Víctor Manuel Romero Galindo
Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/07/2022
Partes del expediente
- Víctor Manuel Romero Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS los autos del expediente 220/2022-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Romero Galindo, contra actos del Administrador de la Aduana de Tijuana; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Romero Galindo, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Administrador de la Aduana de Tijuana. Por razón de turno, el catorce de marzo de dos mil veintidós, se turnó dicha demanda al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; quien la recibió el quince de marzo siguiente. Después, en acuerdo de dieciséis de marzo del presente año, el mencionado Juez, se declaró legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda de amparo, por lo que la envió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tijuana; en donde se recibió el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Posteriormente, por razón de turno, se remitió a este juzgado de Distrito, quien lo recibió el veinticinco de marzo siguiente. Igualmente, mencionó como acto reclamado la omisión de dictar resolución en el procedimiento administrativo AVM400201187 y de su notificación. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Auto inicial, admisión de demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo presentada por Víctor Manuel Romero Galindo, contra actos del Administrador de la Aduana de Tijuana; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con domicilio dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La omisión de dictar resolución en el procedimiento administrativo AVM400201187 y de su notificación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis del propio tribunal con título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la autoridad señalada como responsable, Administrador de la Aduana de Tijuana, al rendir su informe justificado que le fue solicitado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama. Efectivamente, al rendir su informe justificado, y pretender justificar la existencia de una causa de improcedencia, manifestó dicha autoridad que el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitió la resolución determinante del crédito fiscal en el procedimiento administrativo en materia aduanera AVM400201187, contenida en el oficio 800-13-00-02-04-2021-4662, a nombre de Víctor Manuel Romero Galindo, documento que fue notificado por medio de estrados, al tener un domicilio incompleto donde pudiera realizarse de manera personal, al hoy quejoso. Ello porque fue omiso en señalar una colonia y/o fraccionamiento para su localización. Lo que motivó que la publicación respectiva se realizara por estrados, el día cinco de marzo de dos mil veintiuno por un lapso de seis días; la cual surtió efectos el ocho siguiente; por lo que el plazo transcurrió del nueve al dieciséis del propio mes de marzo en cita; y la notificación respectiva surtió efectos legales el día diecisiete siguiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 153 de la Ley Aduanera, así como en los artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación. Lo cual se corrobora con las constancias que anexó la autoridad responsable, a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que en el caso, la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que éste órgano de control constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ante su inexistencia. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De igual forma, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Cuarto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Quinto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Romero Galindo; por el acto y respecto de las autoridades precisadas en el considerando segundo, y en términos de lo establecido en el considerando tercero del presente fallo. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el cuarto punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se desprende que transcurre el termino de quince días, otorgados a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de abril último (de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo), a efecto de que se imponga del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, con sede en esta ciudad, y manifieste lo que a su derecho convenga. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, del estado que guardan los presentes autos se JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 desprende que, en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, con sede en esta ciudad, rindiendo el informe justificado que le fue requerido; al cual anexó, copia certificada de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo AVM400201187, contenida en el oficio 800-13-00-02-04- 2021-4662, de su índice; asimismo, que de las constancias remitidas, se advierte que dicha resolución fue notificada a Víctor Manuel Romero Galindo, por estrados, en virtud de que, se estimó incompleto el domicilio proporcionado por éste -calle Gardenia, número 103, Atlixco Puebla, México-. Así las cosas, en el citado proveído, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el informe y constancias remitidas por la autoridad responsable, para que en el plazo de quince días, legalmente computado, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo; sin embargo, no obra en autos constancia de notificación personal relativa a dicho auto, a la parte quejosa. Por tanto, a fin de salvaguardar las formalidades del presente procedimiento, se comisiona al Actuario adscrito, a fin de que notifique personalmente a la parte quejosa, del proveído de veintisiete de abril del año en curso, y le corra traslado con el informe justificado y constancias remitidas por el Titular de la Aduana de Tijuana, con sede en esta ciudad1. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martin Moran Macías, Evelyn Sánchez Martínez, Eduardo Espinoza Luna, Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola y Armando Bernal Reyes, ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se faculta en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de amparo, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas mencionas en el escrito inicial de demanda, por así haberlo manifestado quien aquí promueve Ahora, téngase como domicilio procesal el ubicado en Paseo de los Héroes, número 10093 local 9, esquina con José Clemente Orozco, Zona Rio, código postal 22010, en esta ciudad. Además, con sustento en el artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento de las direcciones de correo electrónico, proporcionadas por quien aquí promueve, a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Por otra parte, en atención a su diversa solicitud, consistente en que se autorice el acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona los usuarios "Vmgutierrez" y "EGNegrete", de autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de marzo del año en curso, se autorizó el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, respecto del usuario "EGNegrete". Ahora bien, respecto al usuario "Vmgutierrez", con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, se autoriza a dicho profesionista el acceso al expediente electrónico en el presente asunto. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización respectiva en el expediente electrónico de los usuarios "Vmgutierrez", únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. En otro contexto, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de abril último, se ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con Residencia en San Andrés Cholula, en turno, a fin que notificara los autos de veintiocho de marzo y veintisiete de abril de dos mil veintidós, a Víctor Manuel Romero Galindo (aquí quejoso), por conducto de sus autorizados. Por tanto, y visto el escrito de cuenta, por el cual dicha parte procesal se apersona a juicio, dese de baja en el Sistema Integral de Sistema de Expedientes (SISE), el Exhorto 85/2022, número de orden 89/2022, librado para tal efecto. Por tanto, realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el sentido que dicha comunicación sea dada de baja del referido sistema. Notifíquese.
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