en ese aspecto, sino también en la higiene de las personas y de las instalaciones que habitan, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera, cuestiones que además se encuentran establecidas en normas internacionales. Así es, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el vigésimo noveno período de sesiones correspondiente a los días once a veintinueve de noviembre de dos mil dos, elaboró la Observación General número 15, titulada "El Derecho al Agua", y lo definió de la siguiente manera: "El derecho humano al agua, es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico." Asimismo, el veintiocho de julio de dos mil diez, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 64/292, en la cual se reconoció el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental e indispensable para la realización, el goce y el disfrute de los demás derechos humanos. A propósito de que el derecho al agua forma parte del reconocimiento a una vida digna y decorosa, es ilustrativa la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal." Además, la apariencia del buen derecho se encuentra justificada con las documentales que al efecto exhibieron consistentes en impresión de recibo por consumo de agua potable con número de cuenta ********************, expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a nombre de ********************, e impresión de recibo por consumo de agua potable con número de cuenta ********************, expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a nombre de ********************; documentales de las que se aprecia que los quejosos tienen contratado el servicio de agua potable. Ahora, teniendo en consideración que el derecho al agua potable es universal y no puede desconocerse, en el caso, como se adelantó, es la necesidad preponderante al valioso líquido, a la luz de los derechos humanos, protegidos constitucional y convencionalmente; por tanto, es procedente conceder la suspensión provisional, para efecto que la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, conforme al numeral 72 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, realice las gestiones necesarias a efecto que de manera inmediata y conforme a sus atribuciones proceda a reparar las instalaciones hidráulicas, sustituirlas o bien, a realizar cualquier acción tendiente a regularizar el funcionamiento de éstas y se restablezca el suministro de dicho líquido para uso doméstico en los domicilios ubicados en la calle ********************, de la colonia ********************, en esta ciudad. Apoya lo anterior, la tesis VIII.1o.P.A.12 A (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, consultable el Semanario Judicial de Federación, correspondiente a la Undécima Época, con registro digital 2027351, publicada el seis de octubre de dos mil veintitrés, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, CUANDO SE LE RECLAMA LA FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 92/2001). Hechos: Un Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto promovido por los quejosos contra la falta de suministro de agua potable en condiciones de cantidad, calidad y frecuencia, al considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, no tiene el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando se le reclame la falta de suministro de agua potable, en condiciones de cantidad, calidad y frecuencia. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012), prevé como derecho fundamental de los particulares, que el Estado debe garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, y que en la ley se establecerán las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso a ese recurso natural. Ahora bien, en el Estado referido los actos realizados con motivo de la prestación del servicio de agua para consumo personal y doméstico, relacionados con el cobro y suspensión del suministro, se rigen por los artículos 1, primer párrafo, 2, 4, 11, 13, 21, fracciones II, XIII y XVIII y 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que regulan la actividad y fijan los límites de los sistemas municipales de aguas y saneamiento, por lo que es claro que dichos actos se encuentran investidos de potestad pública y, por ende, se consideran emitidos en un plano de supra a subordinación, ya que dependen de lo que al respecto establece la Constitución General y la propia ley de la materia y no de lo que se pudiera señalar en el contrato de adhesión como si se tratara de un acto de comercio, toda vez que el derecho humano de acceso al agua que se estableció en la Carta Magna se garantiza para todas las personas mediante la prestación del servicio público de agua potable, por lo que no tiene su origen en la voluntad contractual. Sin que resulte aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 92/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 693, con número de registro digital: 189353, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.", toda vez que ésta surgió antes de la mencionada adición constitucional y tomando como base que el suministro de agua sólo dependía del acuerdo de voluntades expresadas en el contrato administrativo de adhesión, sin considerar que la prestación de ese servicio obedece a un derecho humano que el Estado debe garantizar a los particulares. Lo anterior, hasta en tanto reciba la autoridad responsable notificación sobre la determinación relativa a la suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno incidental. Se apercibe a la autoridad requerida que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados o de no informar el impedimento jurídico que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $********************(******************** moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $********************(********************centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, ya que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación a ********************, únicamente se le faculta en los términos restringidos establecidos en el último párrafo del numeral 12 de la ley de la materia, en virtud que, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la faculte para ejercer la licenciatura en derecho. Domicilio. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Solicitud acceso al expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento a la promovente que para autorizar el acceso al expediente electrónico deberá proporcionar su nombre de usuario, en la inteligencia de que con independencia de si la demanda se presentó por la vía física o electrónica, la parte legitimada para tal fin, podrá hacer dicha solicitud de acceso en cualquier momento, de conformidad con el numeral 40 del citado Acuerdo General Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes . Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; no obstante, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, rinda su informe justificado respecto a la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, dado que el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, fue notificado del oficio 25271/2023, en el que se solicitó rindiera el mismo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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