Uriel Lara Cazarez

Expediente 1165/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1165/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Uriel Lara Cazarez

Actuaciones

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que --, interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el veintidós de octubre pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, por analogía y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita, pues se desechó de plano la presente demanda de amparo Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTIDOS DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Téngase por recibido el oficio de cuenta, que suscribe el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el diverso 17057/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que el similar oficiante remite el juicio de amparo número 1133/2019 de su índice, promovido por -, contra actos del Titular del citado similar, en virtud de declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito. Por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo del mismo. Atento a lo anterior, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número I-1165/2019-P. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ". EL ACUERDO DE FECHA 2 DOS DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, Y EL ACUERDO DE FECHA 8 OCHO DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE emitidos por el Juez responsable Noveno de Distrito residente en esta ciudad de Morelia, Michoacán, mediante el cual se restringe la libertad procesal de los suscritos quejosos, emitido dentro del proceso penal número 16/2015, integrado al suscrito quejoso por la probable comisión del delito de CONTRA LA SALUD Y OTRO (NO CONSIDERADO COMO GRAVE), que se me instruye ante la responsable en las parte que a continuación se transcriben. ."Morelia, Michoacán, a dos de octubre de 2019 dos mil diecinueve.- Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria dictada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en la que se consideró a -, penalmente responsable en la comisión de los delitos CONTRA LA SALUD en la modalidad de POSESIÓN SIMPLE DE ARIHUANA Y SEMILLAS DE ESE ENERVANTE, previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con el artículo 479, de la ley General de Salud, así como PORTACIÓN DE ARMA DE GUEGO SIN LICENCIA, que tipifica y pune el dispositivo 871, primer párrafo, en vinculación con el ordinal 10, fracción V, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y POSESIÓN DE CARTUCHOS DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AEREA, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat fracción II, en concordancia con el numeral 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del precepto 13, fracción II, del Código Penal Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 360, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. . . En otro orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 100, 101 y 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en turno en la Ciudad de México, resulta competente para conocer del procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al sentenciado - quien actualmente se encuentra en libertad provisional y le fueron negados lo beneficios previsto en los artículos 70 y 90 del Código Sustantivo Federal, en virtud de que la pena de prisión impuesta (cuatro años diez meses), excede de los parámetros fijados en los invocados preceptos legales. Por tanto, en el término que señala el primer párrafo del dispositivo 102 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, remítase al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en Turno en la ciudad de México, así como a la autoridad penitenciaria, el expediente que se forme con las constancias a que se refiere el artículo 10 del acuerdo General 22/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y póngase al enjuiciado - disposición de la citada autoridad judicial a fin de que se emita la declaratoria de inicio del procedimiento de ejecución de la pena, respectivo, así como para que proceda como lo establece el invocado numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ____ Morelia, Michoacán, 8 ocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve. . Finalmente, agréguese el escrito signado por el enjuiciado - mediante el cual interpone recurso de revocación en contra del proveído emitido el 2 dos de octubre de dos mil diecinueve, sin embargo, resérvese acordar lo que conforme a derecho corresponda, hasta en tanto sea resuelto el incidente no especificado de nulidad de actuaciones que promovió." Respecto del primer acto reclamado, consistente en el auto emitido el dos de octubre de la presente anualidad, en el proceso penal 16/2015, del índice del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la suscrita estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado el acto reclamado por la parte promovente, se hace consistir en el acuerdo dictado el dos de octubre del presente año, en el proceso penal 16/2015, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el cual fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo en revisión número 152/2019, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en sesión de doce de septiembre del presente año, la cual modificó la sentencia emitida por este juzgado, dentro del juicio de amparo indirecto número I-109/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que se tiene a la vista por constituir un hecho notorio para la suscrita, y respecto del cual es innecesaria su certificación, sino únicamente que en este momento se tenga a la vista, para emitir la resolución respectiva, en atención a lo que dispone la jurisprudencia número 16/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del texto y rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, la ejecutoria emitida por la superioridad señaló: ".SÉPTIMO. Concesión del amparo. En tales condiciones, SE MODIFICA la sentencia recurrida y, en términos del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección de la Justicia Federal a -, en contra del acto de autoridad reclamado, para que el Juez Noveno de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, dentro de los autos que integran la causa penal II-16/2015, realice lo siguiente: I. Reitere que la sentencia de veintiuno de enero del año en curso causó ejecutoria y las consecuencias inherentes. II. Por otra parte, se abstenga de requerir y apercibir al quejoso -, respecto de aquellos aspectos relativos a la ejecución de la sentencia de contena. IIV. (Sic) En términos de lo establecido por el numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución, remita las constancias conducentes al Juez de Ejecución y a l Autoridad Penitenciaria. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se modifica la sentencia de diecisiete de mayo pronunciada por el juez Segundo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, dentro del amparo indirecto I-109/2019. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a - en contra del acto de autoridad reclamado del juez Noveno de Distrito en el Estado, consistente en el auto de treinta de enero del año en curso, dictado dentro del proceso penal 16/2015-II." En atención a lo anterior, debemos estarnos a lo que establece el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas...." Estos preceptos son claros al establecer que las resoluciones o determinaciones hechas dentro de un juicio jurisdiccional en acatamiento a una sentencia de amparo -en el presente caso la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, emitida dentro del recurso de revisión 152/2019, dentro del juicio de amparo I-109/2019, mediante el cual modificó la sentencia emitida por este juzgado, para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso, conforme a los puntos citados, no son reclamables a través del amparo, debido a que deriva de una cuestión emitida en cumplimiento a un juicio de amparo planteado anteriormente, como lo es el amparo I-109/2019, del índice de este Juzgado Federal, en el que la superioridad ordenó se dejara sin efectos el proveído impugnado (treinta de enero de dos mil diecinueve), reiterara que causó ejecutoria la sentencia respectiva y las consecuencias inherentes, se abstuviera de requerir y apercibir al quejoso respecto de aquellos aspectos relativos a la ejecución de la sentencia de condena y en términos de lo establecido por el numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenara la remisión de las constancias conducentes al Juez de Ejecución y a la autoridad penitenciaria; por lo que la causa invocada determina un caso de inadmisibilidad de ésta vía, pues por el caso contrario resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. De modo tal que, en concepto de la suscrita juzgadora, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de amparo; además, no debe soslayarse que la causa de improcedencia en estudio, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, lo que no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Apoya lo anterior, por identidad de razón la tesis aislada, visible en la página 2172, Libro 50, Tomo IV, del mes de Enero de 2018, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA FUE EMITIDA EN EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN UNA REVISIÓN FISCAL. Para la actualización de la causal de improcedencia mencionada se necesita como requisito esencial que el acto reclamado derive de un juicio de amparo, ya sea porque la resolución se haya emitido dentro de ese juicio o en ejecución de ésta, pero dicho requisito no se satisface si la resolución reclamada fue emitida en ejecución de una sentencia dictada en una revisión fiscal, porque si bien ésta se tramita conforme a las reglas previstas en la Ley de Amparo, aplicables al recurso de revisión, ello no significa que se equipare a una resolución derivada de un juicio de amparo, pues sólo comparten reglas de procedimiento, aunado a que cada procedimiento está regulado por leyes distintas, ya que la revisión fiscal se encuentra prevista en los artículos 63 y 64 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; además, la materia sobre la cual ésta se resuelve es totalmente distinta a la del juicio de amparo, y la redacción de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo no permite incluir o abarcar las sentencias dictadas en una revisión fiscal, ya que su texto es restrictivo o limitativo, al señalar expresamente el tipo de juicio de donde deben derivar las resoluciones." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo de cuenta, respecto al acto referido, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Por otra parte, en relación al segundo acto reclamado, consistente en el auto de ocho de octubre del presente año, emitido también dentro del proceso penal número 16/2015, en el cual se determinó lo siguiente: "Morelia, Michoacán, 8 ocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve. . Finalmente, agréguese el escrito signado por el enjuiciado - mediante el cual interpone recurso de revocación en contra del proveído emitido el 2 dos de octubre de dos mil diecinueve, sin embargo, resérvese acordar lo que conforme a derecho corresponda, hasta en tanto sea resuelto el incidente no especificado de nulidad de actuaciones que promovió." Respecto al citado acto, la suscrita estima que procede desechar la demanda, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Debemos estarnos a lo que dispone el referido artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6 del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primero de los preceptos copiados no establece una causa de improcedencia en particular, sino que ello deriva de las disposiciones de la Ley de Amparo y la Constitución. Por su parte, el segundo de los numerales trascritos, define qué debe entenderse por quejoso en el juicio constitucional. Así, indica que es aquel gobernado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos con motivo del acto de autoridad impugnado. Es decir, para instar el juicio constitucional, el gobernado debe ser el titular de un derecho subjetivo y sufrir una afectación, menoscabo o perjuicio en alguna de sus prerrogativas. De donde se sigue que, conforme con los numerales copiados, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado de ninguna manera causa una afectación en la esfera de derechos del particular, bien por no ser obligatorio, ni establecer carga alguna. En el particular, del análisis minucioso de la demanda de garantías, se advierte que el promovente reclama el auto emitido el ocho de octubre del presente año, en el que se reservó acordar lo que conforme a derecho corresponda, hasta en tanto sea resuelto el incidente no especificado de nulidad de actuaciones que promovió dentro del proceso penal 16/2015, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Ahora, la hipótesis de improcedencia apuntada se actualiza pues reservó acordar el recurso de revocación contra el proveído de dos de octubre del presente año, hasta en tanto se resuelva el diverso incidente de nulidad de actuaciones que promovió dentro de la propia causa penal, por lo que el auto en cita en modo alguno causa un perjuicio en su esfera de derechos que haga procedente la vía constitucional. Es así, pues del contenido del auto que transcribe se desprende que da a conocer al quejoso que se encuentra pendiente de resolución el incidente no especificado de nulidad de actuaciones que promovió dentro del proceso de mérito, por lo que reservó emitir auto respecto a su petición de revocación del auto de dos de octubre pasado. En ese contexto, al reservar acordar en relación a un recurso, hasta en tanto sea resuelto el incidente no especificado de nulidad de actuaciones, promovido por el propio quejoso dentro de la causa penal, de ninguna manera ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en la esfera jurídica de derechos del quejoso, es innegable la actualización de la causal de improcedencia apuntada. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, y 6 de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR la demanda de amparo de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia, respecto al auto de ocho de octubre del presente año, emitido por el similar Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizadas para tal efecto, en términos de lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Amparo a - quienes se encuentran inscritos en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a - se le faculta únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no cumplir con el anterior requisito, tal como se desprende de la certificación de cuenta. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." ";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

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