Victor Abel Reyes Martinez

Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Victor Abel Reyes Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente juicio deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original???????? exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido documento correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Numero Uno, encargada de la Fiscalía Cuarta, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación UIPJ 1/DXIV/806/2020/ESP4 de su índice, las cuales obran en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia... Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables, en su correcta denominación, 1. Fiscal Cuarta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número 1, y 2. Procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del "DIF" Municipal, ambos de esta ciudad. Lo anterior, toda vez que así lo manifestó la primera de dichas autoridades responsables al rendir su informe justificado (foja 39). Lo que se corrobora con el contenido de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXIV/806/2020/ESP4, del índice de dicha autoridad, de la que, en lo que aquí trasciende, se advierte lo siguiente: 1. El tres de septiembre del año pasado, con motivo de que la menor de identidad reservada 219 A, compareció a las oficinas de la Fiscalía Especializada, en compañía de su madre biológica Claudia Ramos Barragán, a presentar una denuncia contra sus padres Víctor Abel Reyes Martínez y María Lorena Bello García, se contactó vía telefónica al licenciado Marcelo Pérez Andrade, Sub-procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de esta ciudad, para que la asistiera en la presentación de dicha denuncia (foja 5 del tomo de pruebas). En la entrevista relativa a la presentación de la denuncia respectiva por parte de este último servidor público, la fiscal investigadora le hizo saber que dicha institución está facultada para decretar medidas de protección en favor de la víctima y le ofreció canalizarla a un refugio si así lo deseaba, para que no se encontrara en riesgo, a lo que el servidor manifestó que la adolescente involucrada se quedaría en el domicilio de su tía Elizabeth Reyes Martínez. 2. Esa misma fecha se recabó la entrevista de la menor de identidad reservada como 219 A, quien, en síntesis, narró que el uno de septiembre de ese año, abandonó el domicilio que habitaba junto con sus padres Víctor Abel Reyes Martínez y María Lorena Bello García, debido a que ésta la agredía verbal y físicamente; que primero se fue a casa de una amiga y después, a través de la aplicación "Facebook" localizó a su madre biológica, Claudia Ramos Barragán, quien la llevó a las oficinas de la fiscalía para que presentara la denuncia correspondiente (fojas 9 y 10 del tomo de pruebas). 3. Ese mismo día, acudió a la fiscalía Elizabeth Reyes Martínez, quien al ser entrevistada refirió que compareció al lugar porque su ex cuñada, de nombre "Claudia Barragán", quien es madre biológica de su sobrina de identidad reservada 219 A, le llamó por teléfono y le dijo que ésta se encontraba en dichas oficinas con motivo de la denuncia de maltrato que presentaría contra Víctor Abel Reyes Martínez y María Lorena Bello García; que como no había un familiar que se hiciera cargo de ella la mandarían a un albergue, que por eso acudió, para llevarla a su casa y resguardarla en su integridad. En ese momento, se levantó acta en la que se hizo constar que Elizabeth Reyes Martínez, tía paterna de la adolescente identificada como 219 A, se retiró de las oficinas en compañía de ésta (foja 11 del tomo de pruebas). Asimismo, se hizo constar en acuerdo de esa misma fecha, que Elizabeth Reyes Martínez se comprometía a promover el correspondiente depósito de dicha menor ante el Juzgado Familiar correspondiente (foja 15 del tomo de pruebas). 4. El cuatro de noviembre de esa anualidad, comparecieron ante la fiscalía los denunciados Víctor Abel Reyes Martínez y María Lorena Bello García, a quienes les fueron leídos sus derechos, entre otros, el de tener acceso ellos y su defensa a los registros de investigación, y designaron defensor voluntario, quien aceptó el cargo (fojas 33, 34, 37 y 38 del tomo de pruebas). 5. El dieciocho de los citados mes y año, Víctor Abel Reyes Martínez y María Lorena Bello García, presentaron su declaración por escrito en relación con los hechos denunciados y la ratificaron (fojas 43 a 48 del tomo de pruebas). 6. Por oficio sin número, treinta de octubre del año pasado, el licenciado Marcelo Pérez Andrade, Sub-procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de esta ciudad, informó a la fiscal investigadora que el veintiséis de octubre de esa anualidad, envió invitación a Elizabeth Reyes Martínez, para iniciar el proceso de alimentos, así como de guarda y custodia en favor de la menor de identidad reservada 219 A, pero no acudió a dicha invitación (fojas 59 y 60 del tomo de pruebas). Con el contenido de dichas actuaciones se corrobora lo sostenido en su informe justificado por la autoridad responsable 1. Fiscal Cuarta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número 1, consistente en que ella no decretó resguardo alguno de la menor involucrada en favor de Elizabeth Reyes Martínez, que ésta se comprometió a promover el depósito judicial de persona de dicha menor. Así es, pues, efectivamente, de lo actuado en la carpeta de investigación de origen no se advierte que la fiscal haya decretado el depósito o resguardo de dicha menor en favor de Elizabeth Reyes Martínez, sino que, una vez que la adolescente de mérito formuló denuncia contra sus padres, con quienes cohabitaba, por actos de violencia verbal y física, se retiró de dicha oficinas en compañía de aquélla, quien es su tía, para quedarse en su domicilio. Por el contrario, del sumario se advierte que la fiscal informó al representante de la víctima que ésta, como medida de protección, podría ser traslada a un albergue, pero aquél señaló que se quedaría en el domicilio de su mencionada tía. Sin que obste que la autoridad responsable 2. Procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del "DIF" Municipal, ambos de esta ciudad, al rendir su informe justificado, se haya referido a la circunstancia de que la menor involucrada se retiró de las oficinas de la fiscalía en compañía de su tía, como una "medida de protección" decretada por la fiscalía (fojas 23 a 27 del juicio), toda vez que, como se ha expuesto, no existe tal decreto. Si bien existe una medida de protección dictada en la indagatoria de origen que data del tres de septiembre de dos mil veinte, ésta únicamente consistió en girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Delegado de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz, a efecto de que comisionaran a personal a su mando para que prestaran vigilancia en el domicilio en que habitaría la menor involucra con su tía, Elizabeth Reyes Martínez (foja 13 del tomo de pruebas). De ahí que el mencionado acto resulte inexistente y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En adición, se precisa que aun cuando se partiera de la base de que la circunstancia de que la fiscalía permitiera que la menor involucrada se retirara de sus oficinas en compañía de su tía Elizabeth Reyes Martínez, implica que decretó su depósito en favor de ésta, y que, por ende, es cierto el acto que se reclama; la conclusión de este juicio sería la misma, esto es, el sobreseimiento. Así es, pues ante esa hipótesis, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que el aquí quejoso compareció a la indagatoria de origen el cuatro de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que designó defensor voluntario y tuvo acceso a los registros de la carpeta de investigación, entre éstas las actuaciones de tres de septiembre de ese año, y la demanda de amparo se presentó hasta el once de diciembre de ese año, esto es, entre ambas fechas transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la ley de la materia para instar la acción constitucional. Luego, operaría el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No escapa a la atención de quien resuelve, que la tercero interesada formuló diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de quince de diciembre de dos mil veinte (fojas 9 a 12 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracciones IV y V, 61, fracción XIV, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra el acto reclamado de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que la titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el referido numeral únicamente autoriza al secretario encargado del despacho a practicar diligencias y dictar las providencias de trámite, así como a emitir resoluciones de carácter urgente, y la celebración de la audiencia constitucional no se encuentra prevista dentro de los supuestos antes señalados. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración; la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 5, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. Resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables que ya rindieron su informe justificado, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentran en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de dieciocho de enero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable 2. Procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, con residencia en Córdoba, Veracruz, remitiendo copia certificada de la invitación 5/2020, de catorce de octubre de dos mil veinte, la cual se puso a vista de las partes por el término de ocho días de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, mismo que a la presente fecha se encuentra transcurriendo. De igual forma, se requirió a la Fiscal Cuarta de la Agencia Especializada en delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en Córdoba, Veracruz, para que remitiera de manera completa, copia certificada legible y en orden cronológico, de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación UIPJ-1/DXIV/806/2020/ESP4, a efecto de contar con todas las actuaciones procesales para resolver el presente juicio de amparo. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta MÓNICA MORALES SÁNCHEZ no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, correspondiente al mes de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Finalmente, resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentran en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10 a.), página 1253, del Libro XVI, correspondiente al mes de enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."

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