Vicente Sánchez Cid
Expediente 15/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Vicente Sánchez Cid
Actuaciones
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió documentos originales (fojas 8 a 17); por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquellos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, las referidas constancias correrán la misma suerte que este expediente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió documentos originales (fojas 8 a 17); por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquellos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, las referidas constancias correrán la misma suerte que este expediente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, 1. Delegado Regional de Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Córdoba, precisado bajo el inciso a) del considerando anterior, consistente en la retención y/o descuentos sobre el pago de la pensión jubilatoria que percibe el impetrante, así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 25), sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. Tampoco es cierto el diverso acto reclamado del 1. Delegado Regional de Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Córdoba, precisado en el inciso b) del considerando inmediato anterior, consistente en la omisión de dar respuesta a los escritos presentados por el inconforme el veintidós de abril y diez de septiembre de dos mil diecinueve, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 25). Si bien le correspondía demostrar la inexistencia de la omisión de que se trata, del análisis que se realiza de las peticiones formuladas por el aquí quejoso, se advierte que éstas no fueron dirigidas ni recibidas por la autoridad de trato, sino por diversas, tal y como más adelante se evidenciará; por lo que en esa medida, no puede considerarse como cierta la omisión de dar respuesta a las solicitudes que a ese respecto formuló en los citados escritos. En lo conducente, se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 39, Volumen CXXII, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, en su denominación correcta, 2. Titular del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz y 3. Titular de la Sección de Retiro Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Córdoba, Veracruz, precisado bajo el inciso a) del considerando segundo del presente fallo, consistente en la retención y/o descuentos sobre el pago de la pensión jubilatoria que percibe el quejoso, así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 41 y 54). También es cierto el acto reclamado de las citadas autoridades responsables, 2. Titular del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz y 3. Titular de la Sección de Retiro Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Córdoba, Veracruz, precisado en el inciso b) del considerando inmediato anterior, consistente en la omisión de dar respuesta a los escritos presentados por el inconforme el veintidós de abril y diez de septiembre de dos mil diecinueve, pues con independencia de que en sus informes justificados lo negaron (fojas 41 y 54), efectuaron diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia del mismo; por tanto, se tiene por desvirtuadas dichas negativas. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Autoridad para efectos del juicio de amparo En el caso, este Juzgado de Distrito -de oficio- estima que respecto del acto reclamado consistente en a) la retención y/o descuentos sobre el pago de la pensión jubilatoria que percibe el impetrante, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1° y 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley, "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.). De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Para promover demanda de amparo, es importante precisar que autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, el impetrante de amparo reclama de las autoridades responsables, Titular del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz y Titular de la Sección de Retiro Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Córdoba, Veracruz, la retención y/o descuentos sobre el pago de la pensión jubilatoria, que percibe del Instituto Mexicano del Seguro Social; deducciones que -conforme a lo expuesto por las responsables- derivan de la "concertación de créditos realizados por el propio quejoso", esto es, de los préstamos personales que el impetrante contrajo con instituciones de crédito. Por tanto, es evidente que el acto que se combate no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por dos razones: Tratándose de prestaciones de seguridad social otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se satisface la nota distintiva precisada en el inciso a), porque si bien dicho instituto está facultado para determinar respecto del otorgamiento de ese tipo de prestaciones, no está investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, pues la relación entre el ente asegurador y sus asegurados o beneficiarios es de coordinación y no de supra a subordinación. Porque de conformidad con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social,1 las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios deben resolverse por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; juicio en el que el citado instituto no acude como autoridad, sino en un plano de igualdad. Derivado de ello se tiene que la determinación del Instituto Mexicano del Seguro Social de descontar determinadas cantidades al pago de la pensión por jubilación que percibe el inconforme, no es un auto de autoridad para efectos del juicio de amparo De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento contenido, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble 1 "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". II. Cesación de efectos Por otra parte, este Juzgado de Distrito -también de oficio-, considera que respecto del acto reclamado consistente en b) la omisión de dar respuesta a los escritos presentados por el inconforme el veintidós de abril y diez de septiembre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Precisado lo anterior, en el caso, el quejoso acude al presente juicio de amparo y reclama de las autoridades responsables, Titular del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz y Titular de la Sección de Retiro Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Córdoba, Veracruz, la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el veintidós de abril y diez de septiembre de dos mil diecinueve, a través de los cuales solicitó, en lo que trasciende, información respecto del destino de las retenciones aplicadas sobre el pago de la pensión jubilatoria, que percibe del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, de las constancias que remitieron dichas autoridades responsables en vía de informe, se desprende, en lo que trasciende, que mediante oficio 329001710100/RET/.LAB/037 de veinte de enero de dos mil veinte (foja 47), dieron contestación a la solicitud de trato, en los términos siguientes: "C.************** (.) Atendiendo sus escritos del mes de abril y octubre de 2019, en los cuales manifiesta su inconformidad por la excesiva aplicación de descuentos a través del concepto 322 (Créditos a través de Financieras) y partiendo como hace referencia usted del mes de marzo 2019 se observa con base en la información que nos arroja el sistema que contaba en su momento con 4 compromisos ante financieras, mismas que a continuación presento: (.) Es importante mencionar que los compromisos los realizan ustedes como jubilados y/o pensionados directamente con las financieras y es de llamar la atención que los préstamos tuvieron que haber sido autorizados y sujetos con base a la capacidad de crédito; sin embargo, se desconoce cómo fue la mecánica de su otorgamiento en su momento, haciendo la aclaración de que las financieras realizan el trámite en las oficinas centrales de México y nosotros como delegación operamos las inclusiones o eliminación de descuento a través de los archivos que las financieras proporcionan al Instituto. En lo que respecta a que suspendamos algún descuento para ajustar la percepción con base a lo que establece la Ley no lo tenemos permitido como Delegación, por lo que hasta que usted realice liquidación (sic) con las financieras ya sea por nómina o en forma anticipada directamente con ellos usted logrará recupera su liquidez. Actualmente en su tarjetón figuran dos descuentos, sin embargo ante la falta de liquidez hay un descuento mensual por la cantidad de $2,594.89 que no ha sido posible recuperar." Respuesta que, además, fue notificada personalmente al quejoso, ************, según se advierte del contenido del propio documento. Luego, al cumplirse con la pretensión del peticionario de amparo, este órgano de control constitucional estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También se invoca como apoyo, por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Cabe señalar que en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", el contenido de la respuesta dada por la autoridad responsable no puede ser motivo de análisis en el presente controvertido, pues la única finalidad en éste es obligar a la autoridad responsable a dar una respuesta; por ende, si el quejoso estima que aquélla no satisface sus intereses, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo. Sustenta lo anterior, la tesis VI.1o.A.54 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en la página 2601, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.). El derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma, a su vez, por diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, las cuales consisten en: I. Dar respuesta por escrito; II. Que ésta sea congruente con lo solicitado; y, III. Que se dé a conocer al particular en breve término. Sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR., determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados en análisis, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Finalmente, cabe destacar que no pasa inadvertido el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito; sin embargo, resulta innecesario analizarlo, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de trece de enero de dos mil veinte (foja 19 a 21), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 15/2020, promovido por *************, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo del presente fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en los diversos considerandos tercero y quinto.
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