Vicente Hugo Hernández Rosales

Expediente 159/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
159/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Vicente Hugo Hernández Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 8988/2021 de treinta de marzo de la presente anualidad; así como de los tomos de prueba

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. ??????? Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitieron los Magistrados que integran la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Xalapa, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen, y solicíteseles el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 17166/2020 a través del cual se le notificó la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS Y ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 159/2020, promovido por ., contra el acto de los Magistrados que integran la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la Secretaria de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado que a continuación se transcribe: "(.) La sentencia definitiva dictada que revoca parcialmente la sentencia de primera instancia dentro de los autos del TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 2404/2019, dictada por la autoridad señalada como responsable en fecha 10 de Enero de 2020, misma sentencia que resulta contraria a derecho y viola tanto mis derechos fundamentales como mis derechos humanos." SEGUNDO. Incompetencia. En auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, determinó que la resolución reclamada por la parte quejosa no se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 170 de la Ley de Amparo, por lo que declinó su competencia para conocer del asunto en favor del Juez de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, en turno; y remitió la demanda, el referido informe y sus anexos. TERCERO. Prevención, admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto, previno a la parte quejosa para que manifestara bajo protesta de decir verdad los hechos expresados en su demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se tendría por no presentada. Por auto de trece de agosto de dos mil veinte, previo cumplimiento al anterior requerimiento, se admitió la demanda, sin solicitar a la Sala responsable su informe con justificación por obrar en autos, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. CUARTO. Emplazamiento de la tercero interesada. Por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por emplazada a la tercero interesada .. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Las dos primeras etapas de la audiencia constitucional se llevaron a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran agregadas al sumario se advierte que consiste en: - La resolución dictada el diez de enero de dos mil veinte, en el toca ./2019, por los Magistrados de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que revoca la de primer grado y la deja insubsistente, para que el juez reponga el procedimiento, se allegue de pruebas para verificar la capacidad económica del demandado y con libertad de jurisdicción se emitiera un nuevo fallo. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Magistrados que integran la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, por así advertirse de la lectura de su respectivo informe con justificación. Lo que se corrobora con las constancias originales del toca ./2019 y del juicio ordinario civil ./2017. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de actuaciones judiciales practicadas por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la resolución que se reclama un acto emitido dentro de un juicio ordinario civil que no es de imposible reparación. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; La segunda disposición normativa en cita establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación; y define a éstos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Ahora, de la aplicación a contrario sensu de dicho precepto, relacionado con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado es la resolución de diez de enero de dos mil veinte, dictada en el toca ./2019, por los Magistrados de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que revocó la de primer grado, la dejó insubsistente y ordenó al juez reponer el procedimiento para allegarse de pruebas para verificar la capacidad económica del demandado y con libertad de jurisdicción emitiera un nuevo fallo. Dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación respecto del cual, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo, ya que no vulnera derecho sustantivo alguno, sino únicamente es susceptible de producir efectos formales o intraprocesales que se pueden destruir si se dicta sentencia favorable a los intereses del quejoso. Esto es, el acto reclamado no afecta materialmente de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del quejoso, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, sino que sólo tiende a la debida integración del juicio para obtener pruebas y verificar la capacidad económica del demandado y estar en posibilidad legal de fijar los alimentos de manera proporcional, atendiendo a la necesidad de los acreedores y posibilidad del deudor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en casos de reposición de juicio, se debe analizar si la orden de recabar pruebas para determinar la capacidad económica del deudor alimentario, afecta o no sus derechos fundamentales; sin embargo, en el caso no se actualiza ese supuesto ya que el acto reclamado que ordena reponer el procedimiento del juicio ordinario civil, a efecto de obtener información relativa a determinar la capacidad económica del deudor alimentario, no afecta derechos sustantivos del quejoso, porque su finalidad es únicamente establecer su capacidad económica y de esta forma tener elementos suficientes para con certeza estar en condiciones de fijar o no una pensión compensatoria acorde a la realidad económica del quejoso, lo que sólo afecta derechos de naturaleza procesal, los cuales, en caso de resultar favorable a los intereses de la parte quejosa, la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de referencia, tendría como consecuencia su restitución, y en caso contrario, esto es, si la sentencia que se dictara en el juicio natural, le resultara desfavorable y esas violaciones trascendieran al resultado del fallo, estaría en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo que se llegara a promover contra la sentencia que se dicte, una vez agotados los recursos o medios ordinarios de defensa, como una violación procesal, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es así, pues, se reitera, para que el acto sea calificado como irreparable y procedente para la vía constitucional intentada tendría que producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que invariablemente llegará a trascender al resultado del fallo, lo que no se advierte que exista contra el impetrante de amparo al ordenar recabar pruebas y determinar su solvencia económica. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en Sesión Privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Cabe destacar que si bien la reposición del procedimiento en un juicio implica en mayor o menor medida un retardo en la administración de justicia, empero ese hecho no conduce a la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que por sí sola no se vulnera la garantía de impartición de justicia establecida en el artículo 17 constitucional. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." De ahí que en el caso se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, dado el sentido de la presente resolución, en donde se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, existe impedimento jurídico para analizar los conceptos de violación que se dirigen a combatir la inconstitucionalidad del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1028 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Tomo VI, ParteTCC, Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por cuanto hace a los alegatos expresados por la tercero interesada, no procede analizar tales asertos, al no haber obligación de pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, cuestión que en la especie no acontece; lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 20/93, localizable en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 31, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.", máxime que su análisis no variaría en nada la decisión aquí alcanzada. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ., contra el acto que reclama de la autoridad responsable Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

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