Vicente Hugo Hernández Rosales

Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
947/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Vicente Hugo Hernández Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, se provee*** Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia, con sede en Orizaba, Veracruz, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196, de la Ley de Amparo, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable; dese vista a las partes quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Asimismo, toda vez que la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, adjuntó el telegrama enviado por el Policía de Investigación encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que va dirigido al juicio de amparo*** de nuestro índice administrativo, por tanto, con copia certificada del oficio que se provee, dese cuenta en aquél, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, son los siguientes*** En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato. Apercibida la autoridad responsable, que en caso de no cumplir dentro del plazo concedido para ello, se hará acreedora de una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido que, si la autoridad responsable no cumple con el requerimiento señalado en el párrafo precedente, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 947/2022, promovido por*** contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado se notificó personalmente el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós; y en términos del numeral 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el veintiocho de ese mes; de ahí que si la demanda de amparo fue presentada al día siguiente, esto es, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, entonces, resulta oportuna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las copias certificadas deducidas del juicio ordinario civil*** remitidas por el Juez responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio quedó precisado en el considerando tercero de este fallo, a saber*** SEXTO. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, en el que sostiene que el apercibimiento de uso de la fuerza pública carece de motivación. Lo anterior es así, toda vez que el juez responsable omitió expresar las razones por las que decidió utilizar tal medida de apremio para hacer cumplir la determinación correspondiente y no una diversa de las permitidas en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo que resulta violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El precepto en cita, en su párrafo primero, establece*** De la lectura de la disposición transcrita se desprende que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un gobernado, además de constar por escrito y ser emitido por autoridad competente, debe estar fundado y motivado (salvo tratándose de los emitidos en procedimientos que tengan como regla la oralidad, en los que bastará que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento a dicho párrafo). En ese orden, por fundamentación se entiende que la autoridad, al dictar el acto que incida en la esfera jurídica del quejoso, debe citar las normas legales aplicables al caso, aquellas que le sirvan de apoyo para dictar su determinación. Asimismo, para cumplir con la obligación de motivar, es necesario que la autoridad indique todas aquellas circunstancias que tuvo en consideración para dictar el acto combatido, en lo que debe haber una necesaria adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, para lo cual debe expresar razonamientos congruentes, señalar las razones particulares y causas inmediatas que tenga en consideración, para la emisión del acto. En ese contexto, cabe destacar que el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, establece lo siguiente*** Disposición normativa conforme a la cual, en los juicios civiles que se tramiten en esta entidad federativa, los jueces se encuentran facultados para emplear medidas de apremio que ahí se precisan, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones. Al respecto, es pertinente destacar que el mencionado artículo no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio señaladas en el mismo, por lo que debe entenderse que queda al arbitrio del juzgador aplicar el medio que juzgue eficaz para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, como incluso lo refiere la citada disposición normativa. En ese contexto, el juzgador, al hacer uso de dicha facultad, como cualquier acto de autoridad, tiene que respetar la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, debiendo, en consecuencia, exponer las razones por las que utiliza el medio de apremio que considera aplicable, y no uno diverso de los demás establecidos en la norma respectiva. En el caso, de la lectura del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós que se combate, se advierte que el juez responsable no expresó las razones por las que, a fin de vencer la contumacia del quejoso*** determinó apercibirlo con el uso de la fuerza pública. Esto es, la autoridad responsable ordenadora no expresó razonamiento alguno del por qué consideró eficaz hacer uso de la fuerza pública, para conseguir que*** se separe o abandone el domicilio en el que cohabitaba con la tercero*** ubicada en*** para lograr que éste saliera de dicho domicilio; y no un medio de apremio diverso de los previstos en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa. Si bien en el auto reclamado se advierte que la autoridad responsable refiere que el apercibimiento decretado es en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio*** lo cierto es que la concesión de amparo en dicho juicio fue respecto del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el cual, entre otros, se apercibió al aquí quejoso con imponerle un arresto por el término de treinta y seis horas, medida de apremio que se hizo efectiva en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que la ejecutoria emitida en el citado juicio, no pueda ser sustento del auto aquí reclamado. Además, aun cuando de las constancias remitidas por la responsable se advierta que*** fue requerido previamente en cuatro ocasiones para que se separara del indicado domicilio, sin que lo haya hecho; la contumacia en la que ha incurrido el antes nombrado no justifica el apercibimiento con el uso de la fuerza pública, sin expresar mayor motivación en torno a por qué se considera dicha medida de apremio como eficaz para lograr el acatamiento del referido mandato judicial. Por tanto, al quedar de manifiesto que el acto reclamado carece de motivación, por las consideraciones apuntadas, resulta violatorio de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional. En las relatadas condiciones, se impone otorgar a*** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz*** Deje insubsistente el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ordinario civil*** en su lugar, emita uno nuevo en el que en relación con el apercibimiento de imponer una medida de apremio al quejoso para el caso de no acatar lo ordenado, purgue el vicio formal precisado y resuelva lo conducente, pudiendo ser en idéntico o diverso sentido. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la tercera interesada a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara a*** contra el acto reclamado del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado.

  4. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 947/2022, promovido por*** contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado se notificó personalmente el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós; y en términos del numeral 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el veintiocho de ese mes; de ahí que si la demanda de amparo fue presentada al día siguiente, esto es, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, entonces, resulta oportuna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las copias certificadas deducidas del juicio ordinario civil*** remitidas por el Juez responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio quedó precisado en el considerando tercero de este fallo, a saber*** SEXTO. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, en el que sostiene que el apercibimiento de uso de la fuerza pública carece de motivación. Lo anterior es así, toda vez que el juez responsable omitió expresar las razones por las que decidió utilizar tal medida de apremio para hacer cumplir la determinación correspondiente y no una diversa de las permitidas en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo que resulta violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El precepto en cita, en su párrafo primero, establece*** De la lectura de la disposición transcrita se desprende que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un gobernado, además de constar por escrito y ser emitido por autoridad competente, debe estar fundado y motivado (salvo tratándose de los emitidos en procedimientos que tengan como regla la oralidad, en los que bastará que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento a dicho párrafo). En ese orden, por fundamentación se entiende que la autoridad, al dictar el acto que incida en la esfera jurídica del quejoso, debe citar las normas legales aplicables al caso, aquellas que le sirvan de apoyo para dictar su determinación. Asimismo, para cumplir con la obligación de motivar, es necesario que la autoridad indique todas aquellas circunstancias que tuvo en consideración para dictar el acto combatido, en lo que debe haber una necesaria adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, para lo cual debe expresar razonamientos congruentes, señalar las razones particulares y causas inmediatas que tenga en consideración, para la emisión del acto. En ese contexto, cabe destacar que el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, establece lo siguiente*** Disposición normativa conforme a la cual, en los juicios civiles que se tramiten en esta entidad federativa, los jueces se encuentran facultados para emplear medidas de apremio que ahí se precisan, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones. Al respecto, es pertinente destacar que el mencionado artículo no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio señaladas en el mismo, por lo que debe entenderse que queda al arbitrio del juzgador aplicar el medio que juzgue eficaz para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, como incluso lo refiere la citada disposición normativa. En ese contexto, el juzgador, al hacer uso de dicha facultad, como cualquier acto de autoridad, tiene que respetar la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, debiendo, en consecuencia, exponer las razones por las que utiliza el medio de apremio que considera aplicable, y no uno diverso de los demás establecidos en la norma respectiva. En el caso, de la lectura del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós que se combate, se advierte que el juez responsable no expresó las razones por las que, a fin de vencer la contumacia del quejoso*** determinó apercibirlo con el uso de la fuerza pública. Esto es, la autoridad responsable ordenadora no expresó razonamiento alguno del por qué consideró eficaz hacer uso de la fuerza pública, para conseguir que*** se separe o abandone el domicilio en el que cohabitaba con la tercero*** ubicada en*** para lograr que éste saliera de dicho domicilio; y no un medio de apremio diverso de los previstos en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa. Si bien en el auto reclamado se advierte que la autoridad responsable refiere que el apercibimiento decretado es en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio*** lo cierto es que la concesión de amparo en dicho juicio fue respecto del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el cual, entre otros, se apercibió al aquí quejoso con imponerle un arresto por el término de treinta y seis horas, medida de apremio que se hizo efectiva en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que la ejecutoria emitida en el citado juicio, no pueda ser sustento del auto aquí reclamado. Además, aun cuando de las constancias remitidas por la responsable se advierta que*** fue requerido previamente en cuatro ocasiones para que se separara del indicado domicilio, sin que lo haya hecho; la contumacia en la que ha incurrido el antes nombrado no justifica el apercibimiento con el uso de la fuerza pública, sin expresar mayor motivación en torno a por qué se considera dicha medida de apremio como eficaz para lograr el acatamiento del referido mandato judicial. Por tanto, al quedar de manifiesto que el acto reclamado carece de motivación, por las consideraciones apuntadas, resulta violatorio de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional. En las relatadas condiciones, se impone otorgar a*** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz*** Deje insubsistente el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ordinario civil*** en su lugar, emita uno nuevo en el que en relación con el apercibimiento de imponer una medida de apremio al quejoso para el caso de no acatar lo ordenado, purgue el vicio formal precisado y resuelva lo conducente, pudiendo ser en idéntico o diverso sentido. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la tercera interesada a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara a*** contra el acto reclamado del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado.

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