Vicente Tehintle García y/o Vicente Tehuintle García
Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Vicente Tehintle García y/o Vicente Tehuintle García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra se negó el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Ahora, de autos se desprende que el*** Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz (autoridad responsable), al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del proceso penal*** con las cuales se ordenó formar un tomo de prueba el cual obra por separado y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole de la manera más atenta a la referida autoridad, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra se negó el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Ahora, de autos se desprende que el*** Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz (autoridad responsable), al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del proceso penal*** con las cuales se ordenó formar un tomo de prueba el cual obra por separado y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole de la manera más atenta a la referida autoridad, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese.
- Principal
TERCERO. Negativa de actos. No es cierto el acto reclamado por lo que respecta a las autoridades responsables, 2. Licenciada Janeth Pérez Caro; 3. Licenciada María Andrea García Zavaleta, 4. Licenciado Marco Antonio Martínez Lobato, Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, adscritos a las Salas Uno, Dos y Tres, con sede en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. La parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar sus negativas; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y autoridades de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis (...) CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Sala Cuatro, con sede en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, consistente en la orden de aprehensión emitida el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 60/2021; así se advierte de lo manifestado por el administrador de Salas, Licenciado Marco Antonio Martínez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, titular de la Sala Dos, al rendir su informe justificado (foja 23). Lo que se corrobora con las constancias deducidas del proceso penal 60/2021, remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, las que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por otro lado, se tiene por cierto el acto de ejecución reclamado al 5. Delegado de Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz, no obstante que al rendir su informe justificado (foja 22) lo haya negado, pues si la autoridad ordenadora, 1. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Sala Cuatro, con sede en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, lo aceptó, por la naturaleza de las funciones que desempeña se encuentra facultada para ejecutar las inminentes consecuencias jurídicas del mandamiento de captura reclamado. En lo conducente, sirve de apoyo la tesis (...) QUINTO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, sin prueba en contrario, que tuvo conocimiento del acto reclamado el diez de octubre de dos mil veintidós, por lo que el término de quince días hábiles siguientes al en que se ostentó conocedor de aquél (artículo 17 de la Ley de Amparo) transcurrió del once de octubre al cuatro de noviembre de ese año. Lo anterior, sin contar en dicho lapso los días doce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, asimismo los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, entonces, resulta oportuna. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria (...) OCTAVO. Cuestión previa. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues la resolución reclamada es relativa a la materia penal y el quejoso es el inculpado. Por otra parte, es pertinente indicar que el análisis de constitucionalidad del acto reclamado debe realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en razón de que aquél fue dictado aplicando el sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. NOVENO. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Son infundados los conceptos de violación formulados por el solicitante de la protección constitucional, sin que este Juzgado advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El peticionario de amparo señala en sus conceptos de violación que la orden de aprehensión girada en su contra: (..) Lo anterior es así, en razón de que la resolución que se reclama es una orden de aprehensión, misma que se encuentra regulada por un mandato específico, contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no establece que, previo a su emisión, deban observarse las formalidades del procedimiento que precisa, esto es, que previamente al libramiento de la orden de captura, se haga de su conocimiento el supuesto o supuestos típicos específicamente determinados y que se le reciban los elementos de prueba de descargo. Cabe precisar que la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 constitucional, que es la que esencialmente alega transgredida el quejoso, no opera por modo absoluto, es decir, por regla general todo gobernado goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; sin embargo, la constitución consigna algunas excepciones al goce de este derecho, en el caso, tratándose de órdenes judiciales como la de aprehensión. Esto es, el artículo 16 constitucional establece los requisitos que el libramiento de aquéllas debe satisfacer, pero no exige que previamente a él se oiga al presunto indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dichas órdenes estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se castigue con pena corporal o penal alternativa, y que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, así como datos de los que deriva que el mismo ha sido cometido por el inculpado o con su participación. En ese entendido, resulta claro que para librar una orden de aprehensión, como se ha dicho, el juez responsable no se encontraba obligado a oír al imputado en defensa. Al respecto, resulta aplica la tesis (...) También es aplicable, por sus consideraciones, la tesis (...) Asimismo, resulta infundado el concepto de violación en el que el impetrante señala que la resolución reclamada viola en su perjuicio la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 constitucional, dado que no está debidamente fundada y motivada. A efecto de justificar dicha postura, resulta pertinente citar el contenido del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." El precepto transcrito contiene el principio de legalidad que se encuentran obligadas a observar todas las autoridades al emitir sus actos, según el cual, éstos deben ser emitidos por escrito por órgano competente, y ser fundados y motivados, salvo aquéllos que sean dictados en procedimientos regidos por la oralidad, en los que no es necesario que consten por escrito, si no en cualquier medio que dé certeza de su contenido. En cuanto a los requisitos de fundamentación y motivación es pertinente precisar que por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, mientras que la motivación es la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En relación con esto último, sirve de apoyo la jurisprudencia (...) En el caso, de la lectura de la resolución reclamada se advierte, en lo que aquí trasciende, que la responsable citó los preceptos legales aplicables, pues a ese respecto invocó, entre otros, los artículos los artículos 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 55 y 56 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con los diversos 20, fracción I, 133, 132, 222, 259 y 265 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, 128 y 130 en relación con el 144, fracción I, del Código Penal vigente, así como los diversos 47, fracción I, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz, lo que satisface el requisito de fundamentación. Además, esos preceptos son aplicables al asunto de que se trata, pues hacen referencia a: los requisitos legales para el libramiento de una orden de aprehensión, la competencia para emitirla, el tipo penal que se estima actualizado, y el valor probatorio que debe otorgarse a cada medio de prueba. Asimismo, la juzgadora expuso los razonamientos lógicos y jurídicos por los que consideró procedente emitir la orden de aprehensión reclamada en contra del aquí quejoso, que medularmente son que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos que para su dictado establece el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en que: a) Sea emitida por una autoridad judicial competente; b) Preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, que se encuentre sancionado con pena privativa de libertad; y c) Existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En relación con el requisito marcado bajo el inciso a), la responsable indicó que se cumple al ser competente para resolver el mandamiento de captura solicitado por el Fiscal; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción III, constitucional, 55 y 56 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con los diversos 20, fracción I, 133 y 134, del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, 47, fracción I, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En relación con el requisito mencionado en el inciso b), también lo estimó satisfecho, al señalar ".Se acredita con el dato de prueba consistente en la denuncia presentada por EULALIO GONZÁLEZ TREJO quien refirió que el día miércoles 30 de Diciembre del 2020, aproximadamente como a las ocho de la noche, su hijo EDUARDO le fue a decir que le habían pegado a JUAN GONZÁLEZ VALENCIA y que estaba tirado en el camino que conduce de la localidad de Paraíso a la localidad de la Joya, estableciendo de forma clara y precisa que este dato de prueba al análisis lógico y sistemático por este Juzgado, advierte la pertinencia en términos del artículo 222 del código procesal vigente, pues este deriva precisamente en poner en conocimiento la noticia criminal a la autoridad competente de investigar, lo que dio origen a la carpeta de investigación referida. Así mismo considerando que este dato de prueba resulta pertinente e idóneo en términos del artículo 222 en relación con el 259, 265 del ordenamiento adjetivo de la materia, por lo que se tiene por debidamente valorado para acreditar el primero de los extremos del artículo 16 Constitucional, como lo es precisamente la existencia de una denuncia." Por lo que respecta al requisito descrito en el inciso c), indicó que se encontraba satisfecho, con base en lo siguiente En primer término, precisó que el antisocial por cual se ejercitó acción penal es el de homicidio calificado, previsto por los artículos 128 y 130, en relación con el 144, fracción I, del Código Penal vigente en la entidad, delito que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, de conformidad con el artículo 130 de dicho ordenamiento, que disponen: "Artículo 128. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona." Artículo 130. Al responsable de homicidio calificado se le impondrán de veinte a setenta años de prisión y multa hasta de mil días de salario; si además en la comisión del homicidio se actualizaran cuatro o más de las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 144 de este Código, se le impondrían de treinta años a prisión vitalicia." "Artículo 144. El homicidio y las lesiones tendrán el carácter de calificadas cuando se cometan I. Con premeditación, alevosía, ventaja o traición; II. Por retribución dada o prometida; III. Dolosamente mediante inundación, incendio, minas, bombas, explosivos, radiación o liberación de sustancias nocivas o gases; IV. Con saña, crueldad o por depravación; V. Por asfixia, envenenamiento o empleo de cualquier sustancia nociva para la salud; o VI. Por contagio intencional de una enfermedad incurable. VII. Por motivos de odio, derivados del origen étnico o nacional, lengua, raza, color, preferencias sexuales o identidad de género de la víctima. Para los efectos de la fracción I, hay premeditación cuando el agente causa la muerte o lesión después de haber reflexionado sobre el delito que pretende cometer; alevosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien empleando acechanza o engaño; ventaja, cuando el delincuente tenga superioridad física sobre la víctima, o ésta sea mujer, en aquellos casos no previstos por el artículo 367 Bis, niños, adultos mayores o personas con capacidades diferentes o cuando el delincuente no corra el riesgo de ser muerto o herido por el ofendido; y traición, cuando se viola la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima, o la tácita que ésta debía esperar en razón del parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra circunstancia que inspire confianza." Enseguida, refirió que en el caso existen datos que establecen que se cometió ese hecho y la probabilidad de que, entre otros, el aquí quejoso, Vicente Tehuintle García, lo cometió o participó en su comisión. Ello, con base en los siguientes medios de prueba (...) (...) Por otro lado, consideró que con los datos de prueba referidos se acredita que la conducta mediante la cual se privó de la vida a la víctima, se desplegó con ventaja, toda vez los sujetos activos tenían la voluntad y el conocimiento de las consecuencias de sus actos, esto es, del hecho y sus consecuencias punibles, y sin embargo buscaron producir el resultado, pues el día de los hechos esperaron el momento y el lugar en donde la víctima pasara para emboscarlo, previendo acechanza para intervenirlo, disparándole primero con un arma de perdigones que ocasionó que perdiera el control del vehículo en el que circulaba, para que una vez en el suelo, someterlo y que Elia López Nepomuceno, con un arma punzocortante le profiriera heridas en el cuello que le ocasionaron la muerte. Determinación que se encuentra ajustada a derecho, ya que, como lo sostuvo el juez responsable, los datos de prueba que narró el fiscal en su escrito mediante el cual solicitó la orden de aprehensión, hasta ese momento son suficientes para tener por acreditada la comisión del hecho ilícito (homicidio calificado), así la probable responsabilidad, entre otros, del impetrante de amparo, Vicente Tehuintle García o Vicente Tehintle García. Es así pues la denuncia realizada por Eulalio González Trejo, la entrevista de los testigos de identidad resguardada 01/2021/tez, 02/2021/tez y 03/2021/tez, los dictámenes 184/2020, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, relativo a la criminalística de campo con secuencia fotográfica embalamiento de indicios y levantamiento de cadáver médicos, así como el 1614/2021, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, de criminalística de campo con secuencia fotográfica y fijación del lugar de los hechos; ponen en evidencia que el treinta de diciembre de dos mil veintiuno (tiempo), en el camino ubicado en La Joya, perteneciente a Tezonapa, Veracruz, (lugar), los sujetos activos asecharon a la víctima, la agredieron y finalmente con un cuchillo lo degollaron, con lo que se le privó de la vida (modo); conducta que se ubica en el tipo penal de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos transcritos; y que el aquí quejoso probablemente es una de las personas que participó en su comisión, pues fue ubicado por los testigos en el lugar, tiempo y circunstancias en que se llevó a cabo. Por tanto, contrariamente a lo expuesto por el solicitante de amparo, el acto reclamado cumple con el requisito de debida fundamentación y motivación que debe reunir todo acto de autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Es pertinente indicar que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo debe expresarse en las sentencias de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el impetrante; y al no advertirse queja que suplir a favor del quejoso que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado, resulta innecesario el análisis oficioso de las consideraciones de la resolución reclamada. Es aplicable, la jurisprudencia (...) En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman de la autoridad responsable, 5. Delegado de Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, Veracruz, dado que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación impugnada cuya constitucionalidad no quedó desvirtuada. DÉCIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se ordenó poner del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna ello conllevaría a la no aprobación de tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo aplicable se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *************, contra los actos reclamados a los Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, adscritos a las Salas Uno, Dos y Tres, con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz, precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA a ************, contra los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables 1. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Sala Cuatro, con sede en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz y al 5. Delegado de Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz, precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando noveno de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma. Notifíquese, electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista al quejoso y tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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